El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la inestimable oportunidad de aplicar la vieja máxima que reza: donde hay sociedad, existe el Derecho, que, para el presente, tendría que entenderse así: para que haya sociedad, tiene que aplicarse la ley. Esto, es un imperativo categórico para la existencia del Estado y su contenido más preciado, que es la sociedad.
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El Derecho, cimiento del Estado, es un paso colosal de la humanidad. Fue el tránsito de la sinrazón a la razón, de la bestialidad al raciocinio, del estado de naturaleza al Estado civil. Y su conservación, empeño permanente del hombre, sólo está en la aplicación de las normas que contiene.
Por eso, en todos tiempo y lugar donde se ha establecido, no ha dejado de perfeccionarse, pues sin Derecho, la existencia de la sociedad es imposible. Bajo ninguna circunstancia se le debe soslayar. El costo es la involución histórica.
Apenas iniciado su gobierno, Andrés Manuel López Obrador enfrentó el rescate de la gasolina, que grupos criminales robaron por años. Hay investigaciones abiertas y la sociedad espera que deriven en castigos.
Pero en su conferencia del miércoles, dijo: “No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. (Esta), es garantizar la seguridad pública (…) lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios”.
Para el gobierno es una obligación ineludible detener a los criminales; no tiene otra manera de garantizar la seguridad que dice preocuparle. Nunca será conveniente mostrar que esa entidad es débil o tolerante frente a quien lastima a la población.
Una actitud amnésica en la aplicación de la ley prohijará la reincidencia. Florecerá la impunidad. En esa dinámica, ni se resuelven los problemas, ni el Estado es lo que es y/o debe ser, ni hay posibilidad alguna de transformar nada de fondo. El Derecho será inútil. La anarquía estará tocando la puerta.
En el bloqueo de las vías férreas en Michoacán por parte de la CNTE, se ha visto una permisividad tan marcada como perniciosa. Las pérdidas que ha causado el desplante de los “maestros” son inaceptables, igual que las que se han registrado por las huelgas en Matamoros.
Ese estado de cosas no debe agravarse. La única manera de evitarlo es la aplicación estricta de la ley, que nada tiene que ver con la represión.
El trauma del 68 debe ser olvidado. Se tiene que mantener el orden y el Derecho con la fuerza, no con la violencia.
Si el presidente decide ejercer el Derecho y respetar la Constitución —lo juró hace dos meses—, con base en una estrategia bien pensada, tendrá el respaldo de todos.
Su enorme aceptación de hoy, que ronda 80%, romperá todos los escenarios y su Cuarta Transformación tendrá un consenso y un piso como ninguno de sus antecesores pudo imaginarlo.
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