elTodo indica que el presidente Peña Nieto no sabe qué hacer para reducir los altos índices de inseguridad en el país. Propone estrategias que no acaban de cuajar o pone y quita funcionarios –la mayoría ajenos a la materia–, mientras la delincuencia florece y la violencia aumenta.
Algunos analistas señalan el principal error de las medidas presidenciales: mantener como responsable último de la seguridad a un solo hombre, el titular de la Secretaría de Gobernación.
El cambio y el incumplimiento han sido las constantes en el gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad. Recambios de funcionarios en áreas clave, estrategias fallidas, anuncios sin efecto y acciones a medias han marcado los casi cuatro años que lleva su sexenio.
Aunque hasta ahora ha mantenido a un solo titular en la Secretaría de Gobernación como máximo responsable de la seguridad del país, ha tenido a tres encargados de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y a tres en la prevención del delito. Todos bajo la autoridad del secretario Miguel Ángel Osorio Chong, a quien Peña Nieto le dio un gran aparato de seguridad e inteligencia para reducir los niveles de violencia que tienen a México entre los países más inseguros del mundo.
Apenas había pasado año y medio de su administración cuando cayó el primer comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, en medio de desencuentros con Osorio Chong y sus complicaciones para echar a andar una de las principales propuestas de Peña Nieto contra la inseguridad: la creación de una Gendarmería Nacional, en reemplazo de la Policía Federal (PF).
Según versiones de la propia corporación policial, Mondragón y Kalb nunca se entendió con Osorio Chong. Quería tratar directamente con el presidente, tal y como los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.
El proyecto de la Gendarmería acabó en un remedo. Ni Gobernación ni las Fuerzas Armadas se pusieron de acuerdo, dejando en el desamparo el proyecto presidencial (Proceso 1970). Mondragón y Kalb salió de la CNS en mayo de 2014. Lo reemplazó Monte Alejandro Rubido García, viejo integrante de los aparatos de seguridad y uno de los colaboradores más cercanos del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
Ante el desacuerdo en el gabinete de seguridad sobre si los civiles o los militares tendrían el control de la Gendarmería Nacional, el Ejército y la Marina se replegaron. A Rubido García no le quedó más que reducir la Gendarmería Nacional a una división más de la Policía Federal, que depende de la propia CNS.
Pero Rubido sólo duró año y medio en el cargo. Lo sentenció la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, en julio de 2015. Aunque dejó el cargo hasta agosto siguiente, Alejandro Rubido no pudo impedir su salida, pues además de tener bajo su mando a la PF, la CNS es la responsable de las prisiones federales, como la del Altiplano, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
El entonces comisionado del OADPRS, Juan Ignacio Hernández Mora, fue cesado. En su lugar llegó Eduardo Guerrero Durán, un cuestionado empresario de la seguridad privada que estuvo a cargo de los penales en el gobierno de César Duarte, en Chihuahua.
Otra propuesta de seguridad frustrada del gobierno Peña Nieto fue su oferta de anteponer la prevención a la represión. Presentada como divisa para diferenciarse de su antecesor, Felipe Calderón, y como parte de su decisión de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública federal y entregar sus funciones a la de Gobernación (Segob), impulsó la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.
Anunció entonces la creación, a cargo de esa subsecretaría, del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, concebido para prevenir los delitos a través de polígonos de seguridad municipales, sin considerar las fronteras estatales.
Pero esa subsecretaría ha destacado sólo por el cambio de funcionarios. Su primer titular fue Roberto Campa Cifrián, hoy subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, y quien estuvo en el cargo hasta abril de 2015. Fue reemplazado por el integrante del Partido Verde, aliado del PRI, Arturo Escobar.
El nombramiento fue ampliamente impugnado no sólo por el desconocimiento de Escobar en materia de seguridad, sino por sus pretensiones de operación electoral (Proceso 2032) desde ese espacio de gobierno. Su salida se precipitó cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos electorales (Fepade) solicitó una orden de aprehensión en su contra como probable responsable de delitos electorales durante la campaña de Enrique Peña Nieto.
Aunque al final la Fepade se desistió, Escobar tuvo que salir de la Subsecretaría. A duras penas se mantuvo medio año en el puesto. La dependencia quedó acéfala tres meses, hasta que en febrero de este año fue designado para ella Alberto Begné Guerra, otro improvisado en materia de seguridad.
PF, bajo la mira
En ese ir y venir de los principales funcionarios encargados de reducir la violencia, el único que ha acompañado a Osorio Chong en toda su gestión es el comisionado general de la PF, Enrique Galindo Ceballos, quien, sin embargo, ahora se encuentra bajo presión debido a la ejecución sumaria de 22 civiles, presuntos narcotraficantes, en Tanhuato, Michoacán, a manos de efectivos de la Policía Federal, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Aunque la PF había librado los cuestionamientos sobre la muerte de civiles en Apatzingán, también en Michoacán, en enero de 2015, la CNDH la puso contra la pared cuando el pasado jueves 18 dio a conocer su informe sobre la matanza en el Rancho del Sol, entre los municipios de Tanhuato y Ecuandureo.
El informe y recomendación del organismo ocurrió en momentos en que la corporación es sometida a una investigación por el enfrentamiento con civiles durante un frustrado desalojo de maestros disidentes en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, que dejó ocho muertos y decenas de heridos.
Incluso el organismo técnico encargado de evaluar las políticas de seguridad pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ha sido objeto de los vaivenes de Peña Nieto. Hasta ahora ha tenido cinco titulares. En promedio, no han durado ni un año.
Los nombramientos son hechos directamente por el presidente de la República, aunque ratificados por el Senado. Peña Nieto designó primero a José Ramón Martel, quien apenas duró un mes y ni siquiera fue ratificado por los senadores. Luego nombró a Monte Alejandro Rubido, a quien luego llevó a la CNS.
El tercero fue el exgobernador de Campeche Jorge Carlos Hurtado Valdez, quien salió para seguir su carrera burocrática en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y luego en la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El cuarto titular del SESNSP fue Jesús Muñoz Vázquez, quien sólo estuvo dos meses en el cargo. En diciembre del año pasado fue designado Álvaro Vizcaíno Zamora.
Uno de los fracasos más conocidos en el área de seguridad fue la designación de su amigo, Alfredo Castillo Cervantes, como comisionado especial de Seguridad en Michoacán. Sólo duró un año, de enero de 2014 a enero de 2015. Salió en medio del escándalo por la ejecución de civiles por parte de la PF en Apatzingán.
En lo que el gobierno federal llamó la “pacificación” del estado, Castillo le dio reconocimiento a una parte de los grupos civiles armados, sin importar sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. A otros, como José Manuel Mireles, quien se opuso a esa medida, lo persiguió y encarceló.
La mano de la Segob
En noviembre de 2014 el presidente propuso un decálogo en materia de seguridad en medio de la crisis por la desaparición, dos meses antes, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la que participaron policías municipales de Iguala, y de la ejecución sumaria de al menos 15 civiles, presuntos delincuentes, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, por parte de elementos del 102 Batallón de Infantería del Ejército en junio de ese año.
Entre las medidas está la creación del Mando Único Policial para quitarle el control de la seguridad a los municipios. La propuesta, sin embargo, se encuentra detenida en el Congreso, donde se espera que sea modificada y acabe en un mando mixto; es decir, que no todos los municipios dejen de tener cuerpos policiacos.
Propuso además cambios legislativos para definir las competencias de los municipios en delincuencia y combatir la infiltración de la delincuencia organizada en ese nivel de gobierno. Las modificaciones siguen pendientes. También falta legislar otra de sus propuestas: la creación de un Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).
Ese nuevo sistema vendría a integrar en una sola instancia toda la inteligencia que producen las dependencias civiles y militares para la seguridad en el país. En septiembre del año pasado, en su Tercer Informe de Gobierno, anunció que enviaría al Congreso una Ley de Seguridad Interior, pero que entonces apenas era un anteproyecto. Esa Ley permitiría la creación del SIN.
En la CNS lo único que Mondragón y Kalb concretó fue su propuesta de dividir el territorio nacional en cinco regiones para combatir a la delincuencia. Aunque esa política se mantiene, el resultado hasta ahora es que el país es tan violento como con Felipe Calderón (Proceso 2075), no obstante el periodo de un año de gracia que Peña Nieto pidió en marzo de 2013 para que ver “una reducción sensible” de la violencia y para ajustar su estrategia de seguridad.
Al igual que su antecesor, Peña mide sus éxitos en seguridad por las detenciones de cabezas del narcotráfico. De una lista de 122 “objetivos”, en diciembre pasado aseguró haber atrapado a 96; aunque la violencia de la delincuencia organizada se mantiene prácticamente en todo el país.
La Segob ha replicado el esquema de las cinco regiones en otra que se anunció como una nueva estrategia del gobierno federal para combatir la delincuencia: la creación de un Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cenfi) con cinco centros regionales (Cerfis).
Según el pasado informe presidencial, en diciembre de 2014 ya estaba terminada la obra civil del Cenfi y sus oficinas regionales, distribuidas en el noreste, noroeste, centro, occidente y sureste del país; las mismas zonas definidas por Mondragón y Kalb, ahora titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud.
Aunque la ubicación precisa de esos centros no se ha dado a conocer, de acuerdo con el Informe, los Cenfi del sureste y occidente empezaron a funcionar en abril y mayo del año pasado. El resto estaba siendo equipado tecnológicamente. En diciembre de 2015 Osorio Chong inauguró en Iguala el Cenfi de la región centro.
Los encargados directos de la operación de esos centros son la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, dependiente de la Segob).
El responsable formal del Cisen es Eugenio Ímaz Gispert, colaborador cercano de Osorio Chong desde el gobierno de Hidalgo. Sin conocimientos acreditados en materia de seguridad e inteligencia, Ímaz ha estado ausente del Cisen por motivos de salud.
Edmundo Salas Garza, exdirector de Análisis del Cisen, asegura que una de las fallas del gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad e inteligencia ha sido la de reproducir el esquema de las administraciones anteriores: mantener al órgano de inteligencia del Estado en manos del secretario de Gobernación.
Un órgano de inteligencia no puede estar sujeto a los vaivenes de orden político de una dependencia como la Segob, dice Salas Garza, maestro en seguridad nacional y profesor en la materia en el Instituto Nacional de Administración Pública.
El organismo de inteligencia debe estar más allá de cualquier secretaría, fuera de los avatares políticos a los que están sometidos los titulares de las distintas dependencias, y depender del presidente de la República, auxiliado con un comité o consejo asesor muy poderoso, que no ponga el énfasis en el uso de la fuerza, sino que sobre todo tenga una visión estratégica, considera.
La actual dependencia que tiene de la Segob influye en sus decisiones.
Ejemplifica: si el titular de la SEP, Aurelio Nuño, recibe del Cisen información de que sus acciones pueden radicalizar a los opositores de la reforma educativa y generar un problema mayor, el encargado de la Educación en el país puede considerar que el responsable del Cisen elaboró ese diagnóstico porque el secretario de Gobernación también tiene intereses a futuro y que fue enviado para ponerle piedras en el camino.
“Eso tiene que cambiar, el órgano de inteligencia debe dejar de depender de la Segob”, insiste.
En materia de inteligencia, en el gobierno de Peña “se han hecho parches, tratando de consolidar centros de inteligencia regionales. Ahí lo único que sucede es que participan los miembros de la inteligencia militar, de la inteligencia civil, de la inteligencia criminal, la PGR, y algunos de la inteligencia estatal.
“Pero no está claro quién va a coordinar. Lo más importante sería saber cuál es el esquema de la seguridad nacional y bajo qué orden se va a establecer una Agenda Nacional de Riesgos o las agendas locales de riesgos, para que no estén bajo las ocurrencias de los gobernadores o de los titulares de las entidades de inteligencia”, dice.
Para el especialista es mejor que no se haya presentado al Congreso la Ley de Seguridad Interior, porque a partir de una confusión sobre los efectos de las amenazas externas a la seguridad interior, se lograría el propósito de las Fuerzas Armadas de tener amplias facultades en materia de seguridad pública.
Lo que buscan los militares es que se les den garantías para actuar, sin necesidad de que los llame ninguna autoridad civil y sin necesidad de estar sujetos a ninguna reglamentación civil, porque la seguridad interior es el ámbito natural de las Fuerzas Armadas, dice.
“Si caemos en esa confusión, lo que vamos a hacer es elevar a rango de seguridad nacional aspectos que tienen que ver con la seguridad pública”, advierte.
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