A partir del 2006, los homicidios dolosos en México se incrementaron vertiginosamente y tuvo como consecuencia un impacto negativo en la percepción de inseguridad de sus habitantes. Paralelo a ello, los estudios e interpretaciones de la violencia homicida se realizaron mayoritariamente de forma genérica sin precisar sus características.
En las siguientes líneas se abordará la necesidad de particularizar los estudios de la violencia y generar análisis concretos para fomentar políticas criminales ad hoc a las necesidades de cada territorio. Como primer punto se plantea el escenario de la violencia homicida en México, posteriormente se analizan dos variables para caracterizarla y, por último, se plantean líneas generalidades para la construcción de una política criminal.
El número de homicidios es considerado por organismos nacionales e internacionales un indicador esencial para medir la violencia, dado que su baja cifra negra permite tener mayor precisión de la ocurrencia delictiva de un territorio. Este texto no constituye la excepción, pues se consideran los homicidios como referente del análisis.
De acuerdo con las cifras más recientes del sistema de salud reportadas por el INEGI, 2016 ha sido el año más violento de la administración de Enrique Peña Nieto, con 20 mil 547 homicidios dolosos. En las estadísticas oficiales, se observa un repunte en su ocurrencia después de un descenso continuo que estaba ocurriendo a partir del 2011, el año más violento desde que se tienen registro sistemático del homicidio doloso en nuestro país.
El incremento de los homicidios ha afectado gravemente la percepción de inseguridad en nuestro país, en conjunto con otros delitos como el secuestro y la extorsión, pese a que su incidencia registrada es mucho menor por su alta cifra negra. De acuerdo con el estudio 8 Delitos Primero, elaborado por el CIDAC el secuestro –que representó tan solo 0.7 por ciento de los delitos del fuero común registrados en 2016–, es el segundo delito con mayor importancia en la construcción de la percepción de inseguridad de la población en México. La primera posición, de acuerdo con el mismo estudio, es el homicidio doloso.
De esta manera, se ha creado un pánico moral, entendido como una alarma exacerbada de la violencia que afecta gravemente los patrones de socialización en una comunidad,2 que ha dañado gravemente la dinámica cotidiana del pueblo mexicano, por ello, es importante crear esquemas de particularización de la violencia que permita tener mayor claridad de las formas en las que se presenta y poner en su justa dimensión su ocurrencia, para ello es necesario que los estudios de la violencia se vinculen a variables específicas que lo hagan posible. A continuación se presentan dos aspectos que pueden contribuir a ello.
1. La violencia no está generalizada en el territorio mexicano
A pesar de la percepción que la gente muestra respecto a la inseguridad, principalmente relacionada con los delitos de alto impacto que se muestran en el estudio del CIDAC y los resultados mostrados por la ENVIPE 2017 (74 por ciento consideró que vivir en su ciudad es inseguro), la violencia homicida no se encuentra generalizada en el país. Los cinco estados que registraron la mayor tasa de homicidios dolosos en 2016 fueron Colima, Guerrero, Baja California, Chihuahua y Sinaloa, grupo que concentra casi el 30 por ciento del total, mientras que 23 estados de la República Mexicana presentan tasas menores a 20 homicidios por cada cien mil habitantes.
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2016 [En línea].
Guerrero y Colima presentan los casos más extremos de violencia homicida provocada por conflictos de organizaciones criminales que luchan por mantener el poder de sus actividades comerciales; en el primero se disputan los corredores y los territorios de siembra de amapola; y en el segundo, el puerto de Manzanillo que representa la entrada de precursores químicos ilegales parta la elaboración de drogas sintéticas. En los mapas siguientes se puede observar que las tasas de homicidio al igual que los valores del Índice de Paz coinciden con las actividades de entrada, transporte y siembra de drogas ilegales y sus componentes.
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2016 [En línea].
De acuerdo con información de la Procuraduría General de la República, se han identificado poco más de 45 ramificaciones y nueve organizaciones principales de la delincuencia organizada operando en el país: El Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, El Cartel de Sinaloa, Los Zetas, la organización de los Beltrán Leyva, de los Arellano Félix, la Familia Michoacana, el Cartel de Juárez y el Cartel del Golfo. Los estados que se encuentran en pugna derivado de la capitalización de los territorios en términos de la producción, distribución y transportación son aquellos en los que también se registra mayor actividad violenta en términos del Índice de Paz creado por el Institute for Economics & Peace en 2017 y mayores tasas de homicidios dolosos, como se puede observar en las imágenes a continuación.
Fuente: Índice de Paz México del Institute for Economics & Peace 2017.
2. La violencia tiene edad, sexo y condición social
Las expresiones de la violencia también se encuentran marcadas por el género y la edad: no todos los grupos poblacionales concentran de igual manera la ocurrencia de homicidios. El INEGI reportó que en 2016 las víctimas de homicidio fueron en la gran mayoría hombres –88 por ciento de los casos– y también, la mayoría de los perpetradores lo son, ya que suman 94 por ciento de las personas sentenciadas por homicidio.3
Ahora bien, de los registros de defunciones por homicidio se desprende además que 36.1 por ciento de ellas se concentra en la población de 15 a 29 años, mientras que la mitad de los sentenciados por este delito se ubica en el rango de entre 18 y 29 años.4 Sin considerar la cifra negra y los niveles de impunidad registrados para este delito, con los datos anteriores se infiere que la juventud se encuentra fuertemente involucrada en el drama del homicidio doloso en nuestro país, ya sea como parte de los perpetradores o como víctimas. También es importante señalar que el 72.1 por ciento de la población penitenciaria tiene un nivel de escolaridad básico, además de otras precariedades en términos de satisfactores primarios.5
Los elementos hasta acá descritos constituyen variables definidas que caracterizan y particularizan la violencia en México. Afirmar que la violencia no es generalizada territorialmente en el país, y que no afecta por igual a todos los sectores de la población no quiere decir que ésta sea un problema menor, Significa que la violencia presenta características particulares que debemos observar con atención para escapar de las generalidades que no dejan mirar con exactitud lo que sucede.
Entonces, si la violencia homicida se encuentra atravesada en México principalmente por las actividades de la criminalidad organizada en territorios específicos de gran valía para sus dinámicas,6 y tiene como blancos importantes –como víctimas y perpetradores – a hombres jóvenes con escolaridad básica, las políticas de reducción de la violencia homicida deberían estar dirigidas a esta población en riesgo de vincularse a la delincuencia organizada. También, deberá estar presente que esta población se enfrenta a la desigualdad social y la exclusión, no solo económica, sino también en términos de acceso a los derechos fundamentales como son: la educación, la salud, el deporte, etcétera.
Bajo este panorama, el país necesita una política criminal que haga frente a las dinámicas de la delincuencia organizada, tanto en términos del combate a sus actividades principales (venta de drogas, armas o tráfico de personas), como de los conflictos relacionados con su necesidad de proteger sus objetivos mercantiles (lucha por territorios de producción, distribución y consumo). No obstante, una política integral necesita incluir una base preventiva transexenal que sane al país en un mediano y largo plazo. Una política de Estado que atienda las causas estructurales del problema y no solo sus síntomas.
Para ello es necesario crear una Coordinación Nacional de Prevención del Delito que articule esfuerzos de las instancias federales, estatales y municipales bajo esquemas comunes en términos metodológicos, pero con particularidades precisas a cada demarcación territorial anclada a un modelo de Estado que impulse la reducción de la desigualdad social y genere políticas sociales que apunten a una Seguridad Humana. Es necesario crear un modelo de prevención que no solo se quede en un diseño metodológicamente correcto como el que presentó el PRONAPRED, sino en resultados basados en la evidencia que supere los problemas en la gestión administrativa y operativa de la implementación de las acciones de prevención. Que anule la corrupción y los cotos políticos que representa el dinero que debería destinarse a la ejecución de los programas de prevención del delito.
Es demasiado tarde para la presente administración federal impulsar esta agenda, ¿será del interés de los candidatos discutirla en el proceso electoral, o se fijará sin consultas en la siguiente administración?
Emilio Daniel Cunjama López es profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); Secretario de Investigación y Docencia del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios (IECRIMT).
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