El texto de Ernestina Godoy, fiscal general de la República (FGR), publicado por EL UNIVERSAL, construye un diagnóstico parcialmente sólido: el huachicol no se limita a las tomas clandestinas, sino que suele involucrar logística, documentación, comercialización y flujos financieros. Sin embargo, mezcla ese planteamiento con afirmaciones históricas y causales presentadas como hechos consumados, sin aportar expedientes, series oficiales, sentencias ni una metodología que las sustente.
Su sesgo central es institucional-autolegitimador: convierte una exposición sobre el delito en una justificación anticipada de la estrategia de la FGR y en un reparto político de responsabilidades.
Hay datos verificables: la ley especializada sí fue publicada el 12 de enero de 2016, y su catálogo incluye sustracción, resguardo, transporte, almacenamiento y distribución ilícita. También existe un estudio de UNU-WIDER que estima el robo global de petróleo en 133 mil millones de dólares anuales y entre 5% y 7% del mercado mundial de crudo y combustibles. Pero esos datos no prueban por sí mismos las relaciones causales que el discurso atribuye a 2006, la reforma de 2013 o 2018.
Hay sesgo
El discurso emplea cinco operaciones retóricas:
| Operación | Cómo aparece | Problema periodístico |
|---|---|---|
| Ampliación conceptual | Del “robo de combustible” a una “cadena” criminal completa | Es razonable como hipótesis de investigación, pero puede volver indistinguibles prácticas delictivas, irregularidades administrativas y evasión fiscal si no define cada conducta. |
| Cronología causal | 2006 “propicia” crimen organizado; 2013-2018 reforma energética vuelve al huachicol fuente central; 2018 inicia el esquema arancelario | Una secuencia temporal no demuestra causalidad. Faltan datos comparables, investigaciones judicializadas y explicación de mecanismos. |
| Desplazamiento de culpa | El problema escala con “colusión de autoridades”, reforma energética y empresas nacionales/extranjeras | No identifica autoridades, dependencias, empresas, permisos, aduanas, montos, carpetas o sentencias. Es una acusación política de baja trazabilidad. |
| Magnificación | “Gigantesca”, “tendencia global”, “mercado emergente”, “alta demanda garantizada” | Intensifica la alarma sin cuantificar el caso mexicano ni separar estimaciones globales de evidencia local. |
| Autolegitimación | “Defender las finanzas públicas”, “cerrar espacios”, “resultados alcanzados”, “cambio institucional” | Convierte objetivos declarados en logros insinuados. No informa cuántas investigaciones, órdenes, aseguramientos, judicializaciones, condenas o recuperaciones fiscales existen. |
Vamonos frase por frase
1. “Durante mucho tiempo… hablamos del huachicol como si se tratara únicamente del robo de combustible.”
Qué hace: abre con un hombre de paja moderado. Sugiere que la conversación pública ha sido reduccionista y que la fiscalía llega a corregirla.
Lo defendible: en el uso popular, “huachicol” se asoció fuertemente con perforaciones clandestinas y robo físico de combustibles, al que ahora se suma el «huachicol fiscal» ,contrabando de combustibles que ha sido deporte de MORENA y el oficialismo.
Sesgo o problema: “hablamos” diluye responsabilidades. ¿Quién habló así: prensa, gobiernos, Pemex, fiscalías, legisladores, analistas? Además, no demuestra que esa visión fuera dominante ni cuándo cambió.
El término huachicol se ha usado con frecuencia para referirse al robo físico de combustibles. Para investigar el fenómeno completo conviene distinguir también posibles esquemas de contrabando, falsedad documental, evasión fiscal y lavado de dinero, cuando existan indicios y pruebas de cada conducta.
2. “Esa imagen… sigue siendo parte del problema, pero de ninguna manera alcanza para describir el fenómeno completo.”
Qué hace: establece una dicotomía pedagógica: visión simple versus explicación compleja.
Retórica inflamada: “de ninguna manera” es un reforzador enfático, no evidencia.
Lo defendible: la legislación de 2016 contempla más que la extracción: también transporte, almacenamiento, distribución y otras conductas relacionadas.
Respuesta crítica:
La ampliación del concepto es pertinente, pero debe evitar una categoría elástica que convierta toda irregularidad comercial o aduanera en delincuencia organizada. Cada eslabón requiere una tipificación, evidencia y responsables identificables.
3. “La realidad es que el mercado ilícito de hidrocarburos es una cadena.”
Qué hace: usa “la realidad” como sello de autoridad y presenta una tesis criminológica como conclusión indiscutible.
Sesgo: la frase no distingue entre:
- robo o sustracción física;
- contrabando;
- clasificación arancelaria incorrecta;
- defraudación fiscal;
- operaciones con recursos de procedencia ilícita;
- complicidad empresarial o institucional.
No son automáticamente el mismo delito, ni todos requieren la misma prueba.
En ciertos casos, los delitos relacionados con hidrocarburos pueden involucrar extracción o ingreso irregular, traslado, almacenamiento, documentación, comercialización y ocultamiento de recursos. La existencia de esa estructura debe acreditarse caso por caso.
4. “Puede comenzar con la sustracción ilegal o con el ingreso irregular de petrolíferos al país…”
Qué hace: presenta dos modalidades como puntos de partida equivalentes: robo físico y contrabando o fraude aduanero.
Problema: “ingreso irregular” es demasiado amplio. Puede abarcar contrabando, subvaluación, errores de clasificación, falta de permisos, declaraciones falsas o incumplimientos administrativos. Un discurso fiscal debe ser más preciso que un discurso político.
Respuesta crítica:
La investigación debe determinar si el combustible fue sustraído ilícitamente o ingresó mediante conductas como contrabando, declaraciones aduaneras falsas o clasificación arancelaria fraudulenta.
5. “…se apoya en documentos, empresas y operaciones que pueden buscar dar apariencia de legalidad a lo ilícito…”
Qué hace: introduce una acusación de simulación legal y, en el subtexto, de lavado de dinero o uso de empresas fachada.
Lo correcto: el uso de documentación y estructuras corporativas puede ser parte de operaciones ilícitas.
Problema de prueba: “empresas” no equivale a “empresas culpables”. La redacción evita identificar sujetos y pruebas, pero deja instalada una sospecha generalizada sobre el sector privado.
Algunas investigaciones pueden involucrar documentos o estructuras societarias usados para ocultar el origen ilícito de los productos o recursos; su participación debe sustentarse en evidencia documental, financiera y pericial.
6. “Al inicio de este siglo se desarrollaron bandas locales de corte familiar, con una gran base social…”
Qué hace: ofrece una genealogía social del delito: de redes familiares locales a estructuras criminales complejas.
Sesgo: “gran base social” es una expresión cargada y estigmatizante. Puede sugerir complicidad comunitaria sin precisar si habla de protección, empleo informal, tolerancia, coerción, clientelismo o participación directa.
Problema histórico: carece de región, periodo exacto, fuente, número de bandas, registros de incidencia, encuestas, causas penales o investigación académica.
En algunas regiones se documentaron redes locales vinculadas con la extracción y comercialización ilícita de combustibles. Su composición, arraigo territorial y relación con las comunidades deben analizarse con evidencia regional, sin atribuir complicidad colectiva.
7. “Pero en 2006 inicia la proliferación… con la colusión de autoridades, lo que propicia la participación inicial de la delincuencia organizada.”
Qué hace: fija 2006 como punto de inflexión y conecta colusión estatal con expansión criminal.
Este es uno de los pasajes más políticos. La fecha coincide con el inicio del sexenio de Felipe Calderón y con la estrategia federal de seguridad, pero el texto no menciona gobierno, institución, entidad federativa ni funcionarios. El señalamiento queda insinuado, no documentado.
Problema lógico: hay dos saltos:
- De “colusión de autoridades” a “proliferación”.
- De esa proliferación a “participación inicial” del crimen organizado.
Para sostenerlo se requerirían datos longitudinales, casos judiciales y pruebas de vínculos institucionales.
Si la FGR afirma que desde 2006 hubo colusión de autoridades que facilitó la entrada de la delincuencia organizada, debe identificar niveles de gobierno, corporaciones, estados, funcionarios, investigaciones y resoluciones. De otro modo, la fecha funciona más como marca política que como conclusión probatoria.
8. “Entre 2012 y 2018, particularmente después de la Reforma Energética de 2013… el huachicol se convierte en una importante fuente de ingresos para la delincuencia organizada…”
Qué hace: sugiere que la reforma energética fue el factor decisivo o, al menos, un catalizador del crecimiento criminal.
Lo verificable: la reforma constitucional de 2013 y la legislación secundaria abrieron gradualmente actividades del sector energético a la participación privada; la importación privada de gasolina y diésel se habilitó posteriormente bajo permisos.
Lo no demostrado: que la reforma, por sí sola, convirtiera al huachicol en “una importante fuente de ingresos” del crimen organizado. Puede ser una hipótesis plausible, pero faltan:
- estimaciones por organización criminal;
- comparación antes y después de la reforma;
- información sobre permisos, supervisión y aduanas;
- expedientes que conecten actores privados con organizaciones criminales;
- delimitación entre robo físico y fraude de importación.
La apertura energética no prueba causalmente el crecimiento del huachicol. Para hacer esa afirmación, la fiscalía tendría que demostrar qué cambios regulatorios fueron explotados, qué controles fallaron, qué permisos se utilizaron y qué grupos criminales capturaron esas oportunidades. Confundir correlación temporal con causalidad convierte una investigación pendiente en veredicto político.
9. “…lo que da pie a enfrentamientos violentos contra el Estado, por lo que en 2016 se aprueba la Ley…”
Qué hace: arma una narrativa de necesidad: crimen creciente → violencia → respuesta legislativa inevitable.
Lo verificable: la ley se publicó el 12 de enero de 2016 y amplió el marco penal especializado para delitos de hidrocarburos.
Problema: la expresión “por lo que” presenta la ley como consecuencia directa de una sola causa. La producción legislativa suele responder a múltiples factores: pérdidas de Pemex, presión política, cambios procesales, seguridad energética, conflictos locales y discusión parlamentaria.
La ley de 2016 existió, pero atribuirla exclusivamente a enfrentamientos contra el Estado simplifica su origen. Debe distinguirse entre el contexto político de aprobación y la evidencia de que la norma haya reducido efectivamente el delito.
10. “Es a partir de 2018 que inicia la importación y exportación de hidrocarburos con una clasificación arancelaria incorrecta…”
Qué hace: presenta 2018 como fecha fundacional del llamado “huachicol fiscal”.
Problema factual y temporal: la apertura para importaciones privadas no empezó en 2018. La reforma de 2013 y los cambios regulatorios posteriores habilitaron permisos antes; una fuente especializada sitúa desde abril de 2016 la posibilidad de que empresas obtuvieran permisos para importar gasolinas y diésel.
Problema probatorio: decir que “inicia” en 2018 exige demostrar que antes no existía esa práctica o que adquirió desde entonces características nuevas y cuantificables. La frase parece diseñada para fijar un corte político conveniente.
Desde la apertura gradual de las importaciones privadas surgieron riesgos de subvaluación, clasificación indebida y simulación documental. Debe establecerse con datos cuándo se detectó cada modalidad, cómo evolucionó y qué controles fallaron.
11. “…lo que favorece la creación de vínculos entre la delincuencia organizada y empresas nacionales y extranjeras…”
Qué hace: enlaza dos sujetos socialmente sensibles: organizaciones criminales y empresas, incluidas extranjeras.
Sesgo: es una acusación amplia con alto impacto reputacional, formulada sin nombres ni evidencia individualizada. Sirve para dramatizar la amenaza y ampliar el campo de acción de la FGR.
Respuesta crítica:
Hablar de “empresas nacionales y extranjeras” sin identificar sectores, conductas, operaciones, beneficiarios finales y situación jurídica propaga una sospecha indiscriminada. La responsabilidad penal es individual y debe descansar en pruebas, no en nacionalidad corporativa.
12. “La dimensión económica del huachicol es gigantesca…”
Qué hace: usa un adjetivo totalizante para preparar al público para aceptar medidas extraordinarias.
Retórica inflamada: “gigantesca” no informa. Una fiscalía tiene que ofrecer montos, periodo, fuente, método de cálculo y margen de incertidumbre.
Sustituya “gigantesca” por cifras auditables: litros, valor comercial, impuestos omitidos, pérdidas acreditadas, aseguramientos, sentencias y recuperación de activos. Sin eso, la palabra funciona como alarma, no como dato.
13. “…el impacto internacional de este delito lo ha convertido en una tendencia global como mercado emergente…”
Qué hace: globaliza el problema mexicano y emplea lenguaje de mercado para describir una economía criminal.
Lo respaldable: UNU-WIDER ha difundido una estimación de 133 mil millones de dólares anuales en robo global de petróleo y una equivalencia de 5% a 7% del mercado global de crudo y combustibles.
Problema conceptual: “mercado emergente” es una metáfora económica que puede sonar sofisticada, pero no precisa si se refiere al robo, contrabando, adulteración, fraude fiscal o comercialización ilegal. Tampoco demuestra que México tenga la misma escala, mecanismo o posición dentro del problema mundial.
Un cálculo mundial no puede utilizarse como sustituto de una medición mexicana. La fiscalía debe separar el contexto global de las cifras nacionales y evitar importar conclusiones internacionales para sobredimensionar, sin prueba específica, el caso mexicano.
14. “El robo global de petróleo se estima en 133 mil millones de dólares… equivalente a entre el 5 y el 7%…”
Qué hace: introduce una cifra de autoridad académica.
Lo verificable: la estimación aparece en publicaciones de UNU-WIDER.
La cifra de UNU-WIDER es útil como contexto mundial, pero no prueba el tamaño del huachicol en México ni la eficacia de la FGR. El discurso debe informar el monto nacional, el método de estimación, las fuentes primarias y la proporción atribuible a cada modalidad delictiva.
15. “A diferencia de las drogas, este ilícito se traslapa con otros ilícitos, haciendo más difícil su persecución.”
Qué hace: presenta al huachicol como un delito excepcionalmente complejo, y prepara una explicación preventiva ante posibles resultados insuficientes.
Problema: es una falsa oposición. El narcotráfico también se traslapa con lavado, armas, trata, extorsión, corrupción, homicidio, fraude, control territorial y redes financieras. El traslape no distingue al mercado de hidrocarburos de otros mercados criminales.
El carácter multidimensional no es exclusivo del huachicol. Lo relevante no es afirmar que la persecución es difícil, sino informar qué capacidades faltan, qué coordinación interinstitucional existe, qué resultados ha tenido y qué obstáculos concretos persisten.
16. “Para México los delitos en materia de hidrocarburos son prioridad nacional.”
Qué hace: declara prioridad sin definir indicadores, recursos ni jerarquía frente a otros delitos.
Sesgo institucional: la frase busca dar centralidad política a la agenda de la fiscalía.
Si es una prioridad nacional, informe el presupuesto, las unidades especializadas, las metas, los estados prioritarios, el número de carpetas iniciadas, judicializadas y sentenciadas, así como los activos recuperados. La prioridad se demuestra con resultados y rendición de cuentas.
17. “La estrategia de combate frontal… significa defender las finanzas públicas, proteger la competencia legítima, cerrar espacios a la corrupción…”
Qué hace: encadena valores incuestionables: finanzas públicas, competencia, anticorrupción. Es una fórmula de legitimación.
Propaganda institucional: nadie puede estar “a favor” de evasión, corrupción o enriquecimiento ilícito; por eso la frase dificulta cuestionar la estrategia concreta. Pero apoyar el objetivo no obliga a aceptar el método, sus resultados ni sus costos.
Defender las finanzas públicas y combatir la corrupción son objetivos legítimos, pero no sustituyen la evaluación de la estrategia. ¿Qué acciones concretas ejecutó la FGR? ¿Contra quién? ¿Con qué pruebas? ¿Cuántas derivaron en vinculaciones a proceso, sentencias firmes, decomisos y recuperación fiscal?
18. “No se trata de perseguir solamente el último eslabón, sino de atacar toda la estructura.”
Qué hace: formula una promesa de persecución de alto nivel: no sólo operadores visibles, sino financiadores, facilitadores y beneficiarios.
Lo positivo: es un criterio razonable de política criminal. Perseguir únicamente a conductores, expendedores o personas de bajo rango suele dejar intacta la red.
La pregunta incómoda: ¿la FGR efectivamente está llegando a los niveles superiores? Sin nombres, órdenes de aprehensión, imputaciones y sentencias contra autores intelectuales, empresarios, agentes aduanales, funcionarios corruptos o beneficiarios financieros, la frase puede ser aspiracional.
La prueba de una estrategia contra “toda la estructura” no está en el enunciado, sino en la proporción de casos que alcanzan a mandos, financiadores, beneficiarios finales y servidores públicos, no sólo a detenidos de bajo nivel.
19. “Los resultados alcanzados, hasta ahora, son parte del proceso de cambio institucional que hemos emprendido.”
Qué hace: cierra con una afirmación de éxito deliberadamente vaga.
Es la frase más propagandística del texto. No identifica resultado alguno. “Proceso de cambio institucional” funciona como escudo: permite adjudicarse avances sin cuantificarlos y, a la vez, justificar carencias como parte de una transformación en curso.
No hay “resultados” sin indicadores. La FGR debe publicar un balance desagregado: carpetas abiertas, cateos, aseguramientos, litros decomisados, dinero recuperado, órdenes de aprehensión, judicializaciones, sentencias condenatorias, absoluciones, funcionarios procesados y daños fiscales reparados. Sin esa información, “cambio institucional” es una consigna, no una rendición de cuentas.
Lo que el texto omite
Para pasar de discurso a explicación comprobable, faltarían al menos estos elementos:
- Cifras mexicanas desagregadas: pérdidas por robo físico, contrabando, subvaluación, clasificación indebida, evasión de IVA e IEPS y lavado de recursos.
- Serie histórica verificable: tomas clandestinas, litros extraídos, decomisos, denuncias, judicializaciones y sentencias por año, sin seleccionar sólo los periodos políticamente útiles.
- Identificación de la colusión: dependencias, mandos, agentes aduanales, empresas, permisos, contratos, puertos, aduanas y entidades federativas involucradas.
- Definición legal precisa: qué entiende la FGR por “huachicol fiscal” y bajo qué tipos penales investiga cada modalidad.
- Prueba de causalidad: no sólo que una reforma o fecha coincidió con un cambio, sino cómo produjo ese cambio y qué evidencia lo acredita.
- Resultados comprobables de la FGR: una lista de casos judicializados y sentencias firmes, no únicamente operativos, comunicados, aseguramientos o carpetas abiertas donde la constante que mas se advierte es sin detenidos.
- Responsabilidad institucional actual: el texto enfatiza herencias y etapas previas, pero no explica qué controles federales, aduaneros, fiscales y regulatorios han fallado en el presente.
Con información: ERNESTINA GODOY/FISCAL FGR/ELUNIVERSAL+
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