Los doce marinos detenidos por la Armada de México acusados de asesinar a cuatro presuntos ladrones de combustible en Puebla, fueron vinculados a proceso penal por el delito de homicidio calificado, el cual alcanza una pena de entre 40 y 70 años de cárcel dependiendo del grado de responsabilidad que determine el juez de la causa.
La juez Joanna Karina Perea Cano resolvió este lunes, en segunda audiencia efectuada en una de las salas del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, que existen elementos suficientes para vincular a proceso a los doce marinos por el delito de homicidio calificado a quienes se acusó de haber detenido y luego asesinado a cuatro civiles (entre ellos dos menores de edad) el pasado 28 de febrero en las inmediaciones de la comunidad de Guadalupito las Dalias, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla.
La primera audiencia de la causa 162/2019 fue el jueves siete de marzo. Los marinos llevaban seis días detenidos en Puebla por sus propios compañeros luego de que en el Estado Mayor de la Armada de México se revisaron los elementos con los que se contaba para proceder en su contra.
Entre esos elementos estaría un video del momento de la detención de los cuatro civiles quienes, según la Marina, fueron sorprendidos por los elementos navales cuando robaban combustible de una toma clandestina.
Diversas versiones de la prensa local recogieron testimonios de los habitantes y vecinos de Guadalupito las Dalias, quienes aseguraron que los cuatro hombres recogían zacate cuando fueron detenidos por los marinos. Otras versiones señalaban que con los marinos iban otros elementos uniformados, sin precisar de qué corporación se trataba.
En su comunicado sobre la detención y presentación de su personal, la Marina no menciona que otra corporación haya participado en el operativo de vigilancia a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Estado Mayor preguntó a la gerencia de comunicación social de Pemex si hubo personal de Seguridad Física trabajando junto con el pelotón naval el día del operativo, detención y ejecución de los civiles. La respuesta fue “no”.
Sin embargo, trascendió que el video presentado por la parte acusadora a la juez Perea Cano habría sido entregado por personal de Pemex en la primera audiencia.
¿Qué ocurrió?
Las versiones indican que el pasado 28 de febrero un convoy de elementos de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Marina realizaba recorridos de vigilancia en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, una zona en la que hay ductos de combustible.
Los vigilantes se habrían encontrado primero con los civiles que presuntamente extraían o intentaban extraer combustible de una toma ilegal. Al verse descubiertos por el personal de Seguridad Física de Pemex se habrían enfrentado a ellos –no queda claro si los civiles estaban armados y si atacaron con disparos a los vigilantes–.
Cuando estaban cerca de escapar se encontraron con tres camionetas de la Marina y fueron detenidos por el personal naval y aparentemente subidos a dos de las unidades para llevarlos cerca del cerro de San Felipe, en el estado de Tlaxcala. Diversas notas de la prensa local y referencias en redes sociales indican que los cuatro civiles –dos adultos y dos menores de edad– eran trabajadores de una empacadora y recogían zacate cuando fueron detenidos cerca de la comunidad de Guadalupito Las Dalias, un zona en la que hay ductos de Pemex.
Los cuerpos de los cuatro hombres fueron hallados el 1° de marzo por habitantes de Nanacamilpa, Tlaxcala. Uno de los hombres estaba semienterrado y cubierto con una cobija. Otros estaban entre la maleza y uno en un pozo. Ninguna de las notas con testimonios de habitantes de la zona menciona aparentes heridas de bala o de otro tipo y tampoco se indica en los reportes de prensa que alguien hubiera escuchado disparos.
En protesta por las detenciones de los cuatro civiles, familiares y habitantes de Guadalupito Las Dalias bloquearon carreteras y quemaron llantas y otros exigiendo justicia.
La versión naval
El personal naval fue presentado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en el Centro de Justicia Penal Federal ante la juez Joanna Karina Perea Cano, quien escuchó las acusaciones, los primeros argumentos y el ofrecimiento de pruebas por parte de la fiscalía y de los acusados.
Ante las denuncias y las primeras evidencias surgidas, la Marina inició una investigación interna y encontró elementos para proceder contra su personal y entregarlo a las autoridades de Puebla para que se iniciara la investigación del caso.
El dos de marzo la Marina emitió el comunicado 010/2019, en el que señalaba que brindaría todos los apoyos necesarios a las autoridades correspondientes, para esclarecer lo sucedido durante la aplicación al Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de PEMEX 2019, “donde presuntamente personal naval realizó actos contrarios al cumplimiento de sus deberes”.
La Marina señalaba que los hechos ocurrieron “cuando personal naval sorprendió a un grupo de personas sustrayendo combustible de un ducto. De acuerdo con información preliminar, la actuación del personal naval fue en contra de las disposiciones legales (sic), razón por la cual, al tener conocimiento de la posibilidad de dichos eventos, esta Institución presentó inmediatamente al personal involucrado ante las autoridades correspondientes”.
La Semar reconoce que “en todos los casos en que personal naval sea probable responsable de actividades tipificadas como delito, actuará con estricto apego a la ley, procediendo con rigor, contundencia y transparencia a la ciudadanía; poniéndolos a disposición de las Autoridades Encargadas de Administrar y Procurar Justicia en México, así como el fomentar y exigir el respeto a los Derechos Humanos entre su personal”.
El texto no menciona la presencia de personal de vigilancia de Pemex, solo señala que los marinos realizaban una operación en apoyo al Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de PEMEX 2019.
Al final, la institución manifiesta su compromiso por actuar en apego al respeto a los derechos humanos, “y en este caso en particular, colabora para que las autoridades sean quienes realicen las investigaciones necesarias y queda atenta de la resolución que se emita”.
La primera audiencia duró cerca de once horas. La segunda comenzó después del mediodía del lunes 11 de marzo y concluyó alrededor de las nueve y media de la noche. Tres de los doce marinos son defendidos por abogados particulares y los otros nueve por abogados de oficio.
Familiares de uno de los elementos de la Semar buscan contratar al abogado Alejandro Robledo Carretero, quien defendió al sargento José Isidro Gómez Hernández, acusado de haber asesinado a un presunto ladrón de combustible en Palmarito Tochapan, Puebla, luego de un enfrentamiento con habitantes de ese lugar tras un operativo para detener a civiles armados el 3 de mayo de 2017.
Un video tomado por una cámara de vigilancia instalada en una esquina captó el momento en el que Raúl Jiménez Martínez era llevado por un soldado a un punto de una de las calles, colocado boca abajo con las manos en la nuca e instantes después, asesinado de un disparo en la cabeza.
El sargento Gómez Hernández fue liberado el 14 de noviembre de 2018 debido a errores en la necropsia practicada a Raúl Jiménez y que, según el juez de la causa, fue imposible determinar pericialmente si el arma que llevaba el sargento el día del operativo era la misma con la que fue asesinada la víctima.
La próxima audiencia para el ofrecimiento de pruebas y para conocer la sentencia podría darse dentro de cuatro a seis meses.
Fuente.-Jorge Medellín/@JorgeMedellin95/ (imagen/twitter)
