El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el gobierno federal interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el bloqueo a vías férreas que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Michoacán.
Esto, con el objetivo de evitar el uso de la fuerza, pues dijo que antes “había la costumbre de que la queja era a la autoridad, y ahora lo que se va a hacer en estos casos, es que vamos a pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos recomiende qué se hace en estos casos para no usar la fuerza”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.
Al hacer un nuevo llamado a los maestros de la CNTE para que liberen las vías en la entidad, indicó que dio instrucciones al consejero jurídico de la Presidencia, para que presentara la queja ante el organismo, pues dijo: “No queremos utilizar la fuerza, porque esas actitudes muchas veces tienen que ver con posturas conservadoras de izquierda”.
Enfatizó que en asamblea, la CNTE tomó la decisión de levantar el bloqueo “porque ya se les atendió en sus demandas”, sin embargo hay un grupo que lo mantiene e hizo un exhorto para que la organización aclare si se consultó a los maestros para el retiro de las manifestaciones.
Su gobierno, dijo, está abierto al diálogo y ya hizo todo para satisfacer las peticiones de los maestros, incluso los que tenían que ver con obligaciones del gobierno de la entidad, además de que ayudaron a las autoridades estatales con la transferencia de recursos y adelantándoles participaciones federales, “y tengo entendido que ya se les pagó a los maestros, sin embargo continuaron con esto (el bloqueo)”.
Llamamos al diálogo, pero el gobierno debe cumplir su obligación: CNDH
En respuesta a la queja, el organismo dijo que buscará un acercamiento con las autoridades para abordar el tema, pero solo como parte de sus “atribuciones constitucionales y legales”, pues recordó que solo está posibilitada para conocer actos u omisiones de autoridades que violen derechos humanos.
“Si bien es positivo que se busque privilegiar otras vías sobre el uso de la fuerza, tal disposición no puede justificar qué, si eventualmente las instancias de gobierno competentes llegaran a determinaran la existencia de algún acto ilegal, sea permisible que las autoridades renuncien o se inhiban de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la integridad, seguridad e intereses de las personas”, argumentó la CNDH en un comunicado.
Incluso, la comisión insistió en que la defensa de los derechos humanos no implica que se permitan acciones ilegales o que afecten “la integridad física o el patrimonio de las personas”, pues aseguró que la omisión de las autoridades con sus obligaciones es una conducta que, por sí misma, vulnera derechos fundamentales.
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