«OTRO LADO de la MONEDA POLICIACA: CIUDADANOS de TAMAULIPAS están ATRAPADOS entre la CHAROLA que ATROPELLA y el NARCO que DICTA ÓRDENES»… en contra de algunos policías.

El otro lado de la moneda no es menos nauseabundo: mientras la Guardia Estatal de Tamaulipas acumula señalamientos por cateos ilegales, abusos y una lógica de fuerza que el propio diagnóstico oficial del Censo Nacional de Seguridad Publica Estatal y Federal 2026, no alcanza a maquillar, el crimen organizado presume músculo y pretende decidir hasta quién come, quién carga gasolina y quién puede ser atendido en un negocio en esta entidad, donde el ciudadano, como siempre, queda atrapado entre la charola que atropella y el criminal que dicta órdenes.

La frontera bajo chantaje

De acuerdo con trascendidos recientes, en Camargo, Miguel Alemán y Gustavo Díaz Ordaz —aunque Reynosa no ha sido la excepción— circulan denuncias de que restaurantes, tiendas de conveniencia, supermercados, gasolineras y otros comercios, como vulcanizadoras, han recibido amenazas o instrucciones para negar alimentos, combustible e incluso la reparación de llantas dañadas por ponchallantas, entre otros servicios, a elementos de la Policía Estatal y donde el gobierno mismo ha detonado conflictos por sus malos oficios.

Si esto se confirma, oficialmente, no se trata de una simple amenaza más en el catálogo del terror fronterizo. Es un desafío frontal a la autoridad y una muestra de que, donde el Estado abandona sus obligaciones, alguien más ocupa el mostrador, la calle y la decisión de quién puede comprar un litro de gasolina o traficarlos a sus anchas.

No hay eufemismo que alcance: una organización delictiva bajo el liderazgo de un consumado criminal organizado que despacha desde Jalisco bajo acecho de EE.UU, no puede convertirse en árbitro del comercio ni imponer castigos colectivos a punta de miedo en nombre de su tradiciónal alianza, lo mismo con el pasado gobierno de Cabeza de Vaca,que con Americo Villarreal.

Menos aún cuando los destinatarios indirectos de la represalia son trabajadores y pequeños comerciantes que no tienen escoltas, blindajes ni conferencias de prensa; apenas tienen un negocio que abrir al día siguiente y una familia a la que proteger.

Policías entre abuso y abandono

La contradicción es brutal. Hay elementos de la corporación estatal que deben ser investigados por presuntos cateos ilegales, excesos y prácticas incompatibles con su obligación de proteger a la población, pero muy semejantes a las empleadas por el crimen organizado . La credencial no borra los abusos, ni el uniforme concede licencia para entrar a casas, intimidar ciudadanos o convertir la seguridad en una cuota de obediencia.

Pero una cosa no absuelve la otra.

Que existan agentes bajo sospecha y también bajo proceso, no convierte a toda la corporación en objetivo legítimo del crimen organizado. Impedirles comprar comida o cargar combustible no es justicia ni resistencia civil: es una táctica de asfixia para debilitar la capacidad operativa del Estado y exhibir quién mandaba y sigue mandando en la Frontera Chica y la grande.

Y ahí está el resultado de años de inacción, omisiones y arreglos de escritorio: una policía con sectores cuestionados, comunidades aterrorizadas y delincuentes suficientemente empoderados como para pretender administrar la vida cotidiana. Unos policías podrían estar combatiendo a quienes amenazan; otros, según los señalamientos públicos, parecen más ocupados en administrar el problema.

Esa distinción debe investigarse, no barrerse debajo de la alfombra, como acostumbra el fracasado general Arturo Pancardo. Basta con escucharlo hablar para advertir el tamaño del problema: una policía que es más enfermedad que remedio.

Nombres,rostros,apelllidos y apodos del animalejo criminal

Y los testimonios ademas de reportes que circulan en la región exhibe a responsables con nombre, apellido y apodos: César Morfín Morfín, alias “El Primito”, y los mandos identificados por los apodos “Comandante Galleta”, “Comandante Barbas”, “Comandante Sánchez”, y “Comandante Pirata”.

Son señalamientos graves, aun no sentencias. Precisamente por eso no pueden quedarse como ruido de redes sociales, rumores de cantina o parte del paisaje de impunidad. Corresponde a las autoridades federales y estatales establecer el alcance de amenazas e identificar a los responsables, proteger a quienes denuncian y llevar las pruebas ante un juez.

La información que hemos publicado previamente en Valor Tamaulipeco ,hemos difundido las acusaciones sobre los vínculos de figuras políticas, entre ellas el Secretario General del gobierno, Hector Joel Villegas,alias Calabazo y su lugarteniente Tomas Gloria Requena con los operadores criminales en Tamaulipas.

¿Quién protege al ciudadano?

El problema no es que un comerciante se niegue a vender o atender por voluntad propia; el problema es que pueda hacerlo bajo amenaza. Castigar a quien atiende o deja de atender a un policía cuando su vida está en juego sería otra forma de abandono institucional.

Las autoridades deben garantizar, de inmediato:

• Protección real para comerciantes, trabajadores y denunciantes, con canales seguros para reportar extorsiones o amenazas.
• Presencia operativa verificable en los municipios afectados, no recorridos para la foto.
• Investigación de las amenazas contra negocios y de cualquier posible participación de estructuras criminales.
• Revisión independiente de los abusos atribuidos a elementos de la Guardia Estatal, con sanciones donde haya evidencia.
• Claridad pública sobre las medidas adoptadas, sin convertir la seguridad en boletín de autoelogio.

Camargo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz y Reynsoa mismo donde la percepción de inseguridad es creciente, casi del 90%, no pueden vivir bajo un régimen donde el crimen dicte qué se vende, a quién se vende y quién tiene derecho a transitar o trabajar. Hoy es la comida y el combustible para policías y también el abasto de familia, la apertura de un negocio o la libertad e integridad de cualquier vecino depende de lo que decida el Cartel del Golfo.

La Frontera Chica no necesita más discursos de control territorial. Necesita autoridad legítima: una que no cateé fuera de la ley, no pacte con la impunidad y no deje a la población pagando el costo de una guerra que el mismo gobierno con sus malos arreglos detona y que la mayoría de las veces se limita a administrar.

Tamaulipas ocupa un gobierno que combata al crimen, no un gobierno criminal.

Con información: REDES/MEDIOS/

“VIOLENTA LEYES del PODER y CAVA TUMBA POLÍTICA HIJO de AMLO: TRAS RETIRO de VISA y CARTA CONVERTIDA en TRAGEDIA CONTINENTAL»…asi trata a EE.U en publico y también a Sheinbaum en privado.

Andrés Manuel López Beltrán informó que el Gobierno de Estados Unidos le suspendió su visa para ingresar a ese país.

La carta del heredero inconforme

No es una carta, mucho menos diplomática: es una rabieta con membrete, escrita desde la convicción de que una visa estadounidense es un derecho hereditario y no una autorización soberana de EE.UU. López Beltrán dice no tener interés en visitar Estados Unidos, pero dedica tres páginas a exigir explicaciones al presidente de ese país: la versión política de “no me importa… pero contéstame”.

Andrés Manuel López Beltrán decidió convertir la revocación de una visa —facultad discrecional de Estados Unidos— en una tragedia continental, una persecución ideológica y, de paso, una oportunidad para dictarle a Donald Trump cómo debe administrar su gobierno.

El remitente abre con “respeto”, pero enseguida acusa a Marco Rubio y Christopher Landau de actuar “al estilo hitleriano”; los llama pandilleros, espías, corruptos y operadores de mafias económicas. Después, como quien no quiere la cosa, sugiere que Trump despida a sus propios funcionarios. Todo ello desde Teapa, Tabasco, con una mezcla de indignación familiar, soberanía de exportación y una confianza admirablemente desproporcionada en que la Casa Blanca debe detenerse a tramitar el agravio personal del hijo de un expresidente mexicano.

La contradicción central es deliciosa: “no me causa ningún problema no visitar Estados Unidos”, escribe, antes de enviar una extensa carta para preguntar por qué no puede visitarlo. Si de verdad no le importara, la respuesta elegante habría sido guardar silencio; pero el silencio no da titulares, no alimenta la épica del perseguido ni permite posar como víctima de una conspiración internacional.

El documento tampoco presenta una sola prueba de que la decisión haya sido motivada por una “fobia conservadora” contra Morena. En cambio, ofrece descalificaciones de alto calibre: compara con Hitler, acusa corrupción, atribuye intenciones políticas y exige purgas administrativas en Washington. Es decir: reclama que no existen pruebas contra él mientras fabrica acusaciones contra otros sin exhibir una sola evidencia verificable.

Más que una defensa jurídica o diplomática, la misiva parece una audición para el papel de mártir. El autor no impugna una resolución con argumentos legales, no solicita una revisión consular y no presenta hechos nuevos; opta por el método clásico del poder patrimonial: convertir una decisión institucional que incomoda a la familia en una afrenta contra la nación, la democracia y el movimiento.

La visa no es un reconocimiento moral, un salvoconducto político ni una medalla de pureza ideológica. Estados Unidos puede revocarla bajo su legislación y discreción, pero además no esta obligado a revelar públicamente las razones de cada revisión migratoria. El Departamento de Estado tiene autoridad amplia para revocar visas, incluso después de haberlas expedido. 

El problema de fondo

La carta incurre en una pretensión difícil de sostener: exige respeto a la soberanía mexicana mientras intenta intervenir en la estructura del gobierno estadounidense, demandando que Trump destituya a su secretario de Estado y a otros funcionarios.

También confunde tres planos distintos:

• La revocación de una visa no equivale automáticamente a una acusación penal,aunque siempre apunta.
• La ausencia de acusación pública no demuestra que la medida sea arbitraria o partidista y que no existan investigaciones formales.
• Un derecho de admisión migratoria no existe para el extranjero: es una decisión del Estado receptor.

Por eso, la frase “no existe ninguna razón” debería leerse como lo que realmente significa: “no se me ha informado una razón que yo acepte”. No es lo mismo, y en política exterior esa diferencia importa.

Las leyes de Greene que Andy ignora

Robert Greene en Las 48 Leyes del Poder ,no ofrece normas jurídicas ni principios democráticos; su libro es un manual cínico de estrategia y percepción. 

Justamente por eso sirve para exhibir cuán torpe fue la operación comunicativa: incluso bajo esa lógica de poder, la carta comete errores elementales.

Ley	Qué plantea	Cómo la vulnera la carta
Ley 1: Nunca eclipse al amo	No hagas sentir inferior ni desafiado a quien tiene poder sobre ti	Le escribe a Trump para insinuar que no controla a su gabinete y que debe despedir a sus funcionarios. Es una manera eficaz de cerrar puertas, no de abrirlas.
Ley 3: Oculte sus intenciones	No exponga toda su estrategia ni su vulnerabilidad	La carta revela ansiedad, agravio y necesidad de respuesta. Si la visa “no importa”, el texto demuestra exactamente lo contrario.
Ley 4: Diga siempre menos de lo necesario	La sobriedad preserva margen de maniobra	Tres páginas de acusaciones convierten una eventual revisión administrativa en un espectáculo político. Habla tanto que deja ver demasiado.
Ley 5: Proteja su reputación	La reputación requiere consistencia y pruebas	Acusar de hitlerianos, mafiosos y pandilleros a funcionarios estadounidenses sin pruebas públicas verificables erosiona la credibilidad del acusador.
Ley 9: Gane con acciones, nunca con argumentos	Los resultados pesan más que la discusión	En lugar de recurrir a canales legales, consulares o diplomáticos, eligió el alegato público. Mucho ruido, ninguna palanca institucional visible.
Ley 13: Al pedir ayuda, apele al interés propio	No pida favores por sentimentalismo o agravio	Trump no recibe una razón de interés estadounidense para revisar el caso; recibe una reprimenda y una exigencia de destituciones.
Ley 19: Sepa con quién trata	No ofenda al interlocutor equivocado	Llamar apático a Trump y cuestionar su capacidad de mando es una forma peculiar de solicitar su intervención favorable.
Ley 24: Sea el cortesano perfecto	Maneje jerarquías, etiquetas y susceptibilidades	La fórmula respetuosa del inicio se desploma cuando el destinatario es tratado como jefe negligente de una camarilla.
Ley 34: Compórtese como rey para ser tratado como tal	La dignidad requiere dominio de sí mismo	La carta pretende proyectar altura moral, pero la sobreactuación y el resentimiento producen una imagen de privilegio herido.
Ley 36: Desprecie lo que no puede tener	Ignorar puede ser la mejor venganza	Dice despreciar la visita a Estados Unidos, pero escribe una carta extensa precisamente porque no tolera la restricción.
Ley 47: Sepa cuándo detenerse	No exceda el objetivo	Si el propósito era pedir claridad, bastaba una solicitud formal. Pedir la destitución de Rubio y Landau transforma una petición en una provocación.

La réplica IMposible

Una respuesta sobria, menos soberbia y altanera —y más difícil de desmontar— habría sido:

“He sido informado de la revocación de mi visa. Solicitaré, por las vías institucionales correspondientes, conocer si existe algún error administrativo o un procedimiento de revisión aplicable. Respetaré la jurisdicción estadounidense, pero defenderé mi reputación mediante hechos, documentos y los recursos legales disponibles.”

Eso habría proyectado templanza, preservado margen de negociación y evitado que la historia pasara de “¿por qué le retiraron la visa?” a “¿por qué el hijo del expresidente mexicano cree que puede pedirle a Trump que despida a su gabinete ?”.

La carta, en cambio, no combate una decisión: combate su propia frustración. Y al hacerlo confirma la máxima que parece querer negar: quien se siente por encima de las instituciones suele interpretar cualquier límite como persecución.

Con información: ELNORTE/ MEDIOS/

“YA NO son MUY NARCOS, son MUY ESTAFADORES: CJNG CONVIRTIÓ TURISMO de LUJO en MÁQUINA TRITURADORA de AHORROS de ADULTOS MAYORES”…diversificaron portafolio criminal y les va muy bien.

El Cartel de Jalisco, (CJNG), no solo ha traficado drogas,la extorsión y combustible: también convirtió el turismo de lujo en una trituradora de ahorros para adultos mayores. Y lo hizo mediante una maquinaria de empresas, resorts, falsos abogados, impostores fiscales y documentos apócrifos que, pese a sanciones de Estados Unidos y congelamientos de cuentas en México, siguió cobrando a sus víctimas como si nada hubiera pasado. La evidencia disponible describe un esquema atribuido a esa organización criminal.

El resort como ventanilla de despojo

Una de las prioridades de la Administración Trump para desmantelar al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es pegarle donde realmente le duele: en la caja registradora. No basta con perseguir cargamentos de droga, combustible robado, armas o sicarios; Washington ha identificado que el cártel también construyó una industria de fraude turístico capaz de producir cientos de millones de dólares a costa de ciudadanos estadounidenses y canadienses, particularmente adultos mayores.

Entre 2019 y 2023, el fraude de tiempos compartidos dejó pérdidas superiores a 400 millones de dólares y afectó a más de 6,000 estadounidenses. El dinero, según el Departamento de Justicia estadounidense, no fue a parar a una agencia de viajes particularmente deshonesta, sino al financiamiento de operaciones del CJNG: tráfico de drogas, compra de armas y pago de sobornos. 

El 19 de febrero, Washington sancionó una red de 17 empresas en Puerto Vallarta y Nayarit, entre ellas el resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle. La acusación estadounidense señala al fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, de tener un historial de colaboración voluntaria con narcotraficantes, y lo vincula con Michael Ibarra Díaz Jr., identificado como empresario afiliado al cártel y facilitador de la venta de tiempos compartidos a turistas estadounidenses y canadienses que luego terminaban defraudados. 

La operación no era sofisticada por su tecnología, sino por su descaro: vender una promesa, cobrar por esa promesa, inventar obstáculos para cumplirla y volver a cobrar por resolver los obstáculos inventados.

La estafa en capítulos

Un tiempo compartido es, en teoría, un derecho de uso vacacional: una semana al año en un hotel o condominio, a cambio de un pago inicial y cuotas anuales de mantenimiento. En la práctica descrita por las víctimas, ese derecho se convierte en anzuelo para vender paquetes nuevos, prometer reventas lucrativas y luego desaparecer con el dinero.

Laura —nombre ficticio— ya tenía tiempos compartidos en otras locaciones y quería deshacerse de ellos. Representantes de Kovay Gardens le ofrecieron una membresía en Nayarit; Blue Point Converters le propuso comprar sus antiguos paquetes. Todo fue empaquetado y firmado el mismo día, como suele ocurrir cuando la urgencia del vendedor es proporcional a la fragilidad del engaño.

Laura pagó cerca de 30,000 dólares por la membresía de Kovay Gardens. A cambio, le prometieron que, tras un año, recibiría más de 100,000 dólares por los tiempos compartidos que supuestamente había vendido. Los documentos fueron entregados por César Cárdenas, representante de Blue Point Converters, y la autorización del resort fue firmada por Arturo Vera.

Pasó el año. Llegaron las excusas. Después, los compromisos de devolver la llamada en siete días. Finalmente, el silencio. Laura comprendió en marzo de 2026 que no había vendido nada: había pagado por entrar a un circuito de fraude. Para entonces, el Departamento del Tesoro ya había denunciado la red asociada a Kovay Gardens.

La historia de Huguill, otra víctima que pidió anonimato, reproduce el patrón: la promesa de intercambiar su participación de tiempo compartido en Estados Unidos por una propiedad en Kovay Gardens, obtener un pago superior al valor estimado o recuperar íntegramente su inversión al cabo de un año. El resultado fue el mismo: ni pago, ni reembolso, ni solución.

Del resort al call center

Las sanciones no detuvieron de inmediato el mecanismo; apenas obligaron a mudar el letrero. Kovay Gardens suspendió sus canales formales de atención, reservas, páginas web y redes sociales después de las medidas de la OFAC y de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana. Ambas instituciones congelaron cuentas y sancionaron a empresas e individuos ligados al complejo.

Pero el 14 de marzo, miembros del resort recibieron un correo de Kovay Vacations informándoles que los canales y el dominio cambiarían a Selvara Signature Collection, marca vinculada a VG Desarrollos de la Bahía, otra empresa incluida en la lista de sancionados por la OFAC. Es decir: el negocio no desapareció; se reacomodó bajo otra etiqueta. 

La segunda fase de la estafa llega disfrazada de rescate. A Jeremiah, otro estadounidense que solicitó reserva de identidad, empresas como Blue Sky Realty —con oficinas en Massachusetts— y Title Escrow Services —con presencia en Memphis— le ofrecieron corregir el supuesto incumplimiento de Blue Point Converters y comprarle su tiempo compartido de Kovay. La oferta rondaba los 100,000 dólares. La condición, como siempre, era pagar antes.

Primero le exigieron poco más de 60,000 pesos, unos 4,000 dólares, para registrarse ante el SAT. El supuesto recibo tenía como beneficiaria a Grupo Comercial Mow S.A.S. de C.V., empresa que, al ser revisada en el Registro Público de Comercio, no aparece legalmente constituida.

Luego le cobraron más de 80,000 pesos, casi 5,000 dólares, por presuntos impuestos estatales vinculados a la transacción en Nayarit. Para respaldar el cobro, le enviaron documentos que simulaban provenir del SAT y del Gobierno de Ciudad de México, no del Gobierno de Nayarit. En ambos aparecía Heriberto Sánchez Esquivel como supuesto representante legal.

La falsificación tenía grietas elementales. Luis Pérez de Acha, abogado especialista en fraudes fiscales, fue tajante: si el inmueble está en Nayarit, el Gobierno capitalino no interviene; el SAT no cobra impuestos estatales; y la papelería federal y la local no se presenta junta como si fueran anexos de una misma dependencia. No era burocracia confusa: eran documentos falsificados.

Bancos falsos, abogados falsos, impuestos falsos

Title Escrow Services también ofreció a Jeremiah crear una cuenta en BBVA México donde, supuestamente, ya estaba depositado el dinero de su inversión. Le enviaron estados de cuenta apócrifos a su nombre y hablaron de una inexistente “cuenta transfronteriza” de una “División Transfronteriza” del banco.

BBVA detectó inconsistencias en esos documentos y precisó que no cuenta con un producto llamado “cuenta transfronteriza”. Aun así, la red le exigió una última transferencia de casi 6,000 dólares —más de 100,000 pesos— para cubrir supuestos impuestos federales y liberar los más de 100,000 dólares prometidos.

La estafa funciona porque jamás reconoce que es estafa. Cada pago se vende como el último trámite: el impuesto, la tarifa inicial, el registro fiscal, la comisión de liberación, el gasto legal, la transferencia internacional. La víctima no solo pierde su dinero; es llevada a pagar para recuperar lo que ya le robaron.

Maxine, otra denunciante que pidió anonimato por temor a represalias, recibió contactos de un supuesto despacho de Monterrey llamado Sander, Meyer y Asociados, que decía representar a Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., desarrolladora de Kovay Gardens. La propuesta era casi teatral: más de 200,000 dólares por un “incumplimiento contractual” de Blue Point Converters, con el argumento de mitigar daños reputacionales y resolver rápido la controversia.

Pero los afectados organizados en grupos de Facebook conocen el libreto: despachos con nombres corporativos, promesas de indemnizaciones millonarias y una condición invariable de pago anticipado por aranceles, impuestos o trámites legales. No llegan a indemnizar: llegan a exprimir lo que queda.

También aparecen nombres como Boutique Private Residence Club, con sede en Punta Mita; Philly 1st Real Estate y East Coast Real Estate Investments, ambas supuestamente ubicadas en Filadelfia. El patrón se repite: ofertas de reventa o renta, ganancias extraordinarias, cargos previos obligatorios y ninguna ganancia materializada.

El portafolio criminal

El negocio de los tiempos compartidos exhibe la diversificación criminal del CJNG: una estructura que no depende únicamente de rutas de droga ni de violencia armada. Puede operar resorts, centros de llamadas, redes inmobiliarias ficticias, empresas de cobranza, suplantación de instituciones fiscales, falsificación bancaria y despachos jurídicos de utilería.

No es un fraude periférico ni una travesura de operadores aislados. Las autoridades estadounidenses describen un modelo verticalmente integrado que aprovechó información de propietarios, falsos intermediarios inmobiliarios, sitios web engañosos, telefonistas entrenados y la suplantación de abogados, funcionarios e incluso mandos policiales. 

La perversidad del esquema no está solo en haber robado cientos de millones de dólares. Está en haber convertido una aspiración ordinaria —vacacionar, vender una membresía, recuperar una inversión— en combustible para una organización acusada de traficar drogas, comprar armas y pagar sobornos. El tiempo compartido no era el producto: era la trampa.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ANDRES RODRIGUEZ/