Dos indicadores hunden más a México: los altos índices de corrupción e impunidad del país y la demanda creciente de drogas en Estados Unidos.
La estrategia actual contra el narcotráfico ya fracasó. El país parece no tener futuro, a menos que con seriedad se combata la corrupción y se favorezca la rendición de cuentas
El país continúa inmerso en una escalada de inseguridad y violencia en niveles no vistos en su historia reciente. Un informe del American Enterprise Institute (AEI) y el análisis de la investigadora Elena Azaola, por separado, señalan a la corrupción y la impunidad como los principales problemas de México que hacen inviable cualquier estrategia contra el narcotráfico. El otro gran problema es la alta demanda de drogas en Estados Unidos, que ha crecido exponencialmente durante el último año.
En una década, la lucha contra el crimen organizado transnacional en México se ha vuelto más complicada. Los cárteles de la droga se aprovechan de la economía globalizada para expandir su participación en el tráfico de armas y personas, lavado de dinero, secuestro, la extorsión y otras actividades ilícitas, advierte el AEI en el estudio Capos y corrupción. Atacando el crimen organizado trasnacional en las Américas.
“Desde la toma de posesión de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012, reportes sobre crímenes de alto impacto, los que prometió abordar al comienzo de su sexenio, han alcanzado niveles dramáticos. Los secuestros aumentaron en un 79 por ciento, los homicidios 255 por ciento, y los casos de extorsión 30 por ciento”, señala.
Actualmente, agrega, al menos 12 exgobernadores han sido acusados de corrupción, lavado de dinero o narcotráfico. “Algunos de estos funcionarios –apunta el informe del AEI–, presumiblemente son responsables de haber inhibido los esfuerzos antidrogas durante décadas. En algunos casos, han hecho pactos con organizaciones delictivas para permitirles operar en sus jurisdicciones con impunidad, en otros, se han involucrado directamente en el crimen para obtener ganancias financieras personales”.
Una cultura de impunidad ha cultivado la corrupción entre políticos de todos los partidos y funcionarios de todos los niveles en todas las ramas del gobierno. Tal corrupción generalizada obstaculiza cualquier estrategia de seguridad y atrofia el crecimiento económico del país. El costo supera los 17 mil 300 millones de dólares al año, lo que representa el 9 por ciento del producto interno bruto (PIB), subraya el estudio.
En muchos casos, dice, las fuerzas del orden público se ven superadas por las organizaciones criminales que hacen uso de sofisticadas armas de fuego, que provienen de los Estados Unidos, y cuyo flujo constante les proporciona un poder de fuego “extraordinario” que, en ocasiones, supera al de las fuerzas de seguridad mexicanas.
A este respecto el más reciente informe sobre armas del Government Accountability Office (GAO, centro de estudios del Poder Legislativo estadunidense), documentó que las autoridades mexicanas incautaron poco más de 100 mil armas de fuego entre 2009 y 2014. De todas ellas, 73 mil procedía de Estados Unidos.
La situación podría empeorar, alerta el AEI. En su estudio señala una “nueva y creciente táctica” instrumentada por los contrabandistas de armas para evitar la detección en la frontera: el envío de piezas para la fabricación de armas de fuego en México. Bajo la Ley de Control de Armas y la Ley Nacional de Armas de Fuego de Estados Unidos, los productores estadunidenses no están obligados a grabar números de serie en las armas de fuego, lo que hace que esta nueva táctica de contrabando sea aún más difícil de combatir.
Además, los minoristas no están obligados a informar sobre la compra o venta de la mayoría de piezas y aditamentos de armas de fuego. Los traficantes sólo están obligados a seriar e informar de receptores, el bastidor que aloja el perno y el mecanismo de disparo. Sin embargo, la detección de un receptor se evita fácilmente al transportar receptores en estado incompleto, que requieren algunos trabajos de acabado y que no necesitan ser reportados a las autoridades.
Drogas y trata de personas
El tráfico de estupefacientes no va solo. A este crimen generalmente le acompañan otros. La trata de personas ha estado directamente correlacionada con el tráfico de drogas en México durante décadas, sobre todo desde que las organizaciones criminales en el país diversificaron sus operaciones. El Índice de Esclavitud Global, publicado en 2016 por la Fundación Walk Free, ubicó a México como el país con el mayor número de esclavos de todos los del Continente. Incluso estimó que son aproximadamente 377 mil personas las que se encuentran sometidas a trabajos forzados.
Las mujeres y los niños son más vulnerables frente a los tratantes de personas, especialmente los que viven en comunidades marginales. Las mujeres se ven obligadas a participar en la prostitución, mientras que los niños y los hombres son utilizados para el trabajo involuntario, que a veces los convierte en sicarios.
El American Enterprise Institute (AEI) organización no partidista y sin fines de lucro, apunta que la violencia ha vuelto a alcanzar “niveles récord” en ciudades en las que, se suponía, ya habían salido de esa situación de violencia. Se trata de los otrora “casos de éxito” como Tijuana y Ciudad Juárez.
Considera que una respuesta exitosa a la creciente amenaza transnacional del crimen organizado en México debe tomar en cuenta las debilidades institucionales y los enormes desafíos que existen para implementar una estrategia de seguridad en medio de la corrupción generalizada, la impunidad y la criminalidad.
El grupo de trabajo del AEI está encabezado por José R Cárdenas, director de Visión Américas; Inés Echegaray investigadora independiente de seguridad, y Kirsten D Madison, investigadora visitante. Establece que nueve cárteles representan la principal amenaza para el país, mediante el control de 45 grupos armados cuyas actividades se centran en crímenes de alto impacto como asesinatos, robo a mano armada, secuestros y extorsión.
Antes de 2006, cuatro cárteles dominaban el comercio de drogas en México. Y hasta el año pasado, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, nueve cárteles operan en el país: el Cártel de Sinaloa, Tijuana, La Familia Michoacana, Juárez, Beltrán Leyva, Los Zetas, el Cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La estrategia de decapitación del gobierno para diezmar a los principales líderes de los cárteles de la droga –y las guerras territoriales y luchas intestinas que siguieron– llevó a estos cárteles a fracturarse en facciones escindidas, por lo que desde 2010 se registra una acelerada descentralización de los grupos delictivos, lo que complica los esfuerzos para combatirlos.
La relación entre estos grupos es dinámica; las organizaciones se dividen continuamente entre sí o se involucran en alianzas oportunistas a corto plazo que suelen terminar en violentas pugnas. El ascenso del CJNG es un ejemplo de la flexibilidad adoptada por las organizaciones criminales y de su disposición para llenar los vacíos dejados por otros cárteles fracturados, señala el informe del AEI.
Fundado hace sólo 10 años, el CJNG fue capaz de establecer alianzas con cárteles más pequeños para hacerse cargo del territorio previamente controlado por el Cártel de Sinaloa. Después de que Joaquín Guzmán Lorera, el Chapo, fuera capturado el 8 de enero de 2016, las fracturas en el Cártel de Sinaloa permitieron al CJNG desafiar a la que alguna vez fue la organización criminal más poderosa del mundo. Hoy, según el estudio, el CJNG opera en más de 16 estados en México y en países de Europa y Asia.
La estrategia de los gobiernos de Estados Unidos y México para combatir el crimen organizado transnacional en México ha dependido en gran medida de la eliminación de los líderes de los cárteles y la prohibición de las drogas ilegales. En 2008, Estados Unidos y México lanzaron el Plan Mérida para combatir la violencia provocada por el narcotráfico en ambos países.
La financiación, el apoyo técnico y el intercambio de inteligencia han aumentado significativamente desde entonces. Sin embargo, los crecientes niveles de violencia en México, el alza en el consumo de drogas en Estados Unidos –especialmente la heroína– y el flujo constante de armas, municiones, efectivo y drogas a través de la frontera entre ambos países prueban que la estrategia debe ser revisada.
Elena Azaola, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), destaca los componentes de la crisis de seguridad y de derechos humanos en el país durante 2008-2016: los grupos delictivos que representan una amenaza para el Estado; la incompetencia de las instituciones para contenerlos; la descomposición social que se manifiesta en el creciente número de personas capaces de cometer delitos, y la falta de controles frente a los abusos por parte de las instituciones.
En entrevista, indica que durante ese periodo México ha experimentado una grave crisis de seguridad que ha tenido un costo muy importante y lamentable con la pérdida de 178 mil vidas humanas.
Detalla que la crisis de seguridad y derechos humanos que México persiste en la administración de Peña Nieto, y a pesar de que en su programa de gobierno no colocó como prioridad la de enfrentar a los grupos delictivos, en los hechos se ha mantenido la política de privilegiar el uso de la fuerza y la militarización para combatir al crimen organizado.
“El indicador más lamentable de la crisis de seguridad que México ha experimentado en los últimos años es el incremento notable en el número de muertes por homicidio, que ronda los 178 mil habitantes y que rompió con la tendencia descendente que este fenómeno venía observando durante los 20 años previos a este periodo”, explica.
Por su parte, el grupo de trabajo del American Enterprise Institute señala que la corrupción, la escasa capacitación, la falta de fondos y la colusión entre funcionarios y grupos delictivos hicieron insostenible la situación en los estados importantes.
Y aunque las administraciones de Calderón y Peña Nieto diferían en cuanto a la estrategia, las tácticas resultaron bastante similares: ayudar a los estados vulnerables mediante el envío de las Fuerzas Armadas o la Policía Federal para contener los altos niveles de violencia.
El informe recomienda “adaptar” la actual estrategia a la “realidad cambiante y a las versátiles tácticas de los cárteles”. Y señala que la modernización del Plan Mérida es “imprescindible” para ganar terreno ante esta amenaza.
Desde 2008, el Congreso de Estados Unidos ha destinado 2 mil 600 millones de dólares al Plan Mérida para reforzar la seguridad y vigilancia de México, modernizar el sistema judicial del país y financiar programas de educación y capacitación. No obstante la diversificación del crimen organizado transnacional, en una plétora de actividades ilegales utilizando cadenas de mando flexibles y adaptables y tácticas y armamento avanzado requiere un enfoque más práctico y actualizado.
El informe advierte que “ningún grado de cooperación internacional o asistencia técnica producirá resultados duraderos hasta que las autoridades mexicanas ataquen esta impunidad y la corrupción mediante la adopción de medidas sistemáticas y sostenidas”.
De acuerdo con el Índice de Impunidad Global, México tiene el segundo nivel más alto de impunidad en el mundo. Sólo se denuncian 7 de 10 delitos, y de todos los delitos cometidos en el país, menos del 5 por ciento concluye con un procesamiento jurídico con veredicto y sentencia, lo que significa que la impunidad en México es cercana al 95 por ciento.
“Con la impunidad en desenfreno, no sorprende que sólo el 9 por ciento de los mexicanos confíe en las autoridades judiciales de su país. La lucha contra la impunidad requiere un enfoque de abajo hacia arriba para inculcar una cultura de legalidad y la expectativa de justicia en todos los niveles de la sociedad.”
Señala que, por el momento, México no aceptaría un organismo externo similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Pero “una mayor expectativa internacional para la rendición de cuentas podría alentar a las autoridades nacionales a reformar y financiar adecuadamente su sistema de justicia penal y para aumentar la eficacia y la independencia de los procesos”.
La transición de un sistema inquisitivo a un sistema de justicia acusatoria en México es una de las reformas apoyada por los programas financiados por el Plan Mérida. Sin embargo, ninguna reforma procesal puede garantizar que los fiscales y los jueces desempeñen sus funciones de manera efectiva y adecuada. La corrupción puede socavar cualquier proceso, y este problema sistémico no puede resolverse hasta que la policía, los fiscales y los jueces actúen de manera honesta, eficiente e independiente.
Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estadunidenses, contenidos en el informe del AEI, en 2015 más ciudadanos de ese país murieron de sobredosis de drogas que en cualquier otro año: más de 52 mil muertes. Estas sobredosis y la crisis general de opioides que enfrenta Estados Unidos son en gran parte atribuibles a la regulación inadecuada de los medicamentos recetados.
Según los datos de prescripción médica de los CDC, cientos de millones de recetas de analgésicos opioides han sido escritas por médicos en los últimos años, produciendo un número récord de pacientes que se convirtieron en adictos a los opiáceos, prescritos de forma legal o adquiridos a través del mercado ilegal creado por la avalancha de medicamentos prescritos.
Estas nuevas adicciones han creado un mercado importante para las drogas ilegales como el fentanilo y la heroína, que se producen y transportan principalmente a través de México. Aunque Estados Unidos ha adoptado medidas para mitigar este fenómeno, sólo 10 Estados han producido legislación para limitar las prescripciones de opioides, reconoce el AEI.
Fuente.-José Réyez/
