Podría haber sido un día como cualquier otro, sólo se esperaba que el secretario presentara la actualización de las cifras de la incidencia delictiva, pero no fue así. Durazo Montaño vestía traje de color oscuro, como siempre, y de los nueve integrantes del gabinete que aguardaban hablar, tres portaban cubrebocas y, uno de ellos, era el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las pretensiones políticas del aún titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por buscar gobernar su estado natal no son novedad, ese fue el acuerdo desde el principio del gobierno. Tampoco lo es el respaldo que le ha brindado el propio presidente López Obrador, quien ha dicho de él que es un buen coordinador del gabinete de seguridad y “una gente recta, trabajadora, honesta”.
Lo que sí resultó un factor no previsto, que modificó la transición, fue la detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Defensa Nacional, acusado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Al interior de la secretaría de Seguridad, ahora prevalece un ambiente de incertidumbre en torno al sucesor, que deberá incorporarse el próximo 30 de octubre. El Presidente abrió una baraja de candidatos civiles y militares, escuchó opiniones de quien se las solicitó, y aseguran que se inclinaba por un militar, pero ahora, no hay señales de que tenga ya una decisión.
Con miras a gobernar su estado natal, donde los índices actuales de criminalidad y violencia evidencian un incremento sostenido en el último lustro, Alfonso Durazo Montaño, hereda con su eventual salida de la institución, además del reiterado “punto de inflexión” en los homicidios que no terminan por reflejar una tendencia contundente de disminución; una crisis institucional, así como la incertidumbre del destino de la Guardia Nacional, como la incipiente corporación de seguridad pública civil, que, por el contrario, cada vez más se consolida como un brazo operativo bajo el mando de las Fuerzas Armadas.
ejecentral analizó y comparó las estadísticas sobre incidencia delictiva para medir los resultados de Alfonso Durazo, el resultado: no hubo ni contención y mucho menos disminución de los delitos, y al comparar los últimos cinco años sus resultados reflejan el fracaso de la estrategia, especialmente en delitos como homicidio, feminicidio, extorsión, secuestros y lesiones.
Especialistas en materia de seguridad y políticas públicas coinciden en que más allá del anhelado y prometido cambio de paradigma en la estrategia para hacer frente a la criminalidad y recuperar la paz en el país, la conducción que a casi dos años del actual gobierno ha encabezado el secretario Durazo Montaño no ha rendido los resultados que se prometieron en el arranque de la administración con el Plan Nacional de Desarrollo.
“Notamos una gran diferencia entre el discurso y lo que se hace. Se habla de un cambio de estrategia, en términos de políticas de drogas, incluso desde la campaña, en el Plan Nacional de Desarrollo está planteado un cambio de paradigma respecto al tema de drogas, el combate al narcotráfico. Sin embargo, en los hechos no vemos ese cambio de enfoque y lo que vemos es una continuación de lo que ya se venía haciendo, advirtió Paul Frissard, coordinador de Investigación y Políticas Públicas de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
26 por ciento de las 26 mil 955 víctimas de asesinato registradas entre enero y septiembre de este año fueron crímenes de feminicidio.
La culpa de la herencia
La eventual salida del también senador con licencia de la SSPC trae consigo interrogantes que, de acuerdo con la perspectiva de los analistas consultados, podrían implicar una mayor problemática para la operación institucional, y el redoblar esfuerzos en busca de bajar los índices de criminalidad, particularmente de los dos delitos que en este gobierno se han reconocido como los grandes pendientes por abatir para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía: los homicidios dolosos y los feminicidios.
Y es que, de acuerdo con las cifras oficiales, las que reportan los 32 estados de la República y que mensualmente actualiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el país atraviesa actualmente una crisis en cuanto a la tendencia al alza que reflejan los indicadores de criminalidad, tanto de la cantidad de víctimas como de los delitos cometidos, medición que se obtiene a partir de las carpetas de investigación y registro que se realiza en cada entidad.
Lo alarmante de los números oficiales recae en que tan sólo en el periodo de enero a septiembre del año en curso, es decir los primeros nueve meses de este 2020 ya se ha superado, por ejemplo en el caso del homicidio intencional, la tasa nacional de víctimas por cada 100 mil habitantes que se había registrado en años como 2015 y 2016, cuando se registraron tasas del 14.7 y 18.3; mientras que de lo registrado de enero a septiembre de este año ya se calcula una tasa del 20.5.
Una de las principales explicaciones que han dado, ante los altos números de violencia en el país, es la herencia que recibieron de los gobiernos que los precedieron. Este miércoles lo dijo de nuevo el secretario al señalar que, “recibimos un país oliendo a pólvora, no se nos olvide, con cientos de miles de muertos, cientos de miles de desaparecidos. Recibimos el país en materia de seguridad en el peor escenario posible”.
La rigurosidad de las estadísticas, que el propio gobierno muestra mes a mes en la conferencia mañanera, advierten que en cuanto a las tasas de víctimas de delitos de alto impacto como son el homicidio doloso, el feminicidio, secuestro y extorsión cerraron, todas esas modalidades, con incrementos al comparar 2019 con respecto a lo registrado en 2018. La mayor alza es el que se reflejó en la tasa de víctimas de extorsión que despunto en más de 29 puntos.
“No podíamos fingir que sería fácil enfrentar o resolver el problema y tenemos que aceptar que no podemos fingir que el problema (de la inseguridad) es sencillo, así es que tampoco podíamos dedicarnos a administrar el caos que habíamos heredado”, sostuvo el secretario Durazo en la conferencia de este miércoles, en la que aseveró que con su gestión al frente de la Secretaría “hemos ido mejorando progresivamente los saldos en materia de seguridad”, subrayó el secretario Durazo Montaño.
Sin embargo, en el sentido estricto de “la herencia” a la que ha hecho énfasis el actual gobierno, las cifras del SESNSP indican similitudes en cuanto a las estadísticas de las últimas dos administraciones, y las tasas de delitos por cada 100 mil habitantes que muestra el periodo de transición y el que fue el primer año de gobierno.
En ese sentido el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador refleja alzas en las tasas de delitos como robo a casa habitación con violencia, homicidio doloso y extorsión, entre 2018 -con el cambio de gobierno-, y el 2019, primeros 12 meses de la administración.
En el caso de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, las alzas en esos lapsos de comparación se dieron en las tasas de robo a casa habitación, y robo de vehículo, en el caso del exmandatario panista; mientras que en el sexenio pasado el alza se reflejó, también, en los robos violentos a casa habitación, así como las tasas de extorsión y secuestro.
Actualmente, en los primeros nueve meses de 2020, la tasa de homicidios intencionales, robo de vehículo (de cuatro ruedas) con violencia, y de extorsiones ya supera lo registrado al cierre de los 12 meses de 2006 y 2007, correspondientes a la transición y primer año del sexenio calderonista.
Respecto al renombrado ‘punto de inflexión’, al que insistentemente hace referencia el titular de la SSPC, Paul Frissard de MUCD señaló que, aunque se advierte estadísticamente una desaceleración de la curva de homicidios que venía creciendo desde finales de 2014, “eso no significa que la violencia letal está disminuyendo en México, simplemente significa que está creciendo menos rápido y eso lo observamos desde mediados de 2018”.
Para el licenciado en Ciencias Políticas, si bien estas cifras de homicidios ya no están creciendo al ritmo antes del inicio de la actual administración, “se estancaron en niveles que históricamente son los más altos que hemos conocido, y desde mediados de 2018 tenemos alrededor de 3 mil víctimas mensuales de homicidio doloso”.
Un aspecto relevante que apuntó como una problemática a la hora de intentar contabilizar y medir de manera correcta y verídica los datos referentes a la “violencia letal” en el país, a través de las cifras de homicidios dolosos y los feminicidios, Frissard señaló que ha identificado la deficiencia que persiste en cuanto a la tipificación y clasificación de los feminicidios en México.
Pues indicó que para un mismo caso que puede tener las características del asesinato de una mujer, en un caso hace dos o tres años pudo haber sido clasificado estadísticamente como homicidio de mujer, y ahora reclasificarse como feminicidio, diferencia que puede ocurrir en un mismo momento, en varios estados. “Por eso, actualmente en tanto no tengamos homogeneidad en la forma de clasificar y tipificar el feminicidio todavía analizados en conjunto homicidios dolosos con feminicidios al hablar de violencia letal”.
Los desatinos de la “nueva” estrategia
- El 23 de septiembre, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral aseguró que, debido a las diferencias con el gobierno federal, el gabinete de seguridad federal decidió abandonar las mesas de seguridad con autoridades del estado. El mandatario aseguró que fue el titular de la SSPC quien le informó de la decisión.
- Posterior al atentado en contra del secretario de seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch, ocurrido el 26 de junio pasado, el titular de la SSPC reconoció que el gabinete de seguridad tuvo conocimiento de amenazas por parte del crimen organizado a otros funcionarios federales, que lo incluía a él también entre los objetivos.
- El 17 de octubre de 2019, un fallido operativo por detener al hijo de Joaquín Guzmán “El Chapo”, el cual terminó con su liberación, hizo reconocer al secretario Durazo que el llamado ‘Culiacanazo’ tuvo el “peso histórico” que implicó un replanteamiento y revisión de los protocolos de actuación.
- Derivado de la ola de protestas y bloqueos que estallaron en julio del año pasado en varias partes del país por parte de elementos de la desaparecida Policía Federal, en oposición a integrarse a la Guardia Nacional, el secretario Alfonso Durazo señaló al expresidente Felipe Calderón de haber incentivado dichas manifestaciones; tras la detención del exsecretario Genaro García Luna, el funcionario insinuó que en el gobierno del panista se brindó “protección oficial” al cártel de Sinaloa.
- Al denunciar el poco avance de la investigación en torno al multihomicidio de mujeres y menores, ocurrido el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, Adrián LeBarón, familiar de las víctimas acusó que la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional fue un acto con fines políticos por parte del presidente López Obrador, en favor de las aspiraciones del secretario Durazo por gobernar la entidad.
Deuda pendiente
Al dar a conocer las cifras de la incidencia delictiva al corte de septiembre de este año, el secretario Alfonso Durazo aseguró que, aunque actualmente hay un “nivel de contención” en la incidencia del asesinato de mujeres por razón de género, los feminicidios, en las cifras absolutas, entre enero a septiembre de 2019 con los mismos meses de este año, reconoció que este delito subió 0.4%; en el mismo lapso señaló que el homicidio doloso subió 1.0 por ciento.
Lo cierto es que la tendencia a nivel nacional, así como en ciertos estados donde se ha focalizado el fenómeno delictivo, con base en la cantidad de víctimas, se refleja que continúa la tendencia de crecimiento que en los últimos cinco años se ha agudizado al grado de que 2019 registró los mayores e históricos incrementos en cuanto a las víctimas de asesinato y feminicidio.
Precisamente en el último lustro (2015-2019), la cantidad de personas asesinadas despuntó en 94%, las mujeres asesinadas (feminicidios) superaron el 125%, y aquellas que fueron secuestradas alcanzaron un alza por arriba del 23 por ciento. Pero los indicadores al cierre del primer año de la llamada “cuarta transformación” en cuanto a la cantidad de víctimas de homicidio y lesiones cometidos con dolo, de feminicidio, secuestro y extorsión muestran incrementos en el orden del tres al 30% de crecimiento, tan sólo entre 2018 y 2019.
Sobre lo que ha referido el secretario Durazo Montaño, quien se prevé deje el cargo oficialmente el próximo 29 de octubre, acerca de que el índice de homicidios dolosos en el país “no puede ser el único parámetro para evaluar los resultados del gobierno en el ámbito de la seguridad pública”, como lo sostuvo el pasado 30 de septiembre durante su participación en una videoconferencia del Harvard Club, Francisco Rivas señaló que lo que ha quedado en evidencia es precisamente el mal desempeño de la actual administración.
“Es cierto, no puede ser sólo la incidencia delictiva el indicador, pero tampoco puede ser absolutamente subjetivo y cambiante según la voluntad. Si específicamente hablamos del desempeño de esta administración en materia de seguridad yo creo que es penoso desde donde lo queramos ver. Hoy no podemos decir que estamos mejor de como estábamos. No en delitos, no en capacidades institucionales”.
Y subrayó, “no es nada más un tema de incidencia delictiva, pero sí se tiene que definir qué. Porque en lo institucional, insisto, no hay prioridad, no hay protocolos de actuación, no hay dinero, los estados y municipios están peor que como estaban antes en términos de recursos, capacidades, capacitación, tecnologías. Por donde se le vea, ni bajan los delitos, ni mejoran las instituciones”, lamentó.
Una guardia sin rumbo
Si bien los esfuerzos por intentar recomponer el deterioro histórico a causa de la inseguridad y violencia no resultan en una labor fácil, tal y como el propio Alfonso Durazo lo ha reconocido reiteradamente, los especialistas sostuvieron que a pesar del tiempo transcurrido el actual gobierno que carece de una noción clara de cuál es la estrategia, y el rumbo por el que busca transitar la actual administración.
Un ejemplo de ello, dijeron, recae en las incertidumbres de la corporación que surgió a partir de la extinción de la Policía Federal, la última institución federal de carácter civil que debía encabezar las acciones policiales en materia de prevención e inteligencia criminal.
“Hoy no hay ninguna evidencia de que las condiciones institucionales de seguridad en el país sean mejores de lo que eran el año pasado, dejemos en otros momentos históricos. La situación ha venido empeorando. Tenemos una Guardia Nacional desplazada en las calles que en su primer año de operación no ha cumplido con todos los requerimientos necesarios, y no porque no haya buena voluntad o haya talento dentro de la institución (pero) no están las condiciones como para que se permita que haya mejorado el desempeño de la Guardia respecto a lo que teníamos, simple y sencillamente con la Policía Federal, el Ejército y la Marina en las calles”, subrayó Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
Ante la posibilidad de que un mando militar asuma la titularidad de la vacante que deja Durazo Montaño, como en las últimas semanas se ha sugerido, no resulta alentador en la conformación de que la estrategia de seguridad pública tome otro rumbo que no sea el de la militarización de esta responsabilidad. Ante tal sospecha, Rivas Rodríguez advirtió: “sería un gravísimo error”.
En ese sentido, el activista señaló que se han mencionado otros temas “muy preocupantes”, como la versión de implementar o transferir la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“La Sedena tendrá muchas fortalezas, pero también tiene debilidades, una de ellas es que, no son policías. Entonces, estas llevando la única institución general de seguridad hacia un área que no es la de oportunidad. No puede ser una buena decisión (…) El problema es que no hay una claridad, yo no creo que ellos sepan qué es lo que ellos quieren de las instituciones de seguridad federal”, acusó.
Para el especialista en métodos de evaluación de políticas y programas públicos, “hoy en día el mando teórico (de la GN) le compete al secretario de seguridad, pero ¿qué vemos?, que la cadena de mando operativo está conformada por militares, que la mayoría de los elementos de la Guardia Nacional no están funcionalmente separados de su institución de origen, lo cual significa que los que provienen de la Policía Militar o de la Policía Naval siguen teniendo un plan de retiro, prestaciones de la Sedena o la Semar. Y esto de facto convierte a la Guardia Nacional en una comparación militar y no civil”.
La semana pasada, ejecentral dio a conocer el contenido de un documento, aparentemente firmado por el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, que no ha sido desmentido y en el que se aseguraba que desde el pasado 6 de octubre, la Sedena habría asumido el control operativo de la Guardia Nacional, por autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por tanto, entre las fallas que deja el secretario, señaló el integrante de MUCD, es la falta de constitución de la GN como una corporación civil, y la separación funcional de sus elementos, el hecho de que la GN es corporación militar y no civil es una de las grandes fallas de esta secretaría en sus dos primeros años. Sobre la estrategia, apuntó que el enfoque de este gobierno se ha desempeñado más a una labor de contención, sin una preparación para ejercer labores de prevención, lo cual dijo puede resultar funcional con el modelo nacional de policía y justicia cívica, pero que lamentablemente “ha carecido de impulso”.
Su primer acto de campaña
Las aspiraciones políticas de quien fue vocero y secretario particular del expresidente Vicente Fox por pretender asumir el gobierno se pueden topar con pared, porque Sonora es uno de los estados donde las acciones del gobierno no han surtido el efecto previsto, toda vez que tan sólo en el último año las víctimas de homicidio doloso, de lesiones, y secuestro se dispararon en porcentajes que van del 58, 22, y 1,550% respectivamente, entre 2018 y 2019.
Pero este miércoles aprovechó la situación de violencia que persiste en la entidad como una suerte de acto anticipado de campaña, cuando el funcionario señaló en qué radica la problemática del estado, cuyo índice de violencia, dijo, se focaliza en los municipios de Caborca, Guaymas, Empalme y Cajeme, lo cual atribuyó a la “intensa disputa por la recuperación de territorios de viejos grupos criminales”.
“En el caso de Sonora es revisar las órdenes de aprehensión que hoy están vigentes y que no han sido ejecutadas, de tal manera que actuemos de manera conjunta todas las instancias contra aquellos presuntos criminales que continúan actuando libremente. Este es un punto muy importante, porque el número de órdenes de aprehensión no ejecutadas también lo es”, respondió el funcionario ante el cuestionamiento sobre las acciones para combatir la inseguridad en la entidad.
Para Paul Frissard el panorama es más grave: “Lo que vemos en las dinámicas (de criminalidad) recientes, tenemos algunas entidades federativas y regiones de país en donde la dinámica no es para nada alentadora. Guanajuato, por ejemplo, sigue concentrando el mayor número de víctimas en el país, y cuya tendencia no se logra controlar; y también Sonora, que tiene una dinámica creciente, acelerada desde 2018”, apuntó Paul Frissard.
Pese a los cuestionamientos y criticas que ha recibido el funcionario respecto a las condiciones de inseguridad que se mantienen en varias partes del país, así como los hechos de alto impacto como lo fue el fallido operativo por detener a Ovidio Guzmán, o el multihomicidio de integrantes de la familia LeBaron, el presidente López Obrador no ha menguado en el apoyo y confianza que le tiene a Alfonso Durazo:
“Él es libre y es muy importante también lo que quiere ir a hacer a Sonora, pero yo estoy muy, muy agradecido con Alfonso por su apoyo, todos los días aquí con nosotros. Es un profesional, es un extraordinario servidor público”.
fuente.-María Idalia Gómez y Jonathán Nácar/
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