Deutsche Welle (DW), la prensa alemana, retrata a Sinaloa como un estado donde el poder formal presume chalecos, patrullas y folletos; mientras tanto, el poder efectivo, según los testimonios recogidos, se mueve encapuchado, armado y con capacidad para decidir quién vota, quién calla y quién desaparece.
CULIACÁN, SINALOA.— Aquí no hay normalidad: hay pausas entre balaceras.
Un trabajador sale a descansar y termina ejecutado en plena calle. Una casa recibe tiros. Quedan casquillos, llega el Ejército, se acordona el perímetro, se toma nota. La ciudad sigue. Porque en Culiacán la rutina ya incluye calcular si se vuelve vivo a casa.
DW entra a una Sinaloa partida por la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos. El conflicto, describe el documental, dejó de ser una disputa criminal para convertirse en un régimen de miedo administrado por sicarios, levantones, desapariciones y silencios obligatorios. “Es peligroso hablar”, repiten vecinos, autoridades y sobrevivientes. No es una frase: es el manual de supervivencia.
Una diputada opositora, Paola Gárate, narra el secuestro y las amenazas previas a la elección de 2021. Su testimonio coincide con otros relatos y con las acusaciones formales presentadas en Estados Unidos, que alcanzan hasta a Américo Villarreal, hoy gobernador morenista de Tamaulipas y entonces delegado de Morena en esa entidad durante la elección en la que Rubén Rocha Moya resultó electo.
El mensaje, según el testimonio de Garate, era elemental, brutal y sin protocolo democrático: que ganara Morena o habría muertos. Después vinieron las amenazas contra ella y su familia; una corona fúnebre en la puerta no deja demasiado espacio para interpretaciones florales.
DW también entrevista, bajo anonimato, a un hombre que se identifica como sicario de la facción de Los Chapitos. Dice participar en levantones, asesinatos y cobros de piso. Afirma que la estructura criminal intimida a electores, utiliza patrullas clonadas y mantiene vínculos corruptos con corporaciones de seguridad. Su relato coincide, una vez más, con las acusaciones formuladas por Estados Unidos.
El punto más incómodo del reportaje no es que el cártel tenga armas. Eso ya nadie lo discute. El punto es la pregunta que flota en cada escena: ¿quién manda realmente? Para el sicario entrevistado, mandan los cárteles. Para las familias de desaparecidos, el Estado llega tarde. Para una escuela de Villa Juárez, la violencia ya se sentó en el pupitre: niños que se sobresaltan ante cualquier ruido, que no quieren asistir a clases, que aprendieron antes el miedo que la tabla del siete.
El periodista Ismael Bojórquez de RIO DOCE resume el paisaje:impunidad, instituciones rebasadas y cuerpos de seguridad vulnerables a la cooptación.
En ese terreno, el crimen no sólo cobra piso: cobra gobierno. Y mientras las autoridades reparten teléfonos de emergencia, la población aprende que el número más importante sigue siendo otro: el de la siguiente víctima.
En Matamoros, Tamaulipas, una niña de 11 años fue sometida a una interrupción legal del embarazo tras llegar al sistema de salud con una gestación de más de cinco meses, anemia e infección activa. Permanece bajo atención médica y protección institucional, mientras la Fiscalía investiga quién o quiénes son responsables de la violencia sexual denunciada.
Aqui conviene empezar por lo elemental, porque incluso lo elemental suele extraviarse entre consignas, dogmas y titulares deshumanizados: no estamos ante una “menor embarazada”como si se tratara de una categoría clínica aséptica, ni ante una maternidad precoz que deba romantizarse. Estamos ante una niña de 11 años, víctima de una presunta agresión sexual; una niña cuyo cuerpo, salud, intimidad y proyecto de vida fueron violentados.
No hay eufemismo que vuelva tolerable esa realidad. No hay “relación”, “noviazgo”, “consentimiento” ni arreglo moral que borre el desequilibrio absoluto de edad, poder y desarrollo. El propio SIPINNA ha sido explícito: en el caso de una niña de esa edad no puede otorgarse validez a ningún supuesto consentimiento ni usarse un presunto vínculo de pareja para minimizar o excluir el carácter delictivo de los hechos.
La pregunta, entonces, no debería ser por qué se interrumpió el embarazo. La pregunta que México tiene la obligación de responder es otra: ¿cómo pudo una niña llegar con más de cinco meses de gestación, anemia e infección al hospital sin que antes se activaran las redes familiares, escolares, sanitarias y comunitarias que debieron protegerla?
Un derecho, no una concesión
La interrupción legal no fue un capricho administrativo ni una licencia ideológica. Fue la aplicación de un marco jurídico diseñado, precisamente, para evitar que la burocracia añada otra forma de violencia a quien ya ha sido devastada por una agresión.
La NOM-046 obliga a las instituciones públicas de salud a prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo cuando éste sea consecuencia de violación. Para las menores de 12 años, la solicitud debe ser presentada por madre, padre, tutor o la representación de protección que legalmente corresponda. No es necesaria una sentencia, una orden judicial ni que la víctima cargue primero con el peso de una denuncia penal para recibir la atención médica que requiere.
Eso importa porque el derecho a la salud no puede quedar suspendido hasta que la Fiscalía haga su trabajo —ni la justicia penal puede avanzar al ritmo del cuerpo de una niña. La investigación debe ser exhaustiva; la atención, inmediata.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes define como primordial el interés superior de la niñez y obliga a las autoridades a proteger, entre otros derechos, la vida, el desarrollo, la salud, la integridad personal, la educación, la intimidad y el acceso a la justicia. También establece los principios de no revictimización y mínima intervención en procesos judiciales.
Traducido a un lenguaje menos ceremonial: la niña no debe ser tratada como evidencia, escándalo público, trofeo ideológico ni pretexto para la propaganda de nadie. Es una persona con derechos, no el territorio donde los adultos libran sus guerras culturales.
La deuda que sigue
La interrupción del embarazo era necesaria; pero no equivale a reparación integral. A lo sumo, fue una respuesta urgente ante una parte del daño. La obligación del Estado apenas comienza.
La niña necesita recuperación física con seguimiento clínico especializado; atención psicológica sostenida, no una sesión protocolaria para la foto; representación jurídica independiente; protección efectiva frente a cualquier posible agresor o entorno omiso; continuidad escolar; privacidad absoluta y acompañamiento social que no la convierta en una sobreviviente abandonada por las instituciones.
El resguardo del DIF debe estar guiado por su seguridad y bienestar, no convertirse en una separación automática o punitiva de su familia. La ley establece que el acogimiento residencial debe ser una medida subsidiaria, de último recurso y por el menor tiempo posible; cada decisión debe partir de una evaluación seria sobre qué entorno protege realmente a la niña.
Y la Fiscalía tiene un deber inequívoco: investigar con perspectiva de niñez, agotar líneas de investigación, determinar responsabilidades y evitar que el expediente se diluya en el pantano de la negligencia institucional. Si hubo adultos que sabían, sospechaban o debían advertir la violencia y no actuaron, también debe indagarse esa omisión. El silencio que encubre no siempre deja huellas, pero también lastima.
La fe ante el dolor
También hay un ángulo teológico que no debe ser soslayado, aunque incomode a quienes usan la religión como un mazo y no como una fuente de misericordia.
Toda tradición cristiana que ponga en el centro la dignidad humana tendría que comenzar por una convicción sencilla: Dios no está del lado de quien violenta, controla, encubre o sermonea a una niña herida. Está del lado de la víctima. Si la fe no sirve para proteger a quien fue quebrantada, acompañarla sin condiciones y exigir justicia contra el agresor, entonces ha dejado de ser fe para convertirse en una coartada de poder.
Invocar “la defensa de la vida” mientras se exige a una niña violentada que soporte un embarazo contra su voluntad y a costa de su salud es una contradicción moral de proporciones obscenas. La vida no se defiende obligando a una víctima a prolongar el daño; se defiende cuidando su cuerpo, su conciencia, su presente y el futuro que alguien intentó arrebatarle.
La compasión auténtica no pregunta primero qué castigo merece la víctima por una decisión imposible. Pregunta qué necesita para estar a salvo. La teología que merezca ese nombre no debe añadir culpa a la herida ni convertir el sufrimiento infantil en una lección pública de obediencia.
Que no se cierre el caso
México no necesita más indignación de 24 horas ni más discursos que se extinguen cuando cambia el ciclo de noticias. Necesita instituciones capaces de detectar la violencia sexual a tiempo; escuelas con protocolos funcionales; sistemas de salud sin trabas ni objeciones que demoren la atención; fiscalías que investiguen; redes comunitarias que crean a las niñas; y una sociedad que deje de llamar “polémica” a lo que es, antes que nada, una tragedia de violencia y desprotección.
Esta niña no le debe explicaciones a la opinión pública. Quienes sí las deben son los adultos y las instituciones que debieron cuidarla.
Porque el punto no es celebrar una interrupción ni convertir el dolor ajeno en consigna. El punto es no olvidar que, antes de cualquier debate, había una niña que necesitaba que el Estado, la sociedad y quienes dicen defender la vida hicieran lo más básico: creerle, protegerla y no abandonarla.
La estadística oficial sin mayor evidencia que se «oficial», presume un país en terapia intensiva que, según el espejo de Palacio, ya luce como atleta olímpico. El problema es que el espejo sólo refleja lo que conviene medir.
La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 51 por ciento entre septiembre de 2024 y julio de 2026: de 86.9 a 42.5 asesinatos diarios. Una cifra que, presentada con la solemnidad acostumbrada, parece exigir aplauso, fanfarria y quizá una medalla conmemorativa para la estadística del ahorro de formol aunque el saldo aun sea una montaña de cadaveres.
México, según la versión oficial, ya no está hundido en la violencia: está en recuperación. O, mejor dicho, luce estupendamente cuando se mira en el espejo cuidadosamente iluminado de las comparaciones escogidas por el Gobierno.
Porque ése es el secreto del milagro: no se trata de que la violencia haya desaparecido, sino de observar únicamente el indicador que permite decir que desapareció a la velocidad necesaria para la conferencia mañanera.
Se comparan dos meses específicos, se toma el homicidio doloso como única ventana al desastre nacional y listo: 51 por ciento menos. Problema resuelto; que alguien apague las sirenas.
El detalle incómodo es que afuera del espejo hay un país algo más complejo. México Evalúa estima que la violencia letal —que además de homicidios dolosos incorpora homicidios culposos, feminicidios, otros delitos contra la vida y desapariciones— bajó 27 por ciento desde 2024, sí, pero sigue 26.1 por ciento por encima del nivel de 2015.
Es decir: aunque cuestionable ,la caída existe, pero convertirla en certificado de pacificación es como celebrar que el agua bajó medio metro cuando la casa todavía está inundada.
Más aún: la organización advierte que no hay evidencia pública suficiente para atribuir la disminución directamente a los operativos federales. Pero en el Gobierno la correlación ya fue ascendida a prueba irrefutable, diploma de eficacia y material de campaña. Si baja el homicidio, es estrategia; si suben desapariciones, feminicidios u otras muertes violentas, seguramente es una variación metodológica.
La autocomplacencia tiene, además, una geografía muy concreta. Siete entidades concentran 49 por ciento de los homicidios registrados entre enero y julio: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos. Casi la mitad de la tragedia nacional sigue instalada en siete puntos del mapa, pero desde el atril se vende una postal de país sereno, como si las balas respetaran los porcentajes nacionales.
Que bajen los homicidios dolosos es una buena noticia. No hay sarcasmo que deba negar eso. Cada asesinato menos importa. Pero una reducción estadística no equivale automáticamente a seguridad, mucho menos a justicia, y todavía menos a una transformación estructural. Para eso habría que contar a todos los muertos, a los desaparecidos, a las mujeres asesinadas y a las familias que no encuentran a nadie cuando preguntan dónde está el Estado.
Por ahora, la mejoría parece indiscutible en el único sitio donde el Gobierno ha logrado pacificar por completo al país: frente al espejo.
En México, el gobierno puede presumir que bajó el homicidio doloso, pero la violencia tiene la irritante costumbre de no obedecer al boletín de prensa. El país registra una reducción reciente de la violencia letal, sí; pero viene después de una década de ascenso y, al primer semestre de 2026, la tasa nacional todavía se encuentra 26.1% arriba de la registrada en 2015. No es pacificación: es, en el mejor de los casos, una tregua estadística todavía bajo observación.
La trampa está en medir el desastre con una sola regla. El homicidio doloso bajó, pero crecieron de forma alarmante los “otros delitos contra la vida”, las desapariciones y los feminicidios.
Es decir: menos cadáveres en una casilla no implica necesariamente menos violencia en el territorio. El crimen también se transforma, se oculta, cambia de etiqueta y encuentra maneras más sofisticadas de desaparecer a sus víctimas del conteo cómodo.
Tamaulipas ofrece una postal incómoda de esa realidad. Su tasa de violencia letal es de 22.6 víctimas por cada 100 mil habitantes, apenas por encima del promedio nacional de 22.1.
En el último año, el incremento fue marginal, de apenas 0.09 puntos; una cifra que permitiría a cualquier funcionario sacar pecho sin siquiera despeinarse. Pero la lectura seria exige más que celebrar decimales.
En homicidio doloso, Tamaulipas registra una tasa de 2.6, claramente por debajo de la media nacional de 6.7. Además, frente a 2015, redujo ese indicador en 10.5 puntos de tasa y disminuyó la violencia letal total en 9.3 puntos.
Son datos relevantes y no deben minimizarse aunque no son resultados de ningun acto de autoridad, sino de la presión ejercida por EE.UU que apenas iniciaba y narcos ya paraban.
Sin embargo, incluso en este escenario, los otros componentes de la violencia letal aumentaron 1.1 puntos, mientras los llamados “otros delitos contra la vida” crecieron 5.8 puntos.
La conclusión no es que Tamaulipas esté peor que hace una década; es más precisa y menos complaciente: mejoró en el indicador que más se presume, pero persisten señales de una violencia que se mueve por debajo de la alfombra.
El problema nacional es exactamente ése. México no enfrenta una violencia uniforme ni una solución uniforme. Morelos, Colima, Baja California, Quintana Roo y Sinaloa concentran las tasas más altas; Colima y Morelos incluso empeoraron durante el último año sobre niveles ya escandalosos. Pero la crisis no se limita a esos estados: se distribuye en focos territoriales, con dinámicas distintas y respuestas institucionales que parecen diseñadas para la foto regional, no para la realidad local.
Y luego está el otro acto de magia: atribuir la reducción de homicidios a los operativos federales como si detener personas, decomisar armas y destruir laboratorios fuera prueba automática de que se redujo la violencia por esa causa.
El análisis disponible no encuentra una relación consistente y sostenida entre esas acciones y la caída posterior de los homicidios. El gobierno actúa, sobre todo, donde la violencia ya está alta; llegar al incendio con una cubeta no demuestra que la cubeta apagó el fuego, mucho menos cuando nadie publica todos los datos para comprobarlo.
Tamaulipas, por tanto, no debería ser presentado como paraíso recuperado ni como infierno intacto. Es un caso que obliga a abandonar la propaganda de brocha gorda: hay una reducción importante en homicidio doloso y en violencia letal total respecto de 2015, pero también una persistencia de formas de violencia que el discurso oficial suele mandar al sótano de las estadísticas y donde la entidad, vergonzosamente, es subcampeona nacional.
La paz no se acredita porque una gráfica baje. Se acredita cuando bajan todas las formas de violencia, cuando las desapariciones dejan de crecer, cuando los delitos contra la vida no se esconden en categorías residuales y cuando las autoridades pueden demostrar —con datos públicos, completos y verificables— qué hicieron, dónde lo hicieron y por qué funcionó.
Lo demás es una ceremonia de aplausos frente a una hoja de cálculo.
Rubén Rocha Moya cumplió ya tres meses de haber solicitado licencia a su cargo de gobernador de Sinaloa y de esconderse bajo la protección del gobierno federal, que lo defiende de las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y en estos 90 días en los que no ha dado la cara públicamente, el mandatario morenista sigue mandando y moviendo los hilos de la política sinaloense, al grado que su opinión sigue pesando para definir quién será el candidato de Morena al gobierno sinaloense en los comicios del 2027.
La presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha defendido a capa y espada al gobernador acusado de asociarse a Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, declaró ayer que el gobierno de Donald Trump “no ha enviado la información” que acredite la solicitud de detención urgente con fines de extradición en contra de Rocha Moya, por lo que dijo que el hoy gobernador con licencia pueda regresar a su cargo si así lo decidiera él, aun con las graves acusaciones de las autoridades estadunidenses. “Es una decisión de él, mientras siga ese proceso, mantenerse… así lo dijo él en el momento en que salió de su puesto, dijo: ‘no quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa mientras dura esta investigación’”, respondió la mandataria mexicana.
Y mientras Sinaloa vive en la anormalidad política y la incertidumbre, con un interinato que no convence a nadie e inmersa en la guerra narca entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayitos que ha cobrado ya más de 3 mil vidas, el cierre de cientos de negocios y desatado una crisis en la economía de Culiacán, la única certeza que hoy se tiene en el estado es que Rocha Moya tiene un “seguro” comprado con la presidenta Sheinbaum y con el movimiento de la 4T que se niega no sólo a entregarlo a Estados Unidos sino a investigar sus presuntos vínculos con el narco sinaloense.
Es tal la impunidad de la que goza el gobernador morenista que desde su ostracismo sigue mandando en la estructura estatal y en las definiciones que tomará Morena para elegir un candidato o candidata a la gubernatura el próximo año. Y, como ya dijo la presidenta que es decisión de él si sigue escondido entre su casa de Culiacán y su rancho en Badiraguato, ya se habla incluso de que Ruben Rocha quiere regresar como gobernador en funciones en el momento que lo decida.
Porque es tal la anomalía política y de seguridad que vive Sinaloa, que ni siquiera hay certeza de cuándo vence la “licencia temporal por más de 30 días” que le otorgó el Congreso estatal el pasado 1 de mayo. Hay un debate entre Morena y la oposición sobre la duración de su licencia.
Los morenistas sostienen que no hay un plazo porque el artículo 58 de la Constitución de Sinaloa le permite dejar el cargo por tiempo indefinido, mientras se nombra a un interino, en este caso la actual gobernadora Yeraldine Bonilla, que para efectos prácticos sigue siendo empleada de Rocha Moya; mientras que la oposición del PRI en el Congreso local, en voz de su coordinadora Irma Moreno Ovalle, sostiene que el artículo 148 constitucional establece que ninguna licencia de los servidores públicos del estado, por motivo alguno, puede durar más de 6 meses, por lo que el 2 de noviembre se le vence la licencia al gobernador para retomar su cargo.
Pero Rocha Moya no es el único protegido bajo la sombra del gobierno mexicano. Su compadre, el senador Enrique Inzunza, y su pupilo, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, además de otros cinco acusados por Estados Unidos, siguen también ocultos y arropados por el gobierno federal. En el caso de Inzunza, quien aparece esporádicamente con publicaciones en redes sociales, lleva ya más de tres meses sin pararse en el Senado, donde Morena lo encubre y protege, bajo el argumento de que al no haber periodo ordinario de sesiones, no tiene que acudir presencialmente.
Sólo que el próximo 1 de septiembre, cuando se inaugura el nuevo periodo ordinario de la llamada Cámara alta del Congreso mexicano, el senador Inzunza, como todos los demás integrantes del Senado, tendrá que acudir presencialmente y si no lo hace, tendría que definirse si solicita una licencia para separarse del cargo y, en ese caso, asumiría su suplente.
Y ahí viene otro problema: que el suplente de Enrique Inzunza en el Senado es nada menos que Omar López Campos, exsecretario de Bienestar en el gobierno de Rocha Moya y actualmente registrado como aspirante a la candidatura de Morena al gobierno estatal. ¿Luego entonces, si Inzunza no regresa al Senado, su suplente asumirá el escaño y dejará el proceso interno de Morena donde se le considera ya como el nuevo “delfín” de Rubén Rocha? Vaya entuerto el que se trae Morena en Sinaloa.
Al final, lo que queda claro con la respuesta que ayer dio la presidenta, de que su gobierno no ha recibido ni información ni pruebas del gobierno de Estados Unidos que ameriten la detención o extradición de Rocha Moya, es que el gobernador sinaloense tiene una protección total y garantizada por parte del gobierno mexicano.
Tal vez eso se deba a algo que cuenta un gobernador de Morena, de un estado norteño, que en una ocasión, allá por noviembre de 2024, después de acudir a una reunión con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, le pidió un “aventón” a su colega Rubén Rocha Moya que se ofreció a llevarlo hasta Culiacán para que de ahí lo fueran a recoger para llevarlo a su estado.
Dice el citado gobernador norteño de Morena que cuando se subieron al avión que traía el gobernador de Sinaloa y despegaron, en algún momento del vuelo Rocha Moya le soltó una pregunta en tono muy casual: “¿Y tú cuánto le pusiste a la presidenta?”. El invitado que no entendió bien la pregunta preguntó: “¿Cómo que cuánto le puse? Pues yo la apoyé con redes en mi estado y promoviendo el voto a su favor”, respondió el morenista.
Pero Rocha insistió: “No, no me refiero a eso, cuánto dinero le pusiste?”. El gobernador extrañado devolvió la pregunta: “¿Por qué, tú cuánto le pusiste?”. Y el mandatario sinaloense no dudó en su respuesta: “150 millones de pesos”. El invitado, con cara de sorpresa, se atrevió a cuestionar a su anfitrión: “¿Y cómo conseguiste tanto dinero?”. “Ah, pues se los pedí a unos amigos que ayudaron con gusto sabiendo que era para la campaña presidencial”.
Quizás por eso Rocha Moya se siente tan seguro y sabe que tiene un seguro que lo protege. Y por eso “todo depende de él” si quiere seguir escondido y con seguridad federal que lo cuida de cualquier intento de Estados Unidos, o si en algún momento, con todo y las acusaciones por las que ya le abrieron un juicio en la Corte Sur del Distrito de Nueva York, el morenista decide retomar el cargo de gobernador al que pidió licencia pero que, en los hechos, no ha dejado de ejercer.
Con información: ELUNIVERSAL+/SALVADOR GARCIA SOTO/
