Cuatro elementos de la Marina murieron tras caer con todo y camioneta al río en La Pesca, Soto la Marina, Tamaulipas. La tragedia ocurrió en la zona de La Draga, a unos pasos de una comunidad donde la propia Armada mantiene presencia naval.
Las primeras versiones apuntan a que el conductor perdió el control de la unidad, se salió del camino y terminó dentro del afluente. Pero el caso trae un ingrediente que no es menor: de manera extraoficial se reporta que los marinos presuntamente regresaban de una fiesta, por lo que autoridades investigan si el alcohol pudo haber tomado el volante antes que el conductor.
Todavía no se esclarece si viajaban en una patrulla oficial o en un vehículo particular. Tampoco hay una versión definitiva sobre qué ocurrió en los minutos previos al accidente; sin embargo, los reportes preliminares señalan que se dirigían hacia su base naval cuando la camioneta acabó sumergida.
Mientras peritos, rescatistas y cuerpos de emergencia trabajaron en la extracción de la unidad y de los cuerpos, queda la pregunta incómoda: si se confirma la ingesta de alcohol, ¿qué protocolos fallaron para que cuatro integrantes de una institución armada terminaran en un accidente que pudo ser evitable?
La vocería de seguridad de Tamaulipas expresó sus condolencias a familiares, compañeros y seres queridos de los elementos fallecidos. Pero el pésame institucional no sustituye una investigación seria: hay cuatro muertes y demasiadas dudas flotando en el río.
En 1993, el director de cine Steven Spielberg sacudió las conciencias con The Schindler’s List (La Lista de Schindler), una película que relata la vida de un empresario alemán quien salvó de morir en el Holocausto a más de mil judíos polacos en la Segunda Guerra Mundial.
En 2026 -33 años después- la directora del drama político nacional, Claudia Sheinbaum, sacude a México con el filme The Sheinbaum’s List -La Lista de Sheinbaum- un guion de la vida real en la que una censora, Luisa María Alcalde, crea un “Holocausto” entre la opinión pública, al difundir una lista de medios de comunicación y periodistas críticos al régimen que quisieran desaparecer en los “campos de exterminio” de la Cuarta Transformación.
Esa acción es el alma y la inspiración del fascismo, una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno totalitaria y de extrema derecha que nace tras la Primera Guerra Mundial en la Italia de Benito Mussolini y se amplía al régimen de Adolfo Hitler en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial.
Aquellos que han estudiado el fascismo, se basa en un poder central muy fuerte -igual de derecha que de izquierda- invocando un amor extremo a la patria, promoviendo el odio a la democracia y el uso de la violencia contra el rival. Entre sus rasgos definitorios están la exaltación de valores como “La Patria” o “La Raza” para lograr la movilización de las masas. Ni más ni menos lo que hacen Morena y su movimiento de la Cuarta Transformación.
Esa actitud lleva a oprimir a las minorías, debido a su componente racista -chairos contra fifís- acompañado de un fuerte militarismo, como el que ahora tenemos instalado en México, gracias a las complicidades de los hombres de verde y sus negocios que les entregó Andrés Manuel López Obrador.
En esa lista difundida bajo el paraguas de una conferencia de la ex líder nacional de Morena se pretende vender, al pueblo bueno y sabio, la existencia de “un ecosistema de amplificación digital en México” creada por medios y comentócratas, personajes políticos, cuentas de ataque -bots- y narrativa de informaciones desde el exterior. Es decir, todos contra la Cuarta Transformación.
La larga lista incluye medios como Televisión Azteca, Reforma, El Universal, ADN40, Aristegui Noricias, Latinus, Código Magenta y Atypical TV. Pero se desdobla a dueños de medios, periodistas y comentaristas como Ricardo Salinas Pliego, Ciro Gómez Leyva, Raymundo Riva Palacio, Carmen Aristegui, Sergio Sarmiento. Héctor de Mauleón, Azucena Uresti, Chumel Torres, Denise Dresser y Mario di Costanzo.
Entre los personajes políticos The Sheinbaum’s List incluye a Alejandro “Alito” Moreno, Jorge Romero, Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez, Javier Lozano, Rubén Moreira, Enrique de la Madrid, Claudio X. González, Ricardo Anaya, Alessandra Rojo de la Vega, Margarita Zavala, incluyendo también a los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.
Pero lo que pretendía ser una intimidación a medios y periodistas acabó por ser una abierta acción intimidatoria que recibió la condena unánime. Tan grande fue el error de The Sheinbaun’s List que la misma inquilina de Palacio Nacional mandó a su creadora, Luisa María Alcalde, a dar un recorrido de medios para decir “que la lista no era lista”. Quizás la que no era lista era la mismísima Luisa María Alcalde que no acertó en salir de la fasci-censura que ella misma creó.
Sea como fuere, está claro que la presidenta Claudia Sheinbaum demostró que todo aquello por lo que luchó desde aquellos sus días como opositora, ella está convertida en la represora de la libertad de expresión, en la Jefa de Estado que tolera listas de adversarios políticos para propiciar su linchamiento por difundir la verdad, por opinar.
Y no hay forma de negarlo, puesto que si Luisa María Alcalde se fue por la libre al crear con Jesús Ramírez y con Andrés Manuel López Obrador la lista de “los enemigos”, la inquilina de Palacio Nacional debió cesar a la autora de su posición como Consejera Jurídica de la Presidencia.
Está más que claro que, si Luisa María Alcalde continúa despachando en Palacio Nacional, es porque se lo tolera su jefa, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no tiene manera de justicar la creación de un cadalso, la fabricación de una cámara de gases para sofocar la vida de todos los que son sus disidentes.
Petición en libertad. ¿Podrían Luisa María Alcalde y Jesús Ramírez publicar la lista de aquellos medios que sí les son de su agrado y revelar cuánto presupuesto de nuestros impuestos se les asigna por actuar de comparsa, sin cuestionar ni criticar? Tenemos el derecho a conocerlos. Después de todo, se alimentan de nuestros impuestos que jamás deben tener como destino crear listas persecutorias, como The Sheinbaum’s List.
El diario español, El País,sostiene que la caída de homicidios que presume el Gobierno de Claudia Sheinbaum —51% desde octubre de 2024— no basta por sí sola para demostrar que la estrategia de seguridad esté funcionando. Su crítica central es que el Gobierno afirma el resultado, pero no demuestra con transparencia las causas, el método ni la consistencia de las cifras.
Tesis central
La estrategia parece reducir homicidios “con puro verbo” porque la explicación oficial se apoya en repetir cuatro ejes generales —atención a las causas, Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación—, pero sin una evaluación pública e independiente que pruebe cuánto aporta cada uno a la reducción.
En otras palabras: el Gobierno dice que la política funciona porque sus propios datos dicen que funciona; el artículo pide pruebas verificables, no solo anuncios oficiales.
El problema de las cifras
El texto destaca una discrepancia relevante para 2025:
Fuente
Homicidios registrados en 2025
INEGI, a partir de actas de defunción
27,989
Secretariado Ejecutivo, con datos de fiscalías
24,344
Diferencia
3,645 muertes
La brecha equivale a alrededor de 15% y se vuelve especialmente grave en el Estado de México: INEGI registra 2,575 homicidios y el Secretariado 1,575; es decir, mil casos de diferencia.
El argumento oficial de que “cada base se mide con sus propios criterios” puede ser técnicamente cierto, pero el artículo considera que no es suficiente: una diferencia tan grande exige explicar qué casos quedan fuera, por qué y cómo se corrigen o verifican los registros.
Qué cuestiona de la estrategia
Que el Gobierno privilegie el reporte quincenal descendente como prueba automática de éxito.
Que no publique una metodología suficientemente detallada, auditada y debatida.
Que dependa de las fiscalías estatales, instituciones con problemas históricos de registro, clasificación e investigación de delitos.
Que puedan quedar fuera víctimas desaparecidas, cuerpos localizados en fosas o parajes, y homicidios no incorporados oportunamente a las carpetas oficiales.
Que otros delitos violentos —feminicidio, extorsión, secuestro, trata y robos con violencia— también presenten señales de posible subregistro.
Qué pide el artículo
Lo que exige es distinguir entre una baja auténtica de homicidios y una baja en el registro administrativo de homicidios.
La demanda es concreta: abrir las cifras, explicar las diferencias frente al INEGI, transparentar el método, someterlo a revisión independiente y evaluar qué acciones específicas —no solo los cuatro ejes enunciados— están reduciendo la violencia.
El artículo plantea que Sheinbaum puede tener una reducción real que celebrar, pero mientras no explique y someta a escrutinio sus datos y su método, la disminución de homicidios seguirá siendo más una narrativa gubernamental que una evidencia plenamente demostrada.
«En México cada Gobierno ha intentado su modelo de seguridad. El punto de partida elegido por la presidenta Claudia Sheinbaum arriba en estos días a una meseta que, por un lado, la lleva a presumir una caída de 51% en los homicidios y, por otra, provoca dudas y cuestionamientos, algunos a partir de cifras de otros órganos del Estado. En conclusión, es tiempo de debatir las cifras.
La Administración informó el martes que los homicidios han bajado a la mitad desde octubre de 2024. Se trata de una cifra tan espectacular como poco explicada, un logro que no ha ameritado que la presidenta renuncie a una de sus intransigencias: el reporte de los índices delincuenciales, prácticamente todos con avances según el Gobierno, es un informe que para ella no admite réplica alguna.
Aunque mandataria y Gabinete de seguridad repiten como mantra que los buenos resultados se deberían a los cuatro ejes planteados al arrancar el sexenio —combate a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y coordinación—, la realidad es que el reporte quincenal, siempre a la baja, se ha convertido en varita mágica que explica sin explicar.
La estrategia funciona porque los datos del Gobierno dicen que funciona. Extraña lógica para una presidenta de antecedentes académicos. Les ha faltado no solo explicar sus números, sino también los métodos (la variedad de delitos que se reportan implica condiciones tan diversas en su génesis como de registro, y ni qué decir en las maneras de combatirlos).
Puede concederse que era necesario dar tiempo para que el cambio de estrategia arrojara resultados; igualmente, es lógico que un nuevo equipo, así fuera en una transición continuista, tendría una curva de aprendizaje. A casi dos años, eso ha concluido; y habida cuenta de que el Gobierno destaca números constantemente a la baja, se impone el cotejo de los mismos, la disección de los resultados y del método.
Por eso mismo no pudo ser más oportuna la publicación de los fallecimientos en México en 2025 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Desde el 3 de agosto se tienen las actas de defunción de un año completo y, desde luego, los homicidios que sobre el mismo periodo ha computado el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los números no cuadran. Según el INEGI, en 2025 hubo en México 27.989 fallecimientos por homicidio doloso o intencional. De acuerdo con lo que reporta el Gobierno de Sheinbaum, en ese periodo fueron asesinados 24.344 mexicanos. Hay una diferencia de 3.645 muertes. O en términos porcentuales, el prestigiado órgano estadístico mexicano reporta 15 puntos más que Palacio Nacional.
El reporte del INEGI se dio a conocer el lunes de hace dos semanas. Y en una mañanera reciente, el Gobierno ni quiso ni provocó la discusión del mismo, ni emitió un posicionamiento sobre un diferendo que alimenta las suspicacias frente a la estadística claudista.
Lo que sí hubo fueron entrevistas de Marcela Figueroa, titular del Secretariado y encargada del equipo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de la construcción de la metodología que se instaló este sexenio para medir la incidencia delictiva.
Figueroa, que trabaja con Harfuch desde que este era el jefe de la policía de Sheinbaum en la Ciudad de México, ha explicado básicamente dos cosas: que es normal incluso en otros países que las cifras de las actas de defunción de las secretarías de salud, con las que el INEGI hace su compendio, difieran de otros recuentos policiacos, como el que arma ella con información de las fiscalías. Es decir, que la disparidad no sería relevante. Ha dicho, igualmente, que cada base debe medirse en sus términos, es decir, muertos del INEGI con muertos del INEGI, y los del secretariado con los suyos.
¿Son argumentos convincentes? Lo del comparativo internacional no viene a cuento. México tiene una dinámica criminal desde, al menos, 2006 (año en el que el expresidente Felipe Calderón declara la llamada guerra contra el narco), y bastantes ocupados están los mexicanos con tratar de definir si se cuentan bien los crímenes, como para consolarse con que otros países también presentan disparidades.
Y lo de que cada base de datos mide los muertos a su manera no explica, por mencionar una entidad muy representantiva, que en el Estado de México el INEGI registre mil asesinatos más que el Secretariado. Menos lógica resulta esa diferencia cuando el número absoluto es 2.575 homicidios, según el INEGI, frente a 1.575. Una zona nebulosa de más de un tercio.
El Gobierno tiene una oportunidad. Con ensayo y error construyó un método, pero por alguna razón no se ha lanzado a defenderlo debatiéndolo. Con todo para dedicar las horas y recursos mediáticos que hagan falta, la presidencia no ha dispuesto que se convoque a una discusión pública de los índices, de cómo se computan e, igualmente crucial, de cómo es que bajaron los crímenes, no solo las estadísticas.
De manera inicial, Figueroa ha explicado, por ejemplo, que armaron una metodología para monitorear reportes mediáticos a fin de luego cotejar los datos que reciben de las carpetas que abren las fiscalías estatales, esos 32 hoyos negros de la procuración de justicia en México, conocidos por su histórica proclividad a desalentar a las víctimas para que no denuncien y por el desorden de su proceder.
Dando por bueno que, al contar con ayuda de los aparatos de inteligencia, reforzados en este sexenio, cada día es más puntual y fiel la información que sobre homicidios captan en el Secretariado y que por ende sus números serían fiables, expertos en seguridad insisten en que la base de datos estaría dejando fuera a los desaparecidos, y a los cuerpos encontrados en fosas o parajes, entre otras víctimas.
Aún antes de llegar a la cifra de 51% menos homicidios, expertos independientes y think tanks venían reclamando una discusión más allá de la reiterada conferencia de prensa en Palacio Nacional donde el Gobierno expone sus números.
“La caída de 44% en los homicidios dolosos durante los primeros 18 meses de Claudia Sheinbaum”, escribió en abril Ernesto López Portillo, académico de la Universidad Iberoamericana, “obliga a abrir una discusión más rigurosa sobre sus causas… La discusión de fondo no es elegir entre celebración o sospecha, sino exigir evidencia independiente para entender si la violencia realmente disminuyó o solo cambió de forma”.
Ligado a López Portillo, el Programa de Seguridad Ciudadana de la Iberoamericana publicó un documento este lunes donde plantea que “sin datos confiables no hay forma de evaluar qué está funcionando”.
La organización México Evalúa opinó en mayo sobre los avances del primer trimestre: “Todavía no hay ejercicios sustantivos de evaluación —ni por parte del Gobierno ni por actores de la sociedad civil—, que permitan saber cuál es el impacto real de las políticas federales en la reducción de los registros de homicidios dolosos y otros indicadores de violencia letal. Dicho ejercicio es imprescindible, pues esta reducción en las cifras genera dudas”.
Y el jueves, el colectivo Causa en Común, tras hacer un análisis de lo reportado oficialmente, denunció que: “Además del homicidio doloso, el feminicidio, el secuestro, la trata de personas, la extorsión, el robo de vehículo con violencia y el robo a transportista con violencia, presentaron alertas por posible subregistro, a partir del contraste con otras fuentes de información, y de casos documentados que no encuentran correspondencia clara en los registros oficiales. Por ejemplo, Puebla reportó cinco víctimas de feminicidio, mientras que Causa en Común documentó al menos 15 asesinatos de mujeres con extrema crueldad”.
Si se agregan reportes como los del diario Noroeste de Culiacán, que tras analizar cifras de la fiscalía de Sinaloa de mayo de 2025 a julio de 2026 no encontró en esos informes oficiales, materia prima del informe federal, 133 homicidios de los que el rotativo sí puede reportar lugar, fecha y circunstancia, la demanda de un debate con la Federación resulta impostergable, además de legítima.
Cada que el INEGI reporta la inflación, México escucha y confía; a la hora de informar sobre decesos, también tiene credibilidad.
Se precisa que la presidenta académica que es Claudia Sheinbaum desempolve su anterior práctica profesional y recuerde que en el conocimiento no hay hallazgo presumible sin que este pase por la prueba y validación de expertos independientes.
Construido en décadas, el prestigio del INEGI no está en entredicho. Pueden medir de manera distinta los homicidios, pero debe haber explicación de la diferencia de mil casos en una sola entidad como el Edomex, y de las 3.600 a nivel nacional.
A final de cuentas, los números del INEGI constituyen un jaque a la narrativa de efectividad anticrimen que busca construir la presidenta Sheinbaum. El esfuerzo de su equipo y su modelo estadístico bien valen el escrutinio público.
Fuente.-DIARIO ESPAÑOL / EL PAIS/ SALVADOR CAMARENA/
En el estado de Veracruz, administrado por Morena pero gobernado por el crimen organizado, salir por un café puede terminar convirtiéndose en una ficha más de la estadística.
Michel Melanie Méndez Morales y Luis Fernando Hernández Ibáñez, estudiantes de Psicología de la Universidad Veracruzana, fueron hallados asesinados dentro de una camioneta en la carretera Coatepec-Huatusco, cerca de Xalapa.
Michel había sido reportada como desaparecida desde el viernes, luego de salir de una cafetería. Dos días después, la búsqueda terminó en tragedia.
Y entonces llegó el ritual institucional de siempre: acordonar la escena, anunciar investigaciones, emitir condolencias y prometer que “se dará a conocer” lo que ocurra.
La gobernadora Rocío Nahle ,una verdadera pesallida de disfuncional funcionaria, ya informó que el caso quedó en manos de la Fiscalía de Veracruz, mientras la Universidad Veracruzana exigió una investigación transparente y justicia para sus alumnos.
Pero en un estado donde la violencia suele avanzar más rápido que las explicaciones oficiales porque mas de las veces caminan atrás de ella, la indignación no nace sólo del crimen: nace de la sospecha de que otra vez habrá discursos solemnes, comunicados impecables y una familia esperando respuestas que el aparato de justicia administra con cuentagotas.
Michel y Luis Fernando no son un número, aunque el sistema parezca empeñado en convertir cada asesinato en eso: una cifra, una carpeta de investigación y una promesa pendiente. Veracruz no necesita otro pronunciamiento de pésame; necesita autoridades capaces de impedir que la juventud tenga que salir a estudiar, trabajar o tomar un café con la incertidumbre de si regresará a casa.
En las investigaciones de la FGR por contrabando de combustible, hay dos menciones en referencia al «hijo del Presidente» y «Andy».
Las personas que lo refieren en esos términos son dos marinos de alto rango que ocuparon cargos de dirección o subdirección en las Aduanas; uno después se convirtió en testigo protegido y otro rindió sus testimonios en calidad de testigo.
Estas menciones y contrario a lo que considera la FGR,sí son suficientes para exigir lo mínimo en una fiscalía seria: verificar, contrastar, citar a quien tenga conocimiento directo y documentar si la hipótesis se sostiene o se cae.
El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) obliga al Ministerio Público a investigar cuando conoce hechos con apariencia delictiva; no a esperar una sentencia empaquetada para siquiera mover un dedo.
En una Fiscalía que no se arrodilla ante los apellidos, Andrés Manuel López Beltrán ya habría sido citado. No imputado. No condenado. Citado. Porque citar no es fabricar culpables; es hacer preguntas bajo registro ministerial cuando dos testimonios dentro de una carpeta federal repiten una referencia que, por lo menos, amerita ser despejada.
La FGR pretende resolver el asunto con una frase de burocracia defensiva: “no existe ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria”.
El problema es que nadie está pidiendo una condena por boletín ni una orden de aprehensión por rumor. Se exige una investigación mínima, objetiva y técnicamente obligada: establecer qué quiso decir “El Capitán Sol” cuando, según los testimonios difundidos, habló de “un tema de Andy” y del “hijo del Presidente”; identificar a los presentes, recuperar comunicaciones, verificar registros de llamadas, bitácoras, movimientos aduanales, autorizaciones, maniobras portuarias y cadenas de mando.
Porque una cosa es reconocer que una frase atribuida a un tercero no acredita responsabilidad penal; y otra, muy distinta, es convertir esa debilidad probatoria inicial en coartada para no investigar. Una declaración indirecta puede no alcanzar para imputar, pero sí puede servir como línea de investigación. Y si la Fiscalía ya tiene una carpeta abierta por presunto contrabando de combustible y posibles redes de protección institucional, esa línea no se puede archivar con un comunicado de X.
El Código Nacional de Procedimientos Penales es bastante menos complaciente que la FGR: el Ministerio Público y la Policía deben investigar los hechos que revistan características de delito sin exigir “mayores requisitos”, dirigir la indagatoria y ordenar medidas para preservar indicios. La pregunta jurídica no es si dos referencias bastan para declarar culpable a López Beltrán —no bastan—, sino si bastan para preguntar, corroborar y descartar con diligencias verificables. La respuesta es sí.
La defensa institucional dirá que los testigos no señalan una instrucción directa de Andrés Manuel López Beltrán, que lo dicho proviene de Miguel Ángel Solano Ruiz y que no hay evidencia independiente.
Perfecto: ésa es precisamente la razón para investigar. Se toma declaración a Solano, se confrontan versiones, se revisan los teléfonos y mensajes que correspondan con control judicial cuando sea necesario, se analiza quién autorizó descargas, quién retiró pipas, quién intervino para frenar o permitir maniobras y quién se benefició. Si no hay nada, la investigación lo acreditará. Si lo hay, el Estado no podrá decir que no vio lo que tenía enfrente.
La FGR ha negado oficialmente contar con datos de prueba con fuerza legal para abrir una indagatoria contra López Beltrán y rechaza que existan testigos protegidos que lo hayan señalado. Eso debe tomarse en serio: hoy no existe una imputación pública ni prueba verificable que permita afirmar que él participó en contrabando de combustible. Pero también debe tomarse en serio el estándar inverso: la ausencia de imputación no es una licencia para la omisión.
Si Andy fuera un ciudadano sin el apellido López, sin parentesco con el expresidente y sin el blindaje político que genera esa cercanía, ya le habrían girado un citatorio para comparecer como testigo o para aclarar cualquier posible referencia a su nombre. No porque sea culpable, sino porque así funciona —o debería funcionar— una fiscalía federal: no persigue apellidos; sigue datos, conexiones, comunicaciones y dinero.
Y si después de agotar esas diligencias no aparece un solo elemento objetivo, se cierra esa línea con una determinación fundada, verificable y pública en sus razones esenciales. Pero negarse siquiera a tocar la puerta no es prudencia jurídica. Es una forma muy elegante de decir que, en México, la justicia todavía pregunta primero de quién eres hijo antes de decidir a quién cita.
