Al menos siete ministros de la Suprema Corte presentarán su renuncia. La salida se hará efectiva en agosto de 2025, cuando sean reemplazados por los nueve ministros electos en el proceso estipulado por la Reforma Judicial.
El movimiento está atado al proyecto de sentencia que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara y que considera declarar la invalidez de la elección de jueces y magistrados federales, la remoción masiva de juzgadores, la figura de jueces sin rostro, la inacatabilidad de las sentencias del Tribunal de Disciplina y la prohibición para suspender normas generales en el juicio de amparo.
“Pretender quedarnos por quedarnos me parece absurdo. Hay que saber cuándo uno ya no es útil y cuándo ponemos en peligro a las instituciones”, dijo González Alcántara al periódico Reforma. Los ministros que presentarán su renuncia argumentan que ha concluido el ciclo judicial iniciado con la reforma de 1994 promulgada por el presidente Ernesto Zedillo.
Los ministros salientes son aquellos integrantes de la Suprema Corte que se han caracterizado por mantener independencia respecto a los gobiernos de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador. Las tres ministras afines al oficialismo utilizarán su pase automático para participar en la elección judicial de junio de 2025: Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres.
La renuncia de los ministros se ha interpretado como una acción de sacrificio para evitar una crisis constitucional y un fiasco electoral. El proyecto de sentencia de González Alcántara, que responde a acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos de oposición, avala la elección popular de ministros de la Corte, de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de magistrados del Tribunal de Disciplina. También acepta la validez de otras medidas estipuladas en la Reforma Judicial: una estricta política de austeridad, la extinción de fideicomisos, la integración de un Tribunal de Disciplina, la creación de un órgano administrativo y el establecimiento de plazos para resolver sentencias.
El ministro González Alcántara entiende este proyecto de sentencia como un ofrecimiento político al gobierno de Claudia Sheinbaum, una decisión salomónica que salvaguarda los principales elementos de la Reforma Judicial, pero que evita aquellas disposiciones que expertos consideran inaplicables.
De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, la primera elección de jueces y magistrados tendrá un costo de 13 mil millones de pesos. El proyecto de sentencia de González Alcántara argumenta que no existen “condiciones jurídicas suficientes” para garantizar la integridad del proceso electoral.
El gobierno federal y las bancadas de Morena en el Congreso han reaccionado de manera adversa a este movimiento de los ministros de la Suprema Corte. Ricardo Monreal, coordinador de mayoría en la Cámara de Diputados, sostiene que el máximo tribunal no puede ser impedimento de la voluntad del “poder constituyente”. Adelantó que no acatarán la sentencia de la Suprema Corte.
La presidenta Claudia Sheinbaum se ha expresado en el mismo sentido: en la conferencia de prensa matutina del martes dijo que el proyecto de sentencia no tiene validez jurídica dado que los partidos políticos no tienen permitido promover acciones de inconstitucionalidad. “Lo que están haciendo los ministros es inconstitucional”, indicó la presidenta. Arturo Zaldívar, ex ministro presidente de la Suprema Corte y actual coordinador general de Política y Gobierno en Presidencia, expresó en el noticiero de Ciro Gómez Leyva que los ministros se han embarcado en una cruzada de “activismo político”.
En respuesta al proyecto de sentencia de González Alcántara, Morena ha acelerado el proceso de aprobación de la reforma constitucional que pretende impedir que los cambios a la Constitución sean impugnables mediante juicios de amparo, acciones inconstitucionalidad y controversias constitucionales. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la reforma. La iniciativa será votada en el Pleno esta tarde.
“Lo hacen porque están conscientes de que la Corte sí puede revisar la Constitución y entonces se quieren curar en salud… si estuvieran seguros no harían esas cosas”, agregó a Reforma el ministro González Alcántara.
Con informacion.-CODIGO MAGENTA/
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