La lista de exfuncionarios relacionados con el saqueo y desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dada a conocer por su director general Manuel Bartlett Díaz, es apenas una muestra de la extensa cadena de latrocinios cometidos en más de dos décadas por el Cártel de la Electricidad que tuvo su mayor auge en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
La caja negra de la CFE guarda infinidad de sorpresas sobre los contratos y licitaciones otorgados al amparo de la corrupción e impunidad que no sólo saquearon los estados financieros de la exparaestatal, sino desmantelaron el Sistema Eléctrico Nacional al otorgar más de la mitad de la generación de energía a empresas trasnacionales con las que se firmaron contratos para la compra de electricidad. Un negocio redondo para unos cuantos donde el país salió perdiendo en todos los sentidos.
El actual director de CFE señaló en la lista de saqueadores a personajes como el exasesor de Carlos Salinas, el francés José María Córdova Montoya, promotor de los cambios legales que abrieron el sector eléctrico a la iniciativa privada y a las empresas extranjeras con las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). Desde entonces participó en el negocio de la electricidad y tiene la empresa Proveedora de Servicios de Energía, SA de CV, que todavía actúa en el país, a decir de Bartlett.
Figura también Jesús Reyes Heroles González Garza, que fue secretario de Energía y director general de Pemex en la administración de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón; ha sido participante en grandes empresas y consejos consultivos de energía, como Energy Intelligence Group, Morgan Stanley Energy Partners, Mitsui de México.
Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo, es presidente y director general del consejo de administración de la empresa IEnova, que tiene ver con muchas actividades de generación de electricidad, asociada con intereses privados y participa precisamente en el problema de los ductos con contratos leoninos.
Entre los citados por el titular de la CFE se encuentra además Luis Téllez, secretario de Energía y secretario de Comunicaciones y Transportes en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón; asesor de empresas extranjeras como Kravis Roberts.
En primera fila ubicó Bartlett Díaz al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, secretario de Energía de Vicente Fox y consejero independiente de la empresa Avangrid; también Georgina Kessel Martínez, secretaría de Energía de Calderón y actualmente directora de Iberdrola México.
Jordy Herrera Flores, secretario de Energía con Calderón, consultor de Energía y bróker. A través de una serie de empresas ha trabajado al servicio en diversas actividades de generación privada. Otro es Alejandro Fleming Kauffman, jefe de unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía en el sexenio de Calderón y miembro de los consejos de Iberdrola México e Iberdrola México Renovables.
Y por supuesto en el listado de Bartlett no pudo faltar Alfredo Elías Ayub, exdirector general de CFE durante los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón, y consejero independiente de Avangrid.
Este personaje encabezó por casi dos décadas el Cártel de la Electricidad y fue cómplice tanto de la desatada corrupción como del desmantelamiento de CFE y la firma de los contratos para la compra de energía con empresas extranjeras a las que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) les otorgó 772 permisos de generación.
Ahora que su nombre salió a relucir como uno de los principales responsables de la deplorable condición financiera de la CFE y la entrega de la mitad de la generación de electricidad a multinacionales, Calderón se dice ofendido, pero vale la pena recordarle que siendo presidente desoyó las denuncias presentadas en su momento por miembros de la Comisión de Energía de la LX Legislatura, que en agosto de 2009 –2 meses antes de que emitiera su autoritario decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro–, le advirtieron en un fundamentado análisis sobre la galopante corrupción de la mal nombrada “empresa de clase mundial”.
Es impostergable adoptar decisiones que pongan freno al insaciable apetito de funcionarios que ven en un puesto o encargo público la mejor oportunidad de hacer negocios y enriquecerse a costa del erario público, le expresó el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva al hacerle llegar un voluminoso expediente sobre incontables actos de corrupción y tratos comerciales sostenidos por CFE, con aval de Elías Ayub, para empresas señaladas de evasión fiscal por las autoridades hacendarias.
Pero lejos de atender las alertas del Congreso, Calderón permitió que vía la CRE se otorgara un total de 772 permisos de generación de energía a empresas extranjeras como Iberdrola, y CFE garantizaba su compra.
Calderón tampoco atendió las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en el análisis de la Cuenta Pública 2009 le hizo notar que estos permisos ya le habían costado al país 268 mil millones de pesos, siendo contrarios al interés nacional.
El órgano auditor, señaló: “Los permisionarios tampoco corren riesgo debido a que venden la electricidad comprometida a la CFE y aunque se presenten paros y haya una menor demanda del energético, la paraestatal tiene que colocar los excedentes al costo que sea necesario”. Los permisos otorgados por Fox y Calderón y los contratos de compra de energía a firmas como Iberdrola, EDF International, Unión Fenosa, Mitsubishi, Intergen, Mitsui, TransAlta, EDFI y AES, le costarán al país en los próximos 25 años 1.6 billones de pesos.
Esta desnacionalización de la industria eléctrica incluyó el autoritario e ilegal cierre de Luz y Fuerza del Centro bajo el argumento de representar una carga a las finanzas públicas al subsidiarla por “improductiva”. La ASF desmintió en su momento a Calderón, al establecer que mientras LFC recibió de 2001 a 2009 subsidios por 248 mil millones de pesos, la CFE obtuvo por el mismo concepto 563 mil millones en el mismo periodo. De hecho, el haber subutilizado sus plantas de generación para comprar su energía las empresas privadas, fue colocando a la Comisión Federal en una insalvable quiebra técnica.
Como se aprecia ahora, los gobiernos neoliberales siempre tuvieron en mente desnacionalizar y desmantelar la industria eléctrica nacional. Los costos son muy altos y son imprescindibles auditorías internas y externas para castigar a los responsables de esta encubierta traición a la patria y llevarlos ante la justicia. Todos ellos formaron parte del Cártel de la Electricidad tanto o más voraz que el de los huachicoleros.
Martín Esparza*
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