Una de las habilidades políticas más notorias de AMLO consiste en resignificar y renombrar eventos. Darles un significado distinto al que verdaderamente tienen para arrancar aplausos y atajar críticas, desactivar granadas y convertirlas en guirnaldas.
Así la militarización se vuelve la pacificación. El desabasto de gasolina se convierte en una cruzada contra el huachicol. El rechazo del Senado a las ternas para la Comisión Reguladora de Energía y la imposición presidencial de incondicionales incompetentes es muestra de contrapesos robustos. Restablecer la extracción estatal de rentas vía los monopolios disfuncionales de Pemex y la CFE significa recuperar la soberanía energética. Señalar decisiones des-democratizadoras o regresivas del nuevo gobierno equivale a ser fifí o defensor del statu quo. Y proponer la ampliación de la Suprema Corte de 11 a 16 ministros -en la narrativa oficial- forma parte de "la lucha contra la corrupción".
Cuando hay que exhibirla como lo que es: una táctica política diseñada para que el Presidente pueda nombrar a cinco ministros más y con ello controlar a la Corte. Una moción para manipular el tamaño del Tribunal Supremo con objetivos partidistas. Un intento por erigir a la Suprema Corte Morenista de la Nación, la SCMN. Algo que se conoce como "court packing"; aumentar el número de miembros de una corte para determinar su composición y asegurar decisiones favorables al gobierno. Algo que Roosevelt intenta hacer en 1937 ante los reclamos de inconstitucionalidad producidos por las medidas del Nuevo Trato, pero es frenado por el Congreso. Una decisión que busca alterar la estructura fundamental del gobierno para desmantelar obstáculos a su agenda. Agrandar a la Corte para achicar su oposición. Aumentar el volumen de la Corte para reducir su autonomía.
El argumento de ampliar a la Corte para crear una tercera Sala Anticorrupción es tramposo. Los casos de corrupción deben ser atendidos por otras instancias, la SCJN se pronuncia sobre la constitucionalidad de leyes no sobre la culpabilidad en casos concretos, y no hay suficientes amparos como para ameritar otra sala que costaría al menos 280 millones de pesos anuales en salarios. Si la intención es combatir la corrupción hay otras instituciones a las cuales habría que remodelar y fortalecer para lograrlo. Si el Presidente quiere barrer las escaleras de arriba a abajo hay mejores escobas a su disposición. Pero el objetivo aquí parece ser otro. Dominar al Poder Judicial o amedrentarlo. Postular a más cuates u obligar a que los ministros actuales lo sean a la hora de votar. Designar a más ministras contratistas para que la Corte no sea un contrapeso constitucional sino otro coto colonizado por Morena.
Y quizás AMLO se vea a sí mismo como el Roosevelt mexicano que necesita barrer a los conservadores de su camino para promulgar una agenda progresista. Ojalá fuera así. Ojalá viéramos un conjunto de leyes y propuestas como las del Nuevo Trato que buscaban fortalecer al Estado y no solo al Presidente, regular al capitalismo oligárquico y no sólo cambiarle de nombre, construir instituciones sólidas abocadas al bienestar social y no nada más desmantelar las existentes, mejorar el intervencionismo estatal, y no reducirlo a la entrega de dinero. Roosevelt buscó cambiar a una corte conservadora que frenaba su agenda progresista. López Obrador quiere someter a una corte que en muchos temas -mariguana, aborto, militarización, derechos LGBT- ha sido más vanguardista que él. Su enfrentamiento con el Poder Judicial no es tanto un tema de discrepancia ideológica como un asunto de control político.
Porque si prospera la iniciativa presentada en el Senado ninguna ley o política instrumentada por el Ejecutivo podría ser declarada inconstitucional. Toda decisión del Máximo Tribunal dependería de 7 votos por parte de ministros propuestos por el Presidente, y si 7 coinciden con él, jamás se alcanzaría la mayoría de 11 necesaria para determinar que una ley viola la Constitución. La mayoría morenista en el Congreso podría aprobar iniciativas violatorias de derechos fundamentales, y la mayoría morenista en la Suprema Corte se encargaría de avalarlas. Tendríamos una corte más displicente pero menos democrática, con más amigos del Presidente pero con menos legitimidad. Y una Corte anti-democrática no sería evidencia de la lucha contra la corrupción. Sería evidencia del agandalle.
fuente.-Denise Dresser/ (imagen/web)
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