“FUNCIONARIA de ADUANAS, ESPOSA de MAFIOSO, se COMPRÓ MANSIÓN en TEXAS con SUELDO de 60 MIL MENSUALES”… igual que SOBRINO trampa de AMÉRICO.

Con 60 mil pesos netos al mes, Araceli Hernández Perea —exdirectora de Compras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador— habría necesitado guardar cada peso de su sueldo durante casi 22 años, sin comer, rentar, viajar ni pagar una sola cuenta, para comprar la residencia que adquirió en San Antonio, Texas. Pero, claro, la austeridad republicana también debe tener sucursales inmobiliarias en Estados Unidos.

De acuerdo con documentos revisados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Hernández Perea constituyó en Texas, en junio y noviembre de 2024, las empresas Quiereme Mucho Spirits y Fantastic Five Builders, ambas en sociedad con su pareja, Alejandro Enrique Arcos Romero,exhibido como parte de la Mafia Rumana a un costado del ex-director de Aduanas.

Simultáneamente —porque el timing también es una forma de patrimonio—, en junio de 2024 adquirió una vivienda reportada en 902 mil 588 dólares, unos 15.6 millones de pesos, en The Dominion: una de las zonas más exclusivas de San Antonio, donde el precio real de las casas empieza alrededor de 1.2 millones de dólares. 

Hernández no era una funcionaria cualquiera. Como directora de Recursos Materiales durante las gestiones de Horacio Duarte y Rafael Marín Mollinedo en la ANAM, tuvo bajo su responsabilidad adjudicaciones de contratos multimillonarios en áreas de seguridad nacional: desde equipos de rayos X para revisar contenedores, equipaje y vehículos hasta otros servicios esenciales de la operación aduanera. 

En 2022, una columna de Mario Maldonado documentó que desde esa área se habían adjudicado directamente 1,800 millones de pesos, incluidos contratos para mantenimiento de tecnología de inspección no intrusiva. 

El socio y la campaña

El socio de la exdirectora de Compras no es un empresario cualquiera en esta historia. Alejandro Enrique Arcos Romero fue secretario particular de Rafael Marín Mollinedo cuando éste encabezó por primera vez la ANAM, entre diciembre de 2022 y junio de 2023, y hoy figura como colaborador cercano en su promoción interna para obtener la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo. Es decir: de la oficina aduanera a la precampaña, sin que el equipaje político parezca pasar por rayos X. 

Según documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera citados por MCCI, autoridades mexicanas y estadounidenses identificaron a Arcos Romero como uno de los principales operadores financieros de la estructura encabezada por Florian Tudor, líder de la llamada mafia rumana que clonaba tarjetas de turistas mediante dispositivos instalados en cajeros de destinos como Cancún y Los Cabos. La UIF bloqueó sus cuentas bancarias en febrero de 2021 como parte de la Operación Caribe, acción coordinada con autoridades estadounidenses y a solicitud del Departamento de Justicia de ese país, según la investigación. 

Los documentos referidos por MCCI señalan además que Arcos Romero habría participado en la constitución de 14 empresas fachada presuntamente usadas para introducir recursos ilícitos al sistema financiero mediante la compra de inmuebles, autos, joyas y otros bienes. Son señalamientos e investigaciones periodísticas y de inteligencia financiera; no equivalen, por sí solos, a una sentencia judicial. 

La nómina familiar

La historia tampoco termina en Texas ni en la campaña de Quintana Roo. Diego Pérez Hernández, hijo de Araceli Hernández Perea, trabaja actualmente en la ANAM como Analista de Investigación y Fiscalización Aduanera.

Así que el cuadro queda completo: una exfuncionaria de compras con salario de 60 mil pesos mensuales, empresas en Estados Unidos, una residencia valuada en más de 15 millones de pesos, un socio identificado en documentos oficiales como presunto operador financiero de una red criminal y convertido después en colaborador de campaña de quien fue su jefe en Aduanas. Todo muy institucional, muy transformador y, sobre todo, muy difícil de explicar con una calculadora.

Con información: ELNORTE/ MCCI/

“CÍNICO y SIN_VERGÜENZA: AMÉRICO ALERTA sobre el TRÁFICO de HUACHICOL que ALMANZA lo ACUSABA de SOBORNAR”… antes de ser EJECUTADO por balas de socios ESCORPIONES.

El aún gobernador de Morena —para desgracia de Tamaulipas—, Américo Villarreal Anaya, salió ayer a advertir que el estado debe mantenerse alerta ante el comercio ilegal de hidrocarburos.

¡Qué revelación! El gobernador, señalado en Estados Unidos por presunto tráfico de hidrocarburos, precisamente en este estado fronterizo, con puertos, aduanas y una ruta natural para la importación de combustibles, acaba de descubrir que por aquí puede pasar contrabando.

Sólo faltó que anunciara que el agua moja y que la corrupción suele preferir oficinas con aire acondicionado en el tercer piso del Palacio de Gobierno, en Ciudad Victoria.

El gobernador dijo ayer, sin pena y sin_verguenza, que celebra los operativos federales, lo que nos remite a aquella declaración cuando se no mordió la lengua hablando de «los verdaderos huachicoleros».

Aunque asegura que no sabe todavía si lo asegurado eran hidrocarburos, contrabando, defraudación fiscal o quizá una colección de perfumes importados sin factura. “No sabemos”, repite. Una frase cómoda cuando los cateos, los tanques, las pipas y los millones de litros asegurados ,aunque SIN DETENIDOS, obligan a hacer preguntas que en Palacio prefieren mandar, con acuse de recibo, a la Federación. 

Porque ése es el truco del discurso: cuando el huachicol aparece en Reynosa, Ciudad Victoria o Tampico, el gobierno estatal se declara espectador; cuando toca hablar de responsabilidades, se refugia en que la investigación está “cerrada”; y cuando le preguntan por posibles vínculos políticos, familiares o administrativos, entonces la prudencia institucional se vuelve mutismo de alta especialidad.

Pero en Tamaulipas no basta con decir “no tengo información concluyente”, cuando las dudas rondan precisamente las áreas donde se revisa el comercio exterior y el encargado del soborno es Luis Roberto García Pedraza, identificado en documentos oficiales como director de Auditoría de Comercio Exterior de la Secretaría de Finanzas estatal, y vinculado familiarmente con el entorno del gobernador como encargado oficial de las funciones de cobro de cuotas ligadas al contrabando que ya le dieron mala fama, pero buena fortuna con cambio de código postal.

Y ahí está la contradicción que no se resuelve con una conferencia: Américo pide mantener los ojos abiertos frente al contrabando, mientras una parte de la conversación pública cuestiona a su propio círculo político y familiar. No es una sentencia, ni sustituye una carpeta de investigación; es una exigencia elemental de rendición de cuentas.

También pesan los reportes periodísticos de Los Ángeles Times que señalaron la investigación estadounidense ligada con tráfico ilegal de combustible. 

Villarreal rechazó esas versiones y sostuvo que las acusaciones carecían de pruebas. Precisamente por eso, la salida no puede ser el teatro de la indignación selectiva: si son falsas, que se aclaren con documentos; si existen indagatorias, que se transparente el alcance institucional de las mismas.

En otras palabras: menos sermones sobre la geografía de Tamaulipas y más explicaciones sobre la geografía del poder. Porque el huachicol fiscal no llega solo por la frontera; suele cruzar acompañado de permisos, omisiones, sellos, amistades y apellidos.

Y cuando un gobernador, señalado en vida por quien se atrevió a denunciarlo en medio de una trama de sobornos, afirma que hay que estar “pendientes” del contrabando, la pregunta obligada no es si tiene razón.

La pregunta es: ¿pendientes de quiénes? Porque si la vigilancia sólo apunta hacia afuera, mientras las sospechas se asoman por las oficinas de casa, eso no es combate a la corrupción: es cinismo con uniforme de MORENA y charola de gobernador

«Aqui por Tamaulipas pasa mucho contrabando»...Julio Almanza

Que dijo Almanza en video antes de morir acribillado por balas de Los Escorpiones  del Cartel del Golfo, socios del gobernador.

«Directamente le dije al gobernador ,que pues era un juego perverso que estaban teniendo ellos, porque mientras no cerraran la aduana, mientras no la cerraran y pusieran controles y pudieran hacer…todos los gobiernos acuerdan, a lo mejor nunca se lo van a acabar, sabemos que tienen que buscar la manera de cómo controlar las cosas, pero lamentablemente no hay un control, no hay un arreglo, simplemente hay una..hay un soborno y hay un cobro de pago de piso y aquí por Tamaulipas pasa mucho contrabando».

Con información : HoyTamaulipas/Medios/

“¡ARRIBA las MANOS!: CARICATURA SIN SUTILEZAS EXHIBE al MÉXICO AMAGADO por su PROPIO APARATO de COBRO de PISO”… y todos pagan, hasta gobiernos de Tamaulipas.

La caricatura de OBI para El Norte ,no necesita sutilezas: México está atrapado por su propio aparato de cobro paralelo a los impuestos. 

La mano de la caricatura no protege Mexico y muchos menos a Tamaulipas, tampoco lo sostiene; lo aprieta como si fuera un trapo mojado, mientras el letrero “Nadie se salva” deja claro que la fiscalización no distingue entre contribuyente pequeño, asalariado, comerciante o empresa.

La ecuación se vuelve aún más grave cuando advertimos que incluso el Estado les paga, como señaló el periodista Salvador García Soto al referirse al grave caso de Tamaulipas bajo el gobierno de Morena y Américo Villarreal,con tan solo 7 meses en el poder.

Que dijo Garcia Soto en El Universal en mayo de 2023;

«Tamaulipas se ha convertido en el narcoestado más escandaloso y visible de la República Mexicana. No sólo por su historia como una de las cunas del tráfico de drogas en el país, sino por sus números únicos cuando se habla de narcopolítica: tres gobernadores acusados de delitos similares por vinculación a la delincuencia organizada, dos de ellos presos y uno en libertad; un candidato a gobernador asesinado a mansalva por el narco y tres partidos que han gobernado el estado en su historia democrática, todos bajo la sospecha de trabajar bajo el mando del crimen organizado.

De los escándalos de Tomás Yarrington, a los de Eugenio Hernández y luego a los del panista Francisco García Cabeza de Vaca, el estado transitó en la pasada elección de 2022 al dominio de Morena, y todos pensaron que con la “cuarta transformación” habría un cambio y se recuperaría la autoridad moral y política en el gobierno del Estado. Pero oh, sorpresa: bastaron siete meses del gobierno de Américo Villarreal para que los tamaulipecos se dieran cuenta de que el dominio del narco tamaulipeco, con sus eternas pugnas entre los fragmentados cárteles, continúa en la actual administración, en la que resurge el Cártel del Golfo, que fuera golpeado y combatido durante el gobierno de Cabeza de Vaca.

Dos datos nos dan periodistas tamaulipecos para documentar que la presencia del narco en el gobierno morenista de Américo se ha incrementado: el primero, que el apoyo del CDG al actual gobierno no fue solo durante las pasadas campañas de 2022, sino que ahora personas directamente vinculadas al narcotráfico, y en particular al Golfo, hoy están ocupando cargos de todos los niveles en el actual gobierno, desde cargos burocráticos hasta posiciones de primero y segundo nivel en el gabinete del doctor Villarreal.

Y el segundo dato que es aún más escandaloso y grave para la República, es que la mayoría de los municipios de Tamaulipas, incluidos casi todos los de la frontera, de la región centro y hasta alguno del sur, están pagando en estos momentos “derecho de piso” a los cárteles del narcotráfico, que los obliga con amenazas, secuestros de alcaldes y hasta con presión política, a pagar cuotas mensuales que van de los 2 a los 3.5 millones de pesos, dependiendo del tamaño y la economía del municipio, a cambio de servicios de protección. Eso sin contar que muchos de los alcaldes tamaulipecos tienen entregadas a los narcos partes de su administración municipal como la Policía y seguridad, Protección Civil, basura y servicios de limpia y licencias y espectáculos municipales.

La mayoría de los alcaldes que han cedido a pagar extorsión y protección del narco han sido presionados a través de “levantones”, amenazas a sus familias y hasta con ataques y destrucción del Palacio Municipal, y deciden pagar las cantidades que les piden, por supuesto del presupuesto público, a cambio de salvar la vida y poder ejercer a medias el cargo para el que fueron electos.

El primer dato, de cómo el Cártel del Golfo ha recobrado vigencia y territorio en la frontera de Tamaulipas y en otras zonas del estado, se puede documentar con expresiones del líder de la Columna Armada Pedro J. Méndez, Octavio Leal Moncada, que antes y después de la elección de gobernador del año pasado, se pronunció a favor de Américo Villarreal. “Con Morena vamos a la cuarta transformación”, dijo Leal Moncada en enero de 2022, cuando expresó su apoyo al candidato Américo Villarreal. Eso le valió, meses después, el 5 de julio, haber sido detenido con una orden de aprehensión del gobierno estatal por vinculación al crimen organizado y pasar casi seis meses en la cárcel hasta que en noviembre de 2022 el gobierno morenista de Villarreal lo liberó.

Fue el propio secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, el que confirmó desde la mañanera del presidente López Obrador la detención de Octavio Leal Moncada y su vinculación al Cártel del Golfo: “El 5 de julio, en Monterrey, esta detención se hizo por parte de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas y la de Nuevo León. Fue el líder de la Columna Pedro. J. Méndez que está vinculado al Cártel del Golfo”, dijo en ese momento el secretario.

Y pues ya en libertad, el señor Leal Moncada ha vuelto a sus dominios en la zona centro-oriente del estado, donde sigue manejando las plazas del Cártel del Golfo y aprovecha sus ratos libres para ahora hacer política, propaganda y hasta afiliación obligatoria de militantes para Morena. Incluso, en la pasada campaña para la elección extraordinaria de un nuevo senador para Tamaulipas, a Octavio se le vio pidiendo el voto para el actual senador de Morena, José Ramón Gómez Leal: “Toca hoy venir también a pedir el voto para Morena, para José Ramón Gómez Leal, mejor conocido como JR”.

Apenas hace unos días se publicó en páginas de Facebook un video en donde el líder de autodefensas vinculado al Cártel del Golfo, llama de nuevo a votar por Morena y por sus candidatos en las elecciones del 2024 y hasta convoca a la gente a que se afilie al partido del presidente López Obrador: “Se avecinan ya los tiempos electorales, que es el próximo año, pero ya en este año se tiene que elegir a los candidatos a presidentes municipales, a diputados federales y a presidente. El Partido Morena está siendo objeto de múltiples ataques, nuestro Presidente de la República, está siendo objeto de múltiples ataques, todo fomentado en un poquito de verdad pero una gran mentira: de que este gobierno no resuelve los problemas de los ciudadanos, que no resuelve el problema de la seguridad de los ciudadanos”, dijo el señor Leal Moncada en una asamblea a la que él mismo convocó a ciudadanos de varios municipios de la zona centro.

El líder de la columna Pedro J. Mendez acusó al exgobernador García Cabeza de Vaca de haberse “robado 33 mil millones de pesos” y de que, desde el extranjero, está conspirando en contra del gobernador Américo Villarreal. Y fue entonces que llamó no sólo a votar sino a que la gente que está bajo el dominio de la columna en varios municipios se afilie a Morena: “Ni un voto a los corruptos, todos los votos para Morena, todos los votos para Cuarta Transformación. Por eso esta reunión es para venirle a decir a todos ustedes que se afilien todos a Morena. Que ya se estableció el Comité Municipal en Hidalgo, para afiliar a todos los hombres honestos y a todas las mujeres al partido de Morena, y formar comités del partido de Morena, para que mañana no nos venga una imposición. Defender nuestro trabajo, la tierra, defender el gobierno de Morena, es defender lo nuestro”, dijo el líder autodefensa, al que el secretario de la Defensa señaló de estar vinculado al Cártel del Golfo.

Así que, con los grupos del narco operando en total impunidad y sometiendo incluso a las autoridades municipales al cobro de derecho de piso, y con líderes del CDG apoyando al gobernador y a Morena y afiliando incluso nuevos simpatizantes de entre sus bases, Tamaulipas se vuelve de nuevo un narcoestado en donde la autoridad del Estado se cede al crimen organizado que impone no solo su ley de violencia, sino también ahora le cobra “impuestos” a los gobernantes locales. Y cuando la autoridad, de cualquiera de los tres niveles de gobierno, se somete al narcotráfico y hasta le paga impuesto, entonces se acabó el Estado mexicano.»…El Universal/

La ironía feroz que cita la caricatura está en el “cobro de piso”: una expresión asociada normalmente con la extorsión criminal. Aquí se usa para retratar al poder fiscal como otra mano que exige cuota para dejarte respirar. No importa que el mapa sea México: la lógica es la de una captura nacional, donde la autoridad ya no parece administrar impuestos para servir al ciudadano, sino exprimirlo con la misma impunidad que critica.

El mensaje de fondo es brutal: al mexicano le piden cumplir, pagar y aguantar; pero cuando mira hacia arriba, no siempre ve el mismo entusiasmo por cobrar corrupción, privilegios, evasión de grandes intereses o cuentas pendientes del poder. En esta imagen, la “justicia tributaria” no tiene balanza: tiene puño.

Con información: OBI/ELNORTE/

La “JUSTICIA FORENSE” de ERNESTINA: la FISCAL de la FGR se ECHA PORRAS SOLA…y con su descripción, podríamos confundirla con una agencia forense escandinava.

La Fiscalía General de la República,via su titular,Ernestina Godoy,otra vez nos invita a creer que la justicia mexicana ya se graduó con honores: científica, humana, eficaz y, por supuesto, inmune a los caprichos, los compadrazgos y los sobornos. Qué alivio. Lástima que la realidad nacional, esa grosera costumbre de los hechos, no siempre haya recibido el memorándum.

El mensaje de la fiscal presume al Centro Pericial Forense como si fuera la llave maestra que finalmente cerrará la puerta a la impunidad. Habla de ciencia, cadena de custodia, laboratorios de vanguardia, rigor ético y dictámenes “irrebatibles”: un catálogo institucional tan perfecto que, de no ser porque vivimos en México, casi podría confundirse con la descripción de una agencia forense escandinava. Todo esto, en medio de más de 4,000 fosas y 75,000 cadáveres que precisamente el aparato forense no ha podido identificar.

La propaganda: decirlo no lo convierte en realidad

Hay una diferencia elemental entre tener infraestructura y obtener justicia; entre producir dictámenes y lograr sentencias firmes; entre anunciar eficiencia y demostrarla con resultados verificables. La propaganda institucional suele funcionar así: se enuncia una virtud tantas veces que se espera que el ciudadano termine por aceptarla como evidencia.

Se habla de una eficacia operativa “sin precedentes”, pero no se ofrecen cifras comparables, indicadores públicos, tasas de judicialización exitosas, sentencias condenatorias sostenibles ni informes independientes que permitan saber si el cambio es real o solamente narrativo. Porque una institución no se vuelve eficiente por declararlo desde un atril: se vuelve eficiente cuando las víctimas dejan de peregrinar entre escritorios, cuando las carpetas no se archivan por negligencia y cuando los responsables de delitos complejos terminan ante un juez, no en una conferencia de prensa.

El sesgo: la institución como juez de sí misma

La fiscal presenta a la FGR como una entidad renovada, blindada por técnicos ejemplares y protocolos intachables. Pero una institución no puede otorgarse a sí misma el certificado de excelencia sin que alguien pregunte: ¿quién audita al auditor?

El texto no menciona errores periciales, rezagos, investigaciones fallidas, filtraciones, deficiencias en las cadenas de custodia ni los casos donde la justicia llega tarde, mal o simplemente nunca llega. No porque esos problemas desaparezcan al no nombrarlos, sino porque reconocerlos arruina la fotografía oficial.

La ciencia forense es indispensable, sí. Pero la ciencia no sustituye la autonomía, la transparencia ni la rendición de cuentas. Un laboratorio moderno puede analizar evidencia con precisión milimétrica; lo que no puede hacer es corregir una investigación mal integrada, una orden política, una omisión deliberada o una fiscalía que decida mirar hacia otro lado.

Las buenas intenciones: necesarias, pero insuficientes

También sería mezquino negar que fortalecer el trabajo pericial, capacitar especialistas y modernizar laboratorios son objetivos deseables. México necesita peritos protegidos, bien pagados, independientes y con recursos suficientes. Necesita que cada indicio sea tratado con seriedad y que el debido proceso no sea un adorno retórico reservado para los discursos institucionales.

Pero las buenas intenciones no absuelven resultados deficientes. Prometer una justicia “científica, humana y efectiva” es correcto; cumplirlo es otra cosa. La justicia no se mide por la elegancia de los comunicados, sino por la capacidad del Estado para esclarecer desapariciones, castigar redes criminales, perseguir corrupción de alto nivel y garantizar que la ley no sea severa con el ciudadano común y comprensiva con quien tiene poder.

Menos épica, más evidencia

Si la FGR quiere convencernos de que está lejos de los caprichos, compadrazgos y sobornos, no basta con afirmarlo: debe permitir que se compruebe. Que publique métricas completas, que transparenten sus controles internos, que existan auditorías técnicas independientes y que los resultados resistan no el aplauso oficial, sino el escrutinio público.

Porque la verdad técnica no puede ser el pilar del Estado de derecho solamente cuando conviene al discurso. Debe serlo también cuando incomoda al poder, cuando señala a funcionarios, cuando contradice una narrativa política y cuando obliga a reconocer que, detrás de cada carpeta mal integrada, hay una víctima esperando justicia.

México no necesita una Fiscalía que se felicite por adelantado. Necesita una que rinda cuentas después de entregar resultados.

Asi lo dijo la Fiscal: 

«En la procuración de justicia moderna, la prueba científica constituye la columna vertebral de la verdad. Frente a delitos de alta complejidad, la sociedad exige respuestas sustentadas no en meras sospechas, sino en evidencia objetiva, irrebatible y técnicamente impecable. En este horizonte de exigencia ciudadana e institucional, el Centro Pericial Forense (CPF), adscrito a la Agencia de Investigación Criminal, es un baluarte imprescindible para garantizar la efectividad del Ministerio Público Federal en el combate constante a los delitos de orden federal en nuestro país.

Fundamentado en el artículo 154 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, el Centro Pericial Forense organiza, asesora y supervisa con absoluto rigor la labor pericial en todo el territorio nacional. Su sólida estructura institucional articula la investigación científica con la gestión operativa a través de áreas altamente especializadas. Por un lado, las unidades dedicadas a la investigación cibernética, operaciones tecnológicas y laboratorios criminalísticos transforman indicios complejos en pruebas sólidas. Por otro lado, los equipos especializados en peritajes documentales y médico-forenses brindan un acompañamiento técnico permanente que asegura la correcta preservación de la cadena de custodia y el estricto apego a los protocolos legales. Esta labor se fortalece mediante las áreas de ingenierías forenses y desarrollo tecnológico, orientadas a la innovación constante y a la acreditación de los laboratorios bajo las más exigentes normas de calidad nacionales e internacionales.

Los resultados que nuestra institución entrega hoy a mexicanas y mexicanos son consecuencia directa del trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, instituido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del profundo cambio institucional que hemos emprendido en la FGR desde que asumimos su mando el pasado 3 de diciembre de 2025.

Puedo decir que esta nueva etapa se ha distinguido estratégicamente por la eficiencia promovida y la eficacia operativa alcanzada, sin precedentes en la persecución penal. Pero la infraestructura de vanguardia y los métodos modernos que se han promovido, solo cobran verdadero sentido gracias al recurso más valioso de nuestra institución: su personal.

La alta calificación técnica, el profesionalismo ejemplar, la profunda vocación de servicio y el compromiso institucional del cuerpo de peritos, son el verdadero motor que impulsa el éxito cotidiano en la investigación de los delitos.

Cada Dictamen emitido por el Centro Pericial Forense representa un ejercicio de rigor ético y científico que blinda los procesos judiciales, elimina la impunidad y garantiza el respeto al debido proceso. Con un equipo profesional de excelencia, una infraestructura moderna, reforzada y una institucionalidad renovada, desde la Fiscalía General de la República podemos expresar con optimismo que nuestro compromiso por una procuración de justicia científica, humana y efectiva, donde la verdad técnica sea siempre el pilar fundamental del Estado de derecho, es ya la norma. Muy lejos de caprichos, compadrazgos o sobornos.

En lucha permanente por la Justicia y en contra de la corrupción.

Ernestina Godoy/Fiscal general de la República

Con información: ELUNIVERSAL+/

EL “DÍA que CAYÓ o... ¿CALLARON a DON MENCHO ?”: WAR ROOM de MAGENTA DISECCIONA al CÁRTEL que está LEJOS de CAER... ciudadanos PAGAN la factura de la complicidad.

El intercambio entre José Luis Montenegro y Rodrigo Carvajal en War Room no retrata al CJNG como una simple pandilla de sicarios, sino como lo que —según su diagnóstico— México se resiste a reconocer: una corporación criminal con franquicias territoriales, finanzas propias, operadores políticos y una nómina tan eficiente como la incapacidad oficial para desmontarla. El narcotráfico, sostienen, no opera al margen del Estado: se alimenta de sus grietas, compra sus silencios y, en demasiados casos, parece haberlo convertido en su gestor de intereses. 

La caída de “El Mencho”, planteada como el eje de la conversación, no habría significado la derrota del CJNG, sino una sucesión cuidadosamente administrada. Montenegro apunta a Juan Carlos Valencia González, “El 03”, como figura central de una estructura que sobreviviría porque no depende de un solo caudillo: cada célula tiene negocio, territorio y autonomía; son, en su expresión más mordaz, los “Oxxos del crimen”. Cambia el gerente, pero la caja sigue sonando. 

El negocio no es sólo droga

La tesis es demoledora: el CJNG no vive exclusivamente del tráfico de estupefacientes. Extorsión, cobro de piso, trata, tráfico de migrantes, fraude de tiempos compartidos, control de servicios locales, minería y contrabando de combustible forman parte de una cartera criminal diversificada. Es decir, no es un cártel: es un conglomerado empresarial que encontró en la ilegalidad mexicana un mercado sin regulador y con funcionarios dispuestos a cobrar comisión. 

Los Cuinis aparecen como la columna financiera de ese andamiaje: una red capaz de lavar capitales, mover recursos y conectar las ganancias criminales con circuitos aparentemente legales. Sin dinero blanqueado, sobornos pagados y empresas fachada, la violencia sería apenas ruido; con ellos, se vuelve modelo de negocios.

El Estado: ¿árbitro o socio?

Montenegro y Carvajal insisten en que la expansión del grupo sería incomprensible sin protección política y cooptación institucional, desde policías municipales hasta estructuras estatales y federales. La acusación de fondo no es menor: el Estado mexicano no combate de manera integral al crimen porque tendría que investigar sus propios vínculos, sus aduanas, sus policías, sus campañas y sus redes de corrupción. Una tarea incómoda para cualquier gobierno que prefiera administrar el incendio antes que revisar quién vendió la gasolina. 

También cuestionan el papel de Estados Unidos: Washington persigue capos, ofrece recompensas y exige cooperación, mientras sigue siendo —en el argumento de los entrevistados— un mercado central de consumo de drogas y una fuente relevante de armas que terminan en manos criminales. La cruzada antidrogas, vista así, carga una dosis considerable de hipocresía binacional. 

La advertencia final

El análisis advierte que descabezar cárteles no equivale automáticamente a desmantelarlos. La experiencia mexicana muestra que cuando cae un jefe, rara vez desaparece el negocio: se fragmenta, se reacomoda y suele multiplicar la violencia. Por eso Montenegro plantea que la salida no está en fabricar un “Bukele mexicano” ni en llenar cárceles indiscriminadamente, sino en golpear las finanzas, procesar a políticos y empresarios cómplices, depurar instituciones y proteger derechos humanos. 

En suma, la conversación deja una conclusión incómoda: México no enfrenta únicamente a criminales armados, sino a una economía política de la violencia. Y mientras el poder público siga fingiendo que el cártel es un ente ajeno, el país continuará pagando la factura de una complicidad que ya no se esconde: administra territorios, impone cuotas y decide, en demasiados lugares, quién puede vivir, trabajar o gobernar.

Con información: CODIGO MAGENTA/