La campaña de desprestigio mediático contra el CASO AYOTZINAPA continua y de nueva cuenta entra en escena el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que ha señalado como objetivos de atención especial a 18 líderes que han acompañado, a los padres de los normalistas desaparecidos, en las protestas llevadas a cabo en pro de Ayotzinapa.
Mexico,D.F 21/Ene/2015 Se debe tener presente que anteriormente el CISEN había fichado al abogado de los 43 normalistas desaparecidos supuestamente por estar involucrado en grupos subversivos al movimiento de búsqueda de los normalistas. Vidulfo Rosales Sierra, de 38 años, se había convertido en el vínculo de diálogo entre Enrique Peña Nieto y el cansado titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam. La CISEN lo fichó como un radical.
A ese caso hoy se le suma el supuesto temor del ejército de que los involucrados en el movimiento de Ayotzinapa sean miembros de guerrillas y que su única intención de entrar en los cuarteles es para mapearlos, conocer la ubicación de las armas además de detectar sus zonas más vulnerables para ser atacados.
Aparentemente el CISEN ubica como “objetivos de atención especial” a 18 líderes sociales que han participado con los padres de Ayotzinapa. Se unen estas acusaciones a las que se han dado en los pasados, días donde pareciese que a toda costa se está apelando al “olvido selectivo” para evitar que siga creciendo en proporciones desmedidas a las conveniencias de los dirigentes políticos.
Entre los líderes que son acusados de tener nexos con el narco o con guerrilla se encuentran: los hermanos Victoriano, Gabino y Obtilia Eugenio Manuel además de Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez. Ellos son señalados como integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) además de actuar de manera pública por medio de la Organización de Pueblos Indigenas Me Phaa (OPIM). Y señala a los dos primeros como involucrados en el cultivo y trasiego de amapola y opio, además de que Victoriano tiene órdenes de aprehensión, su hermana tiene ocho averiguaciones previas por robo, daño en propiedad ajena y secuestro, por su parte Cuauhtémoc Ramírez tiene una por daño en propiedad ajena.
Aparece también José Luis Arroyo, mismo que pertenece al Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas, que está ligado a Tendencia Democrática Revolucionaria además de Eulalia Eligio González, perteneciente a la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia (RENACID), ella es vinculada con el Ejército Libertador Nacional (ELN).
Posteriormente se mencionan “objetivos” de organizaciones sociales y aparece: Cirilo Plácido Valerio, dirigente de la disidencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC – PC) además de su hermano Bruno, perteneciente a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), supuestamente con órdenes de aprehensión y averiguaciones por robo, secuestro y ataques.
Dentro de este rubro también se encuentran Abad García y Eliseo Villar, ambos también de CRAC – PC, Ernesto Gallardo de la UPOEG, Clemencia Guevara del Frente Popular Revolucionario (FPR), Ranferi Hernández del Movimiento Social de Izquierda (MSI), Ramos Reyes Guerrero y María Antonia Morales de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG – CNTE), Marco Suástegui Muñoz del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP), Nicolás Chávez Adame de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG) y Abel Bruno Arriaga del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos (FRECODDEC).
Cabe mencionar que, según lo dicho por el ejercito, todos, excepto Ramos Reyes, tienen órdenes de aprehensión o averiguaciones previas por crímenes tales como robo, lesiones, allanamiento de morada, motín, secuestro y ataques a las vías de comunicación. Supuestamente Gallardo tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, por los cargos de secuestro y homicidio, y presuntamente las autoridades locales no han hecho nada por cumplir dichas órdenes de arresto.
De igual manera se podría indicar como las autoridades federales no han podido conseguir absolutamente nada para frenar a la delincuencia, al crimen y buscar un orden real entre la población, pero si lo contaminado viene desde la punta, donde viven los narco gobiernos, poco se puede hacer para buscar soluciones, quizá armar circos con juegos donde se aparente que se lleva a cabo el correcto trabajo.
Además el ejército, que ha sido señalado como el verdadero problema por algunos, pareciera que da la mayor cantidad de excusas posibles para evitar a toda costa que se averigüe más de un caso que, por más que intentan, no consiguen poner freno ni ellos, ni los medios, ni ninguna otra autoridad de este país.
El ejército aparenta temer a la aparición de líderes reales que puedan comandar a una sociedad que está fastidiada de sus líderes de adorno que no han aprendido a dar soluciones sino por el contrario brindan más motivos para el hartazgo y el desenfado nacional que podría culminar en algo que, ahora sí, no podrán controlar con acusaciones a líderes sociales.
fuente.-Revolucion trespuntocero.
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