La
afirmación los tomó por sorpresa:
No diré nada porque antes de que termine de declarar ya lo sabrán afuera. Tenemos infiltrados aquí y allá. Los funcionarios trataron de hurgar:
A ver, cuéntenos, díganos quiénes. Dámaso López, el presunto sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa, concluyó con un
¿para qué?, no quiero que me maten.
Eso ocurrió el pasado 2 de mayo en la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), horas después de que El Licenciado fue detenido en un departamento en
la colonia Anzures, de la Ciudad de México.
Desde tiempo atrás las alarmas en esa área de la Procuraduría General
de la República (PGR) se habían encendido. La desconfianza se generó no sólo
por las filtraciones de información sobre investigaciones importantes, sino
también por el descubrimiento de que allí se falsifican mandamientos
ministeriales de comparencia, se hacen supuestos oficios que dan cuenta de
averiguaciones previas o carpetas de investigación inexistentes, pero que
sirven para extorsionar a ciudadanos y delincuentes.
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El descubrimiento o el surgimiento de indicios de infiltración del
crimen organizado en áreas gubernamentales no es nuevo. Ex jefes de la Policía
Judicial Federal, del Servicio Secreto o de la Dirección Federal de Seguridad colaboraron
con grupos criminales entre los años 70 y 90, incluso formaron parte de los
mandos de cárteles de
las drogas.
En 2005, fue dejado en libertad, por
falta de elementos para procesar, Nahúm Acosta Lugo, ex director de giras de la Presidencia de la República durante la gestión de Vicente Fox. El funcionario fue acusado de delincuencia organizada y colaborar con el narcotráfico, por sus supuestos vínculos con integrantes de los hermanos Beltrán Leyva, que en ese entonces servían a El Chapo.
Luego de seis días de permanecer encarcelado y tras 52 de
investigación policiaca bajo arraigo en una casa de la PGR, Acosta Lugo
recuperó su libertad, mientras la entonces Subprocuraduría de Investigación
Especializada contra la Delincuencia Organizada (Siedo) trató de revertir la
sentencia del juzgado sexto de distrito con sede en Toluca, sin éxito.
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Uno de los casos más recientes se conoció en abril de este año, cuando
Iván Reyes Arzate, ex director de la División Antidrogas de la Policía Federal
(PF), se entregó voluntariamente en la ciudad de Chicago a autoridades de
Estados Unidos, y reconoció haber entregado información a la organización de
los hermanos Beltrán Leyva.
Cuando Reyes Arzate se entregó a Estados Unidos, en la Seido ya se
había iniciado una investigación interna de la que aún no existen resultados
públicos. La indagatoria comenzó tras el descubrimiento de un oficio que
falsamente refería la existencia de una investigación en contra de un presunto
narcotraficante que opera en Morelos.
En enero de este año, la Siedo abrió una carpeta de investigación
relacionada con la desaparición de dos agentes del Ministerio Público y un
elemento de la Policía Federal.
Los tres funcionarios: Víctor Andrés Vilchis Renata y Miguel Ángel
Rodríguez Cuéllar, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de
Delitos en Materia de Secuestros de la Seido, y Marco Antonio Álvarez Gómez de
la Policía Federal, desaparecieron.
La noche del 24 de enero, los dos agentes salieron de la Seido.
Dejaron sus vehículos en un estacionamiento cercano a su centro de trabajo y
abordaron un taxi con rumbo a la calzada de Tlalpan, allí se encontraron con el
agente federal, subieron a su unidad y tomaron rumbo a la carretera
México-Cuernavaca.
Como parte de las investigaciones, las autoridades obtuvieron
grabaciones de la caseta en su paso rumbo a la ciudad de la eterna primavera.
Una camioneta los seguía. Ya no se supo más de ellos, solamente que llegaron a
los límites de Cuernavaca y Huitzilac.
El vehículo de Antonio Álvarez Gómez fue localizado días después
calcinado. La investigación sigue abierta, aunque en mayo pasado la PGR detuvo
a dos presuntos implicados en la desaparición, fueron identificados como José
Manuel Abarca, líder de una célula del cártel de Los Rojos y Justino González Hernández.
Este caso derivó en una indagatoria interna, cada computadora de la
Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros ha
sido revisada, en dos de ellas se encontraron rastros de documentos elaborados
y luego borrados que se relacionaban con la falsificación de averiguaciones
previas, mandamientos ministeriales de presentación.
Pero no es el único caso, el pasado 3 de junio, un día antes de las
elecciones en los estados de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit, se dieron a
conocer supuestos citatorios emitidos por la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales, para diversos dirigentes locales de partidos
políticos con el fin de que comparecieran ante ese organismo, pero el titular
de la misma, Santiago Nieto Castillo, desmintió la veracidad de esos documentos
en su cuenta de Twitter.
Posteriormente, la Fepade emitió un comunicado de prensa en el que
señaló: “Se niega categóricamente que esté entregando citatorios a los representantes
generales de los partidos políticos y de casillas, esos citatorios son falsos,
así como supuestas llamadas telefónicas que está realizando la Fepade a los
ciudadanos.
El Fiscal Santiago Nieto en ningún momento ha firmado algún citatorio para la jornada electoral. Asimismo, invita a la ciudadanía a salir a votar este 4 de junio y no tomar en consideración ningún mensaje o correo falso que pretenda inhibir el voto libre y secreto. La Fepade abrió carpetas de investigación por estos hechos.
La infiltración de los grupos criminales o la existencia de
funcionarios que utilizan sus cargos para obtener beneficios económicos por
desaparecer las investigaciones (falsas) o no cumplir órdenes de aprehensión o
de citación ministerial, son parte del negocio que investiga la PGR.
El 2 de mayo, con El Licenciado en las instalaciones de la Seido
también se puso en evidencia que los grupos criminales tienen infiltrada a la
institución ministerial, por ello decidió no declarar ministerialmente y
solicitar que lo enviaran a una prisión donde estuviera seguro, y fue llevado a
Ciudad Juárez, donde permanece bajo condiciones de máxima seguridad, aislado,
con una hora de patio y sin contacto con otros internos.
Fuente.
fuente.-con imágenes/redes sociales
