- Testimonios de estudiantes que lograron escapar de la balacera y plagio masivo la noche del 26 de septiembre, donde 43 jóvenes siguen desaparecidos, han señalado la participación del ejército al retenerlos y amenazarlos cuando escapaban del ataque.
Mexico,D.F 25/Oct/2014 Las dudas de por qué no actuaron contra el grupo armado, que operó en conjunto con las policías municipales de Iguala y Cocula, y sí contra los normalistas, colocan en el reflector al general de brigada Alejandro Saavedra Hernández, quien lleva escasos cuatro meses de comandante de la 35 zona militar con sede en Chilpancingo, y responsable directo del batallón que tiene a su cargo Iguala. Como especialista en inteligencia, el general sabía qué factores confluyen en esa área de Guerrero. Porque algo no cuadra, comienzan a escucharse voces que señalan que los estudiantes no suelen ser un blanco enemigo para los narcos.
Agosto de 1967 fue el inicio del trazo del mapa de guerra que desde entonces marcó el centro y la montaña de Guerrero. Por esos días una marcha en Acapulco de trabajadores de la copra, como se le conoce al producto vegetal que se obtiene del coco, fue atacada a tiros por la policía lo que dejó un saldo de 40 muertos, docenas de heridos y más de un centenar de detenidos en la cárcel del puerto.
Meses atrás una huelga escolar que demandaba educación gratuita en el municipio de Atoyac, terminó con cinco muertos después de que fue reventada a balazos por la policía local. Lucio Cabañas el maestro rural egresado de la normal de Ayotzinapa, era quien encabezaba aquella protesta, tras su huida no volvió a aparecer en público y entró en la clandestinidad. Al paso del tiempo el gobierno lo acusó de estar detrás de la movilización de los ‘copreros’ para “tomar por la fuerza” la sede sindical. Desde entonces un juez le giró orden de aprehensión.
Semas después de la masacre de Acapulco, en septiembre de aquel año, la secretaría de la Defensa Nacional anunciaba la creación de la 35 zona militar con cabecera en Chilpancingo, que sumada a la 27 de Acapulco, se dividían la geografía del estado en dos. A la nueva comandancia militar le asignaban la sierra de Tlapa y Malinaltepec, la zona centro y norte del estado así como la Tierra Caliente.
Quizá por ello la mañana del pasado 2 de junio el general de brigada Alejandro Saavedra Hernández deslizó un comentario que generó suspicacias entre la clase política guerrerense. Ocurrió en la ceremonia de su toma de posesión como nuevo comandante de la 35 zona militar, en sustitución del general Juan Manuel Rico Gámez, donde estaba presente el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
—Conozco Guerrero y los retos que implica estar al frente del ejército en el estado—decía.
A unos metros como testigo estaba el general de división Martín Cordero Luqueño, comandante de la novena región militar con sede en Acapulco y jefe inmediato de los mandos de la 35 y la 27 zona, la cual ahora tiene su sede en el Ticuí, poblado a las afueras de Atoyac, y con área de responsabilidad en la costa y la sierra de Filo Mayor.
Saavedra Hernández no ahondó sobre su paso por la entidad, no dijo qué labor tuvo, pero en su expediente quedó anotado que en noviembre del año 2004 llegó como jefe de estado mayor de la 27 zona, cuando el comandante era el general de brigada Sergio Arau Cámara, un militar muy cercano desde tiempos del Colegio Militar con Mario Arturo Acosta Chaparro, el hoy fallecido general brigadier que marcó un hito en la “guerra sucia” en Guerrero.
Llamó la atención que en el mensaje el general Saavedra dejó entrever que sabía dónde estaba parado. Conocedor del tema de inteligencia y seguridad nacional, según su hoja de servicios, en los años del levantamiento zapatista en Chiapas tomó en el Cisen (Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional) el curso de “análisis de inteligencia estratégica”. También por esos años concluyó otros estudios relacionados con inteligencia y seguridad nacional, política internacional y análisis político. A Guerrero llegaba de Guanajuato, donde estuvo un año al frente de la comandancia de la zona 16 en Sarabia, y con el mismo cargo se desempeñó durante el año 2011 en la zona 11 que abarca Zacatecas. Saavedra era un oficial que graduó como subteniente de infantería en el Colegio Militar en 1974, el año en que tropas del ejército cazaron en la sierra de Atoyac a Lucio Cabañas.
Los informes que recibió Saavedra de su antecesor, eran que el narcotráfico había permeado todo a nivel local y había una incipiente reorganización de células guerrilleras incrustadas en diversos movimientos sociales. En el mapa aparecían demasiados focos rojos entre ellos Iguala y la normal rural de Ayotzinapa.
En marzo, dos meses antes de que el general Saavedra se hiciera cargo de la zona, el batallón 40 con sede en Ciudad Altamirano fue cambiado en su totalidad a San Luis Potosí. De aquella entidad llegó a Guerrero para hacerse cargo de la Tierra Caliente el batallón 34. El cambio se dio meses después de que se conocieran informes que involucraban a personal militar del 40 batallón en labores de protección al narco. En el año 2011 cuando el comandante era el coronel Pedro Chávez, fueron vinculados con la muerte de cinco campesinos en Ajuchitlán, poblado donde los militares fueron acusados de recibir dinero del narco.
El 40 de infantería había sido rebasado por el narco en los últimos años, a las acusaciones de estar infiltrado se le sumó el desbordamiento de la violencia en municipios bajo su jurisdicción como San Miguel Totolapan, Arcelia y la sierra de Tlacotepec, donde más de mil pobladores tuvieron que desplazarse de sus comunidades en los últimos tres años debido a amenazas y asesinatos de pistoleros del crimen organizado.
La “guerra sicológica”
El general Saavedra iba para cuatro meses al frente de la 35 zona militar cuando tropas de su jurisdicción actuaron como “cordón de seguridad” la noche del 26 de septiembre, cuando un grupo armado en coordinación con la policía municipal de Iguala, atacó a tiros a un grupo de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, donde seis personas murieron, y 43 jóvenes fueron secuestrados sin que a la fecha se sepa de su paradero.
Las versiones de los estudiantes que sobrevivieron tras huir del ataque, refieren que cuando escapaban de la balacera los soldados los retuvieron durante un tiempo en las inmediaciones del zócalo de la ciudad. “Cuando llegamos a las inmediaciones de la plaza, huyendo de los balazos, el ejército ya estaba patrullando. Nos jalan y nos retienen. Nos decían: ‘Cállense, cállense, ustedes se lo buscaron. Quería ponerse con hombrecitos, pues ahora éntrenle, éntrenle y aguántense’. Teníamos miedo, y rabia a la vez, porque no podíamos ni hablar, no pudimos ni recibir llamadas. Si alguien nos llamaba, un militar se ponía ahí a escuchar primero, nos iba diciendo lo que teníamos que decir, básicamente como que encubriéndose. Si podía recibir llamadas para que no se dieran cuenta que los tenemos pero no digas que te tienen los militares, tu di que estas bien, algo así le decían a los compañeros que estaban recibiendo llamadas”, narró uno de los jóvenes en un video que circula desde hace dos semanas en Internet.
En las últimas semanas, tras conocerse otros testimonios de los sobrevivientes, las dudas sobre el papel que tuvo el batallón 27, con sede en Iguala y responsable de los municipios contiguos, se han incrementado. Al día siguiente del ataque y desaparición de los 43 estudiantes, el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del batallón aseguró que ninguno de sus soldados había participado en los hechos. Al paso de los días los jóvenes los contradijeron, señalaron a sus subordinados de no actuar, de dejar pasar en sus vehículos a los pistoleros y permitir que se llevaran a sus compañeros.
Organizaciones defensores de derechos humanos se preguntaron en medios de comunicación nacionales, cómo fue posible que el convoy de patrullas y vehículos de hombres armados, a menos de cinco minutos del cuartel militar, no llamaran la atención de los soldados. Hace unos días volvieron a cuestionar a los militares a quienes acusaron de hostigar a las brigadas que realizan una búsqueda intensiva de los 43 desaparecidos en los cerros aledaños a Iguala. En algunos casos han impedido realizar inspecciones en áreas donde hay militares en labores de vigilancia.
En el medio militar llamó la atención que muy pocos medios de comunicación se preguntaran por qué uno de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa fue torturado y desollado, tras la balacera y el plagio masivo, como si se tratara de un mensaje de los que suele dejar el crimen organizado. Porque de tiempo atrás ese ha sido su sello, los testaferros del narco suelen decapitar o descuartizar a sus enemigos para después abandonar los despojos en la vía pública con la intención de sembrar el terror en sus adversarios, “calentar el terreno” o atemorizar a los habitantes del lugar. Este procedimiento está considerado un “arma” dentro de las llamadas “operaciones de guerra sicológicas”.
En una misiva enviada en días pasados por un jefe castrense retirado a la página de Internet del Centro de Análisis y Opinión Militar (Caomir), una web donde confluyen puntos de vista, opiniones y reflexiones de militares en retiro, se pregunta por qué el crimen organizado, como se le atribuye de manera oficial, pudo haber cometido el plagio y desaparición de los 43 estudiantes. ¿Qué buscaban, en qué lógica estaban? pregunta.
“Algo no encaja”, dice la misiva, “los estudiantes no son un blanco enemigo para los narcos, por el contrario son un mercado para sus negocios, ¿por qué se supone que los Guerreros Unidos cometieron esta atrocidad, si lógicamente el costo es más alto que los beneficios? ¿Por qué tendrían que tirar su cuerpo cerca de la zona industrial de Iguala en el periférico norte? ¿Julio César (nombre del joven asesinado) fue el mensajero de la muerte al que le tatuaron el mensaje de terror como advertencia para todo aquel incauto que se atreva a desafiar a un poder de quien sabe quién?”.
Fuente.-Juan Veledíaz
