En momentos que se renueva el acuerdo para que agentes de la DEA puedan operar en México, la agencia antidrogas estadounidense atraviesa serios escándalos de corrupción por acciones irregulares de algunos elementos dentro y fuera de Estados Unidos
El pasado 9 de diciembre, José Irizarry, un estadounidense de origen puertorriqueño, fue sentenciado a 12 años de prisión en una Corte de Florida por los delitos de fraude y lavado de dinero. Irizarry era un agente especial de la DEA desplegado en Miami, Florida y en Cartagena, Colombia.
“Irizarry aprovechó su posición como agente especial para desviarse a sí mismo y a sus co-conspiradores aproximadamente 9 millones de dólares provenientes de investigaciones encubiertas de la DEA sobre lavado de dinero”.
En retorno, indica el Departamento de Justicia, Irizarry recibió sobornos y recompensas equivalentes a al menos 1 millón de dólares; los cuales fueron utilizados para comprar joyas, autos de lujo y una casa.
“En lugar de cumplir su juramento de detener el tráfico de drogas y lavado de dinero… la conducta de Irizarry ayudó a criminales, puso al público en peligro y afectó la confianza del público en las instituciones de seguridad”, señaló el Departamento de Justicia.
El caso de José Irizarry no sucede en un vacío. Se suma a una serie de recientes corruptelas probadas -y supuestas- vinculadas con agentes antidrogas de Estados Unidos.
Los hechos y las sospechas representan un fuerte golpe a la reputación de la agencia federal estadounidense, particularmente en América Latina.
Apenas en agosto de 2021, otro ex agente de la DEA fue sentenciado a 13 años de prisión por nueve delitos relacionados con su mala conducta como oficial del Estado, entre ellos dar un falso testimonio, obstruir la justicia y robo.
Chad Allan Scott, ex agente antidrogas desplegado en Louisiana, recibió sobornos de narcotraficantes, robó dinero que debía ser incautado y luego intentó destruir la evidencia de sus irregularidades.
“En lugar de utilizar su placa para proteger a la comunidad, la usó para violar la ley”, admitió Anne Milgram, titular de la D.E.A.
Pero hay más. Antiguos elementos de la D.E.A. que operaban en Haití han acusado a funcionarios de la agencia antidrogas Puerto Príncipe, de presuntamente operar en colusión con narcotraficantes del país caribeño.
Tras una investigación interna en la cual la propia agencia desestimó los señalamientos de los informantes, el órgano de control interno del gobierno estadounidense calificó la pesquisa interna como “no razonable” e instó al Departamento de Justicia a “revisar de cerca” las operaciones de la D.E.A en Haití.
A este caso de presunta corrupción al interior de la agencia antidrogas se suman los vergonzosos casos de dos altos mandos policiales en México y en Colombia, entrenados y verificados por el gobierno de Estados Unidos, y que posteriormente admitieron haber filtrado información confidencial a grupos criminales.
Se trata del ex capitán de policía colombiana Juan Pablo Mosquera, acusado de vender evidencia e información a objetivos criminales investigados por Washington mientras encabezaba la Unidad de Investigaciones Sensibles en Cartagena, Colombia, órgano cuya capacidad y confianza son supuestamente verificadas por el gobierno de Estados Unidos.
El segundo caso involucra al mexicano Iván Reyes Arzate, ex policía federal que se declaró culpable ante la justicia estadounidense por el delito de conspiración para traficar drogas, luego de recibir sobornos de una organización criminal conocida como El Seguimiento 39.
De acuerdo con testimonios judiciales, Arzate también fue cómplice del Cártel de los Beltrán Leyva a la par que lideraba la Unidad de Investigaciones Sensibles de la antigua Policía Federal, grupo que también contaba con la certificación de Estados Unidos. Ambos personajes, Juan Pablo Mosquera e Iván Reyes Arzate, recibirán sentencia en enero de 2022.
Los escándalos de corrupción y de incompetencia, surgen en momentos en que la D.E.A lucha por mantener su relevancia e influencia en la agenda regional de seguridad. Su retorno a territorio nacional luego de un conflicto diplomático desatado tras la detención del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, se dio en medio de un manto de silencio por parte del gobierno mexicano.
Pero el silencio se rompió este miércoles con la publicación de los nuevos objetivos criminales de Estados Unidos en México.
Diga lo que diga el presidente, la D.E.A -con todas sus particularidades- está de vuelta. Y es que podrá haber un nuevo entendimiento entre ambas naciones en materia de seguridad. Pero pareciera que en realidad se trata de las mismas viejas prácticas.
fuente.-Bernhard Buntru /
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