La ruta hacia la elección judicial ha entrado en su fase final y Morena comienza a ver que los posibles costes políticos del proceso, regado de polémicas e incongruencias, pueden ser altos.
El goteo de señalamientos hacia algunos candidatos con pasados problemáticos ha extremado la presión sobre el partido en el Gobierno que, a un mes de los comicios, está intentando achicar el agua que se ha colado por los cimientos de su propia reforma constitucional…cita el Elena San José en el diario español,El Pais.
Pero resulta paradójico que quienes abrieron la puerta al desorden ahora quieren tapar la herida que ellos mismos infectaron; legislaron el caos y ahora simulan buscar la cura, pero la gangrena ya es sistémica con poco o nada de tiempo y casi ningun recurso para aplicar algun antibiótico legal.
Ahora,como buenos representantes de la política a la mexicana, al “puro chile y harta cebolla para llorar,con mucho limón para hacerlo mas agrio,solo les resta el arte de perfeccionar el fingir: simulan limpiar la casa mientras esconden la basura bajo la alfombra que ellos mismos tejieron.
Porque como ustedes ya saben,en este teatro de la reforma judicial, los mismos actores que escribieron el guion de la impunidad ahora se rasgan las vestiduras ante el desastre que ya saben van a provocar y que ellos mismos lo escribieron, aunque ahora resulta que no reconocen su propia letra, porque si,asi son ellos.
Y se propusieron cambiar todo para que nada cambie: esta puerta giratoria del poder solo renueva el cinismo, no la justicia.La hipocresía política de Morena ha sido legislar la tormenta y luego declararse sorprendidos por el diluvio.
Nos dejan la paradoja de un poder que por ordenes mesiánicas y alentado por la venganza, promovio una reforma judicial llena de vacíos y riesgos, pretenden ahora deslindarse de sus consecuencias, encarnando la simulación y el doble discurso que han caracterizado a no solo a estas lacras cuatritransdeformadas,a toda la clase política mexicana.
Como lo dice Elena en EL PAIS:
La última gran apuesta del expresidente López Obrador permitirá elegir por primera vez en la historia al plantel judicial de país mediante voto popular, con consecuencias todavía desconocidas.
Los esfuerzos políticos del oficialismo por evitar el peor escenario, que entre los elegidos se cuelen personas con vínculos con el narcotráfico, se están topando con el escaso margen jurídico de las instituciones electorales para maniobrar y con los propios desacuerdos dentro del Senado, que esta semana ha protagonizado el último enredo en su vocación por intervenir en un proceso que avanza a trompicones entre la improvisación de los actores involucrados.
El lío político es monumental. La Cámara Alta interpuso un recurso contra el acuerdo del INE que permite anular el triunfo de los aspirantes con sentencias firmes relacionadas con violencia de género, una revisión conocida como “la 8 de 8”. Esta impugnación contradice la voluntad expresada por el propio presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, que días antes había anunciado la detección de “algunos defensores de narcotraficantes” y la preparación de las impugnaciones de esas candidaturas. “No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, dijo entonces, pero la Cámara ha actuado en sentido contrario, intentando limitar la acción del organismo electoral bajo el pretexto de que vulnera los derechos adquiridos por los candidatos, que ya pasaron el filtro de los comités de evaluación de los tres poderes, el origen de todos los problemas actuales. El propio acuerdo del INE se había leído como una respuesta parcial a la petición de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de investigar a los candidatos con “alguna relación delincuencial”.
Noroña ha enmendado la plana a la Mesa Directiva y ha declarado que ese recurso no es en el que estaban pensando, se entiende, en el partido, “y mucho menos el argumento”, pues “el debate con el INE ha sido que se bajen las candidaturas antes de la elección y no ya que esté la persona elegida”. “Nosotros no estábamos en la determinación de impugnar el acuerdo del INE. El área jurídica tomó esa decisión pero no es la decisión en el sentido que nosotros la determinamos”, ha dicho antes de reafirmarse en su idea de impugnar las candidaturas que llevan semanas siendo señaladas por las organizaciones civiles, algunas por vínculos con el narcotráfico, otras por nexos con la Iglesia de La Luz del Mundo, cuyo líder está condenado en Estados Unidos por abuso de menores.
La última vuelta de tuerca del oficialismo pone contra las cuerdas al organismo electoral, que ha rechazado la posibilidad de revisar las candidaturas a estas alturas del proceso, con las boletas ya listas para los comicios del 1 de junio. Sobre el papel, los expertos cuestionan la potestad de la Cámara legislativa tanto para impugnar la actuación del INE ―que ni siquiera se ha producido aún― como para retirar candidaturas, pero la política sigue su cauce ajena al marco legal, que ha dejado los suficientes vacíos como para permitir que cada quien se lleve la norma a su terreno.
“La declaración de Sheinbaum es política, porque ella no establece la ruta jurídica para cuestionar o quitar las candidaturas”, apunta Javier Santiago Castillo, exconsejero del antiguo Instituto Federal Electoral. “Jurídicamente hay un vacío, porque: ¿quién les va a anular la candidatura, si el INE no tiene facultades y el Senado tampoco?”, dice el experto, que sin embargo cree que la voluntad política se impondrá a la validez jurídica. “Está tratando de eludir su responsabilidad”, señala también Javier Martín Reyes, investigador jurídico de la UNAM. “Un tercio de las candidaturas fueron presentadas por la Presidencia y el otro tercio por el Poder Legislativo, ambos controlados por Morena. Son sus candidatos”, desarrolla.
En esa huida hacia delante para no cargar con los efectos indeseados del experimento, alega Martín Reyes, han descargado la responsabilidad sobre los candidatos en las autoridades electorales, que deben ahora responder a las exigencias políticas y las demandas sociales sin margen legal de maniobra y bajo la atenta mirada de todo el mundo.
Las organizaciones civiles están aprovechando la ventana abierta por el oficialismo y esta semana han presentado ante el INE denuncias contra 11 aspirantes cuyas candidaturas consideran altamente riesgosas. “Nosotros sabíamos que se trataba de un tema no solo jurídico, sino político”, dice Miguel Meza, fundador de Defensorxs, la ONG que está encabezando la revisión de las candidaturas. “Ya teníamos contemplado intentar llamar la atención de la presidenta para aumentar la presión y el costo de permitir que continuaran ahí esas candidaturas. No les queremos regatear esa victoria, simplemente queremos aprovecharla para tomarles la palabra e intentar invalidarlas”, señala.
El enredo es múltiple, porque la ventana abierta por el INE e impugnada después por el Senado solo contempla casos en los que hay una sentencia firme por delitos de violencia de género, pero las organizaciones quieren ampliar la brecha que se ha abierto para incluir a los candidatos cuestionados por sus vínculos con el narcotráfico, más allá de la existencia de condenas, bajo el supuesto de que incumplen el requisito constitucional de la buena reputación. Este escenario plantea enormes dudas entre los expertos consultados, que creen que puede abrir la puerta a una interpretación arbitraria sobre qué victorias deben anularse y cuáles no.
Todo el escenario se mueve bajo los pies de los contendientes, que enfilan el último mes de campaña sin saber a ciencia cierta si sus candidaturas seguirán en pie cuando llegue la hora de votar. La presión social, a la que ahora se suma la del oficialismo, “está generando que instituciones como el INE tengan que asumir una postura al respecto que antes no habían tomado”, plantea Josafat Cortez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “pero la idoneidad va a estar basada en que la sociedad vaya y denuncie, no en que el INE revise, porque no tiene dinero, ni tiempo”. “Le está delegando a la sociedad el decir qué candidaturas debe revisar”, apuntala. El plazo para presentar denuncias termina el 12 de mayo.
La última palabra, en cualquiera de los muchos escenarios que se abren ahora, la tendrá el Tribunal Electoral, a cuyas puertas se agolparán todas las fallas de un proceso inédito que continúa generando más preguntas que respuestas. La decisión del organismo, con una mayoría afín al partido en el Gobierno, es una incógnita y los expertos no ofrecen un pronóstico unívoco. El resumen del embrollo al que ahora se enfrentan lo da Martín Reyes: “Las dos soluciones son profundamente problemáticas. No hacer nada sería costosísimo, mandaría un mensaje de que cualquiera se cuela. Y si te pones a quitar candidaturas, ocurre lo mismo”. De cualquiera de los dos caminos, el precio político lo pagará Palacio Nacional.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELENA SAN JOSE
