«SI,SI los QUERIAN MATAR: CRIMINALES MANDAN al HOSPITAL 8 POLICIAS JUNTO con el PLAN MICHOCAN HERIDO y MALTRECHO»…con dos décadas de militares haciendo lo mismo, es iluso esperar resultado distinto.

Michoacán volvió a hablar a ráfagas: ocho policías heridos, un civil alcanzado por las balas y un estado que presume “Plan Michoacán” mientras la cartografía real la dibujan los cárteles a punta de cuerno de chivo. La escena no necesita adjetivos, pero los exige.

La foto que desmiente el discurso

En la imagen, una patrulla policíaca parece más colador industrial que vehículo oficial: el parabrisas está tapizado de orificios de bala, un boquete grande delata el impacto de un arma de grueso calibre y la carrocería entera está salpicada por decenas de tiros que no caben en ningún parte oficial de “incidente controlado”.

Alrededor, elementos fuertemente armados deambulan junto a las unidades hechas chatarra, mientras las torretas siguen encendidas como si insistieran en fingir normalidad en un territorio donde la ley es apenas utilería fotográfica.

Emboscadas en serie, estado en automático

En menos de 24 horas, dos emboscadas contra corporaciones de seguridad en Zamora y Apatzingán dejaron un saldo de ocho agentes lesionados y un civil herido de forma colateral. No fue fuego cruzado, fue cacería: caravanas policiacas sorprendidas en carretera y en comunidades donde la autoridad entra como invitada incómoda, no como mando.

Las dos agresiones ocurrieron en municipios donde el control territorial se disputa –y se cobra– todos los días, mientras en la capital siguen vendiendo “estrategias integrales de seguridad” como si fueran paquetes turísticos.

La Estancia de Amezcua: la Guardia Civil cazada

La emboscada más reciente fue en la comunidad de La Estancia de Amezcua, municipio de Zamora, donde células ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación abrieron fuego contra elementos de la Guardia Civil estatal. 

El resultado: seis agentes lesionados, cuatro de ellos en estado grave, y un joven herido de rebote, literalmente atrapado entre el discurso de “paz” y la realidad de la metralla.

Peritos y ministeriales llegaron después, como siempre, a levantar casquillos, tomar fotos y engrosar carpetas de investigación que rara vez alcanzan a un jefe de plaza, pero sí sirven para nutrir conferencias de prensa donde todo “se investiga a fondo”.

Apatzingán: Tierra Caliente, fuego permanente

Horas antes, sobre la carretera Apatzingán–Acahuato, un convoy de la Policía Municipal y la propia Guardia Civil fue atacado mientras realizaba “recorridos de prevención del delito”. La prevención terminó en emboscada: dos oficiales municipales resultaron heridos, reportados como estables, y los agresores se replegaron hacia la zona cerril como quien se mete al patio de su casa.

El Ejército y la Guardia Nacional llegaron a “repeler la agresión”, es decir, a entrar, disparar de regreso y replegarse también, dejando intacta la duda de quién manda ahí cuando se apagan las torretas y se retiran las tropas.

Ponchallantas, bloqueos y control del territorio

Vecinos reportaron ponchallantas sobre los accesos de la vía Zamora–Jacona, una marca registrada del crimen organizado para controlar entradas, salidas y tiempos de respuesta de las corporaciones. Es el urbanismo de guerra: no lo diseña un instituto de planeación, lo diseña el cártel que domina el corredor.

La Guardia Civil y la Sedena presumen presencia operativa en municipios como Queréndaro, Zinapécuaro y Apatzingán, pero la línea entre “presencia” y “simulación” se mide, otra vez, en casquillos percutidos sobre el pavimento y camionetas oficiales cribadas

El cementerio que crece en los márgenes

Mientras las balas silenciaban patrullas, en Jacona se confirmaba lo que los colectivos de búsqueda ya sabían: el estado también se mide en fosas. Peritos, la Fiscalía y buscadoras localizaron al menos seis osamentas en predios de las colonias Trasierra y Nuevo Porvenir, territorios donde las familias buscan a sus desaparecidos con más método que el que aplica la autoridad para encontrarlos

No es un hallazgo aislado; es un recordatorio de que debajo del Michoacán de spots y “planes integrales” hay un subsuelo sembrado de cuerpos, el verdadero mapa del terror.

El “Plan Michoacán” frente al mapa del narco

Sobre el papel, el “Plan Michoacán” promete coordinación interinstitucional, despliegues focalizados y recuperación del territorio; sobre el terreno, las emboscadas, los ponchallantas y los cementerios clandestinos muestran que quien define horarios, rutas y zonas de acceso son los grupos armados.

La foto de la patrulla agujereada resume mejor que cualquier informe de seguridad el estado actual de cosas: el gobierno administra daños, el crimen administra territorio.

Con informacion: ELNORTE/

EL «IMPUTADO y el FUGITIVO: SENADOR MORENO NARCO REAPARECE en CULIACAN y se ECHA un CAFECITO con INDICIADO al ESTILO de CABEZA de VACA en TEXAS»…y le mandan una postal al departamento de Justicia de EE.UU

Mientras en Estados Unidos lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa —nada menos que desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York—, el senador morenista Enrique Inzunza decidió reaparecer no ante un juez, sino ante una mesa bien servida en Culiacán. Y no llegó solo: lo acompañaba Javier Corral, exgobernador panista reciclado en la bancada guinda, como si la coherencia política también hubiera sido congelada por la UIF.

La escena no es clandestina ni captada por drones: es pública, confirmada y casi presumida. El propio Corral salió a validar la estampa con ese tono de “aquí no pasa nada” que ya es marca registrada en la política mexicana. Que sí, que fue a verlo. Que no hay nada que esconder. Que el encuentro fue en un lugar abierto. Que Inzunza incluso anda considerando regresar al Senado como si lo suyo fuera una simple pausa administrativa y no una imputación internacional.

Porque en este país, al parecer, tener señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado no impide planear votar reformas. Al contrario: se puede hacer agenda legislativa entre platillos y sobremesa, mientras la UIF congela cuentas y los diputados piden licencias que nunca llegan.

Desde el 29 de abril, cuando se hicieron públicas las acusaciones en Nueva York, Inzunza había optado por el bajo perfil. Pero no por mucho tiempo. La discreción duró lo que tarda en organizarse una comida en el Country Club.

Y mientras tanto, Morena abre la puerta al “veto”, Monreal confía en su reaparición, los panistas piden que le cuiden la dieta —la presupuestal, claro— y el propio senador asegura que no tiene contacto con Estados Unidos… como si el problema fuera una llamada perdida y no una carpeta judicial.

Así opera la nueva normalidad política: no se trata de desaparecer, sino de dejarse ver lo suficiente para demostrar que, pese a todo, no pasa absolutamente nada.

O mejor dicho: que pase lo que pase, nadie se mueve de la mesa.

Con informacion: ELNORTE/

«QUE NO se VAYA IMPUNE como HERNÁN CORTÉS: PRESIDENTA de MEMORIA HISTORICA SELECTIVA NO TIENE MEMORIA JUDICIAL»… recuerda con nitidez para atacar al adversario y “olvida” lo que incomoda al propio bando.

Hay crímenes que envejecen… pero no prescriben en la conciencia. Y hay discursos que, aunque suenen modernos en Palacio Nacional, huelen a archivo cerrado, a carpetazo diplomático y a esa vieja costumbre de medir la justicia con cronómetro político.

La tesis presidencial —esa de que “¿qué sentido tiene juzgar algo de hace 30 años?”— es peligrosa no por ingenua, sino por útil. Porque si el tiempo borra responsabilidades, entonces abrimos la puerta para que todos los “ayeres incómodos” se reciclen como anécdotas. Y bajo esa lógica, más de uno debería dormir tranquilo… incluidos los que hoy reparten lecciones desde el templete.

Pero aquí viene el detalle que no se dice en voz alta: el derecho penal internacional —ese que incomoda a los Estados cuando deja de ser decorativo— no funciona con relojes políticos. 

Los crímenes graves, especialmente aquellos que implican ejecuciones extrajudiciales, uso indebido de fuerza militar contra civiles o actos que podrían encuadrar como crímenes de lesa humanidad, no se diluyen con el calendario. No caducan como leche en el refrigerador del poder.

El derribo de las avionetas en 1996 no fue un accidente meteorológico ni una travesura geopolítica. Fue una decisión operativa en cadena de mando. Y en esas cadenas, los eslabones más altos no son simbólicos: son responsables. La doctrina de “responsabilidad de mando” —que tanto se invoca selectivamente en América Latina— establece que quien ordena, permite o no impide, también responde.

Entonces no, no se trata de si el señor tiene 94 años o si el expediente acumula polvo. Se trata de si hubo una decisión deliberada que terminó en la muerte de civiles. Y si la hubo, el tiempo no es absolución: es evidencia de impunidad prolongada.

Ahora bien, el argumento de la “injerencia extranjera” suena atractivo… hasta que recordamos que el mismo criterio se usa —con entusiasmo— cuando conviene políticamente. Porque cuando se trata de juzgar a adversarios ideológicos, la memoria histórica se vuelve quirúrgica; pero cuando el señalado pertenece al club correcto, entonces aparecen la amnesia selectiva y los discursos sobre soberanía.

Curioso: para algunos episodios, 30 años son demasiados; para otros, 30 años son apenas el inicio de la indignación. Depende de quién esté en el banquillo… o de qué lado del espectro ideológico se encuentre.

Y aquí es donde el título cobra sentido. Porque la historia latinoamericana está llena de figuras que hicieron —o permitieron— atrocidades y terminaron convertidas en estatuas, nombres de avenidas o capítulos incómodos en libros de texto. Hernán Cortés no fue juzgado por su tiempo; fue absorbido por la narrativa del poder. Y ese es el verdadero riesgo: no que se juzgue tarde, sino que nunca se juzgue.

Porque cuando el mensaje es que el tiempo absuelve, lo que realmente se está diciendo es otra cosa: que basta resistir lo suficiente para que la justicia se canse.

Y no. La justicia no debería cansarse.

Si hay evidencia, si hay cadena de mando, si hay víctimas, entonces hay caso. Aquí, en Miami o en cualquier tribunal que todavía crea que la ley no es un accesorio ideológico.

Lo demás —la edad, el calendario, la conveniencia diplomática— es ruido.

Y el ruido, históricamente, ha sido el mejor aliado de la impunidad.

Con informacion: ELNORTE/

"YA lo TALONEAN pero...NO lo MATEN": ATORÓN a PRIMITO y MARINO LOKO VA RESOLVER EJECUCIÓNES por ENCARGO de SOBRINOS de EX-SECRETARIO de MARINA,CARMONA y REVENTÓN de PIHUAMO"...si quiere vivir,debe pensar en entregarse a EE.UU

Finalmente la Fiscalía General de la República (FGR), le puso nombre y apellido a una de esas historias que en México siempre huelen a impunidad, tráfico de influencias y combustible sucio: la red de los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, ya no solo aparece ligada al trafico de huachicol fiscal, sino también a la ejecución de tres marinos y de una funcionaria de la FGR en Colima.

Y aunque la dependencia no lo dijo, en las inmediaciones de las ejecuciones vive avecindado Cesar Morfin Morfin,Alias el «Primito», lider de la faccion de los «Metros» al servicio del CJNG en Tamaulipas,responsable de cientos de ejecuciones, la mayoría de Marinos,entre ellos quienes lo han consecuentado,mas que enfrentado.

Y tan solo basta con unir las piezas del rompe-cabeza, para esclarecer estos y otros asesinatos por encargo, todos estrechamente ligados al contrabando de combustibles y los servicios de sicariato que le presta el ex-infante de Marina, Erick Guevara,alias el «Marino Loko», ligado inicialmente a asesinatos dentro de la marina de donde fue echado vergonzosamente y se fue a trabajar para el «Primito» quien le hizo su primer encargo, ejecutar a Sergio Carmona en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García,N.L que de acuerdo con una narcomanta en Reynosa producto de desacuerdos y favores al gobierno que deja en entredicho dos partidos que se la siguen partiendo en publico y en privado.

La posibilidad de esclarecer estos y otros crimenes es altisima,pues no se debe de soslayar que se encuentra en manos de EE.UU y despues de haber sido extraditado,Rodolfo Villarreal alias «El Gato» que fungía de lugarteniente de los Beltran Leyva y comandaba al crimen organizado en San Pedro Garza Garcia,a quien se sabe en trascendidos le pidieron permiso para quebrar a Carmona.

Los Farias Laguna

En el expediente de los marinos de alto rango se describe una maquinaria criminal que se sabe operaba precisamente al servicio del Cartel de Jalisco y no solo operaba para mover negocios ilícitos en aduanas y puertos, sino también para borrar del mapa a quien se atreviera a hablar.

Según la investigación de FGR, la lógica era tan simple como brutal: si alguien denunciaba, estorbaba o sabía demasiado, la respuesta no era administrativa ni judicial, sino una lluvia de plomo, que tambien usaba motosicarios. 

Entre las víctimas aparecen el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, la auxiliar de la FGR en Colima Magali Janet Nava Ramos, y los capitanes de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Omar del Ángel Zúñiga. En otras palabras, la red no solo buscaba controlar aduanas y combustible; también pretendía controlar el silencio.

Lo más delicado del caso no es únicamente la violencia, sino el ecosistema de protección que permitió que la red creciera a la sombra de la Marina,el ejercito y hasta la FGR que ahora se hace la desentendida y sostiene que los Farías Laguna gozaban de blindaje institucional por su parentesco con Ojeda Durán, y que esa cobertura facilitó tanto la operación del esquema como la ubicación y asesinato de quienes lo denunciaron. 

Y no es ni necesario que se confirme en tribunales, las evidencias ya advierten que estamos ante un caso más de pudrición militar cuya radiografía deja ver que pasa cuando se mezcla con crimen organizado con apellidos navales,uniformes de gala y hasta charola de gobernadores.

Lectura política

El caso deja una conclusión incómoda: en el México de los discursos sobre “honor,,valor,lealtad y justicia» estan inmersos hasta el cuello en una red que convirtió la Marina y el ejercito en territorio de negocios, amenazas y ejecuciones. 

Y mientras las autoridades intentan presentar el expediente como una limpia contra el huachicol fiscal, el fondo del asunto es todavía más grave: hubo gente asesinada para que el esquema funcione y siga funcionando, porque no era gripe.

Dicho sin anestesia: no es solo contrabando de combustible; es una estructura criminal con capacidad de matar, protegerse y corromper instituciones enteras. Y si la justicia que ahora finge demencia quiere estar a la altura, tendrá que demostrar que en este país todavía se puede tocar a los intocables, no ese «tope donde tope» que presume la Presidenta Sheinbaum ,donde resulta que nunca es el tope.

Estamos ante una operación de estado que solo busca el control de los daños, con actitud engañabobos, pues si cumplen con las leyes a cabalidad,se destruyen.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

UNA «MADRE contra el MURO VERDE OLIVO: ELLA NO se RINDE e INSISTE con CARTA a SHEINBAUM que el EJERCITO DESAPARECIO al TENIENTE en el CUARTEL»…y ni lo duden tantito.

La carta dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum, de María Guadalupe Guzmán Romo, madre del teniente de Infantería Miguel Orlando Muñoz Guzmán, es el grito de una mujer que lleva más de tres décadas sosteniendo sola una guerra que no le tocaba: la guerra contra el silencio del Ejército y la indiferencia del Estado.

Una madre contra el muro verde olivo

Vivo le entregó su hijo al Ejército; vivo se lo tendrían que regresar. No fue un “desertor”, como tantas veces repitieron los partes oficiales; fue un militar desaparecido dentro de instalaciones castrenses en Ciudad Juárez, bajo custodia de sus propios compañeros de armas. Ahí, donde el uniforme presume honor, disciplina y lealtad, lo que se impuso fue la mentira como política de Estado y el encubrimiento como orden de mando.

Durante 32 años, esta madre ha tocado todas las puertas: ministerios públicos, cuarteles, oficinas de derechos humanos, instancias internacionales. Siempre con la misma fotografía, con el mismo nombre, con la misma fecha de desaparición, y con las mismas respuestas de siempre: evasivas, amenazas, expedientes “extraviados”, documentos falsificados para convertir a un desaparecido en un supuesto traidor a la patria.

En la historia de Miguel Orlando se cruzan dos violencias: la del Ejército contra la población civil y la del Ejército contra sus propios elementos cuando se vuelven incómodos. La institución que exige jurar “honor, deber, lealtad y valor” fue incapaz de ejercer esos mismos principios con uno de los suyos, desaparecido dentro de un cuartel, en tiempo de paz, en territorio mexicano.

Lo que esta madre denuncia no es solo una tragedia familiar, es el retrato de una fuerza armada que se protege a sí misma por encima de la verdad, que prefiere inventar deserciones antes que reconocer una desaparición forzada en sus instalaciones. 

Es el Ejército que negó, encubrió y obstaculizó investigaciones durante décadas, mientras ascendían los mandos señalados y se consolidaba la impunidad como doctrina.

La carta a la presidenta y la deuda del Estado

Por eso su carta a Claudia Sheinbaum no es una súplica, es un pliego de cargos: le habla a la presidenta, pero sobre todo le habla a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas que hoy tiene bajo su mando a la misma institución que la hizo caminar 32 años entre archivos cerrados y puertas blindadas. Le recuerda que no se trata de un caso aislado, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya emitió un informe de fondo y que el Estado mexicano sigue sin cumplir plenamente con las investigaciones, sanciones y garantías de no repetición.

Cuando la madre exige una audiencia pública, no busca una foto, busca romper el pacto de silencio entre gobierno civil y mandos militares, ese arreglo tácito que durante sexenios ha preferido la estabilidad del uniforme a la dignidad de las víctimas. La carta pone a prueba los discursos oficiales que aseguran que “ya se acabó la violencia contra las mujeres” y que “ya no hay impunidad”, porque no hay feminicidio más brutal que el del Estado que borra a tu hijo y después pretende borrar también tu memoria.

El dolor como expediente abierto

Cada línea de esa carta es un acta que el Estado se niega a levantar: el acta del día en que el Ejército dejó de ser garantía de seguridad y se convirtió en sospechoso principal. Son 32 años en los que esta madre aprendió el lenguaje de los oficios, de los acuerdos, de las recomendaciones internacionales, no porque quisiera, sino porque el Estado la obligó a convertirse en su propia abogada, su propia investigadora, su propia perito.

Hay una crueldad adicional: al inventar la deserción, las autoridades militares no solo desaparecieron al teniente, también intentaron asesinar su reputación, romperlo a él en la memoria de los suyos, hacer que la familia cargara con la vergüenza que correspondía a los mandos. Es una doble desaparición: del cuerpo y del honor, orquestada por quienes enarbolan diariamente la bandera del “honor militar”.

Abusos que no se pueden soslayar

El caso de Miguel Orlando exhibe lo que ocurre cuando un Ejército se vuelve intocable: los abusos dejan de ser excepción y se vuelven sistema. 

No es solo la violencia contra civiles en operativos, es la maquinaria que también tritura a soldados, marinos, oficiales que estorban, preguntan, se oponen o simplemente son víctimas de la brutalidad interna, amparada por la jerarquía y la cadena de mando.

Hablar con honestidad del dolor de esta madre implica decir con todas sus letras que la institución castrense ha sido responsable de desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas y encubrimientos, y que no basta con pedir “revisar el caso” cada 10 de mayo para simular sensibilidad. Empatía verdadera sería abrir los archivos, nombrar a los responsables, procesarlos, reparar el daño y reconocer, públicamente, que el Ejército no solo ha fallado a la sociedad, también les ha fallado a sus propios hijos.

Un reclamo que nos incluye

La exigencia de María Guadalupe no es solo para la presidenta ni solo para la Sedena: es para un país que se acostumbró a ver al Ejército en las calles sin preguntarse qué pasa dentro de sus cuarteles. Nos recuerda que cada vez que se aplaude el despliegue militar sin controles ni rendición de cuentas, se fortalece la misma estructura que lleva 32 años negándole a una madre la verdad elemental: qué hicieron con su hijo, quién dio la orden y quién la ejecutó.

Si algo enseña esta carta es que el dolor no prescribe, que la impunidad tampoco, y que mientras el Estado siga protegiendo más a la institución que a las víctimas, la desaparición de Miguel Orlando Muñoz Guzmán será una herida abierta, no solo en la vida de su madre, sino en la conciencia de un país que decidió mirar hacia otro lado frente a los abusos del uniforme.

Con informacion: PROCESO/