Omar García Harfuch parece librar una guerra en dos frentes: contra los cárteles y contra el propio aparato de seguridad que, se supone, debería respaldarlo. Mientras Washington lo trata como interlocutor privilegiado, en Palacio y dentro del gabinete mexicano lo dejan operar con el respaldo a medias y el presupuesto en manos de otros.
Las dos trincheras de Harfuch
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana no sólo persigue capos, laboratorios, cargamentos y operadores del narco. También carga con una disputa menos visible —pero quizá igual de determinante— dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum: conseguir coordinación, recursos y margen de maniobra frente a unas Fuerzas Armadas que conservaron el poder operativo, presupuestal y político que les fue otorgado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La paradoja es de colección: Harfuch es presentado como la punta de lanza contra los cárteles, pero no controla plenamente la maquinaria con la que debe enfrentarlos. Tiene la responsabilidad de apagar el incendio, mientras otros administran el agua, las mangueras y hasta las llaves del hidrante.
Del “abrazos” al operativo
La actual administración, según el texto de ZETA, ha intentado mantener el discurso de soberanía y los reproches a Estados Unidos por casos como la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. Pero, por debajo de esa alharaca pública, la realidad parece más pragmática: hay entendimiento operativo con agencias estadounidenses para golpear a las organizaciones criminales.
Es un giro relevante respecto a la doctrina de “abrazos, no balazos”, convertida durante el lopezobradorismo en política de seguridad y, para sus críticos, en una coartada de impunidad. El episodio de Ovidio Guzmán —liberado en 2019 y detenido posteriormente otra vez— resume aquella contradicción: el Estado mexicano cedía ante el narco, mientras después debía corregir bajo presión externa.
El favorito de Washington
Del otro lado de la frontera, García Harfuch no parece precisamente aislado. Exfuncionarios y mandos de la DEA han elevado su perfil como el socio mexicano con quien sí se puede hablar de detenciones, inteligencia, decomisos y cooperación bilateral sin pasar por el pantano de las declaraciones ceremoniales.
Derek Maltz, exdirector de la DEA, incluso difundió una imagen de estética hollywoodense —generada con inteligencia artificial— donde Harfuch aparece como protagonista de la “guerra contra el terror de los cárteles”. El mensaje era casi un tráiler: resultados, acción y cooperación México-Estados Unidos. Nada sutil, pero sí revelador.
Terrance Cole, actual titular de la DEA según el artículo, también habría descrito a Harfuch como un interlocutor cotidiano y aliado para reforzar apoyo tecnológico y coordinación contra el crimen organizado. En pocas palabras: para las agencias estadounidenses, Harfuch es el contacto; para parte del gabinete mexicano, pareciera ser el invitado incómodo.
El problema no es sólo el narco
La pieza de ZETA plantea una lectura incómoda: la eficacia de Harfuch no depende exclusivamente de su estrategia contra los grupos criminales, sino de si logra romper la inercia institucional que concentra atribuciones y recursos en el ámbito militar.
México presume que combate a los cárteles con una política propia, pero el retrato es menos heroico: un secretario civil respaldado desde Washington, limitado puertas adentro y obligado a demostrar resultados en un sistema donde la coordinación puede ser más escasa que las ceremonias, las fotografías y los discursos sobre soberanía.
La guerra de Omar, entonces, no consiste únicamente en capturar criminales. También consiste en sobrevivir políticamente a un gabinete donde todos hablan de seguridad, pero no todos parecen dispuestos a cederle las herramientas para ejercerla.
Con información: ZETA TJUANA/ADELA BELLO/
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