México es un país caracterizado por su poca competencia económica donde un puñado de empresas han logrado capturar nichos de ganancias extranormales a costa de abusar de los pobres, reducir el poder de consumo de los mexicanos en su conjunto, y concentrar la riqueza en manos de unos pocos.
El nivel de utilidad que algunos corporativos han logrado es desmedido. De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de México, un grupo de 462 empresas se quedan con 22 de cada 100 pesos de utilidad que genera la economía mexicana. México es la quinceava economía más grande del mundo.
Pero unos pocos se llevan todo. El 1% de las empresas más ricas del país recoge el 66% de la utilidad y, como lo ha contabilizado el Censo Económico de 2019, hasta antes de la pandemia, se llevaban también el 50% del valor total de la economía. Los datos oficiales muestran que esto no ha cambiado en casi nada desde 1999.
La concentración del mercado en manos de unos cuantos ha hecho del abuso una forma de negocio. Por eso, desde 1980 y hasta 2015, las empresas mexicanas siempre han tenido márgenes de ganancia superiores a los que existen en el resto del mundo, como ha mostrado el trabajo del académico Jan De Loecker, profesor de la Universidad Católica de Lovaina.
De hecho, a mediados de los noventa, al tiempo en que las empresas mexicanas estaban siendo rescatadas con recursos públicos de una crisis financiera, su margen de ganancia promedio era de más del doble que en del resto del mundo.
Al revés que Robin Hood
Los corporativos ultragrandes de México son como Robin Hood, pero al revés. Su modelo de negocio es venderle caro a una población empobrecida.
Así, entre los bienes y servicios básicos que se venden en México los sobreprecios son la norma. La Comisión Federal de Competencia (COFECE) ha documentado que las frutas, el pan y los materiales de construcción tienen sobreprecios superiores al 113%, los lácteos a 95%, y las verduras, el transporte aéreo de pasajeros y las tortillas, de entre 26 y 30%. En el pollo y el huevo, el sobreprecio es del 14%.
Los precios así de altos son un robo injusto y regresivo. Equivalen, según datos de la misma COFECE, a reducir en 30% los ingresos de las 12 millones de personas más pobres de México.
Y en los estados más pobres del país, el daño pudiera ser peor. Carlos Urzúa, el Secretario de Finanzas de México hasta 2018, documentó que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, el impacto pudiera ser de hasta el 47%.
Es por eso que no habría política social más efectiva que regular a las empresas ultragrandes para que tuvieran competencia. Estudios académicos han estimado que la pobreza podría reducirse hasta en 1,5 puntos porcentuales si el mercado mexicano fuera más competitivo de lo que es ahora.
El impacto sería enorme. Para ponerlo en perspectiva, baste decir que en 10 años la proporción de personas con ingreso por debajo de la línea de pobreza mínima no se ha reducido en nada, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Tomando de los pobres
La extracción de recursos de los pobres hacía empresas monopólicas o con poder de mercado está por doquier pero se observa con particular fuerza en las medicinas donde los laboratorios obstaculizan la entrada de patentes.
Como ha mostrado COFECE, es común que los laboratorios mexicanos litiguen supuestas infracciones a las patentes con el fin de impedir la entrada de genéricos. Por ejemplo, entre 2010 y 2015 se iniciaron 124 procedimientos de aclaración por supuestas infracciones de patentes. Hasta 2017, solo se acreditó que las infracciones eran ciertas en el 17% de los casos. Sin embargo, en promedio cada proceso retrasó en cuatro años la salida de medicina barata.
Además, informalmente los laboratorios amenazan para mantener sus nichos de mercado. La COFECE también ha reportado que, al menos hasta 2017, ciertos laboratorios utilizaban estrategias informales para causar confusión o miedo entre las autoridades encargadas de la adquirir medicamentos para el sector público. Según lo ha dicho, los laboratorios entablan comunicaciones informales en las que advertían que podrían iniciar procedimientos de infracción en caso de que se decidiera explotar medicinas cuya patente ya había caducado.
Así, mientas que, en Estados Unidos, cuando termina una patente la medicina se vende de inmediato como genérico en el mercado, en México es común que, aunque una patente esté técnicamente vencida, el medicamento no exista. Cuatro de cada 10 medicamentos sin patente no cuentan con un genérico.
Dándole a los ultrarricos
Las mayores injusticias que han existido en México han sido perfectamente legales y han consistido en permitir que unos cuantos amasen fortunas a costa del resto.
El ejemplo de libro de texto sobre este caso es América Móvil. La compañía nació como un monopolio protegido por el Estado mexicano y sin regulación suficiente. Creció hasta convertirse en una empresa cuya dominancia de mercado le causaban pérdidas anuales de 2,2 puntos del PIB a los mexicanos de acuerdo con cálculos de la OCDE.
La falta de competencia fue un gran regalo que le hizo México a su dueño, Carlos Slim. Para 2011, cuando la compañía dominaba el 80% del mercado de teléfono fijo en México, el 70% del móvil, Slim ya se había convertido en el hombre más rico del mundo de acuerdo a Forbes.
No es el único caso. Otros mercados han visto el florecimiento de fortunas debido a la poca regulación en materia de competencia. Por ejemplo, por al menos una década el mercado de las aerolíneas mexicanas operó como un cartel que extrajo 2,8 mil millones de pesos de los consumidores mexicanos, de acuerdo con los reportes de COFECE.
Empresas transnacionales también se han beneficiado de la falta de regulación en México. La Corporación Interamericana de Entretenimiento, recientemente fue llamada a cuentas por las autoridades porque supuestamente tenía contratos de exclusividad con diversos inmuebles para la realización de eventos, impidiendo la competencia.
Pero no es prioridad
La falta de competencia ha empobrecido a México y aumentado su desigualdad. Sin embargo, tal parece que este tema no es una prioridad para el Gobierno de López Obrador.
Por el contrario, su Gobierno ha mostrado una extraña cercanía con los empresarios de siempre. Invitándolos a cenar con Donald Trump en su única salida de México como presidente. Celebrando que compraran boletos de la rifa de su avión.
La política de López Obrador contra los monopolios se ha limitado a hablar mal de ellos en las conferencias mañaneras, y cobrarles los impuestos que deben. Aumentar la recaudación sin duda es importante, pero la batalla más crítica sigue sin darse.
La COFECE, institución encargada de velar por el tema, necesita más recursos y una legislación que le permita dejar de pisarse los talones con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Necesita operar con el arrope del Estado en su conjunto, y no como un caudillo solitario.
La batalla más grande de México se está luchando con muy pocas armas, muy poco dinero, y en áreas que parecen no importarle al presidente.
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