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miércoles, 19 de agosto de 2026

LA “SOBERANÍA según CONVENGA”: MORENA ACTIVA el PROTOCOLO NACIONAL de EMERGENCIA y CONVIERTE una VISA en AGRESIÓN IMPERIAL… casi un atentado contra la dignidad de 130 millones de mexicanos.


Resulta que a Andy López Beltrán le cancelan la visa estadounidense y, de inmediato, Morena activa el protocolo nacional de emergencia: no se trata de un trámite migratorio, no señor; es prácticamente el desembarco de marines en Veracruz, una agresión imperial contra la patria y un atentado directo contra la dignidad de 130 millones de mexicanos.

Porque en el nuevo manual del oficialismo, una visa no es una visa: es un documento sagrado, una extensión de la soberanía y, al parecer, una prueba de afecto diplomático. Pero cuidado: solo cuando se la retiran a alguien de casa. Si Washington cancela visas, según la propia Embajada, lo hace bajo sus propias reglas y considera esos permisos un privilegio, no un derecho. Una realidad bastante menos cinematográfica que la epopeya patriótica que Morena intenta vender. 

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón en un punto esencial: retirar una visa no equivale, por sí mismo, a una acusación penal. 

La FGR incluso y con el mismo animo de protegerlo, afirmó no tener una carpeta abierta ni testimonios protegidos contra Andy López Beltrán por delitos de hidrocarburos, lo que es parcialmente cierto, convenientemente ambiguo. 

Pero una cosa es rechazar la especulación, y otra muy distinta convertir toda pregunta incómoda en un acto de traición nacional.

De trámite consular a invasión extranjera

La maniobra es transparente: ante una situación personal donde Washington no está obligado a ventilar las razones particulares de una revocación— Morena decidió envolver a Andy en la bandera. 

Así, quien pregunta por la cancelación de la visa ya no busca explicaciones: conspira con la oposición. Quien exige transparencia ya no hace política: “se entrega a intereses extranjeros”. Y quien no aplaude el cierre de filas quizá ya merezca revisión de patriotismo en la aduana ideológica.

La narrativa tiene una ventaja formidable: evita hablar de lo concreto. En lugar de responder por qué el hijo del expresidente anunció que le fue retirada la visa, el debate se muda a territorios grandilocuentes: soberanía, intervención, complots internacionales, amenazas desde el norte y héroes de la resistencia. Una visa convertida en capítulo de Star Wars, con Morena interpretando a la República y la crítica como el Imperio.

Qué conveniente.

Porque si no hay elementos públicos para acusar penalmente a Andy López Beltrán, tampoco hay elementos para presentar su caso personal como evidencia de una operación de Estados Unidos contra México. Una cosa no prueba la otra. La ausencia de una carpeta de investigación no demuestra que exista una campaña injerencista; demuestra, sencillamente, que la fiscalía dice no tener esa investigación. 

El blindaje con bandera

Morena parece haber descubierto una fórmula política extraordinaria: cuando un integrante del círculo poderoso es objeto de cuestionamientos, el problema deja de ser individual y se convierte mágicamente en una afrenta colectiva.

No importa que Estados Unidos cancele visas a discreción, que la Embajada advierta explícitamente que puede hacerlo “sin importar quién sea el titular” o cuáles sean sus opiniones políticas. Para el oficialismo, el dato central no es la facultad soberana de otro país para decidir a quién deja entrar; el dato central es que la oposición ha osado comentar el asunto.

Y ahí está la contradicción deliciosa: Morena denuncia la injerencia de Washington, pero pretende decidir cómo debe ejercer Washington su política migratoria. Es decir, México exige respeto absoluto a su soberanía, mientras convierte una decisión consular estadounidense en un crimen de lesa patria. La soberanía, al parecer, aplica en ambos sentidos… salvo cuando incomoda al clan político correcto.

Nadie está obligado a creer los rumores ni a convertir una revocación de visa en sentencia judicial. Pero tampoco nadie debería aceptar que el poder use el nacionalismo como cobija para tapar cualquier cuestionamiento sobre los suyos. Defender el debido proceso es indispensable; blindar a los cercanos con discursos de invasión imaginaria es otra cosa.

Al final, la pregunta no es si Andy López Beltrán tiene derecho a ser tratado con justicia. Lo tiene, como cualquiera. La pregunta es por qué Morena considera que pedir claridad sobre un personaje políticamente expuesto equivale a atacar a México.

La respuesta parece evidente: porque para el oficialismo, México es muy grande cuando hay que exigir aplausos, pero se vuelve sorprendentemente pequeño cuando el asunto toca a los de casa.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/EL PAIS/DAVID MARCIAL PEREZ/

«MORENA RECICLA EX-PRESIDIARIO,EX-MANDO de la POLICÍA JUDICIAL FEDERAL que PROTEGÍA al NARCO»… ya no hay dudas: es requisito.


A fines de julio se anunció la incorporación a Morena de Rodolfo León Aragón, “para consolidar la estructura del partido en el istmo de Tehuantepec”. León Aragón fue presentado en un evento masivo, al que asistió el senador Antonio Morales Tadeo, el presidente estatal Alejandro Velasco Armas, así como líderes y militantes del estado de Oaxaca.

“Su llegada busca apuntalar el trabajo organizativo en Salina Cruz, un punto geopolítico estratégico debido al desarrollo del Corredor Interoceánico. La adhesión cuenta con el aval directo de la dirigencia local y representantes de la Cámara Alta, reflejando la política de apertura hacia liderazgos de arraigo municipal”.

La nueva adquisición Morena fue detenido por la PGR, acusado de tener nexos con el Cártel de Juárez. Había sido director de la Unidad Antinarcóticos y de la Policía Judicial Federal, nombrado por el entonces procurador Enrique Álvarez del Castillo. En ese tiempo se le acusó de vender plazas a los delegados de la PGR hasta por 6 millones de dólares. Se decía que su padrino era Justo Ceja, secretario particular de Carlos Salinas de Gortari.

Se le acusó también de algo peor: de orquestar el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en el aeropuerto de Guadalajara en 1993. Uno de los sicarios detenidos por ese hecho, Humberto Rodríguez Bañuelos, La Rana, lo acusó de haberlo contratado para matar al cardenal. Otro de los gatilleros, apodado El Puma, lo ubicó en el aeropuerto, supervisando la ejecución del prelado.

León Aragón quedó libre gracias a un amparo. Años después gobernó Salina Cruz por el PRI, en 2021 intentó recuperar la alcaldía cobijado por la alianza PRI-PAN-PRD, y ahora Morena le abre las puertas, al percibirlo como “un político altruista que suele mantener las puertas de su casa abiertas para escuchar peticiones ciudadanas, otorgar apoyos directos y repartir recursos, una dinámica que preserva sin ostentar un cargo político”.

En “Narcocracia”, el libro de Anabel Hernández que comenzará a circular esta semana, y que contiene información que le compartió a lo largo de varias entrevistas, y que entregó también a los fiscales estadounidenses, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, principal testigo contra Genaro García Luna y operador de altos vuelos de Amado Carrillo y Arturo Beltrán Leyva, su pasado oscuro vuelve a alcanzar a Rodolfo León Aragón.

El Grande habla de la capacidad que Beltrán Leyva y el Señor de los Cielos tuvieron para bajar aviones que transportaban hasta mil 200 kilos de droga colombiana. Los aguardaban de noche, en áreas rurales del norte.

“Las pistas eran de terracería y usábamos un riel de ferrocarril atado a una camioneta en la defensa trasera, con ello marcábamos la pista recta. Como los aviones se bajarían en la madrugada, poníamos botes con estopa y diésel y los encendíamos a lo largo de la pista improvisada, así como camionetas con torretas encendidas al principio y al final, para marcar los puntos y que los pilotos los vieran desde el aire.

(…) otro equipo se dedicaba a bajar del avión la cocaína y subirla a las camionetas. Eran paquetes de 25 kilos, en cuyo interior había pequeños paquetes de un kilo, formando así rectángulos perfectos y fáciles de mover, subiendo entre 500 y 600 kilos por camioneta para poder desplazarse ligeros en caso de cualquier contingencia”, relató El Grande.

De acuerdo con Villarreal, eran caravanas enteras las que salían de Colombia hacia México, y llegaban entre 20 y 30 aviones por día.

“En esos tiempos, las bases de intercepción aérea pertenecían a la PGR por medio de la Policía Judicial Federal, que a su vez Amado Carrillo tenía controlada mediante grandes sumas de dinero entregadas a sus principales comandantes y directores, desde Guillermo González Calderoni, Rodolfo León Aragón y Adrián Carrera Fuentes. Existía tal impunidad que prácticamente Amado Carrillo y su gente eran intocables”.

Según El Grande, León Aragón llegó a la dirección de la Judicial Federal por influencia de El Señor de los Cielos: lo había conocido como agente del ministerio público en Torreón y desde ahí se hicieron amigos. Dijo que lo vio muchas veces en comidas celebradas en la ciudad de México en casa de Amado Carrillo.

Hace una semana, de acuerdo con notas locales, representantes de comités vecinales acudieron al domicilio del licenciado Rodolfo León Aragón, en Salina Cruz, Oaxaca, “para expresarle su felicitación por su reciente afiliación al partido Morena”.

Con información: HECTOR DE MAULEON/ELUNIVERSAL+

«TAPAN al SOL con 1 DEDO : JUEZA TUMBA a FGR la ORDEN de DETENER a CAPITAN EX-MANDO y CORRUPTOR de la MARINA»…que enlaza red con «Andy»,el hijo de AMLO.


Mientras el Gobierno federal, con una estrategia sesgada y selectiva en el combate al tráfico de huachicol —decidiendo a quién toca y a quién mantiene intocable—, afina el discurso para vender como trofeo la eventual llegada a México del contraalmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina por su presunta participación en la trama de huachicol fiscal, la realidad acaba de meterle un torpedo por la línea de flotación al caso: un juez federal invalidó la orden de aprehensión contra Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, exmando de la Marina y ex-mando de la PGR, pieza central de la misma red.

La postal es difícil de maquillar. De las 13 personas con órdenes de captura por el expediente, 11 están detenidas; Farías Laguna sigue en Argentina y apenas comenzará su juicio de extradición el 27 de agosto; y Solano, el único prófugo, ahora además está sin orden de captura vigente. Todo un éxito institucional: el presunto intermediario de una red de sobornos y contrabando se les escapa no por falta de pistas, sino porque la Fiscalía hizo mal el trámite básico para detenerlo.

“El Capitán Sol” no es un personaje secundario. La FGR lo identifica como enlace de los hermanos Farías Laguna en la presunta operación de corrupción dentro de las aduanas marítimas. 

Un testigo protegido y otro declarante lo señalan como el hombre que articulaba la operación y que, según sus dichos, mencionaba a “Andy” o “el hijo del Presidente” entre las personas enteradas de lo que ocurría. Una acusación de ese calibre debería exigir una investigación impecable, sólida y blindada. Pero la Fiscalía parece haber preferido el atajo burocrático.

El juez Juan Aguilar Rodríguez determinó que la orden de captura, librada el 19 de agosto de 2025, nació viciada: fue emitida por escrito sin que antes se celebrara la audiencia oral correspondiente con el Ministerio Público. Es decir, en pleno sistema penal acusatorio, la orden se procesó como si la oralidad fuera un detalle decorativo. Por ello, instruyó a la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez a dejar sin efectos la orden y convocar una nueva audiencia para decidir, ahora sí conforme a la ley, si procede la detención.

Mientras tanto, desde Palacio Nacional se habla de la próxima repatriación de Fernando Farías Laguna. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su traslado desde Argentina “todo parece indicar” que ocurrirá, aunque admitió que no hay fecha definida. La defensa del contraalmirante, sin embargo, sostiene que el juicio de extradición ni siquiera inicia formalmente hasta el 27 de agosto y que todavía no existe una resolución que permita entregarlo a México. En otras palabras: el Gobierno ya está celebrando un traslado que aún no tiene calendario, ni autorización final, ni certeza procesal.

Farías fue detenido en Argentina el 23 de abril, se negó a una extradición voluntaria y anunció que solicitaría asilo político alegando riesgo para su vida. Es hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ya detenido en México, y ambos son sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. La trama, por tanto, no sólo toca presuntos sobornos y contrabando de combustible: también alcanza a una familia con conexiones de alto nivel dentro de la estructura naval.

Según la acusación federal, Solano Ruiz habría enviado sobornos de 1 millón 750 mil pesos a funcionarios de la Aduana de Tampico por cada embarcación de huachicol autorizada para descargar. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, al menos 31 buques habrían desembarcado combustibles de contrabando en Altamira y Tampico. A eso se suma que la Unidad de Inteligencia Financiera documentó gastos por 52.1 millones de pesos entre 2015 y 2023 en el hipódromo y una casa de apuestas.

La narrativa oficial intenta exhibir la eventual extradición de Farías como un golpe decisivo contra el huachicol fiscal. Pero, por ahora, el expediente parece contar otra historia: uno está detenido fuera del país y pelea por no regresar; otro ya cayó en México; y el presunto operador clave de la red sigue prófugo, ahora con la orden de aprehensión anulada porque la Fiscalía no cumplió el procedimiento elemental que exige la ley.

No es una victoria contra la impunidad. Es una operación que presume músculo en conferencia, pero que en tribunales se tropieza con sus propios papeles.

Con información: ELNORTE/

“HUACHICOL PIERDE TERRENO?: AMÉRICO GLORIFICA OPERATIVOS y él SIGUE en LIBERTAD”… cuando el lodo salpica el saco guinda, él saca el extintor de la narrativa.


Cuando el contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México —el llamado “huachicol fiscal”— aparece en la conversación, el gobierno de Morena en Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, parece haber descubierto la fórmula mágica de la política mexicana: no responder por las sombras, sino encender reflectores sobre el operativo ajeno.

Muy y pese a que Villarreal Anaya ha sido mencionado en diversas publicaciones de prestigio internacional y que afirman que autoridades de Estados Unidos lo indagan por ese delito, según una nota que cita al Los Angeles Times

El gobernador Villarreal presume que el delito “pierde terreno”, como si el problema fuese una mancha de humedad y no una red de complicidades oficiales con uniformes de todos colores que exigen no solo explicaciones, castigos ejemplares. 

El huachicol “pierde terreno”… pero la retórica gana kilómetros

Porque en Tamaulipas, el huachicol fiscal ya no es un asunto que amerite preguntas incómodas: al parecer basta con declararlo en retirada y asunto resuelto. 

El gobernador Américo Villarreal asegura que los operativos federales han “acotado” el tráfico ilegal de combustibles. Qué alivio: la realidad, según el discurso oficial, se compone con una frase, una visita presidencial y la conveniente ubicación geográfica de la entidad.

Porque, claro, Tamaulipas es frontera; pasan gasolinas, diésel, tráileres, aduanas, negocios y todo tipo de explicaciones prefabricadas. Pero cuando la conversación se acerca a presuntos vínculos políticos, empresariales, militares y criminales señalados en publicaciones periodísticas, la respuesta institucional parece cambiar de carril: ya no se trata de quién se benefició, quién protegió, quién financió o quién sabía, sino de presumir que la Federación “ha estado muy atenta” y le faltó decir, muy involucrada.

La maniobra es conocida: cuando el lodo salpica el saco guinda, se saca el extintor de la narrativa. Se habla de aseguramientos, de vigilancia, de coordinación y de delitos federales; todo, menos de las responsabilidades políticas locales y de las acusaciones que circulan alrededor de personajes vinculados con Morena en Tamaulipas. 

Es la vieja doctrina del “yo no fui, fue la geografía”: Texas está cerca, las refinerías también, y por eso —parece sugerirse— cualquier cuestionamiento incómodo debe perderse entre las pipas.

El problema es que un operativo no sustituye una explicación. Que la autoridad federal investigue no exonera automáticamente a quienes desde el poder estatal presumen limpieza, mientras las versiones periodísticas y los testimonios en investigaciónes en EE.UU plantean redes de financiamiento, relaciones empresariales y protección política que merecen ser esclarecidas con documentos, investigaciones formales y resultados públicos, no con boletines de autocelebración,ni negociaciones en el oscurito para «medio» salvarse.

Decir que el huachicol fiscal “pierde terreno” puede funcionar como titular amable con ayuda mediática con cargo al erario. 

Pero no responde a lo esencial: ¿quién ganó durante años con ese terreno?, ¿quién abrió la puerta?, ¿quién miró hacia otro lado? La respuesta tiene nombre y apellido: Américo Villarreal Anaya.

En política, la doble moral del gobernador huele peor que la gasolina de contrabando: condena el delito en el micrófono mientras evita hablar como beneficiario directo del delito que lo llevó a la silla del gobierno en medio de la matazón por las ganancias. 

En Tamaulipas, antes de cantar victoria, convendría que Americo despejara el humo. Porque cuando el discurso oficial se vuelve tan perfumado, casi siempre es porque alguien no quiere que se perciba el olor del combustible.

Con información: Hoytamaulipas/

EL “TOPÓN” de las BARRAS TERCAS: LEVANTONES, DESPOJOS y EJECUCIONES; LA MUERTE, CRONOMETRADA cada CUATRO HORAS»…las barras más bajas no son menores: son un cementerio al pie de una montaña.


Las barras del gráfico sobre las tres principales violencias —levantones, ejecuciones y despojos— no reflejan una estrategia de seguridad: exhiben la contabilidad de una guerra en la que el robo de vehículos va ganando por goleada, mientras el Estado presume estar “en la cancha” porque sigue mandando jugadores al mismo partido perdido.

En Sinaloa, la muerte no sólo tiene cifras: tiene horario. Del 9 de septiembre de 2024 al 17 de agosto de 2026, de acuerdo con cifras de Noroeste, una persona fue asesinada, en promedio, cada cuatro horas y 37 minutos.»

El podio de la barbarie

La gráfica elaborada por NOROESTE tiene un campeón indiscutible: 12,228 vehículos robados. No es una barra; es un rascacielos rojo construido con llaves arrancadas, bajo amago narco, repartidores sin herramienta de trabajo, familias varadas y camionetas convertidas en logística criminal como combustible que perpetua la guerra de bandos de la misma banda. Frente a ella, las otras barras parecen bajas, pero no son pequeñas: son el truco visual de poner un cementerio junto a una montaña.

  • Vehículos robados: 12,228, o 17.3 al día.
  • Personas privadas de la libertad: 4,295, o 6.1 diarias.
  • Personas detenidas: 3,856, o 5.5 diarias.
  • Homicidios dolosos: 3,708, o 5.2 diarios.
  • Personas abatidas: 209.
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El dato más obsceno es que los robos de vehículos triplican los homicidios y rebasan por más de tres veces las detenciones. 

Es decir: por cada persona que el gobierno reporta detenida, la maquinaria de la violencia parece haberse llevado más de tres vehículos. Una fábrica de despojo que trabaja con mejor surtido que la ventanilla estatal de contención.

Dos bandos, una misma empresa criminal

La confrontación entre facciones del mismo Cártel de Sinaloa no se parece a una disputa entre proyectos rivales: es más bien una empresa familiar que decidió resolver su organigrama a balazos mientras la estrategia oculta dolosa y engañosamente el saldo.

Cambian los apellidos, las siglas y las lealtades, pero el giro comercial conserva su eficiencia: controlar rutas, imponer miedo, levantar personas, mover armas, robar vehículos y administrar territorio como quien administra una franquicia de terror.

Las 4,295 privaciones de la libertad no son una cifra lateral: son la prueba de que la violencia no sólo mata, también borra. Cada día, en promedio, más de seis personas salen del mundo visible y entran a la zona gris donde la familia busca, la autoridad contabiliza tarde y los grupos criminales ejercen su versión más brutal de gobierno.

El informe de Crisis Group ha documentado que la disputa, iniciada en septiembre de 2024, desplazó parte de la violencia desde la capital hacia zonas rurales, mientras miles han sido asesinados, desaparecidos o desplazados. También advierte que los registros oficiales pueden subestimar el saldo real. 

La estrategia del refuerzo reforzado

Y en el otro lado del gráfico está el Estado, con 3,856 detenidos:una barra que apenas logra rebasar a la de homicidios. No es un triunfo estadístico; es una señal de la desproporción. En esta competencia macabra, la violencia produce muertos, desaparecidos y vehículos robados a un ritmo que la captura gubernamental no consigue desarmar.

Con más de 14 mil uniformados desplegados —tras el envío de mil efectivos adicionales en junio—, la receta oficial parece haber quedado reducida a una palabra: reforzar. Reforzar el operativo, reforzar el patrullaje, reforzar la presencia, reforzar el reforzamiento como remedio que a ratos y de manera consistente ,parece enfermar mas. 

Pero una estrategia no se mide por cuántas veces se repite el verbo en un boletín. Se mide por si baja la capacidad criminal de secuestrar, matar, robar, reclutar y gobernar a punta de fusil. Aquí, la barra de los vehículos robados parece responder con sarcasmo: “sigan reforzando; nosotros seguimos abasteciendo”.

El saldo detrás de las columnas

Las 209 personas abatidas completan el retrato: una cifra que el gobierno puede colocar como resultado operativo, pero que no compensa la aritmética del desastre. Porque abatir no es necesariamente pacificar; detener no siempre desarticula; desplegar no equivale a proteger.

La gráfica, en suma, no muestra una batalla que el gobierno esté ganando. Muestra una guerra donde dos bandos de una misma banda conservan suficiente capacidad para convertir calles en corredores de cacería, vehículos en botín y personas en mercancía de intimidación. Y frente a eso, el Estado parece haber perfeccionado una táctica circular: mandar más tropas para administrar una crisis que, por las propias barras, sigue produciendo más violencia de la que logra contener.

Con información: NOROESTE/