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martes, 10 de febrero de 2026

«QUE DIGA el DECLARANTE ?»: «TESTIMONIOS en LIBRO de SCHERER OCUPAN BATALLON de M.Ps para CONVERTIR en CARPETA PENAL la PUDRICION MORENA HEREDADA a SHEINBAUM»…conoció desde adentro el entripado.


Julio Scherer Ibarra fue un personaje clave, del primerísimo nivel en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin temor a equivocarnos, fue durante sus primeros tres años, el hombre de las mayores confianzas del inquilino de Palacio Nacional. Era el personaje que hizo de la Consejería Jurídica un epicentro de poder de la Cuarta Transformación.

Hasta que una cadena de intrigas de extremistas de izquierda -los llamados “puros”- que lo veían como un peligro para sus ambiciones de control político, acabaron por forzar su retiro del Gabinete. Y el poderoso “consiglieri” lopezobradorista entró en abierta confrontación con personajes como Alejandro Gertz Manero y Jesús Ramírez Cuevas, quienes emprendieron una campaña de desprestigio que fue, quizás, el desencuentro más sonado dentro del sexenio lopezobradorista.

Pues Julio Scherer Ibarra está de vuelta en la escena pública con la publicación de un libro en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez. Y bajo el sello de Editorial Planeta acaban de lanzarlo bajo el título “Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder” en el que el ex Consejero Jurídico de la Presidencia revela los pormenores de su cercanía con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y los momentos críticos de los que fue testigo en los primeros años del gobierno de la Cuarta Transformación.

A lo largo de 324 páginas, Julio Scherer Ibarra aborda lo mismo sus desencuentros pre-morenistas, como el que sostuvo con Francisco Gil Díaz, el secretario de Hacienda de Vicente Fox, tanto por el conflicto azucarero del Grupo Escorpión de Enrique Molina, como por la disputa del consorcio petrolero Oro Negro, en el que se vio involucrado el hijo de Francisco Gil Díaz.

La lista de casos delicados incluye también el de la cooperativa Cruz Azul, los desencuentros con Javier Quijano, quien buscaba aprovechar su amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr fallos a favor en sus casos planteados ante la Suprema Corte, así como los detalles de la relación de Julio Scherer Ibarra con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y los libros bajo consigna escritos por Hernán Gómez, buscando descalificar los casos en los que el presidente le pidió a su Consejero Jurídico intervenir.

Sin embargo, el episodio que podría traer enormes secuelas para este sexenio es el de las intrigas de Jesús Ramírez Cuevas, entonces Jefe de Comunicación Social del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue acumulando influencia por su cercanía con la Silla Presidencial. Tanta, que la agenda mañanera se transformó en la agenda del propio Jesús Ramírez Cuevas, quien insertaba en el discurso presidencial los temas que eran de su interés personal y político, para favorecer la agenda del llamado “grupo de los puros”, es decir, los extremistas de izquierda que se adueñaron de posiciones estratégicas y que acabaron por radicalizar al primer gobierno de la Cuarta Transformación.

Entre otros conflictos en los que el ahora Jefe de Asesores de Claudia Sheinbaum involucró al anterior gobierno está el de la fallida disputa sobre el maíz transgénico y que, bajo la amenaza de poner en peligro la firma del T-MEC, obligó a que la Presidencia diera reversa a la propuesta y acabara por publicar una fe de erratas que borrara la pifia jurídica manejada con sesgo ideológico.

También se exhibe el capítulo “Un decreto a la medida… de Jesús”, en el que se explica cómo el coordinador de Comunicación  Social se asumió como el conciliador del régimen con el Sindicato Mexicano de Electricistas, en una maniobra política para favorecer los intereses políticos de Clara Brugada. Una maniobra que, de haberse consumado, le hubiese costado al Erario 27 mil millones de pesos en una larga cadena de pagos que culminarían hasta el año 2086.

Ese pago -hoy congelado- equivaldría a las pensiones de 600 mil mexicanos. Los trabajadores electricistas del SME beneficiados serían apenas poco más de 7 mil.

Pero, sin duda, uno de los escándalos que dará mucho de qué hablar se expresa en la página 252, en la que se detallan las relaciones peligrosas entre el actual Jefe de Asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum y Sergio Carmona, el llamado “Rey del Huachicol”, quien fue asesinado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, luego de crear con el líder nacional de Morena, un complejo esquema para distribuir miles de millones de pesos, producto del contrabando de gasolinas y de diésel para financiar campañas de Morena en 2021.

El caso, documentado por Código Magenta desde abril de 2025 en una entrevista con el periodista tamaulipeco Edy Pintor, “hermano en Cristo” de Sergio Carmona, revela que Jesús Ramírez Cuevas fue la pieza clave para reunir al inquilino de Palacio Nacional con “El Rey del Huachicol”, semanas antes de que fuera victimado.

En su libro, Julio Scherer Ibarra rescata los detalles de este peligroso acercamiento, en el que acusa al entonces Jefe de Comunicación Social de ser el tejedor de una red de influencias y favores políticos “que llegaron hasta las puertas de Palacio Nacional”.

“Informes reservados del Estado Mexicano ubicaban a Jesús Ramírez Cuevas en varios encuentros con Carmona antes de su ejecución”. Y más contundente, Julio Scherer Ibarra advierte que el entonces Jefe de Comunicación Social “abrió las puertas del círculo presidencial a uno de los financistas más polémicos de los últimos años” y que en reuniones estratégicas se habrían facilitado apoyos económicos clave para las campañas morenistas de Tamaulipas, Sinaloa y Sonora.

Julio Scherer Ibarra establece que “mientras las fiscalías estatales en México guardan silencio, en Estados Unidos las pesquisas avanzan. En cortes de Nueva York y Texas, el nombre de Jesús Ramírez Cuevas aparece en documentos anexos a investigaciones por lavado de dinero y financiamiento electoral; aún no hay procesos formales en su contra”, se advierte.

¿Qué dirá hoy de todo esto, la presidenta Claudia Sheinbaum, en los momentos en que se está deshaciendo de lastres políticos como Adán Augusto López?

Julio Scherer Ibarra cierra su libro advirtiendo que es un testimonio, no como defensa personal, sino como confirmación de lealtad. Porque en los tiempos más difíciles, cuando el poder buscó reducirlo, recordó aquella advertencia de Andrés manuel López Obrador y entendió que no había error en el camino recorrido.  Y que aún en la persecución, en la infamia y en el agravio, quedaba la certeza de haber estado al lado de un hombre que, con sus virtudes y sus defectos, quiso cambiar la historia de México. “Y en ese intento, también cambió la mía”, sentencia el autor.

1. Naturaleza jurídica del libro en una carpeta penal

Este libro puede y debe incorporarse a una carpeta de investigación penal en México como dato de prueba y como posible fuente de denuncia de hechos vinculados con delitos de corrupción y huachicol fiscal.

En términos del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el libro no es “prueba” en sentido estricto, pero sí un dato de prueba que puede detonar y orientar actos de investigación.

  • El artículo 258 CNPP define “dato de prueba” como cualquier información que refiera razonablemente la existencia de un hecho o la posible participación de alguien en un delito.
  • Los pasajes donde se describen reuniones, negociaciones y beneficios económicos vinculados al huachicol fiscal y a decisiones de gobierno encajan como información útil para reconstruir posibles hechos delictivos, aun cuando provengan de una obra editorial

2. Delitos eventualmente implicados

A partir de lo que el libro atribuye a funcionarios y operadores políticos, los hechos descritos podrían encuadrar, en hipótesis, en varios tipos penales del Código Penal Federal y leyes especiales:

  • Operaciones con recursos de procedencia ilícita, si se vinculan flujos económicos provenientes del huachicol o de redes de facturación falsa.
  • Delitos de servidores públicos (ejercicio indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho) si se acredita el uso de decretos, programas de compensación o estructuras del Estado para favorecer redes clientelares o proteger el huachicol fiscal.
  • Delincuencia organizada, si se demuestra la existencia de un grupo estructurado, con permanencia y división de tareas, dedicado al huachicol fiscal y vinculado a campañas políticas o funcionarios.

Esto permite que el contenido del libro se use para justificar líneas de investigación sobre la red del huachicol fiscal y sus nexos con funcionarios, marinos y operadores políticos, tal como han sido descritos por investigaciones periodísticas previas.

3. Puerta de entrada procesal: denuncia, querella y noticia criminal

El CNPP permite que cualquier persona presente denuncia ante el Ministerio Público cuando tenga conocimiento de hechos que puedan ser delito (arts. 131 y 222 CNPP, en su versión vigente).

  • El libro contiene señalamientos concretos sobre nombres, cargos, reuniones y presuntos beneficios económicos derivados de esquemas de huachicol fiscal y uso político de programas públicos.
  • Eso basta para que el texto sea insumo de una denuncia escrita, incorporando capítulos, citas y referencias como anexos, y para que el MP abra una carpeta de investigación a partir de la “noticia criminal” que surge de la obra.

La autoridad no necesita esperar a una víctima directa; puede iniciar de oficio cuando se trata de delitos perseguibles de oficio, como corrupción y lavado de dinero, bastando la noticia de hechos verosímiles.

4. Uso del libro como guía de actos de investigación

Dentro de la carpeta, el libro puede fundamentar solicitudes de actos de investigación al amparo de los artículos 251 y 252 CNPP (actos de investigación y facultades del MP):

  • Llamar a declarar al autor o coautor del libro en calidad de testigo para que precise fuentes, documentos y encuentros descritos.
  • Requerir documentos oficiales sobre decretos y programas (por ejemplo, el programa de compensación vitalicia a extrabajadores de Luz y Fuerza, señalado como carente de sustento jurídico y financiero y usado para fines clientelares)
  • Cruzar la información del libro con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, expedientes administrativos, contratos públicos y causas penales ligadas al huachicol fiscal ya denunciadas por autoridades como Santiago Nieto.

El juez de control, al resolver sobre medidas intrusivas, puede valorar el libro como justificación inicial de la pertinencia de ciertas diligencias (sin que por sí solo acredite responsabilidad), dado que orienta sobre rutas de dinero, empresas y personajes.

5. Valor probatorio y límites

Conforme al sistema acusatorio:

  • Lo que está en el libro son declaraciones de parte, apreciaciones y narraciones que deben ser corroboradas por medios probatorios formales (documentos, peritajes, testimonios directos, registros financieros).
  • El contenido no reemplaza la obligación del MP de verificar los hechos; sirve para abrir y dirigir la investigación, no para dictar sentencia.

En juicio oral, el juez valorará el libro como antecedente, pero la convicción sobre la existencia del delito y la responsabilidad se construye con pruebas producidas y desahogadas conforme al CNPP (arts. 346 y siguientes sobre valoración de la prueba), no con la simple lectura de la obra.

“Los hechos, nombres, cargos y operaciones descritos en estas páginas constituyen una noticia criminal que, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, deben ser investigados de oficio por el Ministerio Público como posibles delitos de corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos cometidos por servidores públicos y delincuencia organizada relacionados con el llamado huachicol fiscal. La información contenida en el libro, en los términos de dicho ordenamiento, tiene la naturaleza de dato de prueba susceptible de incorporarse a una carpeta de investigación penal y de motivar la práctica de actos de indagatoria destinados a confirmar o descartar las responsabilidades penales que de ella pudieran derivarse.”

Con informacion : CODIGO MAGENTA/

«SOLO es un SUPON»: «QUE PASARÍA SI el DOCTOR decide YA NO RECETAR IMPUNIDAD y mejor TRAICIONAR CARTELES USANDO TODAS las HERRAMIENTAS del ESTADO»…el que esta en via de ser capturado,sería capturador y el guion se invierte.


Américo Villarreal sin narco, en un universo paralelo donde el doctor no receta impunidad sino cárcel, sería la peor pesadilla de sus propios cómplices: sería el gobernador de Morena que prende todas las máquinas del Estado y las apunta directo a la red que hoy lo abraza en las fotos y lo financian con las cuotas del trafico de huachicol mientras ellos derraman sangre ajena.

Punto de partida: el expediente moral

En este ejercicio hipotético, partimos de algo clave: el gobernador ya no sería socio del huachicol ni del “Botox tamaulipeco”, sino su enemigo jurado. Ya no habra cenas en el restaurante Cambalachede la CDMX con operador de Los Metros ,ni fotos de familia «Z» con “El Gerry” (desaparecido) o “La Chispa” del CDG impune; imágenes que se convirtieron en material probatorio que ninguna FGR quiso atender.

En vez de negociar con Perla Sharaza Mc Donal, la viuda de Sergio Carmona,el extinto «Rey del Huachicol» donde se tomó fotos que nos hablaban de la pudrición temprana, va despedir todo el gabinete que le impuso y que apesta a «Huachicol» y va auditar las fortunas que se cocinaron con ese dinero, incluida la lana de la llamada “reina” de la gasolina contrabandeada. 

El mensaje político sería quirúrgico: todo peso de origen criminal que tocó su campaña ahora lo va persiguir como lavado de dinero, no como “aportación patriótica”.

FGJ desatada: de tapadera a trituradora

Bajo este hipotético estado de derecho real, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas que tiene al frente a un ex-reo del penal Federal del Altiplano,será la cuña del mismo palo que deje de ser tapete del narco y asuma papel de ariete, porque con un gobernador capturador en vez de capturado, el guion se invierte:

Se abren carpetas por delincuencia organizada, homicidio, desaparición, extorsión y huachicol fiscal contra la red que hoy es descrita como la estructura de extorsión, levantón y muerte que opera desde Nuevo Laredo con los Zetas comandados hasta hace poco por su abogado que era asesor del gobernador, Reynosa con Mario Guitián “El Chispa” al volante y Alfredo Cardenas,alias El Contador,lider «Escorpión» que le pudo cumplir el sueño de ser alcalde a Alberto «Beto» Granados.

La videograbación antémortem de Gabriel Hernández, donde señala a al ex-militar Mario Guitián Rosas y al ex fiscal Irving Barrios Mojica, se tomará como prueba clave, se protegerá la cadena de custodia y se judicializará en contra de los que lo mataron desde adentro y fuera del gobierno.

Se fusionan investigaciones: asesinato del delegado de FGR Ernesto Cuitláhuac, aseguramientos de millones de litros de huachicol, redes empresariales de funerarias, taxis, gasolineras y la seguridad privada del Golfo, usadas para lavar dinero de la riqueza del CDG y Mario Guitian Rosas,alias el «Operador Politico Criminal del gobierno de Americo y el Cartel».

La Fiscalía coordinara a la Policía de Investigación que dejara de actuar en carácter de «gatos» del CDG y ya no obedecerán al Cartel cuando les ordene catear casas, pero ademas,dejará de copiar a Sinaloa en eso de dar nombramientos de comandantes a lugartenientes de los mismos carteles,centralizaran órdenes de aprehensión, cateos y aseguramientos de bienes; el gobernador, en lugar de bloquear, firmará convenios de colaboración con FGR, UIF federal y agencias de Estados Unidos y aunque no puede cruzar, pues no tiene visa,podra cruzar cuentas, empresas fachada para investigar las transferencias, incluidas las del hijo del gobernador o cualquier pariente que toque recursos criminales y/o fondos estatales.

UIFE: seguir el rastro del huachicol fiscal

La Unidad de Inteligencia Financiera Estatal (UIFE), ahora bien usada, sería el bisturí que corta la vena del huachicol fiscal y podra intervenir los negocios del capo de Matamoros,revisara con potestad estatal los permisos de sus casinos y llevara ante la justicia a su familia, lo mismo la esposa que actua de jefa de los jefes ,que de su novia en papel de prestanombres ,de la fortuna amasada amagando matamorenses que no compran su tequila y todo lo que la extorsión impone, incluida cuota al gobierno,como atinadamente cita EL Universal.

Con un gobernador que no le debe la silla a Sergio Carmona ni a su clan, el menú sería otro:

  • Congelamiento administrativo de cuentas bancarias ligadas a empresas de importación fantasma, gasolineras sospechosas y contratos públicos donde aparezcan nombres vinculados al huachicol o al narco,al que ya dejara de darle contratos y luego fingir demencia.
  • Auditorías masivas a factureras, despachos de aduanas, notarios bandidos complices del despojo de inmuebles al servicio del CDG y meterá al bote a las autoridades que cobran cuotas en retenes mixtos donde hoy participan policías estatales, migración y Guardia Nacional.
  • Denuncias penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento inexplicable de funcionarios estatales, Senadora de Morena que movio dinero en logística de campaña usando su familia,para asi evitar que lo vuelva hacer.

La UIFE, lejos de ser seguro de vida para la red criminal se volvera un filtro para estrangular el flujo de efectivo y camionetas que les regalo el «Rey del Huachicol»,incluida la Suburban nuevecita de paquete que cita El Norte,recibio el ahora gobernador.

Además de estas tres camionetas, facturas y las indagatorias ligan a los morenistas con otras cinco unidades Tahoe, Suburban y Grand Cherokee, compradas por las empresas Permart, Sigsa y Joser de los Carmona. 
Un informante sostuvo que las indagatorias hallaron que Américo Villarreal se ha desplazado en una Suburban High Country 2021 comprada por los Carmona.

Policías de investigación y élite: de escoltas del cártel a caza-capturas

La Policía de Investigación y las unidades operativas de élite dejaran de contestarle el «Silent» a «primito», lider de la versión hibrída del CJNG-CDG, como recién quedo a descubierto tras un ajuste de cuentas entre capos,via la traicion del «Mofles», quien resulta ser el mismo que se reúnio con su Secretario e Gobierno,Hector Joel Villegas el Calabazo y que ya bajo este «supon», dejará de ser parte del gobierno colonizado y se convertirá en parte del músculo armado del Estado de derecho,aunque suene imposible.

  • Se reconfigura la cadena de mando: relevo de mandos ligados a retenes de extorsión, a cobros en carreteras y a “operativos” donde siempre cae el eslabón más pobre pero nunca el Primito o sus operadores.
  • Se crean grupos mixtos FGJ–Policía de Investigación–UIFE para ejecutar órdenes de aprehensión, cateos en empresas pantalla, bodegas, patios de tractocamiones y ranchos usados para todo tipo de ilicitos que financian al cartel y le pagan mensual a la estructura policiaca.
  • Las élites de seguridad pública, en vez de operar como facilitadores del crimen organizado, se dedicaran a blindar testigos clave, proteger ciudadanos y empresarios que denuncien la extorsión, ya no morirán activistas como Gabriel Hernández, a quienes el Estado primero protegio, luego le quitó la escolta “por riesgo bajo”.

La Ley de Seguridad Pública de Tamaulipas permite articular planes integrales de prevención, reacción y coordinación interinstitucional; la diferencia es quién da la orden: el gobernador aliado del narco, o el gobernador que decide convertir a sus ex-socios en objetivos prioritarios para sobrevivir el,asi sea a costa de la traición, no dejara de ser saludable.

Más herramientas: Congreso, control interno y cooperación internacional

Si el gobernador realmente quisiera asfixiar a la red criminal-política que lo hizo ganar, tendría todavía más armas:

  • Usar al Congreso estatal para reformar la Ley de Seguridad Pública, la normatividad de la Fiscalía y los reglamentos de policía para crear controles internos robustos, declaraciones patrimoniales verificables y sanciones inmediatas y elevadas por colusión con el crimen.
  • Ordenar auditorías integrales a contratos de seguridad privada otorgados a personajes como La Chispa,señalado como operador de Los Metros, cancelando concesiones.
  • Firmar acuerdos con Estados Unidos para compartir listas de personas sancionadas por OFAC, como César Morfín “El Primito” y su entorno, y extender esas sanciones a nivel local: inhabilitación, embargo de bienes y veto total a contratos públicos.
  • El gobernador ordenara dejar de contratar abogadoshonoríficos,pero no honorables que sirven de puente entre zetas y gobierno.

La ironía máxima: en ese universo, el expediente de Narcopolíticos y las investigaciones periodísticas de Héctor de Mauleón se volveran mapa de objetivos, no catálogo de amistades incómodas. El gobernador que hoy aparece en listas de narcopolíticos sería, si rompiera con sus pactos, el primer interesado en probar que no es “uno de ellos” usando todas las herramientas legales contra quienes ayer le pagaron la campaña y hoy le matan el hambre.

No es descabellado, lo hizo CDV

Los casos de Julián Manuel Loisa Salinas (“Comandante Toro”) del CDG y Francisco Carreón Olvera (“Pancho”), abatidos el mismo dia en 2017, son paradigmáticos: ambos antes de ser traicionados por el gobierno, eran aliados de Francisco García Cabeza de Vaca y su lugarteniente el «Truko Verastegui» que fue investigado por el ejercito, igual que Américo Villarreal.

Con informacion: REDES/MEDIOS

UNA «CARNICERIA DOMESTICA»: EN «SINALOA el AMANECER SIEMPRE ARRANCA con la CERTEZA ESTADÍSTICA de que ALGUIEN NO LLEGARÁ VIVO a la NOCHE»…en el cuarto pais mas mortífero del planeta.


Sinaloa lleva año y medio viviendo una guerra civil no declarada, una carnicería doméstica: 2,788 homicidios dolosos, 3,290 personas privadas de la libertad, 9,631 vehículos robados, 3,284 detenidos y 169 abatidos, solo del 9 de septiembre de 2024 al 8 de febrero de 2026,cita Noroeste en su mas reciente parte de guerra.

La guerra dentro del mismo cartel

No es un “combate al crimen”, es una guerra intestina de facciones del mismo Cártel de Sinaloa disputándose calles, pueblos, caseríos, como si fueran fichas de un Monopoly sangriento.

El campo de batalla principal es Culiacán, pero las esquirlas pegan en todo el estado: balaceras en colonias, casas rafagueadas, explosivos, escuelas que cierran temprano, ataques terroristas a cuarteles de seguridad, 78 policias masacrados,casi una centena, todos impunes, un panteón negocios sacrificados, peor que la pandemia de Covid-19,otros que sobreviven bajan la cortina antes del anochecer por puro instinto de supervivencia, una imparable ruleta macabra de inocentes abatidos, lo mismo por narcos,que por la estrategia militar que le da lo mismo estudiantes modelo, que niñas desarmadas asesinadas por 119 balas oficiales en una estrategia que Amnistía Internacional reprocha por ser transexenalmente fallida , 12 mujeres asesinadas en tan solo 38 dias de 2026,una montaña de desparecidos que colectivos dicen son mas de 5 mil y que contrasta la cifra oficial, ni se diga de los muertos que ya casi llegan a 3 mil y aun asi el gerente de la morgue nacional presume ahorro de formol.

De “plaza caliente” a conflicto armado

ACLED 2025 colocó a México entre los países con niveles de violencia comparables a escenarios de guerra como Siria,Palestina o Myanmar, por número de civiles asesinados y fragmentación de grupos armados, cita el diario español,El Pais.

Sinaloa ya no es el “territorio de un capo”, es un laboratorio de conflicto armado no internacional: múltiples bandos, zonas donde el Ejército entra con miedo, desplazamientos silenciosos, secuestros recurrentes en Culiacán como rutina estadística.

Donde el Estado de derecho es chiste

En Sinaloa, el Estado de derecho funciona como stand up involuntario: las instituciones prometen paz mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos admite que no hay ningún indicio de que 2026 vaya a ser menos violento.

Estados Unidos ya había puesto a Sinaloa en el mapa de los lugares a los que recomienda “no viajar”, en la misma liga de riesgo vital que Siria o Afganistán, por homicidios, secuestros y robo violento generalizado.​

Analogías incómodas del planeta roto

Lo que pasa hoy en Sinaloa rima con otras coordenadas del horror: barrios de Puerto Príncipe donde manda la pandilla, municipios de Guerrero donde gobierna el narco, periferias de Kiev o Gaza donde la gente aprende a distinguir por oído el tipo de explosión.

En todos esos sitios, incluida esta franja del Pacífico mexicano, la población vive atrapada entre grupos armados rivales y un Estado que llega siempre tarde, mal y desarmado de voluntad política para acabar con la colusión política bajo calculo politico.

Dimensión de la barbarie

Promedio: 5.4 asesinatos diarios, 6.2 privaciones de la libertad por día, 18.6 vehículos robados cada 24 horas desde que inició la disputa; es decir, cada amanecer arranca con la certeza estadística de que alguien no llegará vivo a la noche.

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Si estos números se concentraran en un país pequeño —digamos, un “Estado Sinaloa” independiente— estaríamos hablando de un foco rojo humanitario que ocuparía portadas en la ONU y comparecería junto a Ucrania y Palestina en los informes de conflictos armados.

Escandalizar para no acostumbrarse

Llevamos tantos muertos que la cifra ya no duele, solo estorba en la página; sin embargo, cada uno de esos 2,788 homicidios es un universo cancelado, y cada una de las 3,290 privaciones de la libertad es una desaparición en potencia, una silla vacía en la cena.

Mientras Sinaloa se desangra, el resto del mundo mira el mapa de México como si fuera un destino turístico con mala prensa, no como lo que es: un frente más de una crisis humanitaria global donde la vida vale menos que el kilo de droga que la financia ,pero saldo de los malos oficios del gobierno que dice combatirlos después de haberlos empoderado.

Con informacion: NOROESTE/

«CARTEL NO SABE que HAY MILES de SOLDADOS ?»: «AGENDA de MUERTES,LEVANTONES y ATAQUES TERRORISTAS sigue DESAFIANTE en SINALOA»…ningun bando trae prisa por acabar la guerra, incluido el del gobierno.


En Sinaloa, la “nutrida presencia militar” sigue siendo un decorado caro: los balazos mandan, los uniformes recogen casquillos y leen partes informativos sobre muertos, levantados y explosivos como si narraran el clima.

Levantón en carretera: seis suben, cinco desaparecen

Sobre la carretera Los Mochis–Ahome, a la altura de El Macapul, un grupo armado intercepta un auto compacto; seis personas viajan juntas, solo una mujer vuelve con vida y con el cuerpo firmado a golpes. La Comisión Estatal de Búsqueda activa fichas por cinco hombres, detalla nombres, edades, domicilios, mientras el eufemismo oficial habla de “privación ilegal de la libertad” para no decir lo obvio: un levantón en plena ruta vigilada. El mensaje de fondo es brutal: cualquiera puede desaparecer en un tramo carretero donde, en teoría, el Estado patrulla y controla.

Culiacán: cartelón, cadáver y el ritual de siempre

En Culiacán, frente a un colegio de la colonia Chapultepec, aparece un hombre ejecutado a balazos, tirado sobre la avenida Vicente Suárez, con cartulina firmada por un grupo delictivo, como si fuera un comunicado de prensa paralelo al del gobierno. Ejército, Policía Estatal y Guardia Nacional llegan puntuales… al final del crimen, para acordonar, llenar actas y dejar claro quién tiene la iniciativa y quién solo llega a levantar el cuerpo. La víctima ni siquiera tiene nombre público aún, pero el narco ya le dio contexto a la escena con su mensaje; el Estado apenas toma nota.

Escuinapa: explosivos en Seguridad Pública

En Escuinapa, alguien decide dejar de disparar a la calle y llevar el mensaje directamente a la casa del uniforme: colocan un artefacto explosivo en instalaciones de Seguridad Pública municipal, dejan dos heridos y un reguero de pánico que obliga a desalojar oficinas y gimnasio. Es el tercer hecho similar en el mismo complejo en lo que va del mes; dos ya habían ocurrido el 2 de octubre, y aun así las autoridades repiten el libreto: “operativo para localizar a los responsables”, “lesionados fuera de peligro”, “grupo interinstitucional en coordinación permanente”. Si este no es el retrato de una autoridad rebasada, es el de una autoridad acostumbrada a convivir con la agresión como parte de la agenda cotidiana.

La presencia militar como puesta en escena

La narrativa oficial presume despliegues, módulos, convoyes y grupos interinstitucionales, pero la bitácora real se escribe con levantones en carretera, cuerpos con mensajes frente a escuelas y explosivos en edificios públicos. Si con soldados en cada esquina siguen circulando comandos que desaparecen familias enteras, la presencia militar deja de ser política de seguridad y se convierte en escenografía para tapar la ineficacia… o algo peor que la ineficacia. Porque cuando el crimen marca la agenda —día 7 levantón, día 9 ejecutado con cartulina, mismo mes tercer explosivo contra Seguridad Pública— y el Estado solo reacciona, el fracaso ya no es un riesgo: es el modelo operativo.

Con informacion: NOROESTE/