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jueves, 20 de marzo de 2025

“CATERVA de DIPUTADOS PANISTAS IGNORANTES PROPONE 140 AÑOS de CARCEL para quien RECLUTE INTEGRANTES del CRIMEN ORGANIZADO”…pero no dicen “quien las va hacer valer”.


El PAN en la Cámara de Diputados presentó un paquete de iniciativas para castigar hasta con 140 años de prisión a integrantes del crimen organizado que cometan el delito de reclutamiento ilícito, así como a los funcionarios y políticos que se coludan para solapar y promover esta conducta delictiva.

En conferencia, el diputado Héctor Saúl Téllez indicó que su bancada propondrá la tipificación del delito de reclutamiento ilícito, con penas que vayan de los 80 a los 140 años de prisión, toda vez que este delito es la principal fuente de engrosamiento del crimen organizado.

Actualmente, agregó, se estima que entre 190 mil y hasta 220 mil personas están relacionadas con la delincuencia organizada, lo que equivale a la nómina de todos los Oxxo del País o de Petróleos Mexicanos (Pemex) y se prevé que entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y jóvenes son reclutados cada año.

Téllez sostuvo que en los últimos seis años la desaparición de personas ha crecido en al menos 100 por ciento, de ahí que las más de 124 mil personas registradas como desaparecidas es el equivalente a llenar un Estadio Azteca y es prácticamente la mitad del número de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.

El diputado Enrique García agregó que propondrán que la colusión de políticos que participe o facilite las condiciones para el desarrollo de las actividades de grupos delincuenciales y del narcotráfico sea castigada con la pena máxima que existe en el País, que es de 140 años.

El legislador dijo que la misma pena se aplicaría a los integrantes del crimen organizado que se coludan con políticos, además de que plantean que el delito no prescriba, toda vez que se trata de un ilícito que pone en riesgo a las instituciones encargadas de salvaguardar la integridad, así como el modelo de selección de candidatos en un contexto en el que está próxima la elección de jueces, magistrados y ministros.

“Tenemos que eliminar de raíz este problema y es una relación de complicidad entre políticos y grupos delictivos y en muchos casos, políticos encabezan grupos delictivos”, afirmó.

Leyes y mas leyes

La reciente propuesta del PAN para castigar con hasta 140 años de prisión el reclutamiento ilícito y la colusión de funcionarios con el crimen organizado evidencia una paradoja recurrente en la política mexicana: la obsesión por crear nuevas figuras jurídicas sin resolver los problemas estructurales que impiden su aplicación efectiva.

Los límites de la legislación punitiva

  • Las iniciativas buscan tipificar el reclutamiento forzado con penas de 80 a 140 años, y castigar a políticos que faciliten actividades criminales. Sin embargo, México ya cuenta con 124,000 personas desaparecidas y entre 35,000-45,000 menores reclutados anualmente, cifras que demuestran el fracaso sistémico en la implementación de leyes existentes.
  • El 36% de los recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda se subejercieron entre 2019-2023, revelando inoperancia institucional. Mientras, el presupuesto para seguridad se redujo 36% en 2025, limitando capacidades operativas.

Contradicciones en el sistema judicial
La reforma judicial aprobada en 2024, que concentra poder en el Ejecutivo para nombrar jueces, debilita los mecanismos de contraloría necesarios para aplicar estas nuevas leyes. Organizaciones civiles alertan que esto erosiona el Estado de derecho, creando un círculo vicioso: más leyes severas, menos garantías para su cumplimiento imparcial.

Problemas no atendidos

Las iniciativas del PAN ignoran que el crimen organizado opera mediante redes clientelares que permeaban 214 municipios en 2024, y que el 60% de los casos de desaparición involucran complicidad oficial, cita INTEGRALIA.Proponen “penas máximas” en un sistema carcelario con sobrepoblación del 120%, sin mencionar estrategias de reinserción o prevención.

Mientras legisladores anuncian medidas mediáticas, el gobierno federal reduce en 36% el presupuesto para seguridad, y mantiene una política de recorte a órganos autónomos que deberían fiscalizar estas leyes. La paradoja es clara: se multiplican las normas, pero se desmantelan los contrapesos necesarios para aplicarlas.

Con informacion: ELNORTE/

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