«SERÁ CIERTO ?: LORET lo ESCRIBIO en ENERO de 2025 y YA se SABIA que SOLO la DEA los PODRIA SEPARAR»…no atendieron los síntomas y se complicó la infección.

El 28 de enero de 2025,el periodista Carlos Loret escribió para El Universal+ una columna de opinión que hoy cobra especial relevancia tras las acusaciones por narcotrafico de EE.UU, la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya como gobernador de Morena en Sinaloa y la negativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum para extraditarlo, aunque va terminar ocurriendo.

«….Ayer la señora presidenta Claudia Sheinbaum,refiriendose al complicado caso del gobernador Rubén Rocha Moya en Sinaloa, dijo en su habitual conferencia mañanera del pueblo, que su papel no es quitar gobernadores y todo parece indicar, que dijo la verdad, maxime si atendemos a la evidencia que presume beneficiario al partido y por ende a la Presidenta,lo que obliga hacernos algunos cuestionamientos: 

¿Será cierto que le tienen miedo a Rocha? 

¿Será cierto que el gobernador de Sinaloa no cae, a pesar del desgobierno y las nutridas protestas de la sociedad, porque tiene en la bolsa a todos los de Morena? 

¿Será cierto que recibía en su estado a todos los candidatos y sus operadores financieros que tocaban a su puerta? 

¿Será cierto que repartió dinero en campañas presidenciales, de gobernadores, diputados, senadores, alcaldes? 

¿Será que por eso nadie se atreve a meterse con él? 

¿Será que por eso lo consideran un amigo, un aliado, y lo respaldan al costo que sea? 

¿Será cierto que por eso el gobernador se siente tan seguro? 

¿Será cierto que por eso sus desplantes de soberbia? 

¿Será por eso que nadie se atreve a corregirle las declaraciones torpes y poco empáticas, ni se atreve a sugerirle que no hable tanto?

¿Será cierto que ese dinero que repartió en campaña tenía orígenes inconfesables? 

¿Será cierto que él es el garante del acuerdo entre el partido y el cártel? 

¿Será cierto que en Sinaloa esos amarres —y no los programas sociales— son los que terminan inclinando la balanza de la elección?

¿Será que por todo eso no lo pueden quitar, aunque quisieran? 

¿Será cierto que no lo quitan por gratitud, pero también por la preocupación de que al verse abandonado decida contar todo lo que sabe?

¿Será cierto que entonces sólo una fuerza mayor es capaz de removerlo? 

¿Será cierto que esa fuerza mayor puede ser el nuevo gobierno de Estados Unidos? 

¿Será cierto que si la presión viene de Estados Unidos entonces el gobernador no tendría por qué enojarse con sus compañeros de partido? 

¿Será cierto que el gobierno mexicano está esperando señales del vecino del norte sobre qué hacer con Sinaloa, si irse con unos, con los otros o aniquilar a los dos? 

¿Será cierto que esta definición la facilita que Estados Unidos tenga en su poder, en sus cárceles, a los patriarcas de las dos facciones en guerra? 

¿Será cierto que un primer punto de inflexión en esa guerra que lleva cuatro meses puede ser la toma de posesión de Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, que tiene una opinión muy formada sobre la narco política mexicana?

¿Será cierto que un segundo punto de inflexión, más interno, pueden ser las nutridas manifestaciones de jueves y domingo en Culiacán? 

¿Será cierto que el vaso ya estaba demasiado lleno cuando maestros,padres de familia y ciudadanos hartos de la violencia irrumpieron en Palacio de Gobierno y casi llegan al despacho del gobernador Rocha?

¿Será cierto que el empuje del grito “¡Fuera Rocha!” sorprendió en Palacio Nacional donde se sintieron atrapados?

¿Será cierto que pronto sabremos las respuestas a muchas de estas preguntas, sospechas o explicaciones?

Con informacion: ELUNIVERSAL+/CARLOS LORET/

«CONGRESO de NUEVO LEON TIPIFICA como DELITO la TRAMPA ELECTORAL del ACORDEON»…es como instalar cámaras de seguridad después del reciente saqueo «judicial».

Con la sobria elegancia de quien llega tarde a su propia fiesta, el Congreso local de N.L decidió —por fin— convertir en delito que operó como práctica sistemática de manipulación electoral: los famosos “acordeones”, esas guías de voto disfrazadas de ayuda cívica pero diseñadas con la precisión de un instructivo para obedientes. 

La novedad no es la conducta, sino la tardía confesión institucional de que fue ilícita en esencia, aunque convenientemente tolerada.

La aprobación no fue exactamente un acto de convicción democrática, sino una coreografía política con 13 diputados de MC, Morena y PT optando por la cómoda abstención: ni avalan del todo, ni se oponen frontalmente. La ambigüedad, otra vieja aliada del poder. Alegan riesgos de inconstitucionalidad por la vaguedad del texto —y no les falta razón—, pero omiten reconocer que esa misma ambigüedad fue el lubricante de la operaciones electoral para elegir sin legitimidad al actual poder judicial.

Porque seamos claros: inducir el voto mediante “acordeones” o códigos QR no es una innovación tecnológica, es una actualización digital del viejo clientelismo. Cambia el papel por el píxel, pero la intención es la misma: sustituir la voluntad del elector por una instrucción previamente empaquetada. Eso, en cualquier sistema que se tome en serio a sí mismo, constituye una forma de coacción blanda o manipulación indebida del sufragio.

La nueva ley presume cerrar “vacíos legales”. En realidad, viene a reconocer que esos vacíos no eran accidentes, sino zonas grises cuidadosamente preservadas para operar sin consecuencias. Tipificar hoy estas conductas es menos un avance que una admisión implícita de la impunidad con la que se permitió su uso, incluso —y aquí está el elefante en la sala— en procesos tan delicados como la elección judicial.

Porque no se puede ignorar el contexto: estamos frente a un poder judicial cuya integración reciente ha sido señalada por múltiples voces como resultado de dinámicas profundamente cuestionables. Pretender ahora blindar la “pureza” del voto judicial con normas recién horneadas resulta, cuando menos, irónico. Es como instalar cámaras de seguridad después del saqueo y declarar resuelto el problema.

El argumento de que esta ley fortalece a la Fiscalía suena bien en papel. En la práctica, dependerá de quién investiga, a quién investiga y, sobre todo, a quién decide no investigar. La discrecionalidad no desaparece por decreto; se traslada.

Así que sí: convertir los acordeones en delito es correcto. Lo que resulta incómodo es admitir que se normalizó una mecánica que distorsiona la esencia misma del sufragio libre. Y más incómodo aún es hacerlo cuando las estructuras que deberían garantizar la legalidad cargan con un origen, por decir lo menos, cuestionado.

La ley llega. La credibilidad, esa sigue pendiente.

Con informacion: ELNORTE/

DE «PLANO,NO SOMOS NADA»: «MUERE MAGISTRADA ATACADA por ENJAMBRE de ABEJAS en ZACATECAS»…un recordatorio de que la fragilidad humana no distingue cargos ni méritos.

Hay muertes que parecen escritas por un guionista cínico, de esos que disfrutan recordarnos que el universo no conspira moralmente,no tiene ética, ni sentido del humor , ni respeto por las trayectorias humanas. La muerte de una magistrada del poder judicial en Zacatecas, no por el crimen organizado que asfixia al estado gobernado por Morena, no por las amenazas que suelen acompañar la toga en México, sino por un enjambre de abejas, entra en esa categoría incómoda donde la realidad deja de parecer lógica.

Porque en este país —y en este mundo— uno esperaría cierta coherencia narrativa: que los riesgos vengan de donde siempre vienen. Que el peligro tenga rostro, expediente, carpeta de investigación. Pero no. A veces el final llega zumbando.

Que dice El Pais: 

De acuerdo con la información publicada por el diario español,la magistrada murió a consecuencia de las picaduras de un enjambre de abejas después de nueve días en el hospital y fue dado a conocer ayer miércoles. 

Oyuki Ramírez Burciaga, de 45 años, murio el martes al deteriorarse su estado de salud. Tuvo que se intubada en el hospital. El ataque de las abejas tuvo lugar el pasado 3 de mayo durante un torneo en una unidad deportiva ubicada en el municipio de Guadalupe, al sureste del Estado, y dejó otras cinco personas con lesiones.

De acuerdo con algunos testigos, Ramírez se quitó un suéter para cubrir a su hijo, de tres años, quedándose únicamente con una camiseta deportiva de tirantes y quedando expuesta a las picaduras de las abejas. 

El padre de la jueza, que también se encontraba en el lugar, resultó herido en el ataque y permaneció un día hospitalizado, según reportes de medios locales. 

En un video que circula sobre el hecho, se ve a Ramírez caminar desesperada en busca de ayuda, cubierta por el enjambre y con varios puntos negros en su piel. Cerca de ella, un hombre tapado hasta la cabeza con una sudadera azul camina en círculos con la cabeza baja para protegerse de los pinchazos.

Y entonces la frase incómoda se instala: no somos nada.

No lo somos frente a la violencia estructural que se normaliza todos los días, pero tampoco frente a lo absurdo, lo biológico, lo imprevisible. Suelen morir los buenos con su bondad intacta, sin haber tenido tiempo de corromperse o de adaptarse al cinismo que parece requisito de supervivencia. Y sobreviven —con notable eficiencia— quienes han hecho de la trampa, la violencia o la impunidad una forma de vida.

No hay justicia poética. No hay equilibrio cósmico. No hay un sistema moral invisible que premie o castigue.

Y sin embargo, la ironía es brutal: una magistrada, una operadora del aparato formal de justicia, termina siendo víctima de algo completamente ajeno a ese orden que representaba. Ni sentencia, ni amparo, ni debido proceso contra un enjambre.

Esto no es una metáfora conveniente. Es peor: es un recordatorio.

Recordatorio de que la fragilidad humana no distingue cargos ni méritos. De que el control es una ilusión útil, pero ilusión al fin. Y de que la vida, en su versión más honesta, no está obligada a tener sentido.

Quizá lo único que queda —y esto incomoda más que consuela— es lo que cada quien hace mientras está aquí. Porque el final, como ya vimos, no responde a méritos, ni a ética, ni a narrativa.

El final caprichoso llega cuando quiere. Y a veces, llega zumbando.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ PAULINA FLORES/

«NARCOGOBERNADOR ACUSADO por EE.UU y PROTEGIDO por SHEINBAUM PRESENTÓ al CONGRESO antes que LICENCIA un MANUAL para BORRAR sus HUELLAS»…cualquier rastro administrativo sepultado en un archivo “reservado por seguridad nacional”.

El 16 de abril, cuando ya se sabía que Estados Unidos lo traía en la mira por narcotráfico junto con al menos nueve colaboradores, Rubén Rocha Moya firmó una iniciativa para cambiar la Ley de Transparencia de Sinaloa con el objetivo práctico de tapar la rendija por la que se le puede ver el dinero y las complicidades. En la exposición de motivos habla de “homologar con la ley federal” y “racionalidad del gasto”, pero en el articulado se dedica a mutilar el derecho a saber, justo cuando más urge que la gente pueda revisar qué hizo su gobierno con el presupuesto y con el poder.

No es un error de técnica legislativa, es una coartada adelantada: mientras en Nueva York lo acusan de conspirar con el Cártel de Sinaloa, en Culiacán intenta legalizar la opacidad para que cualquier rastro administrativo de esa presunta alianza quede sepultado en un archivo marcado como “reservado por seguridad nacional” o “daño al interés público”.

Lo que intenta esconder la “homologación”

La iniciativa permite que el Ejecutivo reserve comprobantes fiscales, recibos y cualquier documento que sustente el ejercicio del gasto público, es decir, borra la ruta del dinero con sello oficial. Amplía las causales de reserva: mete seguridad nacional, estabilidad financiera, proyectos del Estado y un concepto elástico de daño al interés público, una fórmula perfecta para meter bajo la alfombra lo que incomode al gobernador y a su círculo.

Además, agranda la noción de “información confidencial” cuando existan denuncias o procedimientos administrativos en curso, para que toda investigación interna contra funcionarios quede congelada en la oscuridad mientras prescriben responsabilidades y se negocian impunidades. Es el sueño de cualquier gobernante bajo sospecha: si te investigan por corrupción o vínculos criminales, la ley en vez de obligarte a transparentar, te permite apagar la luz.

Cómo desmonta la arquitectura de rendición de cuentas

El proyecto duplica el plazo de respuesta a solicitudes de información: de 10 a 20 días, con posibilidad de prórroga, porque cuando tienes mucho que ocultar, la dilación es la primera línea de defensa. Borra la definición clara de “sujetos obligados”, amplía la discrecionalidad y elimina el Consejo Consultivo ciudadano, desmontando los pocos candados que quedaban para vigilar al poder público desde fuera del Palacio de Gobierno.

También desaparecen del vocabulario legal conceptos como transparencia proactiva, gobierno abierto y cultura de transparencia, un retroceso deliberado para regresar a la época en que el ciudadano debía pedir favores, no ejercer derechos. Y, por si fuera poco, se inhibe que los municipios tengan su propio órgano garante y se recortan las obligaciones de partidos y sindicatos de transparentar acuerdos internos, contratos, montos de financiamiento público y privado, lista de aportantes, tabuladores de remuneraciones, currículums de candidatos, estados financieros, inventarios patrimoniales y resoluciones disciplinarias.

En otras palabras, Rocha no sólo busca cubrirse a sí mismo: quiere construir una burbuja de opacidad para todo el ecosistema político que lo sostiene, de alcaldes a partidos, pasando por sindicatos aliados.

El contexto incómodo: narcoacusaciones y dinero turbio

Esta ofensiva contra la transparencia llega cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Rocha Moya y a nueve funcionarios mexicanos de participar en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel de Sinaloa, ligada a la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense. Según la acusación, Rocha habría recibido apoyo de “Los Chapitos” para ganar la elección, con tácticas de intimidación y amenazas a opositores, a cambio de protección política para la organización criminal.

Entre los coacusados está Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, señalado por enriquecimiento personal y por presuntamente entregar a “Los Chapitos” una lista de opositores a Rocha para que fueran amenazados en la elección pasada. El mismo gobierno de Rocha fue exhibido por pedir créditos para pagar deudas y hacer obras públicas por 4 mil 500 millones de pesos sin transparencia clara, por viáticos excesivos de la exsecretaria de Transparencia y por una secretaria de Turismo que hasta chicles y miel de maple facturó en un viaje a Canadá.

Con ese historial, la iniciativa no se lee como una modernización legal, sino como un operativo de limpieza de escena del crimen institucional: cerrar accesos a auditorías, facturas, contratos y expedientes justo cuando la prensa, las organizaciones civiles y autoridades extranjeras quieren ver debajo de la alfombra.

El mensaje político: si me investiga EU, aquí mando yo

La iniciativa fue presentada por la Secretaría General de Gobierno, entonces a cargo de Yeraldine Bonilla, hoy gobernadora interina, y se le dio trámite exprés: primera lectura el 21 de abril y segunda apenas tres días después, hasta que la acusación de Estados Unidos frenó el impulso. El Congreso local la tiene ahora en comisiones, pero las organizaciones como ReCIAS y el Comité de Participación Ciudadana ya advirtieron que implica regresividad, menor control ciudadano y falta de independencia del órgano garante.

El timing es brutal: mientras Rocha Moya pide licencia temporal tras ser acusado de vínculos con el narco por Washington, deja sembrada una ley hecha a la medida de un gobernador que no quiere que nadie vea cómo se gobernó Sinaloa. Es su última carta de impunidad: si la justicia federal o internacional avanza, que al menos en Sinaloa reine la opacidad y los expedientes oficiales se conviertan en muro de contención para cualquier intento serio de rendición de cuentas.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

«CASI la MITAD del ESTADIO AZTECA y todos MUERTOS ?: YA son MAS de 40 MIL con SHEINBAUM y son 70% de TODAS las MUERTES de ESTADOUNIDENSES en la GUERRA de VIETNAM»…un avion de 68 pasajeros estrellándose sin falta por 589 dias.

Hay tableros electrónicos en los estadios que marcan goles, puntos, touchdowns. México tiene el suyo propio, actualizado cada 24 horas, y lo que marca no son victorias: 40,258 homicidios en 589 días del sedicente segundo piso del gobierno . Eso equivale a un promedio de 68 muertos diarios en lo que va de gestión de la presidenta con «A», Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2030). Ayer, miércoles 13 de mayo, cayeron 44 personas más.

Pero el gobierno celebra. Porque según la narrativa oficial, eso es un éxito histórico.

Pause. Respire. Vuelva a leer.

La trampa del «menos peor

La presidenta Sheinbaum y su sesudo estratega de curricula manchada,Omar Garcia Harfuch, han convertido la comparación con las cifras del sexenio de AMLO,en su escudo retórico favorito. 

Desde la mañanera se repite, con la solemnidad de quien anuncia el Nobel de la Paz, que los homicidios bajaron 45% respecto al final del gobierno anterior, que los 50.8 homicidios diarios de 2026 son «el nivel más bajo desde 2016». El secretariado ejecutivo lo corrobora: de 86.9 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 51.8 en marzo de 2026.

¿Y eso es noticia buena o simplemente nos estamos consolando como el borracho que deja de tomar los lunes?

Porque la lógica del «menos peor» tiene un problema estructural: el punto de comparación es el sexenio más letal y mas nefasto en materia de inseguridad en la historia registrada de México. 

El propio tablero de TResearch lo documenta sin piedad: AMLO acumuló 202,336 homicidios en su sexenio completo, con un promedio de 95 muertos diarios —un 30% más que Peña Nieto y más del doble que Calderón, quien registró 60,280 en su sexenio al ritmo de 28 diarios. Compararse con ese piso es como presumir que tienes fiebre de 38° porque antes tenías 40°. Sigues enfermo, señora presidenta. Y el termómetro —ese mismo gráfico que nadie en Palacio Nacional quiere colgar en la mañanera— lo confirma cada día

Anatomía de 40,258 muertos: lo que la estadística no dice

El gráfico de TResearch International es brutalmente honesto en lo que los boletines oficiales esconden en decimales:

En los primeros 20 meses equivalentes de gobierno, el acumulado de Sheinbaum —40,258 muertes— representa una reducción del 34% respecto a AMLO (60,932 en el mismo periodo), pero es 9% más que EPN (36,785) y casi el triple de Calderón (17,250) en el mismo corte. Tres veces más que Calderón. Ese dato no aparece en ninguna mañanera, comomuchos otros.

Dicho de otra forma: si el sexenio del «combate a las causas de la violencia» termina en 2030 manteniendo la tendencia actual —68 muertos diarios— el sexenio de Sheinbaum cerraría con aproximadamente 149,000 homicidios. Más que AMLO en sus primeros cuatro años. Pero Palacio Nacional ya prepara el powerpoint del «primer trimestre más bajo desde 2016».

Las geografías del duelo que nadie mapea

El gráfico revela lo que la narrativa federalizada silencia: Guanajuato acumula 4,416 homicidios en el sexenio actual, siendo el estado más violento del país. Chihuahua suma 2,944 y el Estado de México 2,977. Estas tres entidades son una república del luto dentro de otra república que presume descensos porcentuales.

La analogía que el gobierno no quiere hacer

¿Cuánto es 40,258 muertos? Aquí algunos contextos que la mañanera jamás pondrá en pantalla:

• Es casi la mitad de la población de Tlaxcala capital segun el Censo 2020 y casi toda la población de Xicotepec de Juárez (Puebla) borradas del mapa en menos de dos años
• «Es equivalente a alrededor del 70% de las muertes estadounidenses en la Guerra de Vietnam (58,220 en ~20 años vs. 40,258 en solo 589 días)».
• Es un avión con 68 pasajeros estrellándose cada día, sin falta, durante 589 días consecutivos
• Es casi el estadio Azteca llenado a la mitad, y todos muertos

El día más sangriento del sexenio fue el 3 de octubre de 2024: 97 homicidios en 24 horas. Un muerto cada 14 minutos. Ese día, si alguien lo hubiera puesto en pantalla en el Ángel de la Independencia con contador en tiempo real, probablemente se habría considerado obsceno. Y habría tenido razón.

El sesgo retórico de la victoria estadística

Hay un truco viejo en la política de seguridad mexicana que Sheinbaum ha perfeccionado con maestría: el sesgo del denominador. Cuando los números bajan, la comparación es con el mes anterior o con el peor punto. Cuando suben, la culpa es «la herencia del pasado». Es la política del retrovisor: siempre mirando hacia atrás para justificar lo que ocurre al frente.

El gráfico de TResearch evidencia que el acumulado enero-mayo 2026 es de 6,510 homicidios, contra 12,233 en el mismo período de 2025, lo que representa una caída del 47%. El gobierno lo celebra. Lo que no dice es que en el mismo período de 2019 —cuando AMLO empezaba— hubo 14,750 muertes, y aquello también se celebró como herencia del pasado. La «reducción» de Sheinbaum es real en tendencia, pero el piso desde el que reduce es la peor violencia de la historia moderna del país.

Lo que el contador que falta desvela

El gráfico marca con precisión quirúrgica: faltan 1,602 días para que termine el sexenio. Si el promedio diario de 68 homicidios se mantuviera —y los analistas ya proyectan una tendencia más baja hacia el final — el sexenio cerraría con cerca de 149,394 muertos. Menos que AMLO, sí. ¿Motivo de celebración? Solo si aceptamos que el estándar de éxito en México es «menos muertos que el peor momento de nuestra historia».

La acumulación sectorial es igual de reveladora: el sexenio CSP tiene -34% en comparativo con los primeros 20 meses de AMLO, pero registra +66% más que EPN en el mismo período. Nadie en Morena habla de eso.

La derrota glorificada, sin eufemismos

El título del gráfico lo dice todo: «La Guerra en Números». No «La Paz en Números». No «El Progreso en Seguridad». La Guerra. Porque eso es lo que hay: una guerra de baja intensidad, de muy alta letalidad, distribuida en 32 estados, administrada por el Estado con más o menos pericia según la entidad, y contada diariamente por un tracker privado porque el gobierno oficial reporta con semanas de retraso y siempre «preliminar».

Sheinbaum tiene razón en algo: los números van a la baja. Pero 40,258 cadáveres en 589 días no son el legado de la paz. Son el precio de una guerra que nadie declaró, que todos heredaron, y que la actual administración está ganando estadísticamente mientras México sigue enterrando, en promedio, a 68 de sus hijos cada día que amanece.

El contador sigue corriendo. Hoy serán otros 44 o 50 o 60. Y mañana habrá conferencia de prensa.

Con informacion: TResearch/