Un vehículo valuado hasta en 150 mil dólares (unos 3.4 millones de pesos) se estrelló sobre la Avenida Gómez Morín, en la parte baja del paso deprimido de Alfonso Reyes, en San Pedro.
El accidente trascendió alrededor de las 14:00 horas, cuando el vehículo deportivo biplaza KTM X-Bow GT circulaba por Gómez Morín, en dirección al norte, cuando chocó del lado derecho de la pared de concreto del complejo vial.
Autoridades de Tránsito de San Pedro no reportaron heridos, pero trascendió que lo conducía una persona que se identificó como Daniel Alejandro Guevara Elizondo, de 31 años, quien era acompañado por Rubén Garza Valero, de 22 y ambos fueron trasladados al Hospital Zambrano Hellion.
El vehículo negro traía placas 55 AMJ3 de Coahuila.
El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, reveló que luego de una prueba de anti cuerpos pudo confirmar que tuvo Covid-19 y, según los síntomas que presentó, fue en enero cuando ningún caso había sido detectado en México.
En su transmisión de Facebook diaria el mandatario estatal respondió a una pregunta en la que le pidieron conformar si había padecido la enfermedad, ya que el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, lo había revelado.
Precisó que en enero presentó una serie de síntomas: tos, dolor de cabeza y fatiga, dolor de músculos. En ese mes fue trasladado a un hospital en San Felipe, en Mexicali, en donde le realizaron una serie de pruebas en las que inicialmente no arrojaron ninguna enfermedad de gravedad, en una segunda revisión en Tijuana el diagnóstico fue sinusitis.
“Cuando se viene, en marzo, lo del contagio, yo decía muchos de esos síntomas yo los tuve… nunca me tumbó…. El doctor tuvo a bien hacerme el examen y salí negativo pero me hizo el de la sangre, el de anti cuerpos, y tenía los anti-cuerpos, entonces quiere decir que a mí me dio por allá de enero”.
Desde enero a la fecha, dentro del círculo cercano del gobernador varios de sus colaboradores han resultado positivo a la prueba de Covid-19 e incluso han muerto. Por ejemplo, uno de sus escoltas murió por complicaciones respiratorias, luego de ser diagnosticado de coronavirus. Y entre los casos más reciente la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza.
Desde abril de 2017, César Horacio Duarte Jáquez, el exgobernador de Chihuahua señalado de haber operado una amplia red de corrupción que le habría permitido desviar más de seis mil millones de pesos del erario, contaba con un domicilio fijo en Estados Unidos. Su residencia habría sido avalada por el Departamento de Inmigración de ese país en calidad de inversionista, pese a contar con una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés).
Hasta este miércoles 8 de julio se trataba del refugio perfecto para el exmandatario chihuahuense (2010-2016) sobre quien pesan al menos 21 órdenes de aprehensión, por su probable responsabilidad en los delitos de peculado, peculado agravado, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Pero, luego de más de tres años de haberse dado a la fuga, ayer, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia estadounidense notificó la detención del exmilitante del PRI, ocurrida en la ciudad de Miami, Florida, por parte de agentes del Servicio de los Alguaciles Federales.
La noticia de la captura de César Duarte trascendió en medio de la visita que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la comitiva mexicana sostuvieron en Washington, en la que tanto el mandatario mexicano como el presidente Donald Trump ofrecieron una declaración conjunta desde el Jardín de la Rosa en la Casa Blanca entorno a la reunión de trabajo que el miércoles celebraron.
En enero de aquel año, el presidente López Obrador abordó en la conferencia matutina el caso del exgobernador, en la que reiteró la intención de su gobierno por extraditar al exfuncionario quien presidió la Cámara de Diputados entre septiembre de 2008 y agosto de 2009. Al respecto, sostuvo que el Departamento de Estado de Estados Unidos había aceptado iniciar los trámites para la extradición del exmandatario, “pero ahí, como en otros casos, hay que ver lo de los bienes”, subrayó.
La red. ejecentral publicó en enero de 2018 la indagación sobre 10 personajes clave en el desvío de recursos de Chihuahua.
Tras la confirmación de su detención, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que refirió que, desde el 18 de diciembre de 2019, se había solicitado el apoyo de la Cancillería para tramitar la solicitud formal de extradición de Duarte Jáquez por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa.
Por lo que la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero estaría a la expectativa de los próximos tres días a partir de la detención (72 horas) para que el exmandatario fuera presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, a fin de que se le notificara de los delitos por los cuales es requerido por las autoridades mexicanas. La orden de detención con fines de extradición en contra de César Duarte, fue emitida por un magistrado federal de Nuevo México, Estados Unidos, detalló la FGR.
La Fiscalía federal recordó en su boletín que fue en 2018 cuando el gobierno de Chihuahua presentó ante la entonces PGR la veintena de carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión con que contaba hasta ese momento en contra de César Duarte por diversos delitos. Sin embargo, acusó que “durante todo ese año la entonces Procuraduría, en la administración anterior, mantuvo inactivo el caso”.
Fue hasta el año pasado, el 8 octubre particularmente, cuando la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, de Chihuahua, libró una orden de aprehensión en contra del exgobernador por su probable responsabilidad en los delitos mencionados. Prácticamente un mes antes, el 2 de septiembre, César Duarte fue visto en un bar ubicado frente al hotel Marriot de Albuquerque, en Nuevo México, acompañado presuntamente por uno de los abogados que lo estaba apoyando para regularizar su situación migratoria en ese país.
Los nexos. En Las indagatorias sobre la trama del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tocarían a cuando menos otros cinco exmandatarios estatales y a dos de las figuras del priismo nacional.
En agosto del año pasado, ejecentral reveló que al menos desde abril de 2017, Duarte Jáquez contaba con un permiso de residencia como inversionista en Estados Unidos, con el que consiguió establecerse en un domicilio de ese país, tras haber huido del país. En mayo de ese mismo año, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado acusó que su antecesor buscaba solicitar asilo político en territorio estadounidense.
La detención de César Duarte permitirá a las fiscalías estatal y General de la República profundizar en el entramado de corrupción que además de haber desviado recursos públicos para su beneficio, la red de complicidades que habría encabezado el exfuncionario también habría generado financiamiento ilegal en beneficio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del cual fue expulsado como militante en mayo del año pasado.
En seguimiento a las pesquisas que la Fiscalía General de Chihuahua ha hecho entorno al tejido de complicidades del caso Duarte, este periódico publicó un reportaje titulado “La trama de César Duarte rebasa Chihuahua”, en el que se documenta que el seguimiento a las operaciones de desvío de recursos implicó operaciones en Veracruz, Nayarit, Ciudad de México y Oaxaca.
El dato. La detención de Duarte permitirá a las fiscalías estatal y General de la República profundizar en el entramado de corrupción en Chihuahua.
De acuerdo con el avance de las investigaciones hasta entonces, al menos una decena de personajes se ubican como las piezas medulares dentro de la amplia red de corrupción del exgobernador, mediante la cual se habría realizado la triangulación de recursos públicos hacia empresarios, quienes a su vez permitieron, con diferentes operaciones, diluir el origen de los recursos a favor de Duarte, sus familiares, amigos y funcionarios del PRI.
Construida a partir de una base con más de 50 testimonios cuyas declaraciones ministeriales superan los 70 tomos, este semanario publicó en enero de 2018 que la indagación sobre estos 10 personajes clave, resultaba la médula del entramado por el cual se presume el desfalco que el exgobernador hizo al erario de Chihuahua por más de seis mil millones de pesos. Las indagatorias sobre la trama de César Duarte tocarían a cuando menos otros cinco exgobernadores y a dos de las figuras del priismo nacional, Emilio Gamboa, y Manlio Fabio Beltrones.
Cuatro casos en los últimos 30 días han sacudido al Poder Judicial en México, revelando las grietas por las cuales se cuela la violencia y la impunidad.
El asesinato en Colima del juez federal Uriel Villegas y su esposa, quienes no contaban con escolta pese a manejar casos sensibles como el de Rubén Oseguera, “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La liberación de María Eva N., la mamá de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, fundador del Cártel Santa Rosa de Lima.
La sanción por seis meses de un secretario de juzgados por presuntamente recibir un soborno a cambio de la absolución de José Ángel N., “El Mochomo”, presunto coautor intelectual y material de la desaparición y homicidio de los 43 normalistas de Ayotzinapa (fue detenido nuevamente por otro caso).
La obtención a destiempo de una orden de aprehensión el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien hoy está evadido de la justicia.
Son casos que han sacudido a la opinión pública durante los días recientes, al grado que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha advertido, de nuevo, que la corrupción que corroe al sistema judicial. Pero, ¿qué pasa con los casos que no son tan mediáticos? ¿Qué tan comunes son para abogados, activistas y servidores públicos?
Acá hay 8 historias que enseñan esa putrefacción desde adentro.
1.– “ES QUE USTED NO COOPERÓ”
El 15 de enero de 2019 a las 10:30 de la noche, saliendo de Metro Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, un grupo de hombres intentó privarme de mi libertad. Me arrastraron hacia un coche y grité. Algunas personas cercanas lograron escucharme y llegaron a auxiliarme. Uno de mis agresores se hizo pasar por mi pareja, me empujó al suelo y me dijo “¡estás loca, te veo en la casa!”. Esa noche pude ser una estadística más de una joven desaparecida: mi foto circularía en redes sociales y quizás muchas horas después mi mamá emprendería mi búsqueda.
Al día siguiente, después de pensarlo mucho, decidí acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde conté lo que me sucedió al Ministerio Público, donde me preguntaron si mis agresores me habían robado algo. Contesté que no, pero que sí intentaron privarme de mi libertad. “Es que usted no cooperó, se arriesgó mucho”, me respondió y como no me habían robado nada material no procedía la denuncia.
Al paso de los días me di cuenta que no era la única mujer que habían intentado privar de la libertad a las afueras de esa estación del Metro. Los testimonios estaban en las redes sociales. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue negar el contexto de violencia y decir que los relatos eran falsos. Hasta que la jefa de Gobierno aceptó el contexto de violencia que vivimos las mujeres en la CDMX, la ahora fiscal Ernestina Godoy se comprometió a investigar “a fondo” mi caso.
El 4 de febrero de 2019 me citaron en la fiscalía, manipularon mi testimonio, no me asignaron asesora victimal –porque soy abogada– y pusieron frente a mí, sin proteger mi identidad, a varias personas que habían sido detenidos como “sospechosos”. Han pasado 17 meses y no hay avances en la investigación, se filtraron los datos confidenciales de la carpeta de investigación a la prensa, he recibido dos amenazas de muerte y aunque cambié de domicilio sigue mi miedo al caminar sola por las calles.
Zúe Valenzuela, abogada feminista.
2.– “ES LO MEJOR PARA LOS DOS”
Era la última audiencia para resolver un caso importante de narcotráfico en mi estado, Tamaulipas. El imputado era un hombre al que una investigación estatal ubicaba como un jefe de plaza de Los Zetas en la zona de Cuenca de Burgos.
En el último tramo, ya a punto de sentenciarlo, el juez me llamó a su despacho y me dijo que necesita mi ayuda, porque lo va a absolver. Me empezó a hacer un recuento de las dudas que tenía sobre el caso, pero eran dudas ilógicas. Por ejemplo, que las huellas dactilares que presentaron los peritos no eran concluyentes con las del imputado porque faltaba un pedacito de huella. O que en los documentos estaba asentada una estatura y a la hora de medirlo resultaba unos centímetros más bajito. Cosas tontas, la verdad. Cuando le dije que no era posible liberarlo por detalles como esos, me vio con ojos de espanto y me dijo “es lo mejor para los dos”. Y entendí perfectamente que me estaba diciendo, con los ojos, que estábamos amenazados.
A las horas el imputado fue liberado. Y a la semana me enteré que el juez traía una nueva camioneta.
Juan Carlos N., secretario de acuerdos en Tamaulipas.
¿CASTIGO? AMONESTACIÓN VERBAL
Estos son algunos datos de la putrefacción en el sistema judicial en México:
Los partidos políticos en México son los organismos más percibidos como más corruptos con un 91%, pero muy cerca –con 80%– está el Poder Judicial, que sólo resuelve el 2% de los casos que recibe, de acuerdo con el estudio “Anatomía de la corrupción en México” del Instituto Mexicano para la Competitividad.
En 2019, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, reveló que al Poder Judicial llegaron 2 mil 606 denuncias contra servidores adscritos a sus órganos jurisdiccionales, pero apenas se lograron 67 sanciones, algunas de ellas tan inofensivas como un “amonestación verbal”.
Enriquecimiento ilícito, corrupción, nepotismo, agresiones sexuales, faltas administrativas y omisiones en las declaraciones patrimoniales son los delitos más cometidos por los servidores públicos que deberían representar la justicia en el país.
3.– “POR ÉL VIVÍ UN INFIERNO”
Yo reconocí plenamente a ese hombre. Se lo dije al Ministerio Público sin titubeos. Su cabello lacio y feo, su nariz chata, sus ojos, todo hacían obvio que se trataba de José Inés, “El Polluelo”, el hombre que se hizo pasar como primo de “El Cepillo”, el tratante que me explotó sexualmente por cuatro años desde que yo tenía 12 años.
“El Polluelo” me tiró pura labia. Me dijo que “su primo” estaba enamorado de mí, que me daría una vida muy bonita y que estaría a salvo con él. Esa era su labor: enganchar niñas como yo. Por él viví un infierno en el que yo calculo que me violaron más de 30 mil veces por varias partes de México.
Y aunque al Ministerio Público le dije que no tenía dudas de que ese detenido era culpable de todo lo que me había pasado, el juez Ramón Jiménez Casco, juez penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en Tlaxcala, lo liberó. Dijo que no había pruebas suficientes y echó a la basura 12 años de esfuerzos por atraparlo en los que incluso se involucró Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Hoy “El Polluelo” está libre de nuevo. Yo sólo espero que lo volvamos a atrapar antes de que lastime a más niñas y que ese juez Jiménez sea castigado por lo que hizo.
Karla Jacinto, sobreviviente de trata de personas en México y activista contra la explotación sexual.
4.– “¿DE QUÉ NOS SIRVEN TANTAS LEYES?”
Hace algunos años uno de nuestros clientes tenía aprobado un proyecto de desarrollo urbano que, aunque legal, resultaba bastante controversial. Llamémosle Caso X. Luego de varias instancias judiciales –y años en juicio– un buen día nos emitieron una última sentencia en contra del proyecto, el cual, al haber estado detenido por años como consecuencia de los constantes litigios, se dio por abandonado.
A las semanas tuve oportunidad de hablar con el juez del caso por otro asunto. Al concluir los comentarios del caso que atendía, a punto de retirarme, el juez me comentó: “Oye licenciado, una disculpa por la última sentencia en el Caso X; sé que quizá teníamos que darles la razón, pero espero entiendas que había presión para nosotros. Se nos hubieran dejado ir con todo los medios de comunicación”.
No dudo de la buena fe del hombre, sin embargo, ¿de qué nos sirven tantas leyes, si los jueces resolverán con base en lo que decida la arena social y política?
Si bien este juez no tomó dinero para fallar en nuestra contra y, en el caso, se trataba de un proyecto de desarrollo urbano, ¿qué pasaría si así se resolviera sobre la libertad de las personas? También decidir incorrectamente es una forma de corrupción.
Darío Ángeles, especialista en Derecho administrativo y socio de Urrutia-Ángeles y Asociados.
5.– “SOLTÓ UNA LANA”
¿Te acuerdas de “El Lunares”, el jefe de La Unión Tepito? Ah, pues yo lo conocí luego luego que llegó al Reno (Reclusorio Norte). Se le veía lo incorregible a lo lejos. Caminaba muy león, porque apenas llegó lo fueron a recibir sus chavos. No lo bajaban de patrón, jefazo, como Dios.
La verdad conviví poco con él porque es de esos internos que sí te meten en un problema. Luego han matado compañeros por pasarse de listos con gente así. Yo de lejitos, sí trataba de imponerme, pero no tanto, ¿para qué? Si desde que llegó les dijo a todos que ya tenía todo arreglado, que en los juzgados lo iban a liberar de volada.
Dicho y hecho: no pasó nada de tiempo cuando nos avisaron que ya se iba como blanca palomita. Ya luego preguntando me dijeron que sí soltó una lana y que hasta había dejado un poquito de más allá en los juzgados para que después liberaran a sus chavos. Ya por eso uno se la sabe: mejor no meterse con esa gente que sabe llegar a acuerdos con los de arriba.
Francisco N., custodio en el Reclusorio Norte.
6.– “SIEMPRE QUEDÓ LA DUDA”
En una ocasión se estaba desarrollando en juicio oral en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, el cual se celebró por un tribunal conformado por tres jueces.
Durante decenas de juicios se había generado un acuerdo implícito de que el voto mayoritario se acordaba fuera de la audiencia y en audiencia ese voto se convertía en unánime. En aquel juicio de homicidio, uno de los jueces decidió condenar mientras que los otros dos jueces buscaban absolver. El asunto tenía un tinte extraño porque uno de los abogados defensores había sido señalado en otras causas penales por posibles actos de corrupción.
La deliberación fue muy cansada y fue tan relevante el desacuerdo que hasta se rompió ese pacto implícito de unanimidad. Al día siguiente, el fiscal estatal ordenó una investigación contra de los dos jueces que votaron a favor de absolver al presunto homicida. Incluso, se les vio muy nerviosos los días subsecuentes.
Siempre quedó la duda de que se les pagó a los jueces por absolver a un asesino.
Joseph Olid Aranda, abogado penalista.
“ES LA PUDRICIÓN”: LÓPEZ OBRADOR
Más datos sobre corrupción en México: la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que las víctimas de actos de corrupción en la prestación de servicios básicos creció 7.5% entre 2017 y 2019, el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en México calcula que los costos de la corrupción alcanzan hasta el 10% del Producto Interno Bruto de país, un negocio que a nivel global tiene un costo de 2% de las finanzas mundiales solo en sobornos a funcionarios públicos.
“La corrupción en el Poder Judicial local y federal, en general, es un problema generalizado de jueces, magistrados. Es la pudrición”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de este año. “Tenemos problemas de corrupción aceptados por el presidente de la Corte”.
7.– “EL ESCÁNDALO QUE ARMÉ”
Era 2010, estudiaba el séptimo semestre de Derecho y estaba a cargo de tomar la declaración preparatoria de las personas detenidas por delitos federales. Hasta hace unos años esto era normal: los jueces acudían al juzgado de una a tres de la tarde solo para firmar todos los actos que supuestamente habían sido resueltos por ellos y personas como yo, sin cédula profesional, sin carrera judicial y sin un nombramiento permanente, tenían en sus manos la labor de evitar el error de castigar inocentes y garantizar los derechos humanos de personas detenidas, procesadas y sentenciadas.
En ese tiempo, Aguascalientes atravesaba una de las peores crisis de violencia de su historia y las personas detenidas por el Ejército o la Policía Federal pasaban por el juzgado en donde yo trabajaba. En una mañana, tras la reja del locutorio donde estaba mi computadora, encontré a una mujer de unos 30 años echa bolita en una esquina. Todavía no llegaba el Ministerio Público, el defensor público o el secretario del juzgado. Le pregunté si todo estaba bien. Sin levantar la cabeza me dijo que no, que si estaba ciego o qué. Le insistí en mi preocupación y levantó la vista hacia mi.
La detuvieron al visitar a su pareja en los separos de la procuraduría local –a su novio lo habían detenido por posesión de mariguana– y después los policías ministeriales los entregaron a los militares y durante toda la noche antes de llevarla al juzgado, la golpearon y le dieron descargas eléctricas en los genitales. Al ver mi rostro pálido confundió mi reacción con incredulidad e insistió en mostrarme sus genitales para que le creyera. No accedí y le pedí que me esperara. Corrí a buscar ayuda. Para mi suerte una secretaria de otra área ya había llegado y le pedí que fuera a certificar las lesiones que la chica me quería mostrar. La secretaria accedió.
Se armó un escándalo. El Ministerio Público Federal me interceptó y me dijo que “no tenía los huevos para trabajar en el área penal”. Llamó al secretario y al juez y no me dejaron regresar a tomar la declaración de esa mujer. Como castigo –o protección, nunca lo sabré– me movieron a otra área del juzgado que solo resolvía amparos contra alcoholímetro y contra el cobro de derecho de alumbrado público.
El caso de la chica continuó. Posiblemente la sentenciaron por algo que no hizo o el defensor público logró que los abusos no quedaran impunes. Nunca lo sabré, porque las enemistades que me gané al interior después del “escándalo que armé” y mi falta de pedigree judicial aceleraron mi salida de ese juzgado.
Alejandro Jiménez, abogado, @alejandrojimp.
8.– “OMITIÓ PRESENTAR SU ACUSACIÓN”
Como asesor jurídico victimal es normal que en ocasiones te notifiquen una audiencia prácticamente de un día para otro, lo que obliga a desarrollar estrategias con poca información. Así me sucedió un día en que fui citado para una de estas audiencias respecto de una serie de feminicidios, uno de los casos más mediáticos de 2017. La defensa del presunto feminicida solicitó la terminación del procedimiento, lo que daría la libertad de su cliente. Su argumento era que la Ministerio Público cerró la investigación, pero no presentó su acusación dentro del plazo previsto.
Pero la Ministerio Público no tenía que cerrar la investigación y mucho menos presentar la acusación, ya que estaba vigente una suspensión. No fue todo. La Ministerio Público siguió actuando de manera muy extraña: omitió presentar su acusación, lo que beneficiaba al imputado.
Afortunadamente, al no cumplirse todos los requisitos, el juez de control impidió la liberación de aquel hombre que representaría un riesgo enorme para muchas mujeres y además hizo varios extrañamientos a la Ministerio Público: ¿por qué razón actuó así? ¿Por qué actuó con tal negligencia grave?
Piensa mal y acertarás, dice la gente; y en México los litigantes estamos acostumbrados a pensar mal ante situaciones en que existen interpretaciones extrañas de la ley.
Carlos Humberto Olvera, abogado postulante y asesor jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
El ofrecimiento fue por un millón 300 mil pesos en efectivo. Ese el monto que asegura el abogado que debe pagar a cambio de obtener una resolución favorable para su cliente, Sidronio Casarrubias Salgado, identificado por las autoridades como uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, y quien permanece en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, desde octubre de 2014.
El pago se haría a un secretario de un juzgado de Tamaulipas y, de lograrlo, pondrían en la puerta de salida a uno de los hermanos Casarrubias Salgado, si conseguían su objetivo, quitarle el delito de delincuencia organizada. No se consumó, el funcionario judicial “se echó para atrás”.
La conversación entre el abogado y su cliente ocurrió hace poco más de un año, revelaron a ejecentral fuentes del gobierno federal. Los investigadores de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) investigaban al grupo criminal de los Guerreros Unidos y habían conseguido interceptar varios de los números telefónicos.
No fue lo único que descubrieron los analistas, sino que lograron algunos hilos de toda una estrategia legal y de difusión de información que en los últimos años han implementado los integrantes de Guerreros Unidos. Por ejemplo, detallaron las fuentes, en los estrados judiciales de al menos seis estados del país, los hermanos Casarrubias Salgado han tramitado cerca de 100 amparos, en promedio uno por mes desde mediados de 2014, para defenderse, además han interpuesto quejas, inconformidades y demandado la inejecución de sentencias. Pero no son los únicos del cártel que lo han hecho, al menos cinco más mantienen una estrategia similar.
Las fuentes aseguran que se trata de una estrategia de litigio que busca generar presión en las autoridades y dispersar un esquema de corrupción entre varios frentes. Adicionalmente esas escuchas revelan la estrategia que implementaron bajo el argumento de ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos, particularmente la tortura, como una de las formas con las que buscan obtener su libertad.
Una parte de estas escuchas también son del conocimiento de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), que al igual que México mantienen una investigación desde 2014 contra el grupo de Guerreros Unidos.
Implicado. El Mochomo, líder del cártel Guerreros Unidos, está relacionado con la supuesta desaparición de los 43 normalistas.
Los primeros descubrimientos
El rastreo al grupo criminal de Guerreros Unidos comenzó en los últimos meses de 2014. Antes de eso, a pesar de las peticiones que le hacía la procuraduría de Guerrero para investigar de manera conjunta ante la violencia desatada en la región de Iguala, la entonces PGR no se había interesado en el tema.
La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa obligó a desempolvar las detenciones que se habían tenido y comenzar una investigación en campo y de inteligencia. Las pesquisas se acentuaron los cuatro años siguientes.
De acuerdo con la información recabada por este periódico con fuentes cercanas al caso, en los diferentes expedientes relacionados a Guerreros Unidos se ubican más de 40 números de teléfono intervenidos o que fueron rastreados en diferentes momentos. El número se debe, explicaron, a que desechan los celulares regularmente.
El seguimiento telefónico, autorizado por distintos jueces, permitió a la entonces PGR decomisar autos, ranchos y algunos negocios de los integrantes de Guerreros Unidos. También practicar cateos y encontrar fosas clandestinas.
Al igual que los agentes estadounidenses, los investigadores mexicanos lograron documentar cómo se llevaba la operación de trasiego de pastillas desde Guerrero hasta Nueva York y Chicago, y la forma de esconder en vehículos los paquetes de las drogas sintéticas.
Por ejemplo, en una de esas llamadas la PGR descubrió las extorsiones a los empresarios mineros de Guerrero y en otra más cómo invertirían en camiones para transportar a los trabajadores a la mina de Cocula y así poder contar con una renta fija.
Las pesquisas permitieron que para 2017 fueran detenidos más de 100 integrantes de la organización criminal, identificada por Estados Unidos como uno de sus objetivos prioritarios por ser de alta peligrosidad y tener un efectivo método de trasiego de drogas que le ha permitido introducir grandes cantidades de fentanilo a su territorio.
«Un juzgado le da su libertad, fue algo realmente muy grave, un atrevimiento, un desafío, una afrenta al Estado mexicano.”Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el 5 de julio de 2020, sobre la liberación de El Mochomo.
100 Amparos
Las diferentes llamadas telefónicas entre integrantes de Guerreros Unidos fueron documentadas, una a una, por los investigadores en los últimos años.
Uno de los primeros datos de sobornos que aparecen en el registro, confirmaron distintas fuentes, es el caso de los hermanos García Reteguín, a quienes la PGR identificó como lavadores de dinero de Guerreros Unidos en distintos negocios ubicados en Guerrero, principalmente una llantera que servía como centro de operaciones.
Entre 2014 y 2015, un juzgado de Guerrero giró una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y otros delitos. Las escuchas de los investigadores revelaron que sus abogados lograron contactar a un secretario del juzgado Segundo de Distrito en Tapachula, Chiapas, quien se comprometía a “ayudarlos” con su caso. Y así fue, de acuerdo a los documentos oficiales y los funcionarios consultados, los abogados de uno de los hermanos García Reteguín, Luis, obtuvo el amparo que después fue ratificado por el Segundo Tribunal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y anuló la orden de captura en su contra, aunque existe una recompensa por su captura como parte de Guerreros Unidos no hay una orden vigente para detenerlo.
El siguiente caso ocurrió en Tamaulipas a finales de 2018, cuando los abogados de la Familia Casarrubias Salgado intentaba liberar a uno de los tres hermanos presos, Sidronio, quien ante el Ministerio Público federal había dado detalles de todas las operaciones de Guerreros Unidos, y había contado su propia historia de venta de drogas en Estados Unidos que le valieron ocho años de prisión.
El primer argumento que presentaron los abogados, de acuerdo a los amparos, fueron las violaciones graves al procedimiento y la tortura. De una de las llamadas interceptadas, los investigadores infieren que posiblemente algún funcionario relacionado con el Ministerio Público recibió algún soborno, pero no es contundente. Sin embargo, las fuentes confirmaron que el caso no se defendió adecuadamente.
En julio de 2018, Óscar García Vega, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de México, determinó que Sidronio Casarrubias Salgado fuera absuelto del juicio que tenía abierto por portación de armas de uso exclusivo del ejército; asimismo señaló que la confesión de Casarrubias, en la que narra la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, no tendría valor probatorio puesto que, muy probablemente, habría sido obtenida por torturas, violando el debido proceso al obtenerlas.
No logró su libertad porque tenía otra causa penal por delincuencia organizada y drogas. El segundo argumento que presentaron los abogados es que se le estaba juzgando dos veces por un mismo delito. Es en este caso que los investigadores escucharon que el defensor del capo estaba negociando el pago de un millón 300 mil pesos. Pero al final, asegura el litigante “se echó para atrás”. Su cliente sigue preso y se le acumularon más delitos.
La estrategia de presentar amparos y distintos incidentes a favor de los hermanos Sidronio, Mario y Adán Zenen se extendió por al menos cinco estados: Jalisco, estado de México, Ciudad de México, Sonora y Tamaulipas.
Hasta ahora han eliminado algunos delitos o repuesto los procedimientos, pero ha provocado una carga de trabajo para los fiscales al dispersar los casos en todo el país, así dividen los esfuerzos y ante la falta de coordinación “encuentran espacios de oportunidad”.
Los beneficios que han recibido a través de distintos recursos legales, confirmaron las fuentes, nunca han sido investigados por las autoridades, ante la posibilidad de que funcionarios judiciales o de la fiscalía hubieran recibido sobornos por ellos, a pesar de existir la sospecha.
La información-desinformación
Cuando ocurrió la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los líderes de Guerreros Unidos implementaron una estrategia de confusión en la zona de Iguala, al darse cuenta de que se generaría un escándalo porque se trataba de estudiantes, a quienes ellos en principio identificaron como integrantes del grupo criminal de Los Rojos, sus enemigos.
Para llevar a cabo esta confusión, ordenaron a las organizaciones de transportistas y policías comunitarias, así como familiares de los policías de Iguala detenidos, que cerraran la ciudad, hicieran un escándalo en demanda de justicia para los agentes y otros detenidos.
Esa capacidad que mostró el cártel, también se refleja en las llamadas telefónicas, que aparecen documentadas y tiene la Fiscalía, en las cuales presumen de conocer periodistas y miembros de defensores de derechos humanos, incluso de Naciones Unidas, a través de los cuales denunciarán que fueron torturados.
Aparece en las llamadas el nombre de la ahora senadora Nestora Salgado a quien en distintas ocasiones intentan ver personalmente para conseguir “su apoyo”, pero no lo consiguen, aunque le envían distintos documentos para que conozcan su caso.
A través de familiares de los detenidos, dan cuenta en las llamadas de acuerdo a los investigadores, se movilizaron demandando la libertad de los detenidos. Los litigantes aprovecharon debilidades en los expedientes y lo que para algunos debió ser la reposición del proceso, en realidad fue la liberación de decenas de los detenidos como parte del cártel.
Así, el sábado 31 de agosto de 2019, Gildardo López Astudillo alias El Gil, señalado como jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, Guerrero cuando sucedió el ataque y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y quien habría recibido órdenes de sus jefes de qué hacer con los estudiantes, fue liberado del penal del Altiplano, pues de acuerdo con la resolución del juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, en la causa penal 66/2015 se consideró que al menos 81 de poco más de 100 pruebas presentadas en su contra se recaudaron de manera ilegal. Ahora se convirtió en testigo protegido, porque existía en su contra otros casos.
De acuerdo con la sentencia emitida por Juan Manuel Trespalacios Castán, secretario del Juzgado Primero de Distrito, en sustitución del juez Ventura, se desecharon las 107 pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) en contra de El Gil, señalando que algunas habrían sido obtenidas de manera ilegal y otras no tenían relación con los hechos de Iguala de septiembre de 2014.
El 14 de septiembre de 2019, el juez Samuel Ventura ordenó la liberación “inmediata” y “absoluta” de 24 policías municipales, ligados a la desaparición de los normalistas, denunció el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina. En vísperas de que se cumpliera el quinto aniversario del llamado Caso Iguala, el funcionario federal señaló que, con las más de 20 liberaciones, ya sumaban 77 personas liberadas de las 142 detenidas, y advirtió que “pueden otorgarse diversas libertades más”.
›El subsecretario de la Segob informó el 4 de octubre de 2019, que el mismo Juzgado Primero de Procesos Penales Federales a cargo de Ventura Ramos otorgó autos de libertad a tres personas más vinculadas al caso Iguala, con lo cual sumaban 30 las liberaciones. Y actualizó que, de las 142 personas detenidas, sólo quedaban 64 bajo proceso.
Los tres liberados fueron: Osiel Benítez Palacios alias Oso, presunto integrante y líder, junto con sus hermanos, del grupo delictivo conocido como los “Peques Los Tilos”, quienes fungían como brazo armado de Guerrero Unidos, con presencia en Iguala, Cocula, Taxco y Huitzuco.
Así como Raúl Javier Crespo, expolicía municipal de Iguala; y Carlos Canto Salgado, presunto integrante de Guerreros Unidos, vinculado con el entonces operador financiero del cártel, Raúl Núñez Salgado, La Camperra. Canto aparece en un video difundido en junio de 2019, en el que es torturado por agentes federales cuando lo interrogan.
Recibido como licenciado en Derecho por la UNAM, y como piloto aviador por la Escuela Naval Militar, donde también se desempeñó como jefe de Departamento, asistente y docente, el juzgador Samuel Ventura Ramos ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial:
Oficial judicial en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito; Actuario judicial en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito; Secretario en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito; Secretario en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito; Secretario en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León; Secretario en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito; Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Puebla; Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Veracruz.
Según la información disponible fue en abril de 2017, cuando Samuel Ventura asumió como titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas.
El 11 de noviembre de 2019, de nueva cuenta el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas denunció durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, que dos semanas atrás un juez federal había concedido la libertad bajo caución a Marco Antonio Ríos Berber alias El Cuasi, presunto sicario de Guerreros Unidos, dentro de los primeros detenidos por la desaparición de los 43, y a quien la Fiscalía General de Guerrero encontró en su celular decenas de fotografías de sus víctimas.
Dentro de los funcionarios implicados presuntamente en la comisión de irregularidades e ilícitos, es el extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, sobre quien hay una orden de aprehensión en su contra, así como la ficha roja de Interpol para ubicarlo luego de que se presume huyó de México.
El lunes 22 de junio de este año, el juez del Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Samuel Sánchez Sánchez, admitió a trámite el amparo que el exfuncionario solicitó para evitar ser arrestado por la supuesta alteración y ocultamiento de pruebas en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, del que lo acusa la Fiscalía de Gertz Manero. Fijando audiencia para el próximo viernes 17 de julio.
En septiembre de 2018, prácticamente en las mismas fechas en que ocurrieron los hechos, ocho detenidos por la desaparición de los normalistas fueron puestos en libertad.
Agustín García Reyes, “El Cheje o Chereje”; Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”; Patricio Reyes Landa, “El Pato”; y Salvador Reza Jacobo, “Lucas o El Wereke”, quien fueron detenidos el 7 de noviembre de 2014, señalados por la PGR de Jesús Murillo Karam como “miembros de la organización criminal de Guerreros Unidos y, quienes al rendir su declaración, supuestamente confesaron haber recibido y ejecutado al grupo que les entregó los policías municipales de Iguala y Cocula”, sostuvo el entonces procurador.
›El 15 de septiembre de 2019, el subsecretario Alejandro Encinas anunció la solicitud para que se investigara al juez Samuel Ventura Ramos, quien ordenó la liberación de 77 personas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Hemos solicitado al Consejo de la Judicatura una investigación sobre el desempeño del juez y una revisión de todos los funcionarios que intervinieron en estos hechos, y que se reoriente y revise toda la investigación para atribuir la responsabilidad, incluso a los que fueron liberados”, subrayó en conferencia de prensa.
Sin embargo, el 19 de septiembre se dio a conocer que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Matamoros, Tamaulipas, a cargo de Martha Georgina Comte Villalobos determinó la liberación de los presuntos implicados, dado que la PGR no logró demostrar su participación en los delitos de delincuencia organizada y secuestro.
Días después, el 26 del mismo mes, el mismo Juzgado decretó la libertad de ocho implicados más, por la falta de elementos para procesar con las reservas de ley por el delito de delincuencia organizada. El acuerdo notificado al Segundo Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, se ordenó la reposición del procedimiento contra Salvador Reza Jacobo, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Miguel Ángel Landa Bahena; Gildardo López Astudillo, alias El Gil; Jonathan Osorio Cortés, entre otros, por falta de pruebas.
Tras siete meses en prisión, el 22 de octubre de 2018, Erick Uriel Sandoval Rodríguez alias La Rana, dejó la prisión federal de Gómez Palacio, Durango, luego de que fue implicado por la PGR como supuesto integrante de Guerreros Unidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo celebró, puesto que las pruebas presentadas por la familia de Sandoval Rodríguez evidenciaron que su detención fue errada y que, por tanto, había sido privado injustamente de su libertad.
En la mayoría de estos casos no existen seguimiento a las llamadas telefónicas, porque con la llegada de la nueva administración se suspendieron por un tiempo, recuperándose hasta ahora que se detectó, nuevamente, un intento de soborno, ahora para liberar a José Ángel Casarrubias.
De acuerdo con información de páginas de internet, el vehículo de la marca austriaca KTM está valuado hasta en 150 mil dólares.
