- Viendo lo que sucede en el municipio de Iguala y el estado de Guerrero —y, antes pasó en Michoacán—, muchas autoridades locales han puesto sus barbas a remojar.
- No pueden darse el lujo de parecer indolentes frente al crimen organizado. Va de por medio su cargo. Y deje usted su cargo, lo que está en juego aquí es toda su carrera política.
Mexico,D.F 30/Oct/2014 (Excélsior) Por eso está de moda entre gobernadores y alcaldes parecer duros con la delincuencia. Esa moda quizá puede haber superado la de crear programas para regalar dinero público.
Una forma de mostrar rudeza con los criminales es organizar cuerpos de seguridad de élite. Y si puede asistir alguna figura política relevante a darles el banderazo de salida, pues mejor. Se trata de que sea lo más mediático posible.
Una de esas autoridades es Norma Leticia Salazar Vázquez, la alcaldesa de Matamoros, de extracción panista.
Hace casi un año, ella se había enfrascado en una polémica con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, luego de hacer un llamado a la población de su municipio a permanecer en sus casas por una serie de balaceras que se había registrado.
Esa vez, Osorio Chong afirmó que lamentaba el exhorto público de Salazar porque no tomaba en cuenta el trabajo de coordinación que realizaban la Federación y el estado de Tamaulipas para regresar la tranquilidad a una plaza que estaba “prácticamente abandonada”.
Hace tres meses, Matamoros inauguró un grupo táctico de seguridad al que se le puso el nombre de Hércules. Su función sería tan estratégica en el combate a la criminalidad que el número de elementos que lo conforman y el salario que éstos percibirían no fueron revelados.
Tocó presentarlo ante los medios al oficial mayor del ayuntamiento, Joe Mariano Vega Rodríguez, un personaje que ha sido señalado en los medios locales por estar acusado de fraude en el estado de Morelos y por vivir en Brownsville, Texas, a pesar de que la alcaldesa hizo la promesa durante su campaña de que todos sus funcionarios vivirían en Matamoros.
Al anunciar la puesta en marcha del Grupo Táctico Operativos Hércules Matamoros, Vega Rodríguez dijo que el nuevo cuerpo se coordinaría con los elementos de la Armada que trabajan en labores de seguridad en el municipio fronterizo.
El funcionario, quien informó que él, personalmente, estaría al frente del Grupo Hércules, describió así sus responsabilidades: “Ellos van a estar en los operativos, no son una policía, no son oficiales de Tránsito, es un grupo de ‘choque’, por así llamarlo, un grupo táctico-operativo para atender todas las situaciones de riesgo como secuestros, casas de seguridad; asistirán donde reporten enfrentamientos, es un grupo preparado y adiestrado para eso”.
Tras de afirmar que él había conocido todo el proceso de formación del agrupamiento, Vega metió la mano al fuego por sus muchachos. Dijo que eran incorruptibles, que estaban ahí para servir a la ciudadanía y que tenían buena preparación física y mental, así como “la sangre” (sic) para actuar en momentos delicados.
Sin embargo, no pasaría un trimestre antes de que el Grupo Hércules se viera involucrado en una grave acusación.
El lunes 13 de octubre, los hermanos Érica, Alex y José Ángel Alvarado Rivera fueron extraídos, presuntamente por elementos de ese agrupamiento, cerca del puente internacional Los Indios.
Los tres jóvenes —de 26, 22 y 21 años de edad, respectivamente— viven en Progreso, Texas, y habían ido al poblado de El Control, municipio de Matamoros, a visitar a su padre. Los tres son ciudadanos estadunidenses.
De acuerdo con el relato que hizo su madre, en entrevista con mi compañera Adela Micha, Érica y su novio estaban comiendo en un puesto de carne asada mientras esperaban la llegada de Alex y José Ángel, quienes llevarían una camioneta.
Dijo que personas que se encontraban en el lugar le contaron que se los habían llevado en un vehículo del Grupo Hércules.
Según medios de Estados Unidos, la embajada de ese país en México y el FBI ya están enterados de la desaparición de los tres jóvenes.
A reserva de cómo termine este caso, del que habrá que estar pendientes, es evidente que muchos gobiernos estatales y autoridades municipales están apostando por frenar a la delincuencia mediante la formación de corporaciones de este tipo.
El problema es que parecen ser soluciones mediáticas más que reales a una crisis de seguridad que tiene su origen en la ausencia del Estado de derecho. Lo que están haciendo en muchas entidades y municipios es combatir fuego con gasolina, cuando lo que se requiere son policías eficaces que sean firmes en la aplicación de la ley, pero con respeto a los derechos humanos.
Hay demasiados ejemplos de corporaciones policiacas a las que se les ha permitido lo que sea, en un intento por combatir el crimen, y acabaron en el abuso e incluso en la comisión de delitos.
Hace unos días, el propio secretario de la Defensa, refiriéndose al caso Tlatlaya, dijo que los militares no deben “rebajar sus actos a niveles que son propios de los delincuentes”, y que quienes lo hagan serán sancionados.
Deben tomar nota todos los gobernantes: su deber es aplicar la ley, pero hacerlo como debe ser, y no sólo pensando en salvar sus carreras políticas.
