Cuatro militares responsables de la muerte de cinco jóvenes y de herir a otros dos en Nuevo Laredo en febrero de 2023 fueron sentenciados a 40 años y 9 meses de prisión, según informó el abogado de las víctimas, Edgar Netro Acuña.
La sentencia fue dictada por el juez Juan Gonzaga Sandoval en el Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa.

Además de la pena carcelaria por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, el juez ordenó al comandante del Décimosexto Regimiento de Caballería ofrecer una disculpa pública a los familiares de las víctimas.
Los sentenciados son Juan Carlos Gámez Mendoza, Agustín Cornelio Sánchez Reyes, Bernardo Reyes Sánchez y Jorge Nicolás López, quienes permanecen bajo custodia en el Campo Militar Número 1.
Contexto del crimen
Los hechos ocurrieron cuando siete jóvenes regresaban de una discoteca tras celebrar el próximo nacimiento del hijo de Gustavo Ángel Suárez Castillo (21 años). Al ser perseguidos por al menos tres vehículos militares en el crucero de Méndez y Huasteca, recibieron 117 disparos, según la Fiscalía General de la República (FGR).
Las víctimas mortales fueron:
- Gustavo Ángel Suárez Castillo (estadounidense, conductor de la camioneta)
- Wilberto Mata Estrada
- Jonathan Aguilar Sánchez
- Alejandro Trujillo Rocha
- Gustavo Pérez Benítez
Los sobrevivientes Alejandro Pérez y Gerardo narraron que los militares los sometieron, intentaron plantarles armas y grabar una confesión falsa[9][12]. Alejandro declaró: “Me preguntaron si quería vivir o morir. Les dije que vivir, y me obligaron a declarar que huíamos”.
Claves del proceso judicial
- Testimonio decisivo: El capitán Elio Conde Toledano, comandante del operativo, admitió que los cabos actuaron sin órdenes superiores.
- Pruebas forenses: Balística confirmó que los militares usaron fusiles Galil ACE, arma reglamentaria del Ejército. La camioneta de las víctimas presentó 20 impactos de bala.
- Componente de género: El juez Juan Gonzaga Sandoval consideró agravante la ejecución extrajudicial y la criminalización mediática de las víctimas en redes procastrenses.
Medidas adicionales
El fallo incluyó:
- Disculpa pública del comandante del regimiento hacia las familias
- Investigación abierta contra el general Miguel Ángel Ramírez Canchola (exjefe militar en Nuevo Laredo) por presuntas ejecuciones en 2024.
Repercusiones
- ONU-DH calificó el caso como “ejemplo de justicia ante violaciones a derechos humanos”.
- Familiares exigieron reformas estructurales para evitar impunidad castrense, citando 107 casos similares documentados desde 2009.
- La defensa de los condenados apeló ante el Tribunal Colegiado, aunque analistas consideran improbable que reviertan las condenas dadas las pruebas.
Este fallo marca un precedente en México, donde menos del 5% de los casos de violencia militar contra civiles llegan a sentencia. Sin embargo, organizaciones civiles señalan que persiste un patrón de brutalidad institucional en zonas fronterizas.
Con informacion: ELNORTE/
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