La abogada en Derecho Internacional y catedrática advirtió que la corrupción atrapó a las instituciones de este país, por omisión del ejercicio de las obligaciones de los servidores públicos, por dádivas, y de ahí la impunidad.
Durante la charla con Crónica. (Foto: Saúl Castillo)
"México se encuentra en un Estado de excepción", dice Loretta Ortiz, la abogada en Derecho Internacional y catedrática de la Escuela Libre de Derecho, quien es una de las tres opciones que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso para que releve a la ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lavado de dinero, narcotráfico, venta de ilegal de combustible, venta de órganos, tráfico de migrantes, trata de menores, son actividades que se asocian a otros delitos como el feminicidio y la desaparición de personas. Esto es el negocio del crimen organizado que tiene en jaque a la justicia mexicana, dice la abogada en entrevista con Crónica.
–¿Coincide con la secretaria de Gobernación en que vivimos en un estado de derecho débil, que así lo dejaron los gobiernos panistas y priistas? –se le pregunta a la esposa de quien será el próximo fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti.
–Pues sí, sí hay un estado de derecho débil y se hace esa alusión porque hay muchísima impunidad. Si hubiera un estado de derecho los delincuentes estarían cumpliendo una pena y los procesos no se sobreseerían, en el caso de los amparos. Tendríamos a los responsables de cometer los delitos tras las rejas. Ésa es la verdad, indica la exdiputada federal.
–¿Qué urge hacer para fortalecer el estado de derecho?
–Lo primero es que los servidores públicos actúen diligentemente conforme a la normatividad. Hay omisiones graves en el ejercicio de sus funciones. Cuando se debería de continuar con la persecución de un delincuente o tomar las medidas que procedan, según lo dicta el orden jurídico, pues no se toman, reprocha la investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.
Agrega que lo más grave es que hay corrupción o que por hacer favores no se actúa bajo el estado de derecho: “La forma de evolucionar en el combate a la corrupción es como lo está haciendo el actual gobierno”.
No duda en reiterar que la corrupción atrapó a las instituciones de este país, por omisión del ejercicio de las obligaciones de los servidores públicos, por dádivas, y de ahí la impunidad.
–¿Estamos atrapados en la delincuencia?
–Sí, es un estado de excepción, porque hay partes del territorio que están ocupadas. Esas partes del territorio son Tamaulipas, Guerrero; en algunas partes Oaxaca, Veracruz, Guanajuato… Estamos en algunas partes peor, en el momento actual, que Colombia. La situación se ha recrudecido porque hay un círculo vicioso: Al haber impunidad, los responsables de estos delitos siguen cometiendo más delitos. Hay un contubernio entre servidores públicos que aceptan las dádivas para no actuar o para actuar en favor de los responsables.
Crimen organizado y prisión oficiosa. “Ahora con todo lo que se ha descubierto con el huachicol, es impresionante la cantidad de gasolinerías que compraban gasolina robada. Era una industria paralela. Ante esas situaciones es difícil hablar de que estamos en un estado de derecho. No eran unos cuantos pesos. Eran millones y billones, con los cuales, precisamente, el crimen organizado se organiza más y pone a más personas en las filas del crimen, que va a trabajar con lavado de dinero, con narcotráfico, con la venta ilegal de combustible, con la venta de órganos, con la trata de niños, niñas y adolescentes, además del tráfico de migrantes. Esos son los negocios del crimen organizado”, expresa con un dejo de dolor la excoordinadora de los Foros por la Paz y Reconciliación del país.
Ortiz Ahlf indica que de estos negocios se desencadenan delitos como el feminicidio, la desaparición de personas y el negocio de los polleros. “Si no se combaten correctamente estas conductas la población va a seguir padeciendo inseguridad, y no sólo eso, sino la violación grave a sus derechos humanos”, señala.
Al abordar la discusión de más de siete horas que se dio en la sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados en torno a la reforma del Artículo 19 para dar prisión preventiva oficiosa a delitos como la corrupción, robo de hidrocarburos y por el uso indebido de programas sociales en procesos electorales (iniciativa amlista), Loretta Ortiz ataja y reflexiona: “La prisión preventiva… es mucho más violatorio de los derechos humanos, el arraigo”.
–Pero el arraigo es una figura que ya no se aplica.
–Pienso que debe ser un régimen transitorio, excepcional la prisión preventiva, hasta en tanto mejore la investigación en la persecución de los delitos, porque si no mejora este sistema de investigación las personas van a quedar impunes, fuera de la esfera de las autoridades y del ejercicio de la acción penal. Eso sucedió en el caso de César Duarte (exgobernador de Chihuahua). Las personas con dinero, con medios y con corrupción pueden evadir a la justicia.
La aspirante al Alto Tribunal señala que para tener resultados tangibles se debe dar un significado real a los delitos, como la venta ilegal de hidrocarburos, feminicidios, “por Dios Santo”, expresa al tocar este tema que le descompone el rostro. Explica que en torno al delito de fraude electoral lo que busca en lo fundamental es la protección de los derechos humanos de todas las personas.
–¿No ve usted un riesgo en el incremento de violaciones a derechos humanos con la prisión preventiva oficiosa?
–No si se hace bien la fundamentación. Hay que ver caso por caso, pero se tiene que ir por la evidencia.
Ortiz enfatiza que por ello es necesario la capacitación de todas las policías y señala que hubo errores gravísimos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y ahora tenemos lo que derivó de esa circunstancia, incluyendo menos elementos para combatir la inseguridad.
Contra la reforma penal de 2008. Loretta Ortiz se declara en contra de la reforma de justicia penal que dio origen a la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial o de Juicios Orales.
–Eso nos trajo que no tengamos a los responsables de delitos purgando penas. No se capacitó debidamente a los policías para hacer las detenciones, que cuando se hagan se les lean a los detenidos sus derechos. Eso no ocurre, por eso los casos se han caído ante los jueces de control.
–Entonces, ¿no se corre el riesgo de más violaciones?
–Bueno, sí se corre el riesgo, pero por eso debe fundamentarse bien la detención, enfatiza.
–¿Y cómo ve el trabajo de la Guardia Civil dentro de esta reforma al artículo 19?
–El mando debe ser civil, no militar. Yo estoy a favor de un mando civil.
Sobre su agenda de ser la elegida para ocupar un lugar en la Corte, Loretta Ortiz señala que quiere ser una ministra cercana a la gente, y que no se ponga como obstáculo que ha colaborado con Andrés Manuel López Obrador, porque hay ministros cercanos a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Sobre su salario, de arribar a la Corte, si será más que lo que gana el Presidente, indica: “Yo no necesito más que para mis libros”.
fuente.-
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