En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, consiguió que los militares y sus familias fueran compensados como víctimas de la delincuencia. Los recursos –148 millones de pesos en los últimos cuatro años— no provienen del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas ni de un fideicomiso de la Sedena, sino del fondo destinado para las víctimas de derechos humanos. Así, la CEAV autoriza reparaciones del daño a soldados y marinos de la misma forma que a quienes ven sus derechos vulnerados por aquéllos.
Creada a partir del movimiento nacional de víctimas en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico” y de la militarización de la seguridad pública, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha autorizado compensaciones económicas a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) por más de 148 millones de pesos en los últimos cuatro años.
La cifra es apenas 26.4 millones menor a las compensaciones que la CEAV entregó a víctimas de violaciones de derechos humanos atribuidas a marinos y a soldados del Ejército mexicano, entre 2015 y 2020: casi 175 millones de pesos.
Los recursos distribuidos a integrantes de las Fuerzas Armadas considerados víctimas así como a quienes se considera víctimas de ellas en recomendaciones de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos y en sentencias judiciales, provienen del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) –uno de los 109 fideicomisos recientemente desaparecidos por el Congreso de la Unión–, de acuerdo con información obtenida por Proceso a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El acceso del personal castrense al fondo destinado para víctimas de derechos humanos y de delitos se remonta a la gestión de Julio Hernández Barrios al frente de la CEAV (de octubre de 2016 a enero de 2017) y del entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, actualmente preso en Estados Unidos bajo cargos de colaborar en el contrabando de drogas.
Impulsor de la fallida Ley de Seguridad Interior, que ampliaba las atribuciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, Cienfuegos Zepeda peleó ante el gobierno de Enrique Peña Nieto el derecho de su personal para obtener recursos del FAARI.
“Mis soldados también son víctimas de los delincuentes”, alegaba entonces el general Cienfuegos, ante los intentos de funcionarios de la CEAV de objetar el acceso de los militares al FAARI, considerando que la bajas militares deberían ser consideradas como riesgo de trabajo, que debía ser cubierto por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM) o bien por el Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos en Actos de Servicio de Alto Riesgo, uno de los cinco con que cuenta la Sedena.
La moción del general se impuso. El argumento para acceder a los recursos del FAARI se lo dio la propia Ley General de Víctimas, que en considerandos de sus artículos 67 y 69 considera válida la compensación en forma subsidiaria, tomando en cuenta “la determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad”, así como la presentación de “las constancias del agente del ministerio público que competa de la que se desprenda que las circunstancias de hecho hacen imposible la consignación del presunto delincuente ante la autoridad jurisdiccional y por tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal”.
El mecanismo al que recurren los integrantes de las Fuerzas Armadas es obtener constancias ministeriales luego de la integración de carpetas de investigación por un evento en el que se hayan registrado bajas en sus fila.
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