La jueza federal Blanca Lobo Domínguez ha ordenado al Gobierno de Ciudad de México que devuelva más de un millón 300.000 pesos (unos 66.230 dólares) al cardenal Norberto Rivera Carrera por el pago “excesivo” de derechos que realizó en 2024 tras la compra de dos departamentos de lujo con un valor aproximado de 10 millones de pesos (unos 510.000 dólares) cada uno, en la Torre Mítikah, en el sur de la capital.
La decisión judicial, que viene desde mayo pasado, y responde a un amparo interpuesto por el cardenal mexicano que consideró que pagó un precio desproporcionado en los impuestos de adquisición de los 4201 y 4205 de la torre más alta de la capital mexicana.
Norberto Rivera, de 82 años, compró los dos departamentos el 29 de febrero de 2024. Por esa operación pagó los 23,061 pesos establecidos por la ley para la inscripción de los contratos de compraventa ante el Registro Público de la Propiedad (RPP) por cada uno de los inmuebles, es decir, un total de 46,122 pesos.
Además, de acuerdo con el valor de las dos propiedades [10 millones de pesos], en marzo de ese mismo año el cardenal hizo otro pago correspondiente al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI). Por el número 4201 pagó 651,101 pesos y por el departamento 4205, 700,150.
Dos semanas después de este último pago, el 20 de marzo de ese mismo año, Rivera tramitó un amparo en contra del cobro de los más de 20,000 pesos que tuvo que desembolsar por ambos impuestos correspondientes, siempre, al valor de sus dos departamentos de lujo.
La revista Proceso, que ha tenido acceso al expediente 613/2024, cita el fallo de la juzgadora:
“La Justicia de la Unión ampara y protege a Norberto Rivera Carrera,respecto de los artículos 196, fracción I, y 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicados el 26 de diciembre de 2023 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México”.
Contraste entre la riqueza de Norberto Rivera y los postulados de la Iglesia católica
Postulados históricos y doctrinales sobre riqueza y justicia
Desde sus orígenes, el cristianismo y la Iglesia católica han mantenido una relación ambivalente con la riqueza. Las enseñanzas de Jesús y los primeros Padres de la Iglesia advierten sobre los peligros morales de la acumulación de bienes y reiteran la obligación de compartir con los pobres: “No hacer partícipes de nuestros bienes a los pobres es robarles y privarles de la vida.
Los bienes que poseemos no son nuestros, sino suyos” (San Juan Crisóstomo). La doctrina social católica, consolidada en documentos como la Rerum Novarum y desarrollada hasta hoy, enfatiza la justicia social, la opción preferencial por los pobres y la responsabilidad de los ricos de usar sus recursos para el bien común y no para el lujo personal.
Los siete principios de la enseñanza social católica subrayan:
- La dignidad de la persona humana
- El destino universal de los bienes
- La opción preferencial por los pobres
- La solidaridad y subsidiaridad
Históricamente, sin embargo, la Iglesia ha acumulado y administrado grandes riquezas, justificando que son patrimonio de los pobres y de la obra social, aunque en la práctica esto ha generado tensiones y críticas internas y externas.
El caso Rivera: riqueza, privilegio y justicia
La adquisición de dos departamentos de lujo por parte del cardenal Norberto Rivera, con un valor conjunto de alrededor de 20 millones de pesos, y la exitosa obtención de un amparo para la devolución de más de 1.3 millones de pesos por supuestos pagos excesivos de impuestos, contrasta de manera frontal con los principios evangélicos y la doctrina social católica.
La ostentación de bienes y la utilización de recursos legales para reducir obligaciones fiscales, especialmente en un país con altos índices de pobreza y desigualdad, se perciben como una contradicción ética respecto al llamado a la sencillez, la generosidad y la solidaridad con los más vulnerables.
Además, este episodio se suma a una serie de polémicas y acusaciones graves contra Rivera, como el presunto encubrimiento de abusos sexuales y vínculos con empresarios investigados por lavado de dinero, lo que profundiza la percepción de impunidad y distancia entre la jerarquía eclesiástica y los valores que predica.
Impunidad y trato diferenciado ante la justicia
Contexto histórico y actual de impunidad en México
La impunidad en México es estructural: sólo uno de cada cien delitos es sancionado, y la desigualdad socioeconómica permite que los poderosos accedan a mejores defensas y recursos legales, mientras que los sectores vulnerables enfrentan barreras casi insalvables para acceder a la justicia.
El caso de Rivera ilustra cómo figuras con poder, recursos y conexiones pueden obtener resultados favorables en el sistema judicial, mientras la mayoría de la población carece de esa posibilidad.
La Iglesia católica en México ha reconocido públicamente la gravedad de la corrupción y la impunidad, llamando a erradicarlas y a exigir procesos claros y transparentes. Sin embargo, la realidad muestra que, incluso dentro de la propia Iglesia, la rendición de cuentas es insuficiente, como lo demuestran los escándalos de abuso y la falta de sanciones ejemplares a altos jerarcas.
Percepción social y fiscalización
El trato diferenciado hacia personajes como Rivera refuerza la percepción de que la justicia no es igual para todos y que la fiscalización efectiva se soslaya ante figuras influyentes. El hecho de que una jueza federal ordene la devolución de recursos a un cardenal por la compra de bienes de lujo, mientras la mayoría enfrenta obstáculos para defender sus derechos ante el fisco, es un ejemplo claro de la desigualdad en la impartición de justicia y de la impunidad de facto que gozan los poderosos.
Conclusión
El caso del cardenal Norberto Rivera evidencia una contradicción profunda entre los postulados históricos y doctrinales de la Iglesia católica sobre la riqueza y la justicia social, y la práctica de algunos de sus altos representantes.
La acumulación de bienes de lujo y el uso de privilegios legales para obtener beneficios fiscales, en un contexto de impunidad estructural, refuerzan la desconfianza social tanto en la Iglesia como en el sistema de justicia mexicano. La historia muestra que la Iglesia ha oscilado entre el ideal de pobreza evangélica y la acumulación de poder y riqueza, pero la legitimidad moral de su mensaje depende, hoy más que nunca, de la coherencia entre sus principios y las acciones de sus líderes.
Con informacion de: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERIKA ROSETE/
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