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jueves, 13 de agosto de 2026

«CUMPLE UNA SEMANA: GOBERNADORA de MORENA SIN_VERGUENZA de ABOLENGO POLITICO sigue de PATA de PERRO en EUROPA SUDANDO GLAMOUR»…tanto les gusta lo bueno, que lo regular les enfada.


Layda Sansores parece haber llevado la austeridad republicana a su máxima expresión: practicarla… pero desde Madrid, entre vitrinas de lujo y pasillos de El Corte Inglés. La gobernadora de Campeche fue vista el 11 de agosto en la exclusiva calle Serrano, en el Barrio de Salamanca, donde incluso habría visitado la boutique Gianvito Rossi, cuyos zapatos parten de mil euros —unos 19 mil pesos—. 

Mientras Campeche espera respuestas, su gobernadora, Layda Sansores, decidió atender una prioridad de Estado: comprobar personalmente si la austeridad republicana combina mejor con Prada, Gucci o unos Gianvito Rossi de mil euros.

La mandataria morenista lleva casi una semana de vacaciones en España y fue captada el 11 de agosto recorriendo El Corte Inglés de la calle Serrano, en pleno Barrio de Salamanca madrileño: esa humilde zona comercial donde la gente suele debatir los grandes problemas sociales entre aparadores de Louis Vuitton, Versace y Armani. Porque si algo necesita una gobernadora en tiempos de cuestionamientos financieros, es una intensa gira de supervisión por la Milla de Oro.

El viaje arrancó el 5 de agosto, apenas días después de su Quinto Informe de Gobierno. Sansores fue fotografiada en la sección Premier —primera clase— de un vuelo rumbo a Madrid, acompañada por su hermana Laura Sansores San Román, presidenta del DIF estatal. El calendario, siempre tan inoportuno, hizo coincidir la escapada con el cumpleaños 81 de la gobernadora, celebrado el 7 de agosto en la capital española. Nada como cumplir años lejos de los pendientes y cerca de las boutiques. 

En Campeche, en cambio, el informe tuvo que entregarse sin la presencia de la protagonista. La ausencia alimentó las críticas de la oposición: el diputado de Movimiento Ciudadano, Ignacio Muñoz Hernández, cuestionó que la mandataria no estuviera en el acto ante el Congreso mientras su ubicación en Madrid circulaba ampliamente. La gestión pública, al parecer, también puede manejarse a distancia; lo importante es que la distancia tenga buen escaparate. 

Y no, no es una postal inédita. En 2024 Sansores también fue captada en primera clase en el trayecto Madrid-Ciudad de México. En agosto de 2025 viajó a Ámsterdam y explicó que fue a celebrar con su hija y sus nietas. Ahora Madrid completa la colección: una gobernadora que convierte cada polémica por austeridad en una nueva temporada europea. 

Porque en la narrativa oficial quizá el pueblo es primero; pero en la agenda de Layda, primero parece ir la sala Premier… y después, si queda tiempo, Campeche.

Con información: ELNORTE/

“NO FUE una FALLA ABSTRACTA: MILITARES CORTAN ARMA en JORNADA de ‘Sí al DESARME, y ESCENA BALÍSTICA deja 4 HERIDOS por ESQUIRLAS…el protocolo se convirtió en «prontoloco».


La jornada gubernamental “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en Tzintzuntzan, Michoacán, acabó ofreciendo justo lo contrario: una demostración pública de cómo no destruir un arma.

La versión más sólida es que no fue una “falla” abstracta: el protocolo de seguridad falló antes de que la cortadora tocara el arma. Aunque aun sin dictamen pericial público, afirmar exactamente si tenía cartucho en recámara, munición en el tubo o un mecanismo defectuoso sería especulación.

Un elemento del 12/o Batallón de Infantería pasó una sierra sobre un arma hechiza durante un módulo de canje voluntario y la pieza detonó. El estallido lanzó esquirlas hacia las personas que estaban cerca. La escena quedó grabada y exhibe una pregunta elemental que, al parecer, nadie resolvió antes de encender la cortadora: ¿el arma estaba realmente descargada y asegurada ?

La explicación oficial habla de una “falla en la revisión”. Traducido del burocratés: un arma que debía estar neutralizada llegó a la fase de destrucción con capacidad de detonar. 

No fue magia ni un capricho de la balística; una escopeta o rifle artesanal puede conservar un cartucho en la recámara, en el tubo cargador o en alguna cavidad del mecanismo. Al cortar metal cerca de una munición, la presión, la fricción, el golpe sobre el cartucho o la liberación del mecanismo pueden accionar el fulminante y este la pólvora para producir un disparo o una detonación con fragmentos.

Hasta ahora no hay un peritaje público que permita precisar cuál de esas hipótesis ocurrió. Lo que sí puede sostenerse es que la destrucción comenzó sin que el riesgo hubiera sido eliminado por completo. Y cuando un arma “hechiza” pasa de mesa de canje a sierra eléctrica, la obligación de revisar dos veces no es un detalle administrativo: es el mínimo indispensable para no convertir un programa de prevención en una ruleta rusa institucional.

Los reportes iniciales señalaron cuatro personas lesionadas por esquirlas; sin embargo, la Secretaría de Gobernación informó oficialmente que sólo una persona resultó afectada y fue atendida en el Hospital General de Pátzcuaro, de donde fue dada de alta. La discrepancia no es menor: mientras circulaban nombres y edades de cuatro presuntos heridos, la autoridad sólo reconoció a uno y no explicó qué ocurrió con los otros tres casos reportados. 

La escena deja dos saldos: personas lesionadas y una versión oficial que intenta reducir el episodio a una “falla” sin explicar qué control falló, quién verificó el arma y por qué había civiles tan cerca del punto de corte. Porque si el Ejército necesita descubrir que un arma puede dispararse después de pasarla por una sierra, el problema no es el arma hechiza: es la revisión profesional que nunca ocurrió.

Con información: ELNORTE/

miércoles, 12 de agosto de 2026

“ESTRATEGIA MANCHADA: NO PUEDEN PACIFICAR SINALOA y MEJOR PACIFICARON las CIFRAS del CUENTEO de MUERTOS”… cambian etiquetas y los sacan del conteo.


No están pacificando Sinaloa: están afinando el maquillaje. Mientras la violencia sigue arrancando miles de vidas y «levantando» a niveles industriales, la Fiscalía Estatal,muy a tono con la estrategia mediática de Omar García Harfuch, parece haber encontrado una fórmula burocrática para que los cadáveres no estorben en la gráfica: cambiarles de etiqueta, sacarlos del conteo o, simplemente, hacer como que no existen.

La estadística como fosa común

La investigación publicada por Noroeste expone una obscenidad institucional: al menos 133 personas asesinadas quedaron fuera de la estadística oficial de homicidios dolosos entre mayo de 2025 y julio de 2026. 

No porque hayan resucitado. No porque sus familias hayan imaginado su muerte. Sino porque para la Fiscalía de Sinaloa resultó más conveniente llamarlas “causa de muerte por determinar”, “homicidio por otros”, “agresión a la autoridad” o “homicidio por enfrentamiento”.

La misma táctica es empleada por Tamaulipas o Nuevo León,pero replicada en todo el pais.

Es la perversión del lenguaje puesta al servicio del poder. Si un policía es acribillado, no cuenta igual. Si una persona muere días después en un hospital por las balas que recibió, se vuelve administrativamente incómoda. Si aparecen restos humanos en una fosa clandestina, el Estado puede tratarlos como si fueran una anomalía arqueológica y no evidencia brutal de una guerra criminal.

Así se gobierna cuando no se quiere hacerlo bien, sino verse bien: no se detiene la matanza; se altera el marcador.

Matar y después borrar

Desde el estallido de la disputa entre las facciones Guzmán y Zambada, entre septiembre de 2024 y julio de 2026, la propia Fiscalía transparentó 3 mil 195 homicidios, un promedio de 4.6 asesinatos diarios: más de tres veces el promedio previo a la guerra. Pero el conteo de Noroeste añade al menos 443 muertes violentas que no aparecen en la cifra oficial, incluidos 133 casos omitidos o reclasificados y 310 hallazgos de cuerpos o restos en fosas clandestinas. 

No es un error de captura. No es un detalle técnico. No es una diferencia metodológica inocente.

Cuando se omiten 50 personas que murieron en hospitales tras ataques armados; cuando 55 cadáveres con huellas de violencia o mensajes criminales pasan a la nebulosa de una “causa por determinar”; cuando 25 agentes de seguridad asesinados se mandan a una categoría aparte que no alimenta el conteo central; cuando 41 homicidios documentados por la prensa ni siquiera entran al registro, lo que existe es un mecanismo de reducción política de la realidad. 

La sangre no desaparece porque una oficina cambie el rótulo de una carpeta.

El gobierno de la apariencia

El dato es todavía más revelador porque las prácticas de subregistro crecieron después de julio de 2025, tras el despliegue y las visitas del Gabinete de Seguridad federal encabezado por Omar García Harfuch.

La consecuencia matemática fue una reducción de 7.6 por ciento en la cifra oficial de homicidios del último año, suficiente para engordar el relato de una curva descendente que, según la investigación, no refleja la magnitud real de la violencia. 

Es decir: ante el fracaso de contener la guerra, la respuesta no fue garantizar justicia, proteger a las comunidades, esclarecer homicidios o impedir nuevas desapariciones. La respuesta fue administrar el significado de la muerte.

Y ahí está la trampa de los gobiernos obsesionados con la propaganda: confunden el tablero de indicadores con el territorio. Creen que una conferencia puede sustituir a una investigación. Que una categoría administrativa puede absolverlos. Que una cifra menor puede devolverle seguridad a una madre que busca a su hijo, a una viuda, a un policía emboscado o a la familia de quien murió en una cama de hospital luego de un ataque armado.

Ni menos muertos ni más seguros

Sinaloa no necesita funcionarios que reduzcan homicidios con un teclado. Necesita instituciones que reduzcan homicidios en las calles.

Porque un gobierno que presume resultados mientras esconde víctimas no está combatiendo la violencia: está combatiendo su evidencia. Y cuando el Estado borra a los muertos para mejorar su imagen, deja de ser parte de la solución y se convierte en cómplice administrativo de la impunidad.

Con información: NOROESTE/

LE «CAYÓ la FGR y el EJÉRCITO: DESPLIEGAN OPERATIVO FEDERAL Vs. GASOLINERA de EMPRESARIO CERCANO al GOBERNADOR de TAMAULIPAS… en 2025 decía que “huachicol” lastima al país.


La FGR y la Sedena llegaron hoy a una gasolinera de Grupo Garel, propiedad de José Ángel García Elizondo, empresario que aparece con frecuencia en la postal oficial junto al gobernador Américo Villarreal y su hermana,la alcaldesa de morena en Tampico,Monica Villarreal Anaya.

Por ahora no hay información oficial, argumento del cateo, ni detenidos tras el operativo. Pero cuando los federales acordonan la bomba y revisan hasta la manguera, no parece precisamente una visita de cortesía para tomarse la foto.

En Tamaulipas, algunos empresarios no sólo despachan gasolina: también despachan sonrisas en los eventos del poder. Esta vez, sin embargo, la foto fue con cinta amarilla, agentes federales, el ejercito en custodia perimetral y una FGR que todavía guarda silencio.

Que nadie adelante conclusiones: la presunción de inocencia sigue intacta. La pregunta incómoda también: ¿qué estaban buscando? 

El empresario José Ángel García Elizondo —recurrente financiador de campañas,aparece con el gobernador Américo Villarreal.

El poder suele retratarse con guayabera; la fiscalización, con cinta amarilla. La diferencia es que una foto se presume y la otra se investiga.

Que decía José Ángel García Elizondo en 2025 en su carácter de Presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo.

Con información: Redes/CONECTAM

“JUSTICIA MORENA en CAMPECHE DETIENE a EX-COLABORADOR de ALITO por DELITOS que con AMÉRICO son un DELEITE”… el destino de esa justicia está en el retrovisor político.


La Fiscalía Anticorrupción de Campeche,bajo el gobierno de Morena de Layda Sansores, volvió a encender la maquinaria: ahora detuvo a Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social durante el gobierno de Alejandro “Alito” Moreno, por su presunta participación en un desvío de 36 millones de pesos mediante empresas factureras. La investigación sigue abierta y, hasta ahora, los detenidos no han sido vinculados a proceso.

En Campeche todo indica, la justicia parece haber encontrado, por fin, gasolina para arrancar… siempre y cuando el destino esté en el retrovisor político.

El mecanismo bajo sospecha: las ya célebres Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, ese prodigio de creatividad fiscal que sin distingo de partidos y credos, como también ocurre en Tamaulipas, convierte recursos públicos en humo, papeles y explicaciones imposibles.

Medina Hernández fue enviado al penal de San Francisco Kobén, donde espera su audiencia inicial. Está señalado como presunto cómplice de Luis Antonio Espinosa Campos, contador relacionado con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del exgobernador. Según la indagatoria, la red habría utilizado factureras para canalizar dinero público hacia la televisora Mayavisión.

No se trata, además, de una sospecha menor: las autoridades investigan el presunto desvío de 36 millones de pesos y pagos por otros 97 millones a esa empresa de comunicación, sin que se haya acreditado documentalmente —según reportes periodísticos— que los servicios contratados realmente existieran. Porque en ciertos gobiernos la publicidad oficial no informa: desaparece, se evapora y, si hay suerte, hasta factura.

La captura llega cinco años después de una denuncia presentada ante el SAT por contratos del gobierno de Moreno Cárdenas con empresas señaladas como factureras. Es decir, la justicia no llegó tarde: llegó con la puntualidad institucional acostumbrada, esa que aparece cuando el implicado ya dejó de ser útil, dejó de tener poder o dejó de sentarse en la mesa correcta.

Y ahí está el detalle incómodo: el gobierno presume músculo para detener a excolaboradores de sus rivales, mientras en los casos que involucran a personajes propios, cercanos o políticamente convenientes, la contundencia suele transformarse en expediente, el expediente en silencio y el silencio en una elegante forma de impunidad.

Por ahora, Medina Hernández y Espinosa Campos enfrentan acusaciones, no sentencias. Pero el mensaje político ya fue emitido con claridad: para algunos, la Fiscalía tiene órdenes de aprehensión; para otros, al parecer, sólo tiene paciencia infinita.

Con información: ELNORTE/

“MUERTO el PERRO, ¿se ACABA la RABIA?: MAGENTA PRESUME SABOTAJE para ACABARLE el VUELO a la BARREDORA”… ligada al morenismo narco.


¿Quién “bajó” el avión de Hernán Bermúdez Requena, el líder del Cártel de ‘La Barredora’, en Bogotá, cuando esa aeronave de la Fiscalía General de la República trasladaba al acusado desde Paraguay hasta México? Jamás se supo, nunca se dio una explicación “oficial”.

Hoy, Código Magenta está en posibilidad de revelar -video de por medio- que el jet en el que viajaba el que fuera subalterno de Adán Augusto López y a quien se le acusa de narcotráfico, delincuencia organizada, huachicol y extorsión, fue presuntamente objeto de un “sabotaje” que se pretendió ocultar. Esta es la historia.

Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el líder del llamado ‘Cártel de La Barredora’, en Tabasco, fue expulsado de Paraguay el 17 de septiembre de 2025. El que fuera Secretario de Seguridad Publica en el gobierno de Tabasco había sido capturado cinco días antes en la capital, Asunción, acusado de ingreso y estancia irregular en ese país sudamericano. También se le señalaba como el responsable de estar fraguando en aquella nación un brazo de la red criminal que ya operaba en Tabasco, de la mano del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De manera expedita -en sólo 5 días- el gobierno de la Cuarta Transformación logró que el gobierno de Paraguay le entregara al presunto delincuente también conocido como “El Abuelo” y/o  “El Comandante H”. Pero lo que debería ser un traslado terso entre Asunción, Cozumel y Toluca -en ese avión de la Fiscalía General de la República- acabó en una odisea de dos días, con sorpresivas escalas en Bogotá, Colombia y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Jamás se dio una explicación del aterrizaje no previsto en la capital de Colombia del Bombardier Challenger 605, con matrícula XB-NWD, dejando correr la especie de que la aeronave en la que era repatriado Hernán Bermúdez Requena se vio obligada a hacer esa escala para que el inculpado recibiera instrucciones de sus jefes, en México, sobre lo que tendría que decir al comparecer ante la autoridades mexicanas.  Después de todo, ¿qué pretexto se podría dar para anclar ese jet por 14 horas en suelo colombiano?

La especulación del sentido común fue que alguien solicitó esa escala no programada en el país gobernado por Gustavo Petro -el amigo guerrillero de la presidenta Claudia Sheinbaum- para leerle la cartilla sobre lo que Hernán Bermúdez Requena podía decir y lo que no debía decir a su llegada a México. ¿Pero se necesitaban 14 horas para consumar ese supuesto interrogatorio con olor a “tirarle línea” para no perjudicar al entonces líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López? Sin embargo, a pesar de que las versiones sobre el asunto abundaron, ninguna explicación oficial se dio.

Tampoco se dijo el por qué de la segunda escala programada para Cozumel fue súbitamente desviada a Tuxtla Gutiérrez, el estado de Rutilio Escandón, cuñado del morenista Adán Augusto López, señalado como jefe de Hernán Bermúdez Requena y líder de ‘La Barredora’.

Pues hoy, casi 11 meses después, Código Magenta tiene evidencias recolectadas por dos centros de inteligencia que alertan de que el jet Bombardier Challenger 605, bajo custodia de la FGR, fue obligado a bajar en Bogotá por una severa emergencia. Una súbita fuga de combustible en el depósito del ala izquierda de la aeronave desató la alerta, que de no ser atendida de inmediato, podría haber generado un trágico desenlace.

La fuga de combustible -que se puede apreciar con toda claridad en el video en poder de Código Magenta- fue detectada por el mismo Hernán Bermúdez Requena, quien alarmado la reportó a uno de los custodios en cabina. Ellos fueron los que de inmediato acabaron por alertar a los pilotos, quienes al comprobar la fuga de combustible sólo confirmaron que se trataba de un desperfecto muy serio -accidental o inducido- que ponía en riesgo la vida de pasajeros y tripulantes. La urgencia era aterrizar la aeronave en el aeropuerto más cercano, antes de cualquier eventualidad, y ese fue el de Bogotá.

Las 14 horas que se mantuvo el jet de la FGR en tierra obedeció a que la refacción para reparar el desperfecto debió ser pedida a Estados Unidos y demoró más de 11 horas su traslado, además de las dos horas de reemplazo que requirió la pieza dañada.

Esta no sería la primera ocasión en que un incómodo allegado, política y financieramente, al morenista Adán Augusto López tiene una emergencia aérea. Ya en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ocurrió un fatal accidente, de otro cercano al entonces precandidato de Morena a la Presidencia. Fue el caso de Daniel Flores Nava, director del Grupo Proyecta, que recibió en aquel sexenio contratos por más de 27 mil millones de pesos para la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Daniel Flores Nava operó, en 2023, como el financiero de la precampaña presidencial del ex secretario de Gobernación. El dinero, la movilización y los mítines masivos con excesivos gastos incomodaron a Palacio Nacional. La corcholata predilecta del presidente Andrés Manuel López Obrador era Claudia Sheinbaum y con el dinero que fluía a través del dueño del Grupo Proyecta, el ex secretario de Gobernación se estaba saliendo del script.

Fue entonces que el 29 de julio de 2023, Daniel Flores Nava fue llamado por el presidente a su despacho en Palacio Nacional. Saliendo de aquella reunión donde se le habría recriminado el ilimitado apoyo a Adán Augusto López, el director del Grupo Proyecta tomó su avión privado con destino a Veracruz. Buscaba confrontar en persona al precandidato presidencial, quien estaba en un mitin. Ambos discutieron en público. Y de regreso al aeropuerto de Veracruz, para  tomar su vuelo privado con destino a Toluca, ocurrió la tragedia. Tres minutos después de despegar, el jet Cessna 650 se desplomó en el Golfo de México. A partir de ese momento, en la 4T  se desplegó  un desmantelamiento silencioso de la precampaña presidencial de Adán Augusto López.

Por eso hoy, bajo las evidencias del video que exhibe aquí Código  Magenta son obligadas las preguntas: Si aquella fuga de combustible en pleno vuelo del Bombardier Challenger de la FGR fue un “simple desperfecto”, ¿por qué la autoridad de entonces no emitió los detalles de la emergencia y dejó que corrieran todo tipo de especulaciones políticas? ¿Sería que, frente al cúmulo de acusaciones y complicidades que enfrentaría a su llegada a México, alguien buscó “borrar”  al jefe de ‘La Barredora’ en aquel traslado de Paraguay a México?

Sea como fuere, desde que en septiembre de 2025, Hernán Bermúdez Requena ingresó al penal de alta seguridad de El Altiplano no existe reporte alguno de los avances de las investigaciones. Esas sí se desplomaron. Nadie sabe dónde quedaron esos restos. “Muerto el perro, se acabó la rabia”.

Con información: CODIGO MAGENTA/

“GANO la VERGUENZA AJENA: PAR de DIPUTADOS CONVIERTEN el PATIO del SENADO en RECREO de SECUNDARIA, con CARGO a los IMPUESTOS…sin MÁSCARA, sin RÉFERI y con FUERO.”


La Comisión Permanente ofreció este miércoles una nueva cátedra de alta política mexicana: dos diputados, dos partidos y cero argumentos suficientes para evitar que el patio del Senado pareciera recreo de secundaria con presupuesto público.

Diplomacia de patio: el PRI y Morena elevan el debate… a empujones

Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, presidente de la Comisión de Juventud, y Arturo Ávila, diputado de Morena, decidieron honrar el cargo con una demostración pedagógica para las nuevas generaciones: si no puedes ganar una discusión, siempre queda el jalón, el empujón y la frase digna de comentario fijado en Facebook.

En la explanada del Senado, el priista acusó al morenista de defender al narcotráfico; el morenista respondió que Gutiérrez era enviado —o porro, para usar el léxico parlamentario de alta gama— de Alejandro “Alito” Moreno. Hasta ahí, el guion habitual: acusaciones gravísimas lanzadas con la ligereza de quien pide otra salsa en la taquería.

Luego vino el momento cumbre de la institucionalidad: saludo de mano, manotazo en el hombro, empujones y una toma del cuello que confirmó que, para algunos legisladores, el diálogo republicano consiste en usar el cuerpo como argumento. Ávila pidió que no lo tocaran; Mancilla preguntó si lo iban a mandar a matar con “sus pinches armas”. El Senado, pues, convertido por unos minutos en una audición para programa de peleas vespertinas.

La ironía es impecable: uno preside la Comisión de Juventud y el otro funge como vocero de Morena, pero entre ambos lograron representar exactamente lo que muchos jóvenes reprochan a la política: gritos, etiquetas, teatralidad y una preocupante incapacidad para debatir sin convertir la diferencia ideológica en forcejeo de pasillo.

Mancilla, quien ya había llevado al pleno una manta con Ávila y Luisa María Alcalde en la playa, volvió a mostrar que su propuesta política parece depender más de la utilería que de los argumentos. Ávila, por su parte, encontró en el “porro de Alito” la respuesta que completa el circuito perfecto de la política nacional: nadie explica, todos acusan y el ciudadano contempla cómo los representantes populares se disputan el campeonato de quién rebaja más el nivel.

No fue un debate, ni siquiera una confrontación política: fue un episodio de lucha libre sin máscara, sin referí y con fuero. Porque mientras el país espera discusiones serias sobre seguridad, economía y justicia, algunos de sus diputados siguen empeñados en demostrar que el Congreso puede ser muchas cosas, menos un espacio de altura. Los reportes coinciden en que el intercambio incluyó acusaciones de nexos con el narco, insultos y empujones durante la Comisión Permanente. 

Con información: ELNORTE/