Siete electricistas que salen a instalar cables y terminan engullidos por el “tramo del terror” son la versión 2026 de la misma broma macabra: en México desapareces, el Estado bosteza, y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNLO)suma otro numerito para la gráfica de horror mientras Sheinbaum sigue vendiendo “fortalecimiento institucional” como si no estuviéramos parados sobre una fosa común abierta.
País fábrica de ausentes
México arrastra ya más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas, una emergencia humanitaria que el gobierno administra como si fuera inventario de bodega, no tragedia de Estado.
En la última década, los reportes de desaparición aumentaron 213%, de 4,114 en 2015 a 12,872 el año pasado, pero la narrativa oficial insiste en que “vamos bien” porque lo dicen las mañaneras y las grafiquitas mentirosas.
El podio del horror, según el propio RNPDNO, pone al Estado de México, Tamaulipas y Jalisco como los campeones nacionales en fabricar no localizados: alrededor de 14,7 mil, 13,6 mil y 12,6 mil personas, respectivamente.
Es decir, hay estados donde el negocio no es gobernar, sino administrar ausencias; donde desaparecer equivale a morir, y si no hay cadáver, mágicamente también baja el homicidio y sube la “percepción de seguridad”.
Sheinbaum, récords y eufemismos
En el primer año de Claudia Sheinbaum, el RNPDNO reportó más de 14 mil personas no localizadas, un aumento de 20% respecto al primer año de López Obrador, pero el discurso sigue culpando al “crimen organizado” como si el Estado fuera un espectador mal sentado, no el árbitro comprado.
La presidenta ha repetido que “la mayoría” de las desapariciones están ligadas al crimen organizado y no son una práctica generalizada del Estado, desmintiendo, de paso, al propio Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que ve un patrón sistemático.
Mientras tanto, organizaciones y medios documentan más de 131–133 mil reportes acumulados, decenas de miles de cuerpos sin identificar y miles de fosas clandestinas, pero el gobierno prefiere hablar de “deficiencias en la plataforma” en lugar de aceptar que el país entero es un expediente extraviado.
En números humanos, no de Excel: en México desaparecen diariamente entre 40 y 50 personas; cada día es una tanda de familias condenadas a la búsqueda eterna, mientras el Palacio Nacional presume “mesas de seguridad”.
Tamaulipas, altiplanos y “tramos del terror”
Tamaulipas ,bajo el gobierno e Morena y Americo Villarreal se consolida como segundo lugar nacional en desapariciones, un agujero negro donde el levantón es rutina, no excepción; allí la estadística crece al mismo ritmo que la vergüenza institucional se encoge.
Pero el virus se esparce: hoy son siete trabajadores de Cárdenas, San Luis Potosí, que salieron a instalar electricidad y desaparecieron en la oscuridad de la Carretera 57, justo en la ruta Matehuala–Saltillo bautizada, con precisión brutal, como el “tramo del terror”.
En ese corredor sobran relatos de asaltos, plagios, ponchallantas, migrantes cazados como mercancía y denuncias enterradas en Ministerios Públicos que trabajan más para el archivo muerto que para las víctimas.
Lo más obsceno es que la carretera solo se volvió tema nacional cuando asaltaron a la avanzada de la propia Presidenta inicial y dolosamente desmentido; antes, las familias, traileros y migrantes eran estadísticas desechables, no motivos de operativo urgente.
Analogías con otros infiernos “legales”
Si buscamos un espejo, México se parece cada vez más a los momentos más cínicos de Colombia en los noventa o a la actual Rusia de Putin: territorios donde el Estado de derecho existe en papel couché, pero en la práctica manda quien tiene el fusil, el contrato o la chequera.
En aquellos lugares también se normalizó que la gente desapareciera en zonas perfectamente identificadas, con patrones evidentes, mientras los gobiernos juraban “no ser responsables” y atribuían todo al crimen organizado, como si la omisión sistemática no fuera complicidad.
La diferencia es de estilo, no de fondo: allá lo maquillan con discursos patrióticos, aquí con conferencias matutinas y promesas de “nuevos censos” para ordenar el desastre de cifras que ellos mismos dejaron crecer.
En ambos casos, el chiste cruel es el mismo: el imperio de la ley es un decorado de cartón piedra, útil para tomarse la foto, inútil para impedir que un grupo armado convierta una carretera federal en línea de producción de desaparecidos.
Tragedia mínima: siete nombres, un país roto
Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Raciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo son, por ahora, solo nombres flotando en la incertidumbre: electricistas que avisaron que ya venían de regreso y se desvanecieron en el mapa, entre Cárdenas y Matehuala.
Su última ubicación, en la zona cercana a la Carretera 57, es un recordatorio de que en México salir a trabajar ya se parece demasiado a entrar a una ruleta rusa donde el Estado no solo no quita las balas, sino que ni siquiera se molesta en revisar el tambor.
No hay información oficial sobre su paradero, pero sí hay toneladas de información sobre cómo llevan años denunciando ese tramo, sus asaltos, sus plagios y sus desapariciones; lo que no hay es voluntad real para desmantelar la cadena de impunidad que lo sostiene.
En el país donde desaparecer equivale a morir y donde si no encuentran el cadáver hasta bajan los homicidios, el caso de estos siete no es una excepción trágica: es la norma brutal de un sistema que ya decidió que la vida del ciudadano común es perfectamente prescindible.
