La Fiscalía General de la República (FGR) no impugnará los fallos de un juez federal para no procesar a dos exfuncionarios señalados como responsables en las redes de estafa de recursos públicos de Sedesol y Sedatu.
Se trata de Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector de Programación y Presupuestación de la Sedatu, y de Simón Pedro de León Mojarro, extitular de la Unidad de la Coordinación de Delegaciones de la Sedesol.
El juez Fernando Payá Ayala determinó no vincular a proceso a De León Mojarro por uso indebido de atribuciones y facultades, y a Báez por ejercicio indebido del servicio público, al estimar que el Ministerio Público no ofreció los datos mínimos suficientes.
Autoridades federales confirmaron que la fiscalía no apeló esos fallos porque revisa las carpetas de investigación para ponderar un replanteamiento jurídico de las acusaciones.
SERVICIOS FANTASMA
Ambos exfuncionarios son, hasta ahora, los únicos que fueron imputados y que de momento no están bajo proceso en el caso de la estafa que fue orquestada mediante contratos a universidades por servicios que nunca fueron prestados y en los que fueron falsificadas firmas.
La FGR podría enfrentar otro revés con otro exfuncionario de Sedatu que también fue imputado.
Se trata de Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Sedatu en la gestión de Rosario Robles, quien presentó una demanda de amparo en contra de su vinculación a proceso por el delito de falsedad en declaración.
La imputación contra González Tiburcio deriva de no reconocer como propia la firma de un convenio marco que dio lugar a contratos específicos en los que presuntamente se desviaron 185.8 millones de pesos.
Este ilícito se habría concretado cuando el exsubsecretario acudió al Órgano Interno de Control de la Sedatu a denunciar que su firma fue falsificada.
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