La FGR finalmente movió una ficha del tablero: detuvo a Fausto Corrales, personaje clave en la historia del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y señalado también por el presunto encubrimiento del asesinato de Héctor Cuén. El detalle incómodo es el calendario: los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2024 y la autoridad apenas parece haber encontrado el camino hacia una captura.
La FGR parece trabajar con un método infalible: dejar que pase el tiempo, que se enfríe el expediente y, cuando el escándalo ya acumuló polvo suficiente, anunciar una detención como si acabara de descubrir América.
Ayer miércoles fue arrestado Fausto Corrales en Ciudad de México. No se trata de un personaje periférico: era quien manejaba la camioneta que llevó a Héctor Cuén al encuentro donde también estaban Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, el 25 de julio de 2024. Es decir, una pieza central de una trama que mezcla secuestro, asesinato, poder universitario y crimen organizado.
La FGR lo acusa de presunta participación en el secuestro de Zambada, encubrimiento del homicidio de Cuén y falso testimonio. Pero la pregunta no es sólo qué hizo Corrales, sino qué hizo —o dejó de hacer— la Fiscalía durante más de dos años mientras uno de los testigos más relevantes del caso seguía fuera de prisión.
En México, la justicia no siempre llega tarde: a veces se toma su tiempo, da varias vueltas, pide permiso, revisa el retrovisor y aparece cuando ya nadie espera que lo haga.
La detención de Corrales puede ser un avance, sí, pero también exhibe la parsimonia de una Fiscalía que reacciona cuando el caso ya se convirtió en símbolo de impunidad y no cuando las pruebas y los protagonistas estaban a la vista.
El hambre de Rocha Moya y su familia narrado por el muerto antes de morir:
Con información : DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN/MARCOS VIZCARRA/
Doce detenidos, carreteras bloqueadas, vehículos incendiados y un despliegue de fuerzas federales para confirmar que el objetivo principal volvió a escurrirse. El “éxito” oficial en Michoacán tiene esa incómoda forma: Tío Lako no murió, no fue detenido y, otra vez, salió del operativo sin esposas.
El objetivo se les volvió a pelar
El comunicado presume precisión; la realidad exhibe otra cosa. Fuerzas Especiales, Guardia Nacional, Marina, FGR, inteligencia militar, helicópteros y todo el aparato de seguridad del Estado fueron movilizados en Tanhuato y Ecuandureo para ir por Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Lako, jefe regional del CJNG. El resultado central: Tío Lako no cayó.
En cambio, quedaron doce detenidos —incluidas mujeres identificadas como su hija y su pareja—, dos inmuebles asegurados, 64 vehículos, armas largas, una ametralladora calibre .50, explosivos, droga, motocicletas, un dron y equipo táctico. Un inventario voluminoso, sí. Pero no equivale a capturar al hombre que motivó el operativo.
La propia narrativa oficial lo señala como responsable de ordenar las agresiones contra 25 elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero, después de la operación en la que fue abatido El Mencho.
Sin embargo, al presunto responsable directo no lo presentaron ante un juez: presentaron a su entorno, mientras el jefe regional permanece fuera del alcance de la fuerza pública. El balance es difícil de maquillar: se decomisó mucho fierro, pero no se detuvo al fiero.
Y el costo del “golpe” tampoco cabe en una fotografía de armas aseguradas. Michoacán amaneció con bloqueos carreteros, vehículos incendiados y comunidades atrapadas en la parálisis que sigue a cada operación fallida o incompleta.
La autoridad podrá contar 12 detenidos y decenas de vehículos confiscados; la población cuenta horas sin tránsito, miedo, negocios detenidos y 24 rutas convertidas en narcobloqueos.
El periodista Pablo Ferri del diario español,EL PAIS, lo resumió desde sus redes con precisión: “Ni muerto, ni detenido”. Y no sería la primera vez que Tío Lako logra escapar.
La diferencia es que esta vez el Estado tiene cómo vender el saldo material del operativo como victoria, aunque la pregunta esencial siga intacta: si el objetivo era detener al jefe regional del CJNG, ¿cómo puede llamarse éxito una operación de tal tamaño cuando él sigue libre? Las autoridades confirmaron inicialmente nueve arrestos que terminaron en 12 vinculados a su célula, pero también confirmaron, por omisión decisiva, que el objetivo prioritario no estaba entre ellos.
No fue una captura del capo. Fue una operación costosa, ruidosa y con daños colaterales visibles que produjo detenciones periféricas, decomisos y una nueva demostración de capacidad criminal para alterar la vida pública. El balance político puede redactarse como triunfo; el balance operativo, por ahora, dice otra cosa: Tío Lako se les volvió a pelar.
El Gobierno de México volvió a confirmar ayer miércoles que la transformación digital también puede transformarse, de pronto, en una pantalla de error.
Los sitios alojados en gob.mx —incluida la página de Presidencia de la República— quedaron temporalmente fuera de servicio por un “corte de conectividad”, según informó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Una explicación tan precisa como decir que se fue la luz porque dejó de haber electricidad.
Quienes intentaban entrar a gob.mx se toparon con la página predeterminada del servidor WildFly; es decir, la clase de pantalla que aparece cuando una plataforma gubernamental decide quitarse el disfraz institucional y mostrar sus entrañas tecnológicas.
En el sitio de Presidencia, en cambio, apareció el clásico “500 Internal Server Error”: una manera breve, elegante y anglófona de comunicar que ni el sistema sabe qué le pasó.
A las 16:54 horas, la Agencia informó que los portales estaban “temporalmente inhabilitados” y prometió rehabilitarlos en 25 minutos. No aclaró qué se desconectó, quién lo desconectó, cuántas dependencias quedaron colgadas, si se suspendieron trámites o si alguna base de datos decidió tomarse la tarde libre sin avisar.
El detalle no es menor: gob.mx no es un blog abandonado ni una página de recetas. Es el portal que concentra a Presidencia, secretarías de Estado, organismos federales, programas públicos y miles de trámites que, en teoría, evitan filas, traslados y el contacto humano con una ventanilla. Al parecer, también evitan funcionar cuando la conectividad se ausenta.
La caída ocurre, además, en un contexto poco tranquilizador. En noviembre de 2024, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal investigó un presunto ataque de ransomware después de que Ransomhub presumiera tener 313 gigabytes de archivos gubernamentales y amenazara con divulgarlos si no recibía pago. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo entonces que pediría un informe, porque en estos casos lo primero es saber si el incendio existe antes de buscar el extinguidor.
Después, a finales de 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que analizaba un posible incidente de seguridad relacionado con bases de datos personales en manos de instituciones públicas. Y, por si faltaba memoria institucional, ahí está el caso Guacamaya: en 2022 fueron filtrados alrededor de 6 terabytes de información de la Sedena, incluidos correos, contratos, reportes de seguridad y datos médicos del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta vez, el Gobierno dice que fue un corte de conectividad, no un ciberataque. Y habrá que tomarle la palabra. Pero en una administración que presume digitalización, que el acceso a Presidencia termine convertido en un error 500 no es precisamente la mejor demostración de soberanía tecnológica.
Nueva York no está llenando esquinas de “cámaras de seguridad”: está sembrando una aduana digital que registra quién circula, en qué auto, a qué hora y con qué señales visibles. El discurso es perseguir robacarros y resolver delitos; la realidad es que cada vehículo pasa a formar parte de una base consultable, incluso cuando su conductor no ha hecho nada más grave que ir tarde al trabajo.
La cámara no “ve”: ficha
Un lector automático de placas —ALPR o LPR— no funciona como la cámara tradicional que alguien revisa después de un asalto. Opera en automático:
Fotografía al vehículo que cruza su campo visual.
Convierte la placa en texto mediante reconocimiento óptico.
Clasifica rasgos: color, marca, modelo, tipo de carro y, según el sistema, accesorios como portaequipajes, calcomanías o daños visibles.
Contrasta esos datos con “listas calientes”: placas reportadas por robo, órdenes de búsqueda, vehículos vinculados a una investigación o alertas de desaparición.
Si hay coincidencia, lanza una alerta; si no, de cualquier manera puede conservar el registro para consultas posteriores.
Es decir: no sólo pregunta “¿este auto es robado?”. También permite formular búsquedas del tipo: “muéstrame todas las camionetas negras, con portaequipajes, que pasaron por esta avenida entre las 22:00 y las 02:00”. Eso convierte una matrícula pública en una bitácora privada de desplazamientos.
En Nueva York, de acuerdo con INFOBAE, existen más de 60 equipos registrados, con 20 en Queens, 20 en Brooklyn, 12 en Staten Island, siete en el Bronx y apenas tres en Manhattan. infobae
Eficaz, pero para qué
La tecnología sí puede ser útil en casos concretos y delimitados:
Detectar rápidamente un vehículo robado o relacionado con un secuestro.
Identificar una ruta de escape después de un delito ya denunciado.
Apoyar la localización de personas desaparecidas cuando existe una placa o descripción vehicular verificable.
Reducir horas de revisión manual de video en una investigación con un objetivo específico.
Pero aqui conviene bajarle dos rayitas a la publicidad de Silicon Valley con uniforme policiaca. La evidencia disponible no permite afirmar de forma concluyente que los ALPR reduzcan la delincuencia en general; organizaciones de libertades civiles advierten que se han documentado apoyos puntuales a investigaciones, no una relación sólida entre llenar una ciudad de lectores y volverla más segura.
La diferencia importa: una herramienta puede servir para encontrar un automóvil robado y, al mismo tiempo, ser mala política pública si su costo es registrar los movimientos de millones de conductores inocentes. Resolver casos no equivale automáticamente a prevenir delitos.
El modelo aterrizado en México
México no parte de cero. Desde hace años existen C2, C4 y C5, arcos carreteros, cámaras estatales y municipales, sistemas de placas y centros de mando que cruzan videovigilancia, reportes al 911 y bases policiales. Un C5 puede integrar video en vivo, sensores, despacho de emergencias y lectores de placas; Flock sería, esencialmente, la versión empaquetada, comercial y conectada a la nube de esa lógica.
Pero en México el asunto tiene ingredientes más explosivos:
Promesa oficial
Riesgo real mexicano
Recuperar autos robados
Alertas erróneas, placas clonadas o bases de datos desactualizadas derivan en detenciones arbitrarias
Perseguir bandas delictivas
Una consulta mal controlada puede ser usada para seguir periodistas, opositores, exparejas, empresarios o activistas
Coordinar municipios y estados
Más interoperabilidad también significa más funcionarios y corporaciones con acceso potencial a datos delicados
“Modernizar” la seguridad
Se compra hardware vistoso sin invertir igual en ministerios públicos, cadena de custodia, policías capacitados e investigación financiera
Combatir impunidad
Los registros pueden filtrarse, venderse o convertirse en botín de redes de corrupción
Una placa no es una persona por sí sola, pero un registro repetido de placas revela rutinas: domicilio probable, oficina, escuela de hijos, hospital, reuniones, visitas políticas o lugares de culto. Vinculada a padrones vehiculares y otros registros, deja de ser una combinación metálica y se vuelve una herramienta de seguimiento personal.
Y aquí viene el detalle incómodo: en un país donde la filtración de bases de datos y el uso discrecional de información pública no son exactamente ciencia ficción, dar acceso masivo sin auditoría fuerte es como regalar el GPS de la población a una burocracia que todavía batalla para resguardar expedientes.
La trampa: no es la cámara
El problema no es sólo cuántas cámaras se instalan, sino quién teclea la búsqueda, con qué motivo, cuánto tiempo se guarda el resultado y quién revisa los abusos.
Flock Safety afirma que las consultas deben quedar registradas —usuario, fecha, hora, propósito y criterios de búsqueda— para fines de auditoría, y reconoce que las lecturas pueden ser incompletas o inexactas; por ello, una alerta no debería bastar por sí sola para actuar contra alguien. Recientemente, la empresa anunció un valor por defecto de retención de siete días y la obligación de asociar búsquedas policiales con un número de caso, tras cuestionamientos sobre accesos y privacidad.
Eso suena razonable, pero depende del verbo que suele arruinar las democracias: cumplir. Un registro de auditoría sirve sólo si una autoridad independiente lo revisa, sanciona el abuso y publica resultados. De otro modo, es apenas la libreta donde el vigilante anota que vigiló.
México carece de una ley general o federal única dedicada específicamente a la videovigilancia; el marco se dispersa entre normas de protección de datos y regulaciones locales. Los lineamientos de protección de datos para el sector público exigen principios y mecanismos de resguardo, pero el desafío práctico es traducirlos en límites operativos claros para cada cámara, operador y base de datos.
Si México quiere usar lectores de placas, debería hacerlo bajo reglas que no dejen a la ciudadanía convertida en figurante de un reality policiaco permanente:
Finalidad estricta: vehículos robados, desapariciones y delitos graves definidos, no “cualquier cosa sospechosa”.
Retención corta y automática: borrar lo que no active una investigación fundada.
Prohibición de búsquedas por motivos migratorios, políticos, electorales, civiles o de persecución personal.
Consulta vinculada a carpeta de investigación, caso o emergencia documentada.
Auditorías externas frecuentes, publicación de estadísticas y sanciones reales.
Verificación humana antes de detener, perseguir o catear por una coincidencia automatizada.
Evaluación pública de resultados: autos recuperados, casos esclarecidos, falsos positivos, costo por resultado y quejas por abuso.
Contratos transparentes: saber si el proveedor puede conservar, procesar o reutilizar los datos.
La pregunta no es si una cámara puede leer una placa. Claro que puede. La pregunta democrática es si el Estado será capaz de leer sus propios límites antes de que la excepción de perseguir al delincuente se convierta en la rutina de vigilar al ciudadano.
Nueve detenciones y un arsenal asegurado son una buena foto para el boletín. La historia completa, sin embargo, empieza cuando también caen los eslabones de la cadena que hacen posible el negocio: funcionarios que miran hacia otro lado, policías que escoltan, militares que filtran o desvían armamento y políticos que administran silencios.
Porque no basta con detener a la hija y a la pareja del presunto jefe regional; falta explicar cómo una carabina CX-05 —la “Serpiente de Fuego” fabricada para uso del Ejército— terminó como utilería de fiesta en manos de la presunta hija de “Tío Lako”.
No es una anécdota pintoresca ni una selfie excéntrica: es la imagen obscena de un Estado cuya fuerza de fuego, al parecer, puede cruzar de un cuartel a una pista de baile con demasiada facilidad.
El operativo en Tanhuato y Ecuandureo podrá decomisar vehículos, ametralladoras, explosivos, droga y chalecos; pero la verdadera red no se desmonta mientras se capture al brazo visible y se deje intacta la mano institucional que entrega información, brinda protección o permite que el arsenal oficial acabe decorando el narcoespectáculo. La “Serpiente de Fuego” no llegó sola: alguien debió abrirle la puerta.
En el Centro de Monterrey, la noche tuvo su propio capítulo de neurociencia aplicada al desastre: un hombre de unos 35 años decidió que una antena de telefonía de 20 metros era el lugar idóneo para procesar una pelea de pareja, una presunta intoxicación y, aparentemente, una conspiración internacional en su contra.
Johnny —conocido por vecinos como “El Pelón”— escaló la estructura ubicada entre Washington y Serafín Peña armado con un cuchillo, short azul, tenis blancos y una seguridad emocional que, claramente, no venía incluida con el resto del equipo.
Sin playera, pero con una misión que sólo su sistema nervioso parecía comprender, mantuvo movilizados durante dos horas a policías y rescatistas.
Desde las alturas, el hombre repetía que no necesitaba ayuda para bajar. El pequeño detalle era que tampoco bajaba. Una contradicción bastante común cuando el cerebro entra en modo “alarma total”: la corteza prefrontal —la parte encargada de calcular riesgos, frenar impulsos y evitar ideas absurdamente peligrosas— parece pedir licencia, mientras el miedo, la paranoia y la impulsividad toman el volante sin saber conducir.
Los reportes apuntan a que el hombre podría encontrarse bajo efectos de alguna sustancia, además de atravesar un conflicto sentimental. Es decir: una mezcla de emociones desbordadas, posible intoxicación y una antena de 20 metros; el tipo de cóctel que no aparece en ninguna carta de bar, pero que suele terminar con Protección Civil haciendo horas extra.
Finalmente, cerca de la 1:15 de la madrugada, Johnny accedió a descender por sus propios medios. Ya abajo, fue entregado a la Policía de Monterrey y aseguró que “lo querían matar”, aunque no aclaró quiénes eran esos supuestos perseguidores ni si también tenían experiencia en escalar infraestructura de telecomunicaciones.
No hubo lesionados, pero quedó otra postal del deterioro que puede provocar una crisis de intoxicación: cuando la percepción se distorsiona, el peligro deja de parecer peligro y una antena ya no es una antena, sino, quizá, el último bastión de una guerra que sólo está ocurriendo dentro de la cabeza.
En medio del escándalo de la revocación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, el embajador de Estados Unidos en México se ha encargado de dejar en claro que el aliado de Washington en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo se llama Omar García Harfuch. En menos de tres días, publicó dos fotografías en X expresando su respaldo al secretario de Seguridad Ciudadana.
El segundo tuit fue una fotografía de García Harfuch, escoltado por Terry Cole, en un evento de la DEA en Argentina. Cole es el funcionario que, desde la tribuna del Departamento de Justicia, ha hecho un llamado enérgico a romper las complicidades la política mexicana con los cárteles.
Si algo ha revelado el escándalo de la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán es que, en México, existen dos agendas de poder. Por un lado, la que coopera abiertamente con Washington, la de los servicios de seguridad civiles y las Fuerzas Armadas.
Es decir, Omar García Harfuch, el general secretario Ricardo Trevilla y, recientemente, el almirante secretario Raymundo Morales. En la otra esquina se ubica el centro de poder de Andrés Manuel López Obrador y de sus hijos. Se trata de una coalición entre el ala más radical y a la izquierda de Morena, y el grupo de gobernadores y operadores pragmáticos que, en muchos casos, se coludieron con el crimen organizado. Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar y Alfredo Ramírez Bedolla son algunos de sus exponentes. Esta es la facción de Palenque, la que se resiste a la agenda de Estados Unidos contra la narcopolítica; la que utiliza el emblema de la soberanía nacional como un escudo contra la rendición de cuentas. Se saben objetivos de la justicia norteamericana.
En medio de ambas agendas se localiza la presidenta Claudia Sheinbaum y su círculo íntimo de operadores de Presidencia. En el discurso, la inquilina de Palacio Nacional insiste en que no existen pruebas que vinculen a Andrés Manuel López Beltrán con alguna actividad criminal. En el discurso, el hijo de López Obrador es intocable. Sin embargo, en los hechos, su gobierno ha promovido investigaciones que colocan a “Andy” en el centro de la trama del huachicol fiscal.
Sí, Sheinbaum defiende a los hijos del ex presidente desde la tribuna de la conferencia matutina, pero al mismo tiempo, autoriza que Omar García Harfuch viaje a Argentina para asistir a una convención de seguridad organizada por la DEA, un evento que reúne a los aliados de la “Doctrina Donroe” en América Latina. ¿El resultado del viaje? El anuncio de la extradición a México del contralmirante Fernando Farías Laguna, uno de los hombres con mayor conocimiento de la trama de huachicol fiscal que está bajo escrutinio tanto en México como en Estados Unidos. Los hermanos Farías Laguna alegan que la Fiscalía General de la República los ha colocado como chivos expiatorios de una estructura criminal que alcanza a lo más alto del poder político y militar en México. En sus comunicaciones, los marinos son directos: piden que se cite a declarar a Rafael Ojeda, su tío político y el ex secretario de Marina del gobierno de López Obrador. Agregan los Farías Laguna: nosotros le llevamos al testigo que denunció el escándalo de huachicol fiscal, el contralmirante Rubén Guerrero Alcántara. Meses después, fue asesinado. La estela de sangre contra los testigos del huachicol alcanzó a otros tres elementos de la Marina.
Sería ingenuo pensar que este contexto es ajeno al viaje que realizó Omar García Harfuch a Argentina, donde se encuentra recluido el contralmirante Fernando Farías Laguna. Si hoy se discute el papel de “La Barredora”, de Adán Augusto López, de Rafael Ojeda y de Andrés Manuel López Beltrán en el huachicol fiscal obedece, en gran medida, a que el ala del aparato de procuración de justicia que es afín a García Harfuch inició investigaciones al respecto.
El reconocimiento que hizo semanas atrás Terry Cole a Omar García Harfuch ha tenido consecuencias operativas concretas: un nuevo acuerdo que permite al gobierno mexicano comprar tecnología de última generación para la neutralización de drones e incautaciones históricas de cargamentos de cocaína. Mientras que los gobernadores de Morena y la dirigencia del partido denuncian a la oposición de promover una agenda de intervención extranjera, las agencias de seguridad del gobierno de México utilizan inteligencia de Washington para perseguir objetivos criminales que cuentan con procesos judiciales abiertos en cortes norteamericanas.
Este contraste, las dos agendas, transpira en todos los niveles y agencias de gobierno, particularmente en la Fiscalía General de la República. La tensión se exhibe en estampas como la del pasado fin de semana, cuando la oficina de comunicación de la fiscalía publicó que no existen pruebas para iniciar un expediente de investigación a Andy López Beltrán. El mensaje contraviene las propias investigaciones de la FGR, iniciadas por el equipo de García Harfuch. Esto incluye la mención de un testigo protegido que, en febrero de 2026, declaró sobre una conversación que sostuvieron agentes de la aduana de Guaymas ante el desembarco del buque Torm Agnes: “Es un tema de Andy”.
No es casualidad que esta declaración se ocupe de la misma trama que la Corte del Distrito Sur de Texas investiga en relación al huachicol fiscal: el eje Ikon Midstream-Intanza-Mefra Fletes-Azteca Cone-Portacelis Oil and Gas. La sospecha alcanza no sólo al hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también a su amigo y presunto prestanombres, Amílcar Olán. El testigo de la FGR de nombre código “Santo” fue contundente: el escrutinio contra esta red comenzó por “un conflicto entre Harfuch y el hijo del presidente”. Lo dicho: en México hay dos agendas.
