Ayer la Corte Federal de Estados Unidos condenó a 20 años de prisión a Francisco Colorado Cessa por lavar dinero para Los Zetas. Según los testigos que participaron en el juicio que sentenció a este criminal, Cessa estuvo vinculado a los gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.
Después de la condena emitida el día de ayer, la PGR debe tomar con seriedad los elementos que, a partir de este caso, evidencian en México la liga entre política y narcotráfico.
De acuerdo con Juan Carlos Hinojosa, contador de Los Zetas, Fidel Herrera habría recibido 12 millones de dólares de esa organización como financiamiento para su campaña a gobernador del 2004.
En el mismo juicio referido, el agente del FBI responsable del caso, Scott Lawson, declaró:
“Con base en los interrogatorios de informantes, hay elementos para creer que el gobernador de Veracruz retribuyó los apoyos … consiguiendo para su empresa —ADT Petroservicios— cuantiosos contratos de Pemex”.
Colorado tuvo en ese tiempo como aliado de sus negocios a Efraín Teodoro Torres, alias El Zeta 14. Este otro criminal, que falleció en 2007, era el jefe de la plaza de Veracruz por parte de Los Zetas. Fue uno de los responsables principales de la ola de violencia que se desató en esa entidad durante el siguiente lustro.
Otros testigos han referido que la sociedad entre ese grupo criminal y la autoridad formal en Veracruz se extendió al mandato de Javier Duarte. Colorado habría también ayudado a financiar la campaña de este otro candidato priísta y, durante sus primeros años de gobierno, obtuvo impunidad a cambio de cantidades grandes de dinero.
El caso Colorado Cessa es emblemático porque revela una realidad que muchos han dado por cierta, pero nadie ha sido capaz de probar: que Los Zetas fueron una organización criminal cómplice de los políticos más encumbrados.
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Es imperativo traer a México la parte faltante de la investigación. La Corte Federal en Austin y Nueva Orleans ya probó el vínculo entre este empresario mexicano y el narcotráfico. Confirmaron que lavó dinero y también que financió su actividad como proveedor de Pemex con dinero proveniente del narcotráfico.
Toca ahora a la autoridad mexicana descifrar la relación entre este intermediario y los políticos veracruzanos responsables de que su estado se convirtiera en un infierno de violencia.
No debe importar si ambos fueron gobernadores del PRI, tampoco debería ser obstáculo que Herrera y Duarte hubieran podido financiar, a su vez, otras campañas de su partido.
Es mucho más importante descifrar el mecanismo mafioso para que los responsables encuentren castigo y también para aprender de este caso porque no debe repetirse.
No hubo otro grupo más sanguinario en la guerra por las drogas que tuvo lugar durante el gobierno de Felipe Calderón; las masacres que Los Zetas impusieron al país son heridas que tardarán muchas generaciones en curarse.
Sería infame arrojar al barranco de la desmemoria a los responsables últimos de tanta mortandad. Sería deslealtad con las víctimas y sus familiares, indecencia para con quienes han sufrido lo indecible.
Luchar contra la impunidad pasa por perseguir hasta sus últimas consecuencias a los funcionarios electos que se hicieron cómplices de la atrocidad.
De ellos se esperaba un estándar moral elevado y, sin embargo, no quisieron estar a la altura. Por eso, es indispensable que estos procesos y sus condenas sean ejemplares. No se trata de enviar carne fresca a los leones enojados por la corrupción mexicana, sino de construir un caso penal que siente precedente para delante.
Sólo así lograremos que el dinero del crimen organizado no ingrese a las campañas políticas ni lesione la vida democrática mexicana. Sólo así será posible que las mafias dejen de utilizar a Pemex como plataforma para lavar su dinero sucio. Sólo así los hampones que asesinan, extorsionan, secuestran y destruyen comunidades, dejarán de contar con la protección de los gobernantes.
Suele ocurrir que los Estados Unidos atraigan casos de la justicia mexicana porque los imputados tienen que enfrentar, allá también, los delitos cometidos. El caso Colorado Cessa, de su lado, debería igual investigarse en México porque es la hebra que permitirá sacar de las sombras a varios políticos criminales.
fuente.-@ricardomraphael
(imagen/Internet)
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