El pasado 5 de abril el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el presidente López Obrador anunciaron que están disminuyendo los delitos patrimoniales gracias a la coordinación entre militares y policías federales, estatales y municipales. Sin embargo, al comparar las cifras oficiales del primer trimestre de 2018 y el de 2019 no se advierte reducción alguna.
El año pasado se registraron en dicho periodo mil 239 robos a casa habitación; en 2019 van 2 mil 6, según las estadísticas del SESNSP.
El pasado 1 de marzo arrancó de manera formal la coordinación de seguridad entre los tres niveles de gobierno, con el operativo Bases de Operación Interinstitucionales (BOIS). A los 10 días se informó de la detención de 20 personas y el decomiso de cuatro armas cortas y 10 largas, más de 2 mil dosis de distintas drogas, 18 autos y seis motos.
En las BOIS participan mil 18 militares que operan en los municipios más violentos de la entidad: Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. Al preguntarle al comandante de la XV Zona Militar, Norberto Cortés, si esos resultados no son pobres en relación con el gran número de efectivos movilizados, el general responde que el propósito de las BOIS sólo es “disuasivo”.
Alfaro Ramírez confirmó: “Sería un error evaluar los resultados de este operativo en términos de detenciones (…) El propósito central de estas operaciones es reforzar la presencia que, por las limitaciones en nuestro estado de fuerzas estatales, municipales y federales, teníamos que resolver de alguna forma”.
Otros 2 mil 80 efectivos están distribuidos en los municipios de Mascota, Puerto Vallarta, Ameca, La Barca, Tepatitlán, Colotlán, Tequila, Zapotlán El Grande, Autlán de Navarro y Jocotepec.
La autoridad afirma que los crecientes asesinatos obedecen a los ajustes de cuentas entre bandas rivales. De acuerdo con la fiscalía estatal, el CJNG sostiene una sangrienta lucha con el Cártel Nueva Plaza por el control del tráfico y venta de droga. El caso es que, mientras en el primer trimestre de 2018 se registraron 417 homicidios dolosos, en este año van 576.
Para Francisco Jiménez Reynoso, especialista en temas de seguridad, la principal causa de que la incidencia delictiva no disminuya es la corrupción de las fuerzas del orden y la falta de capacidad de sus mandos para dirigirlos, porque llegaron al cargo por amistad o compadrazgo con gente poderosa.
Refiere que el crimen organizado está infiltrado en las policías de los tres órdenes de gobierno “y en algunos casos hasta en las fuerzas armadas”, dado su poder económico y político.
En Baja California, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos estatal, Raúl Baena, cuestiona: “Podemos cambiar de partido en el gobierno, de presidente, de gobernador, de alcalde y de jefes policiacos; militarizar la seguridad, aumentar los presupuestos para seguridad, comprar más patrullas, contratar más policías, adquirir tecnología de punta, aumentar las penas… y nada funciona. ¿Por qué? Porque las corporaciones federales, estatales y municipales son fuente de recursos ilegales, producto de amplias y complejas redes de corrupción, de mordidas, cuotas, complicidad y protección a la delincuencia… Mientras siga imperando la simulación y la impunidad, sin imponer sanciones ejemplares a autoridades corruptas y abusivas, nada se va a resolver.
“AMLO ha apostado demasiado a la Guardia Nacional, que es una reedición de la estrategia militar de combate a la delincuencia organizada que provoca la violencia en el país, lo que no presagia el éxito a no ser que se actúe a sangre y fuego, con el riesgo de que continúen las violaciones graves a los derechos humanos”.
El abogado Osvaldo Medina Olvera subraya que para atacar al crimen y la violencia es esencial privar a los criminales de los ingresos que les reditúa el lavado de dinero.
Los especialistas consultados coinciden también en la necesidad de desaparecer la Policía Estatal Preventiva (PEP) –señalada desde su creación por su presunta complicidad con el crimen organizado y graves violaciones de los derechos humanos–, a fin de destinar sus recursos al fortalecimiento y la capacitación de las corporaciones municipales, que están en contacto con las comunidades, conocen la dinámica de las bandas de robo domiciliario y de vehículos, del narcomenudeo y de las pandillas en las colonias.
Este estado cuenta con ciudades como Tijuana, una de las más violentas del mundo, con 138 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Un reporte de la agencia antidrogas estadunidense, la DEA, puntualiza que “desde hace dos años esta frontera es campo de batalla de tres cárteles criminales”: el CJNG aliado con Los Arellano Félix contra el de Sinaloa.
Y David Solís Juziano, vicepresidente del Comité de Seguridad Pública de Tijuana, admite que en la ciudad operan 2 mil 500 pandillas de entre 25 y 100 integrantes.
El pasado 3 de febrero, en Tijuana fueron asesinadas 21 personas en menos de 24 horas. El presidente López Obrador ordenó el inmediato despliegue de un operativo especial para frenar la criminalidad y se destinaron a Tijuana 2 mil 231 efectivos. Según el titular de la Sedena, después de 51 días los homicidios dolosos disminuyeron 25% en la urbe fronteriza. Sin embargo, la tendencia estatal continuó al alza.
Por otra parte, la violencia que arreció en el noreste de Tamaulipas desde finales de 2018 fue atribuida por los gobiernos estatal y federal a nuevas disputas entre numerosas bandas escindidas de los cárteles del Golfo y Los Zetas, que se dividieron tras la detención de sus capos, como lo han revelado la DEA y el Ejército Mexicano.
Según las cifras oficiales, en 2018 se registraron mil 472 homicidios dolosos en Ciudad Victoria, que tiene unos 300 mil habitantes. La seguridad recae en el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT), actualmente Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en el que participan mandos de la Marina, el Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal.
Desde principios del año el gobierno federal reforzó con efectivos que integrarán la Guardia Nacional ciudades tamaulipecas como Reynosa, pero las balaceras y las muertes no disminuyeron.
El vocero de seguridad del Grupo de Coordinación, Luis Felipe Rodríguez, señaló que los homicidios se han reducido este año. No obstante, cuando se producen enfrentamientos con muertes esa instancia no informa ni emite comunicados, y en ocasiones de plano los niegan.
Hasta hoy se desconocen los cambios que provocará la operación de la Guardia Nacional.
Con información de: Olga Aragón, Juan Alberto Cedillo, Verónica Espinosa, Ezequiel Flores y Gloria Reza/.
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