¿Qué pasó?
A raíz del espionaje ilegal de que fue objeto el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República (FGR) está litigando contra Telmex un caso de primera relevancia para el futuro de la privacidad en México.
¿Por qué importa?La filtración de una llamada de Gertz Manero con su operador más cercano en la fiscalía, Juan Ramos López, reveló que se intentó presionar a miembros de la Suprema Corte en relación al caso de su familia política. Esto puso en duda la integridad del más alto funcionario encargado de la aplicación de la ley en el Estado mexicano.Ahora, el gobierno federal le ha pedido a la compañía de telecomunicaciones que revele la información del usuario cuya dirección IP está asociada al espionaje de la línea de Alejandro Gertz Manero.
El contexto:
A mediados de marzo, tras comparecer ante miembros del Senado, Ricardo Monreal aseguró que el fiscal General les informó a los legisladores la apertura de una carpeta de investigación sobre el espionaje del que fue objeto y que pronto caerían los responsables.“Saldrá a la luz su investigación del espionaje ilegal sobre las intervenciones ilegales; está abierta la posibilidad de que sean entes públicos o privados”, indicó Monreal el pasado 18 de marzo, luego de darle el ‘espaldarazo’ a Gertz Manero.
Los detalles:
De acuerdo con Javier Tejado Dondé, columnista de El Universal, la FGR habría iniciado una serie de investigaciones por el espionaje del que han sido objeto diversos actores políticos, pero la más mediática es hasta ahora la intervención ilegal que sufrió el fiscal Gertz Manero.
El objetivo de las indagatorias se centra en dar con quienes hicieron la grabación ilegal, así como con aquellos que a hayan difundido, dos aspectos que deben ser sancionados conforme al Código Penal y la Ley de Telecomunicaciones.Inclusive, las formas en que las autoridades federales o locales solicitan e investigan los temas relacionados con operadores telefónicos están reguladas a través de una serie de lineamientos regulados desde 2015 por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Sin embargo, aunque los operadores han colaborado con las autoridades en casos de secuestros de personas, han sido reticentes en entregar cualquier otro tipo de información de los usuarios solicitada por los Ministerios Públicos, sobre todo de índole personal.Según analistas, los operadores de telecomunicaciones no tendrían problema en resolver dichas solicitudes, si existiera de por medio una orden de un juez federal, una vía que muy rara vez es utilizada por las autoridades.
Tejado Dondé agrega en su artículo que las compañías temen que por compartir datos sensibles de particulares se vean envueltos en una lluvia de demandas, además de sufrir la pérdida masiva de clientes si se enteraran de algo así.
Aunque está claro que en el caso específico del fiscal, la filtración se habría dado desde su número Telmex particular, incluyendo a algunos de los empleados de la empresa en las escuchas, el diferendo entre la FGR y la telefónica es averiguar a quién pertenece la IP del celular que subió los audios a YouTube.
La Ley de Telecomunicaciones y de los lineamientos del IFT no contempla que los operadores tengan que conservar o proporcionar a la autoridad la actividad de sus usuarios en Internet, lo cuál de llevarse a cabo, pondría en riesgo la privacidad de millones de mexicanos.Semanas atrás, la Suprema Corte de Justicia calificó como inconstitucional la creación de un padrón de datos biométricos para usuarios de celulares por considerarlo violatorio a los derechos humanos y a la privacidad.
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