La historia es, básicamente, esta: en Salvatierra el narco se llevó a la maestra Lupita a plena luz del día, el Estado la encontró en una fosa con 79 cuerpos más… y ahora la Suprema Corte tiene que decidir si en México el crimen organizado también tiene derecho adquirido a silenciar testigos con total impunidad.
La mañanita feliz de Pedro
Pedro desayunaba con su mamá cuando vio cómo dos motos, una amarilla y una roja, le cerraban el paso a una camioneta negra en la calle Morelos. Bajaron a la maestra Lupita y a Ulises a punta de pistola, los subieron atrás y luego aparecieron enterrados en una fosa clandestina, junto a 79 personas más, a unas cuadras del levantón. A Pedro y a su familia los amenazaron al día siguiente, pero aun así fueron al Ministerio Público a contar lo que vieron; cuatro años después, milagro: ya no recuerdan nada, ni siquiera que alguna vez declararon.
La cereza del pastel fue verlos llegar a audiencia bajándose del coche… de los abogados de los presuntos responsables. Eso sí, luego en juicio aseguraron con toda tranquilidad que ellos jamás dijeron lo que está videograbado, firmado y ratificado.
Cómo matar dos veces a una víctima
A Lupita la desaparecieron el 29 de febrero de 2020, la encontraron meses después en una fosa de Salvatierra, con un tiro en la cabeza, junto a Ulises. Su papá y su mamá la buscaron hasta identificar sus restos, y su hermano, Francisco Javier, se metió de lleno a la Comisión Estatal de Búsqueda para ayudar a otras familias. La respuesta del crimen fue pedagógica: a Francisco lo asesinaron en 2021, por atreverse a exigir justicia por su hermana.
El mensaje quedó clarito: buscas, te matan; declaras, te amenazan; te organizas, te ejecutan. Y mientras tanto el sistema judicial se toma tres años para arrancar un juicio que se pospuso once veces, casi siempre por maniobras de la defensa. En Guanajuato la justicia llega tarde, mal y, si se puede, nunca.
Tribunales de circo, nárcopsicología y memoria selectiva
En agosto de 2024, un tribunal absolvió a El Grillo, El Chore, El Moreno yLa Gringa porque, oh sorpresa, los testigos se retractaron en el juicio y dijeron que no vieron nada.
La jueza trató la retractación, hecha bajo miedo y control territorial del narco, como si fuera la versión más pura y virginal de la verdad. Los ministerios públicos, psicóloga incluida, fueron a explicar que las primeras declaraciones se tomaron sin coacción y con estabilidad emocional, pero el tribunal prefirió creerle a los que llegaron en la camioneta de la defensa.
Luego la Cuarta Sala Penal de Guanajuato tuvo que entrar a explicar lo obvio: que la memoria no es una cámara, que el contexto cuenta y que la “psicología del testimonio” existe para algo más que para adornar sentencias.
Concluyó que Pedro y su familia distorsionaron deliberadamente su dicho por miedo, que sus declaraciones iniciales eran coherentes y concordantes, y que los cuatro acusados eran responsables. Resultado: revocan la absolución, condenan… y dos de los cuatro condenados simplemente no se presentan a la audiencia de sanción y quedan prófugos, como si el sistema de justicia fuera Airbnb.
SCJN: ¿el narco manda callar o no?
Cuando los condenados promovieron amparo, el Primer Tribunal Colegiado de Guanajuato decidió no resolver nada y aventarle la papa caliente a la Suprema Corte.
El problema jurídico es tan absurdo que da pena explicarlo: la ley prevé qué hacer si el acusado impide físicamente que un testigo llegue al juicio, pero no dice nada si el testigo sí llega… pero llega disciplinado por el narco.
Así que ahora los magistrados le piden a la Corte que, por primera vez, se pronuncie sobre qué hacer cuando el testigo miente por amenaza del crimen organizado. Todo esto en un país con más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas, donde las fosas clandestinas son más abundantes que las bibliotecas públicas.
Mientras tanto, uno de los quejosos del amparo, El Moreno, tuvo la fineza de promover su recurso estando prófugo de la justicia. Que un prófugo litigue su condena mientras el Estado no puede ni encontrarlo es el resumen perfecto del pacto fáctico: la delincuencia organizada desaparece personas, el sistema desaparece justicia.
Testigos desprotegidos, Estado tercerizado
Hoy los papás de Lupita viven desplazados, con dos hijos asesinados y la experiencia directa de cómo un testigo puede cambiar de opinión… cuando el Estado lo deja solo a merced de los mismos que enterraron a su hija. La propia madre lo dice: los criminales hacen lo que hacen porque se les permite y porque las autoridades no pueden –o no quieren– proteger a un testigo con mecanismos reales de seguridad.
Así que la pregunta de fondo no es solo si la SCJN atraerá un caso de fosa clandestina –sería la primera vez–, sino si va a seguir validando un modelo donde el narco dicta qué se recuerda, qué se olvida y quién se atreve a abrir la boca. Porque en Salvatierra ya quedó claro: a Lupita la secuestraron los sicarios, pero quien verdaderamente la desaparece del mapa público es un sistema que acepta, con toda calma, que los testigos viajen en el coche de la defensa… y salgan diciendo que no vieron nada.
Con informacion: MILENIO/LAURA SANCHEZ LEY/
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