En el video en redes, Jesús Ernesto López ,hijo de Andres Manuel Lopez «Hablador», y su novia, no necesitan decir demasiado: la coreografía ya trae subtítulos. Ella apunta, él acompaña el ritmo y la escena parece tener un solo mensaje cifrado: “Tu opinión les importa cero», pues son blanco continuo de la critica por su ostentoso modo de gastar.
Y por si alguien duda del lenguaje cifrado, la canción elegida no deja mucho espacio para la interpretación:“Mónaco” es el himno del lujo sin remordimientos, del champán, los yates, los famosos, el dinero como signo zodiacal y, sobre todo, de esa frase que calza como guante con la polémica: “Por eso tu opinión me importa cero”.
Bad Bunny presume éxito, excesos y una vida de élite mientras manda a los críticos a hablar con su eco; una banda sonora bastante conveniente para quienes parecen haber convertido la austeridad republicana en utilería de campaña y el privilegio en coreografía familiar.
La canción se presenta como una exhibición de opulencia y fama —con referencias a Mónaco, Fórmula 1, champán y celebridades—, además de una respuesta desafiante a los críticos.
Mientras desde la tribuna política se ha repetido hasta el cansancio que la austeridad republicana no es una pose, sino un principio, la nueva generación del árbol familiar parece ensayar otra doctrina: la de la sencillez con filtro, música urbana y menú de alta gama. Nada de “primero los pobres”; aquí el estribillo parece ser: “primero el postre, luego vemos el discurso”.
El detalle no es que alguien coma bien, viaje, se divierta o grabe videos con su pareja. El problema político empieza cuando el apellido no llega solo a la mesa: llega acompañado de años de discursos contra el privilegio, la frivolidad de los hijos de presidentes, el aspiracionismo y los excesos de las élites. Entonces, cualquier gesto de lujo deja de ser una anécdota privada y se convierte en una factura pública de incongruencia.
En redes, el video fue leído como otra postal del contraste: por un lado, la narrativa de austeridad, cercanía con el pueblo y combate a los privilegios; por otro, una estética de vida que parece más cercana al after de Mónaco que a la república de los frijoles con gorgojo.
Y es que la congruencia no se presume con hashtags ni se baila frente a una cámara: se practica, o se delata sola.
La escena da para una traducción libre del supuesto lenguaje de señas:
—“¿Qué hora es?” —“Hora de portarnos humildes, pero con presupuesto.” —“¿Y la austeridad?” —“En modo avión, baby.” —“¿Y el pueblo?” —“Que vea el video, que para eso están las visualizaciones.” —“¿No se ve muy ostentoso?” —“No, amor: es austeridad premium; misma doctrina, mejor empaque.”
La ironía es que la llamada Cuarta Transformación construyó buena parte de su identidad política alrededor de la sobriedad como superioridad moral. No era únicamente ahorrar dinero público: era convertir la sencillez en emblema y acusar de desconexión a quienes confundían el poder con la vida de lujo.
Pero cuando los hijos, hermanos o herederos simbólicos del movimiento aparecen en escenarios que evocan privilegio, exclusividad o consumo aspiracional, el discurso se tropieza con su propio espejo.
Y ahí está el verdadero ritmo de la polémica: no es Bad Bunny, es la contradicción. No es Mónaco, pero se le parece cuando la austeridad se queda en el discurso y el estilo de vida se va por otro carril. Porque una cosa es defender el derecho de cualquier joven a disfrutar su vida privada, y otra muy distinta pretender que el apellido presidencial no transforma cada imagen en mensaje político.
Al final, la coreografía queda clara: unos predican que el poder debe vivir con modestia; otros parecen responder con el beat de moda, cámara al frente y la tranquilidad de quien sabe que, cuando el discurso incomoda, siempre queda la opción de subirle al volumen.
La austeridad, pues, no desapareció: solo cambió de ritmo.
La guerra de Ucrania también se está peleando con mexicanos que el Estado mexicano prefiere no contar. Mario Alberto Lover Martínez, expolicía federal y exmilitar, murió en combate en 2025; más de un año después, para Ucrania sigue “desaparecido en acción” y para su familia sigue siendo un cuerpo atrapado en algún punto del frente.
México exporta experiencia de guerra
La extinta Policía Federal no solo dejó expedientes, protestas y una transición atropellada hacia la Guardia Nacional. También dejó personal entrenado, curtido en Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas, disponible para el mercado internacional de la guerra.
Mario Lover tenía 37 años, experiencia en el Ejército, formación en la Policía Federal, entrenamiento especializado e incluso cursos con Marines estadounidenses. Cuando el Gobierno desmanteló su corporación y convirtió la antigüedad laboral en una disputa, ese capital humano quedó disperso: escoltas, empleos precarios, promesas incumplidas… o un boleto hacia Ucrania.
No es una historia de aventura bélica ni de heroísmo cinematográfico. Es la consecuencia de haber formado cuadros para enfrentar violencia de alto impacto y después tratarlos como personal prescindible. Ucrania, con sus drones, minas, artillería y bombardeos, aparece como la salida extrema de una institución que México decidió tirar por la borda sin preocuparse demasiado por quién recogía los restos.
La promesa: sueldo, seguro y residencia
A Lover le ofrecieron entre 16 mil y 20 mil pesos mensuales, según su familia; otros exfederales hablan de pagos de hasta 70 mil, dependiendo del frente, el riesgo y hasta de rescatar compañeros. Seguro de vida, contrato de seis meses y posibilidad de residencia: el catálogo habitual para vender una guerra ajena como oportunidad laboral.
La letra pequeña, por supuesto, venía bañada en pólvora: el contrato no era tan voluntario cuando se intentaba abandonar. Según el testimonio de su primo, si un combatiente buscaba regresar antes podía ser considerado desertor y enfrentar cárcel. Es decir, la oferta era “ven a defender la libertad”, siempre y cuando no se te ocurra ejercer la tuya para salir.
Lover incluso habría empezado a querer volver porque el escenario no era como se lo habían vendido. Pero en una guerra, descubrir que la propaganda era propaganda suele ocurrir demasiado tarde.
Un mexicano sin registro mexicano
La paradoja es brutal: Mario salió desde Estados Unidos, fue evaluado físicamente y en manejo de armas, cruzó por Alemania y Polonia, y terminó incorporado a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. Pero, según su familia, a los reclutas les pedían no reportarse ante el consulado mexicano.
En fotos, Lover aparece con una bandera de Estados Unidos en el uniforme. No quedó registrado formalmente como mexicano. Una solución administrativa perfecta para que los gobiernos miren hacia otro lado: el combatiente existe para ir al frente, pero se vuelve difuso cuando toca identificar un cadáver, pagar compensaciones o reclamar responsabilidades.
Su familia recibió el aviso de que murió tras un ataque con drones y fuego en una zona fronteriza. El cuerpo quedó en el terreno. Desde entonces, la fórmula burocrática de “desaparecido en combate” congela todo: la certeza de la muerte, la repatriación, los apoyos económicos y el duelo.
La cuenta que nadie publica
México no tiene una cifra oficial de nacionales que combaten en Ucrania. Fuentes extraoficiales citadas por EL PAÍS señalan que al menos siete mexicanos han muerto en las filas de Kiev entre 2024 y 2026; en 2025, se reportaba que por lo menos 18 exintegrantes de la Policía Federal estaban ya en combate y otros 35 aguardaban traslado.
No son solo números ni “voluntarios” en abstracto. Son el saldo de una política pública que desmanteló una corporación sin resolver la vida laboral, económica y profesional de muchos de sus integrantes. México presume que no manda tropas a Ucrania, pero parece haber encontrado otra modalidad: deshacerse de sus combatientes y dejar que otros países los recluten.
Mario Lover no es únicamente una víctima de la guerra entre Rusia y Ucrania. También es una prueba incómoda de cómo un Estado puede invertir años en formar experiencia operativa, abandonar a quienes la acumularon y luego fingir sorpresa cuando esa experiencia termina cotizando en el frente de batalla.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ANDRES RODRIGUEZ/
No importa qué sexenio esté de turno, ni de qué partido o credo, ni cuántos “planes integrales” se hayan anunciado durante más de dos décadas de fracasos militarizados, con nombres tan originales como “Plan Michoacán”, entre aplausos, chalecos tácticos y conferencias mañaneras: Michoacán seguirá apareciendo en la lista de pendientes nacionales.
Un pendiente con forma de aguacate, extorsión y funcionarios que descubren la gravedad del problema justo cuando Estados Unidos amenaza con cerrar la llave de los dólares.
El llamado oro verde deja miles de millones y sostiene a unas 200 mil personas en Michoacán, pero también alimenta otra economía: la del cobro de piso, las amenazas y los grupos criminales que entendieron que un huerto puede ser tan rentable como una ruta de drogas. México exporta aguacates, Estados Unidos los consume y el crimen organizado cobra comisión por dejar que todo funcione. Una cadena productiva bastante eficiente, salvo por el detalle de que el Estado parece ser el eslabón más débil.
Cuando los inspectores estadounidenses se retiran por amenazas, Washington frena importaciones y el Gobierno mexicano responde con más de 1,500 efectivos.
Es decir: primero el crimen aprieta, luego Estados Unidos se alarma, después México despliega seguridad y, finalmente, todos anuncian que la situación está “bajo control”. Hasta la próxima amenaza. Ya pasó en 2022, volvió a ocurrir en 2024 y se repite ahora. La novedad no es la crisis: la novedad sería que alguien resolviera el problema antes de que explotara.
Porque en Michoacán la violencia no es una excepción ni una mala racha; es parte de la administración cotidiana. Matan alcaldes, asesinan líderes agrícolas, amenazan a supervisores extranjeros y exprimen a productores mientras el Estado presenta planes con nombres solemnes.
Hay un Plan Michoacán, sí. Como hay estrategias, mesas de seguridad, diagnósticos y discursos. Lo que sigue faltando —sexenio tras sexenio— es que el Estado logre imponer una regla elemental: que trabajar, producir y exportar no dependa de la autorización de un cártel.
El aguacate seguirá cruzando la frontera porque a Estados Unidos le hace falta y a México le conviene venderlo. Pero mientras el crimen pueda detener la producción con una llamada, una amenaza o una bala, el pendiente seguirá intacto. Cambiarán los presidentes, los titulares de Seguridad y los eslóganes oficiales; Michoacán, en cambio, seguirá esperando que el Estado militarizado deje de llegar como siempre,mal y tarde.
Cuatro elementos de la Marina murieron tras caer con todo y camioneta al río en La Pesca, Soto la Marina, Tamaulipas. La tragedia ocurrió en la zona de La Draga, a unos pasos de una comunidad donde la propia Armada mantiene presencia naval.
Las primeras versiones apuntan a que el conductor perdió el control de la unidad, se salió del camino y terminó dentro del afluente. Pero el caso trae un ingrediente que no es menor: de manera extraoficial se reporta que los marinos presuntamente regresaban de una fiesta, por lo que autoridades investigan si el alcohol pudo haber tomado el volante antes que el conductor.
Todavía no se esclarece si viajaban en una patrulla oficial o en un vehículo particular. Tampoco hay una versión definitiva sobre qué ocurrió en los minutos previos al accidente; sin embargo, los reportes preliminares señalan que se dirigían hacia su base naval cuando la camioneta acabó sumergida.
Mientras peritos, rescatistas y cuerpos de emergencia trabajaron en la extracción de la unidad y de los cuerpos, queda la pregunta incómoda: si se confirma la ingesta de alcohol, ¿qué protocolos fallaron para que cuatro integrantes de una institución armada terminaran en un accidente que pudo ser evitable?
La vocería de seguridad de Tamaulipas expresó sus condolencias a familiares, compañeros y seres queridos de los elementos fallecidos. Pero el pésame institucional no sustituye una investigación seria: hay cuatro muertes y demasiadas dudas flotando en el río.
En 1993, el director de cine Steven Spielberg sacudió las conciencias con The Schindler’s List (La Lista de Schindler), una película que relata la vida de un empresario alemán quien salvó de morir en el Holocausto a más de mil judíos polacos en la Segunda Guerra Mundial.
En 2026 -33 años después- la directora del drama político nacional, Claudia Sheinbaum, sacude a México con el filme The Sheinbaum’s List -La Lista de Sheinbaum- un guion de la vida real en la que una censora, Luisa María Alcalde, crea un “Holocausto” entre la opinión pública, al difundir una lista de medios de comunicación y periodistas críticos al régimen que quisieran desaparecer en los “campos de exterminio” de la Cuarta Transformación.
Esa acción es el alma y la inspiración del fascismo, una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno totalitaria y de extrema derecha que nace tras la Primera Guerra Mundial en la Italia de Benito Mussolini y se amplía al régimen de Adolfo Hitler en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial.
Aquellos que han estudiado el fascismo, se basa en un poder central muy fuerte -igual de derecha que de izquierda- invocando un amor extremo a la patria, promoviendo el odio a la democracia y el uso de la violencia contra el rival. Entre sus rasgos definitorios están la exaltación de valores como “La Patria” o “La Raza” para lograr la movilización de las masas. Ni más ni menos lo que hacen Morena y su movimiento de la Cuarta Transformación.
Esa actitud lleva a oprimir a las minorías, debido a su componente racista -chairos contra fifís- acompañado de un fuerte militarismo, como el que ahora tenemos instalado en México, gracias a las complicidades de los hombres de verde y sus negocios que les entregó Andrés Manuel López Obrador.
En esa lista difundida bajo el paraguas de una conferencia de la ex líder nacional de Morena se pretende vender, al pueblo bueno y sabio, la existencia de “un ecosistema de amplificación digital en México” creada por medios y comentócratas, personajes políticos, cuentas de ataque -bots- y narrativa de informaciones desde el exterior. Es decir, todos contra la Cuarta Transformación.
La larga lista incluye medios como Televisión Azteca, Reforma, El Universal, ADN40, Aristegui Noricias, Latinus, Código Magenta y Atypical TV. Pero se desdobla a dueños de medios, periodistas y comentaristas como Ricardo Salinas Pliego, Ciro Gómez Leyva, Raymundo Riva Palacio, Carmen Aristegui, Sergio Sarmiento. Héctor de Mauleón, Azucena Uresti, Chumel Torres, Denise Dresser y Mario di Costanzo.
Entre los personajes políticos The Sheinbaum’s List incluye a Alejandro “Alito” Moreno, Jorge Romero, Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez, Javier Lozano, Rubén Moreira, Enrique de la Madrid, Claudio X. González, Ricardo Anaya, Alessandra Rojo de la Vega, Margarita Zavala, incluyendo también a los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.
Pero lo que pretendía ser una intimidación a medios y periodistas acabó por ser una abierta acción intimidatoria que recibió la condena unánime. Tan grande fue el error de The Sheinbaun’s List que la misma inquilina de Palacio Nacional mandó a su creadora, Luisa María Alcalde, a dar un recorrido de medios para decir “que la lista no era lista”. Quizás la que no era lista era la mismísima Luisa María Alcalde que no acertó en salir de la fasci-censura que ella misma creó.
Sea como fuere, está claro que la presidenta Claudia Sheinbaum demostró que todo aquello por lo que luchó desde aquellos sus días como opositora, ella está convertida en la represora de la libertad de expresión, en la Jefa de Estado que tolera listas de adversarios políticos para propiciar su linchamiento por difundir la verdad, por opinar.
Y no hay forma de negarlo, puesto que si Luisa María Alcalde se fue por la libre al crear con Jesús Ramírez y con Andrés Manuel López Obrador la lista de “los enemigos”, la inquilina de Palacio Nacional debió cesar a la autora de su posición como Consejera Jurídica de la Presidencia.
Está más que claro que, si Luisa María Alcalde continúa despachando en Palacio Nacional, es porque se lo tolera su jefa, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no tiene manera de justicar la creación de un cadalso, la fabricación de una cámara de gases para sofocar la vida de todos los que son sus disidentes.
Petición en libertad. ¿Podrían Luisa María Alcalde y Jesús Ramírez publicar la lista de aquellos medios que sí les son de su agrado y revelar cuánto presupuesto de nuestros impuestos se les asigna por actuar de comparsa, sin cuestionar ni criticar? Tenemos el derecho a conocerlos. Después de todo, se alimentan de nuestros impuestos que jamás deben tener como destino crear listas persecutorias, como The Sheinbaum’s List.
El diario español, El País,sostiene que la caída de homicidios que presume el Gobierno de Claudia Sheinbaum —51% desde octubre de 2024— no basta por sí sola para demostrar que la estrategia de seguridad esté funcionando. Su crítica central es que el Gobierno afirma el resultado, pero no demuestra con transparencia las causas, el método ni la consistencia de las cifras.
Tesis central
La estrategia parece reducir homicidios “con puro verbo” porque la explicación oficial se apoya en repetir cuatro ejes generales —atención a las causas, Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación—, pero sin una evaluación pública e independiente que pruebe cuánto aporta cada uno a la reducción.
En otras palabras: el Gobierno dice que la política funciona porque sus propios datos dicen que funciona; el artículo pide pruebas verificables, no solo anuncios oficiales.
El problema de las cifras
El texto destaca una discrepancia relevante para 2025:
Fuente
Homicidios registrados en 2025
INEGI, a partir de actas de defunción
27,989
Secretariado Ejecutivo, con datos de fiscalías
24,344
Diferencia
3,645 muertes
La brecha equivale a alrededor de 15% y se vuelve especialmente grave en el Estado de México: INEGI registra 2,575 homicidios y el Secretariado 1,575; es decir, mil casos de diferencia.
El argumento oficial de que “cada base se mide con sus propios criterios” puede ser técnicamente cierto, pero el artículo considera que no es suficiente: una diferencia tan grande exige explicar qué casos quedan fuera, por qué y cómo se corrigen o verifican los registros.
Qué cuestiona de la estrategia
Que el Gobierno privilegie el reporte quincenal descendente como prueba automática de éxito.
Que no publique una metodología suficientemente detallada, auditada y debatida.
Que dependa de las fiscalías estatales, instituciones con problemas históricos de registro, clasificación e investigación de delitos.
Que puedan quedar fuera víctimas desaparecidas, cuerpos localizados en fosas o parajes, y homicidios no incorporados oportunamente a las carpetas oficiales.
Que otros delitos violentos —feminicidio, extorsión, secuestro, trata y robos con violencia— también presenten señales de posible subregistro.
Qué pide el artículo
Lo que exige es distinguir entre una baja auténtica de homicidios y una baja en el registro administrativo de homicidios.
La demanda es concreta: abrir las cifras, explicar las diferencias frente al INEGI, transparentar el método, someterlo a revisión independiente y evaluar qué acciones específicas —no solo los cuatro ejes enunciados— están reduciendo la violencia.
El artículo plantea que Sheinbaum puede tener una reducción real que celebrar, pero mientras no explique y someta a escrutinio sus datos y su método, la disminución de homicidios seguirá siendo más una narrativa gubernamental que una evidencia plenamente demostrada.
«En México cada Gobierno ha intentado su modelo de seguridad. El punto de partida elegido por la presidenta Claudia Sheinbaum arriba en estos días a una meseta que, por un lado, la lleva a presumir una caída de 51% en los homicidios y, por otra, provoca dudas y cuestionamientos, algunos a partir de cifras de otros órganos del Estado. En conclusión, es tiempo de debatir las cifras.
La Administración informó el martes que los homicidios han bajado a la mitad desde octubre de 2024. Se trata de una cifra tan espectacular como poco explicada, un logro que no ha ameritado que la presidenta renuncie a una de sus intransigencias: el reporte de los índices delincuenciales, prácticamente todos con avances según el Gobierno, es un informe que para ella no admite réplica alguna.
Aunque mandataria y Gabinete de seguridad repiten como mantra que los buenos resultados se deberían a los cuatro ejes planteados al arrancar el sexenio —combate a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y coordinación—, la realidad es que el reporte quincenal, siempre a la baja, se ha convertido en varita mágica que explica sin explicar.
La estrategia funciona porque los datos del Gobierno dicen que funciona. Extraña lógica para una presidenta de antecedentes académicos. Les ha faltado no solo explicar sus números, sino también los métodos (la variedad de delitos que se reportan implica condiciones tan diversas en su génesis como de registro, y ni qué decir en las maneras de combatirlos).
Puede concederse que era necesario dar tiempo para que el cambio de estrategia arrojara resultados; igualmente, es lógico que un nuevo equipo, así fuera en una transición continuista, tendría una curva de aprendizaje. A casi dos años, eso ha concluido; y habida cuenta de que el Gobierno destaca números constantemente a la baja, se impone el cotejo de los mismos, la disección de los resultados y del método.
Por eso mismo no pudo ser más oportuna la publicación de los fallecimientos en México en 2025 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Desde el 3 de agosto se tienen las actas de defunción de un año completo y, desde luego, los homicidios que sobre el mismo periodo ha computado el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los números no cuadran. Según el INEGI, en 2025 hubo en México 27.989 fallecimientos por homicidio doloso o intencional. De acuerdo con lo que reporta el Gobierno de Sheinbaum, en ese periodo fueron asesinados 24.344 mexicanos. Hay una diferencia de 3.645 muertes. O en términos porcentuales, el prestigiado órgano estadístico mexicano reporta 15 puntos más que Palacio Nacional.
El reporte del INEGI se dio a conocer el lunes de hace dos semanas. Y en una mañanera reciente, el Gobierno ni quiso ni provocó la discusión del mismo, ni emitió un posicionamiento sobre un diferendo que alimenta las suspicacias frente a la estadística claudista.
Lo que sí hubo fueron entrevistas de Marcela Figueroa, titular del Secretariado y encargada del equipo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de la construcción de la metodología que se instaló este sexenio para medir la incidencia delictiva.
Figueroa, que trabaja con Harfuch desde que este era el jefe de la policía de Sheinbaum en la Ciudad de México, ha explicado básicamente dos cosas: que es normal incluso en otros países que las cifras de las actas de defunción de las secretarías de salud, con las que el INEGI hace su compendio, difieran de otros recuentos policiacos, como el que arma ella con información de las fiscalías. Es decir, que la disparidad no sería relevante. Ha dicho, igualmente, que cada base debe medirse en sus términos, es decir, muertos del INEGI con muertos del INEGI, y los del secretariado con los suyos.
¿Son argumentos convincentes? Lo del comparativo internacional no viene a cuento. México tiene una dinámica criminal desde, al menos, 2006 (año en el que el expresidente Felipe Calderón declara la llamada guerra contra el narco), y bastantes ocupados están los mexicanos con tratar de definir si se cuentan bien los crímenes, como para consolarse con que otros países también presentan disparidades.
Y lo de que cada base de datos mide los muertos a su manera no explica, por mencionar una entidad muy representantiva, que en el Estado de México el INEGI registre mil asesinatos más que el Secretariado. Menos lógica resulta esa diferencia cuando el número absoluto es 2.575 homicidios, según el INEGI, frente a 1.575. Una zona nebulosa de más de un tercio.
El Gobierno tiene una oportunidad. Con ensayo y error construyó un método, pero por alguna razón no se ha lanzado a defenderlo debatiéndolo. Con todo para dedicar las horas y recursos mediáticos que hagan falta, la presidencia no ha dispuesto que se convoque a una discusión pública de los índices, de cómo se computan e, igualmente crucial, de cómo es que bajaron los crímenes, no solo las estadísticas.
De manera inicial, Figueroa ha explicado, por ejemplo, que armaron una metodología para monitorear reportes mediáticos a fin de luego cotejar los datos que reciben de las carpetas que abren las fiscalías estatales, esos 32 hoyos negros de la procuración de justicia en México, conocidos por su histórica proclividad a desalentar a las víctimas para que no denuncien y por el desorden de su proceder.
Dando por bueno que, al contar con ayuda de los aparatos de inteligencia, reforzados en este sexenio, cada día es más puntual y fiel la información que sobre homicidios captan en el Secretariado y que por ende sus números serían fiables, expertos en seguridad insisten en que la base de datos estaría dejando fuera a los desaparecidos, y a los cuerpos encontrados en fosas o parajes, entre otras víctimas.
Aún antes de llegar a la cifra de 51% menos homicidios, expertos independientes y think tanks venían reclamando una discusión más allá de la reiterada conferencia de prensa en Palacio Nacional donde el Gobierno expone sus números.
“La caída de 44% en los homicidios dolosos durante los primeros 18 meses de Claudia Sheinbaum”, escribió en abril Ernesto López Portillo, académico de la Universidad Iberoamericana, “obliga a abrir una discusión más rigurosa sobre sus causas… La discusión de fondo no es elegir entre celebración o sospecha, sino exigir evidencia independiente para entender si la violencia realmente disminuyó o solo cambió de forma”.
Ligado a López Portillo, el Programa de Seguridad Ciudadana de la Iberoamericana publicó un documento este lunes donde plantea que “sin datos confiables no hay forma de evaluar qué está funcionando”.
La organización México Evalúa opinó en mayo sobre los avances del primer trimestre: “Todavía no hay ejercicios sustantivos de evaluación —ni por parte del Gobierno ni por actores de la sociedad civil—, que permitan saber cuál es el impacto real de las políticas federales en la reducción de los registros de homicidios dolosos y otros indicadores de violencia letal. Dicho ejercicio es imprescindible, pues esta reducción en las cifras genera dudas”.
Y el jueves, el colectivo Causa en Común, tras hacer un análisis de lo reportado oficialmente, denunció que: “Además del homicidio doloso, el feminicidio, el secuestro, la trata de personas, la extorsión, el robo de vehículo con violencia y el robo a transportista con violencia, presentaron alertas por posible subregistro, a partir del contraste con otras fuentes de información, y de casos documentados que no encuentran correspondencia clara en los registros oficiales. Por ejemplo, Puebla reportó cinco víctimas de feminicidio, mientras que Causa en Común documentó al menos 15 asesinatos de mujeres con extrema crueldad”.
Si se agregan reportes como los del diario Noroeste de Culiacán, que tras analizar cifras de la fiscalía de Sinaloa de mayo de 2025 a julio de 2026 no encontró en esos informes oficiales, materia prima del informe federal, 133 homicidios de los que el rotativo sí puede reportar lugar, fecha y circunstancia, la demanda de un debate con la Federación resulta impostergable, además de legítima.
Cada que el INEGI reporta la inflación, México escucha y confía; a la hora de informar sobre decesos, también tiene credibilidad.
Se precisa que la presidenta académica que es Claudia Sheinbaum desempolve su anterior práctica profesional y recuerde que en el conocimiento no hay hallazgo presumible sin que este pase por la prueba y validación de expertos independientes.
Construido en décadas, el prestigio del INEGI no está en entredicho. Pueden medir de manera distinta los homicidios, pero debe haber explicación de la diferencia de mil casos en una sola entidad como el Edomex, y de las 3.600 a nivel nacional.
A final de cuentas, los números del INEGI constituyen un jaque a la narrativa de efectividad anticrimen que busca construir la presidenta Sheinbaum. El esfuerzo de su equipo y su modelo estadístico bien valen el escrutinio público.
Fuente.-DIARIO ESPAÑOL / EL PAIS/ SALVADOR CAMARENA/
