Elementos de la Guardia Nacional han endurecido al limite de las leyes y la normatividad, las medidas de inspección en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, además de revisar los vehículos que cruzan hacia Estados Unidos, ahora registran las placas de los automóviles y solicitan los nombres de los ocupantes.
Varios usuarios de este cruce fronterizo manifestaron su inconformidad por lo que consideran prácticas intimidatorias, al cuestionar a los elementos sobre estas acciones, fueron respondidos de manera grosera y tajante.
“Son órdenes de arriba. Si quiere quejarse, acuda con el supervisor”, relataron.
“Esto me da miedo, ahora saben qué carro manejo. Es terrible, pero les valió”, expresó una usuaria afectada, quien pidió permanecer en el anonimato por seguridad.
Los usuarios fundadamente, temen que se haga mal uso de la información tanto de su nombre como del vehículo que conducen y piden a las autoridades federales que se omita esta parte en las revisiones cuando cruzan a Estados Unidos.
Estas acciones forman parte del Operativo Frontera que muy pocos resultados ha dado, pues han sido frecuentes los decomisos del lado estadounidense que dejan ver que sus revisiones o estan agujeradas o estan comprometidas,es decir “comprados y metidos”,pero aun, sus ex-compañeros de armas, ahora jefes de plaza en Reynosa,no pasan por ahi.
Violación al principio de legalidad y seguridad jurídica
Las revisiones vehiculares implementadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgoplantean graves cuestionamientos legales en el marco de un Estado democrático de derecho. A continuación, se detallan algunas normas y principios vulnerados:
- Artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública debe ejercerse con respeto a los derechos humanos y e inicialmente radicaba en autoridades civiles que truculentamente evadió el ejercito al crear en 2019 una Guardia Nacional Civil que ya termino en los cuarteles y ya termino de campeona de abusos y torturas.
- Ley de la Guardia Nacional (Art. 4 y 42): Exige que las actuaciones se basen en inteligencia policial, no en operativos masivos sin criterios específicos. Las revisiones indiscriminadas violan este precepto al carecer de fundamento en datos concretos.
Las acciones arbitrarias que también han sido documentadas por El Mañana de Reynosa ,han sido materia de debate e inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
“En particular, la fracciones XVIII (que permite a los elementos de la Guardia Nacional requerir a autoridades y solicitar a las personas físicas o morales informes o documentos para fines de investigación) y XXIX (que permite obtener, analizar y procesar información y realizar acciones necesarias para la prevención de delitos de manera directa o mediante mecanismos de coordinación) del artículo 9° dejan al completo arbitrio de dicha autoridad la posibilidad derealizar diversos actos de molestia. Aunque se establece que los documentos requeridos serán para fines de investigación, debe tomarse en consideración que en la misma Ley se hace referencia a “investigaciones para la prevención de los delitos”, lo cual genera incertidumbre, ya que no se tiene la certeza sobre si dichas pesquisas se realizan para prevenir delitos, o bien,dentro de una investigación criminal bajo el mando del Ministerio Público….”
2. Afectación al libre tránsito y derechos civiles
Artículo 11 constitucional garantiza el derecho a la libre circulación. Las filas de hasta 4 o mas horas y la falta de coordinación en los retenes “arcaicos y sin tecnología” , representan una restricción desproporcionada, sin justificación técnica ni aviso previo.
Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 22): Prohíbe las limitaciones al tránsito que no sean necesarias en una sociedad democrática. Las revisiones extendidas a usuarios del carril Sentri(que pagan por un servicio exprés) configuran un trato discriminatorio.
3. Militarización de funciones civiles
- Doctrina de la Corte Interamericana (Caso Radilla): La Suprema Corte de México determinó en 2025 que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares deben juzgarse en tribunales civiles, no bajo fuero militar, esto alienta las conductas abusivas, pues la participación del Ejército en tareas de seguridad pública persiste, incumpliendo estándares internacionales.
- Recomendaciones de la CIDH: En 2022, el organismo alertó sobre los riesgos de someter a la Guardia Nacional al control operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo que debilita la rendición de cuentas civil y respuestas tarugas como: “si quiere quejarse,digaselo al supervisor”.
4. Omisión de protocolos de transparencia
- Ley General de Transparencia (Art. 6): Exige informar a la ciudadanía sobre operativos que afecten sus derechos. Los usuarios denuncian que las revisiones se implementaron sin aviso previo, violando este principio.
- Principio de proporcionalidad: Las medidas de seguridad deben equilibrar eficacia y respeto a derechos fundamentales. La falta de tecnología para agilizar los filtros (ej. scanners vehiculares) evidencia una ejecución negligente.
5. Riesgos a grupos vulnerables
Artículo 4 constitucional obliga al Estado a proteger el interés superior de la niñez. Estudiantes que cruzan solos a escuelas en Texas enfrentan peligros ante la obligación de caminar debido a los retrasos, exponiéndolos a situaciones de riesgo.
Conclusión
Estas prácticas no solo contradicen el marco jurídico nacional e internacional, sino que reflejan un patrón de militarización de la seguridad pública y desatención a estándares democráticos. Urge reorientar la estrategia hacia modelos basados en inteligencia, transparencia y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Con informacion: HoyTamaulipas/ ElMañana de Reynosa/
