Las Unidades Especializadas Contra el Secuestro (UECS)
serán reforzadas con militares, marinos y policías federales. Contarán también
con la participación de peritos de la Procuraduría General de la República; los
enviados deberán coordinarse con las autoridades de cada entidad.
Mexico,D.F 30/Ene/2015 Lo anterior, dentro de la construcción de “grupos
tácticos interinstitucionales” y el intercambio de datos en los tres niveles de
gobierno. Dentro de las diez entidades prioritarias, las cuales concentran el
73 por ciento del total de plagios en el país, se han establecido grupos de
este tipo en Tamaulipas, Morelos, Estado de México, Tabasco y Michoacán.
El Coordinador Nacional Antisecuestro, Renato Sales
Heredia, se reúne con todos los gobernadores para fortalecer este intercambio
de información.
Los grupos tácticos –dijo el funcionario– son la
respuesta a un problema común que evita la dispersión de información, la
confrontación interinstitucional y conjunta capacidades para atender a las
víctimas y esclarecer los secuestros.
El encuentro de esta semana fue con el gobernador de Baja
California, Francisco Vega, quien hizo énfasis en la problemática del narcomenudeo,
uno de los principales delitos que aquejan a la entidad.
Por ello, solicitó a la Coordinación Nacional
Antisecuestro un mayor apoyo en el combate a este delito.
En el encuentro, realizado en la Ciudad de México, que
tuvo como finalidad dar seguimiento a las políticas implementadas para el
combate al secuestro en la entidad, también estuvieron presentes la procuradora
de Baja California, Perla del Socorro Ibarra Leyva, y el subprocurador contra
la Delincuencia Organizada en la entidad, José María González Martínez.
FUERZAS ARMADAS AUN SIN "REGULAR".
Los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya son consecuencia de la negativa del gobierno de Enrique Peña Nieto y de las principales fuerzas políticas del país a atender la demanda de las fuerzas armadas de dotarlas de un marco legal que legitime su actuación en labores de seguridad pública y en el combate al crimen organizado.
En público y en privado, los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, general Salvador Cienfuegos Zepeda y almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, respectivamente, han demandado reformas legales que permitan a soldados y marinos adecuar su actuación al marco legal; es decir, que se les dote de la facultad de “investigar delitos” y “detener” a los presuntos responsables.
Es absurdo que después de que los militares fueron sacados a las calles, desde el gobierno de Felipe Calderón, para enfrentar el problema más grave que vivimos que es la inseguridad (sumado a la desconfianza en las instituciones y a la sensación de que las cosas van de mal en peor –gracias a la ineficacia probada del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam), no exista una regulación en la materia, en la que se definan los límites en la actuación de los soldados, sus derechos y obligaciones, así como la participación de las autoridades civiles en hechos que involucren al personal castrense en labores de seguridad pública.
Mientras las cosas se mantengan sin cambio, militares y marinos seguirán actuando ilegalmente con el riesgo de que en un momento dado, de verdugos pasen a víctimas. Además, como reconocen altos mandos consultados, como saben los delincuentes que no los pueden detener los soldados porque no tienen esa atribución legal, esperan a ser capturados para obtener su libertad unas horas después, sin importar la gravedad del delito que se les impute.
En la mayoría de los casos, los militares quedan como el cohetero o de plano quedan como el malo de la película, precisamente porque sus actos no están regulados legalmente, como tampoco está prevista la obligación de que los altos mandos respondan ante la sociedad por los actos de sus subordinados.
En Tlatlaya, con la complicidad de la PGR y de la procuraduría del Estado de México, la responsabilidad por la muerte de 22 presuntos delincuentes fue adjudicada a tres soldados (como autores materiales) y a un teniente (por encubrimiento). Pero, ¿dónde quedó la responsabilidad del comandante del batallón, del comandante de la zona militar, del comandante de la región militar?, máxime cuando quedó demostrado que la escena del crimen fue alterada con la venia de los altos mandos.
La impunidad de los altos mandos se dio, gracias a que la PGR se plegó al mando castrense para no afectar su imagen; gracias a que para todos es sabido que cuando hay un evento en el que están involucrados soldados, el acceso a las autoridades civiles para investigar los hechos depende de la voluntad de los militares porque no tienen la fuerza legal suficiente para hacerse respetar.
En Iguala, sucedió lo contrario, hasta ahora no se han presentado pruebas que demuestren la participación de los soldados en la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa; aunque si hay evidencia de que los soldados salieron a la calle, se entrevistaron con los estudiantes y se hicieron de la vista gorda ante lo que estaba pasando. Es decir, se limitaron a acatar estrictamente el marco legal de no intervenir si no es por petición expresa de las autoridades civiles.
Sin embargo, las críticas contra los militares son precisamente ¡porque no intervinieron!, lo cual no deja de ser paradójico, porque la falta de oficio y sensibilidad del gobierno federal para atender la exigencia de los padres de agotar todas las líneas de investigación antes de dar a conocer “verdades históricas”, derivó en la exigencia de los padres de los normalistas de que se investigue al Ejército y se abran los cuarteles para buscar a sus hijos. Demandas que ya hubieran sido desactivadas con una investigación seria, porque si existiera voluntad del gobierno de Peña, quien es además del comandante supremo de las fuerzas armadas, se habría hecho pública la actuación de los soldados y se habrían abierto los cuarteles para su escrutinio.
FUENTE.-La Jornada/
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