«CADAVERES se CUENTAN,LEVANTADOS NO»: «TACTICA BELICA para GENERAR NARCOTERROR y RESPETO es MUY EXITOSA en MEXICO»…goza del 98% de nivel de impunidad y Tamaulipas es subcampeón nacional.

Metástasis, se lee en el Diccionario de la lengua, es la propagación de un foco canceroso en un órgano distinto de aquel en que se inició. Así es la desgracia de las desapariciones en México: a pequeña o gran escala, las guerras del crimen organizado se han propagado a cientos y cientos de municipios de absolutamente todas las entidades de este país, sin que importe ya si ese cáncer machista inició hace décadas en Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Michoacán, Guerrero o Ciudad de México. Hasta hoy, hay que subrayarlo, las desapariciones son un cáncervoraz que resulta incurable y que lo mismo daña a una adolescente que a un hombre maduro.

Sin eufemismos: para ese cáncer no hay tratamiento eficaz a fin de contenerlo, neutralizarlo y mucho menos erradicarlo. La tragedia de las desapariciones es justamente esa: que no desaparecen, que no cesan. 

No desaparecen ni desaparecerán en tanto las guerras narcas no terminen y hay que aceptar que éstas no se detendrán jamás porque se trata de un negocio multibillonario: drogas, armas, extorsiones, prostitución, tráfico de personas, lavado de dinero y lo que usted desee agregar. Pero no sólo es un bisne transnacional sino una horrenda táctica bélica que nunca finalizará en México porque la malvada industria de esfumar gente se ha enraizado hasta la médula en el seno de la narco-cultura nacional.

Hace tiempo que torturar, matar, ejecutar, masacrar, descuartizar, decapitar, encajuelar, disolver, pozolear y todos los verbos existentes en el sicariato nacional resultan insuficientes para nombrar la exhibición de machismo que los cárteles y sus cientos de balcanizadas facciones requieren dar cada día: los capos y sus sicarios decidieron que mejor ocupan desaparecer gente a cada jale que realizan. 

¿Para qué? 

Para que los respeten, para que les teman, según dicen ellos mismos, y para no calentar las plazas con regaderos de cuerpos bañados en sangre. En su limitada pero eficaz aritmética empresarial los cadáveres tirados sí se cuentan y a veces pueden generar pesquisas, pero los desaparecidos no suman, sólo restan (vidas) porque nadie investiga ese delito y por tanto conllevan un jugoso bono de negocios: una impunidad de 98% que esparce horror y sufrimiento interminables.

No hay nada más eficiente para generar “terror y respeto”, dicen, que desaparecer mujeres y hombres, niños y adolescentes, hijos y esposos, padres y hermanos, madres, esposas, novias, hijas. Cáncer letal irreductible, este hábito violento y despiadado no cesa de expandirse a cada momento. Y no, no es apreciación, lo he reporteado en campo todo este siglo (hasta la pandemia) y además ahí están las cifras duras, frías, implacables…

1.- Para no irnos más lejos, en este siglo, del primero de enero del 2000 hasta el 1 de abril del 2026, hay registradas, en el conteo oficial, 121 mil 284 personas desaparecidas y no localizadas. La mayoría son hombres, 95 mil 455, el 78.70%. El 21.11 % son mujeres, 25 mil 607. El resto, el 0.18%, 222, tienen un sexo “indeterminado”.

De ese tamaño es la desgracia, como un estadio Azteca repleto de desaparecidos en todas sus gradas, palcos y cancha. De ese tamaño es la ignominia para México: un país violentísimo con un Estado que en este siglo ha sido incapaz de acompañar eficientemente a las familias que buscan a sus más de 121 mil desaparecidas y desaparecidos, porque al menos de eso debiera tratarse, de acompañar irrenunciablemente a las familias de los desaparecidos en sus búsquedas y protegerlos, no permitir que los criminales también los asesinen a ellos por el delito de buscar cada día a sus seres queridos, como tantas veces ha sucedido.

2.- Al concluir el primer año del bélico sexenio de Felipe Calderón, en 2007, hubo 837 personas desaparecidas. En el último año de su gestión, hasta el último día de noviembre de 2012, se contabilizaron 3,876 personas desaparecidas, esto es, que los casos crecieron más de 4.6 veces entre el primero y el último año de su gobierno.

-En el último año de Enrique Peña Nieto, hasta noviembre de 2018, se registraron 5,807 desapariciones, un crecimiento de casi 50% respecto al fin de Calderón.

-En el último año de gobierno de AMLO, hasta el 1° de octubre de 2024, hubo 9,456 personas desaparecidas, un aumento de más del 62% contra el cierre de Peña Nieto.

-En el primer año de Claudia Sheinbaum hubo 14,441 personas desaparecidas, un incremento de más del 52% respecto a la conclusión de su colega.

El gobierno federal, los gobiernos estatales y las fiscalías de las entidades deben acompañar todo el tiempo a los familiares de los desaparecidos en la búsqueda de sus seres queridos, hasta que los encuentren vivos o muertos. No es un puto delito buscar a una hija desaparecido o un hijo esfumado, es una maldita desgracia que requiere de toda la empatía, solidaridad y ayuda del gobierno mexicano y del auxilio que pueda brindar la ONU o el organismo internacional que tenga la capacidad de hacerlo.

No entender esta emergencia y no acompañar en sus pesares a los familiares de desaparecidas y desaparecidos es una vileza política que igualará a quienes gobiernan en este sexenio con la indiferencia y crueldad mostrada por sus antecesores. Y las gobernadoras y gobernadores, lo mismo: no sean miserables y auxilien y cuiden a las mamás y papás mutilados de sus hijas e hijos.

En los criminales no se puede confiar, de ellos no se puede esperar nada, no dejarán de desaparecer gente, así que, con su negligencia y desprecio, no se conviertan en cómplices, señoras y señores gobernantes: ya basta de sus retóricas y de su negación infames.

Con informacion: jp.becerra.acosta.m@gmail.com/ELUNIVERSAL

«FUERA MASCARAS»: LA «CUATRO-TE de SHEINBAUM le ENTREGA CONTRATOS MULTIMILLONARIOS a IMPRESOR de los ACORDEONES JODECIALES»…cambiaron discurso,no las mañas y además las imprimen en alta resolución.

En el manual no escrito de la Cuarta Transformación hay una máxima que se repite con disciplina casi litúrgica: la austeridad es discurso, pero el negocio es continuidad. Y en ese catecismo de la simulación, Grupo Gama —nombre comercial de Impresores en Offset y Serigrafía— ha encontrado su lugar no como proveedor, sino como beneficiario predilecto de un régimen que presume pureza mientras engrasa con contratos a sus impresores de cabecera.

Porque no estamos hablando de una imprentita de barrio, sino de la misma empresa señalada por su presunta participación en la fabricación de los célebres “acordeones” para orientar —con pedagogía electoral bastante creativa— la elección del Poder Judicial Federal en 2025. Es decir, no sólo imprimen papel: imprimen narrativa, inducen conducta y, si se les deja, hasta conciencia cívica prefabricada.

Desde 2023, la Secretaría de Bienestar ha convertido a esta firma en su tótem contractual: al menos siete contratos abiertos que, en conjunto, alcanzan la nada despreciable cifra de 2 mil 183 millones de pesos. Todo ello, por supuesto, bajo el ropaje administrativo de licitaciones “fast track” y adjudicaciones directas, ese eufemismo burocrático que en la práctica significa: “sin estorbos, sin competencia real y con reloj convenientemente acelerado”.

Tres de los contratos más jugosos —los destinados a las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad— fueron licitados bajo la coartada de la urgencia. Curiosa prisa la del gobierno: programas sociales que están presupuestados con años de anticipación, pero que de pronto requieren procesos exprés, como si el calendario fiscal fuera una sugerencia y no una obligación.

Para completar el cuadro, en 2025 la dependencia optó por la vía más expedita —y menos transparente—: adjudicación directa para materiales de programas como Pensión Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa, además de los insumos de comunicación social. Traducido al castellano llano: contratos entregados a dedo, sin simulación siquiera de competencia.

La licitación más reciente es casi una caricatura del método. Convocada un jueves por la noche, justo antes de Semana Santa, cuando medio país está empacando maletas y la otra mitad desconectando el cerebro. El mismo truco ya se había ensayado en 2024, porque en esta administración la innovación no es necesaria cuando la opacidad funciona.

Pero el toque maestro llegó en 2026: un requisito aparentemente técnico que en realidad opera como filtro quirúrgico. Las empresas participantes debían estar registradas ante la STPS como proveedoras de servicios especializados —es decir, como outsourcing—, aunque el contrato no implicaba subcontratación de personal, sino simple impresión en instalaciones propias. Dos empresas lo señalaron: el requisito no tenía sentido. Resultado: se retiraron. Competencia eliminada sin necesidad de descalificarla.

La explicación oficial raya en lo absurdo: que los empleados del proveedor deben distribuir materiales a nivel nacional. Como si la logística convirtiera mágicamente a una imprenta en empresa de subcontratación. El resultado práctico fue claro: sólo otra empresa logró cumplir los requisitos… con una oferta 17% más cara. Gama, casualmente, volvió a ganar.

Y por si faltara opacidad, las bases de licitación incluyen más de 80 tipos de impresos, pero sin especificar volúmenes reales. Se cotiza como si se fuera a imprimir una sola unidad de cada formato, una ficción contable que convierte la comparación de ofertas en un ejercicio casi metafísico.

El caso más grotesco: el contrato de Salud Casa por Casa, donde se solicitaron más de 44 millones de copias de 30 formatos distintos. La adjudicación a Gama se justificó por su “experiencia previa” y por presentar la oferta más baja… por un margen de apenas 0.5%. Medio punto porcentual: la delgada línea entre la competencia y la coartada.

Así funciona la maquinaria: requisitos a modo, tiempos recortados, competencia disuadida y contratos que fluyen hacia los mismos nombres. Todo bajo la narrativa oficial de un gobierno honesto, austero y distinto.

Pero la realidad —esa que no cabe en los folletos que ellos mismos imprimen— revela otra cosa: una caterva de administradores del poder que han perfeccionado el arte de simular limpieza mientras operan con la eficacia de siempre. Cambiaron el discurso, no las mañas. Y ahora, además, las imprimen en alta resolución.

Con información: ELNORTE/

«TODOS IGUALES ante la LEY ?…PUES NO»: «MAGISTRADO ECHADO a la CALLE por COMERCIAR con EXAMENES para JUECES es REINSTALADO»…y hasta le pagan 13 millones de pesos de tu dinero.

En el siempre edificante teatro del derecho mexicano —donde la toga a veces sirve más de escudo que de símbolo—, el caso del magistrado Salvador Mondragón Reyes viene a recordarnos que el principio de igualdad ante la ley es, en el mejor de los escenarios, una aspiración constitucional y, en el peor, una ficción procesal con excepciones bien remuneradas

Resulta que el Órgano de Administración Judicial (OAJ), en estricto cumplimiento de una ejecutoria que huele más a control de daños que a justicia restaurativa, tuvo que desembolsar la módica cantidad de 13 millones de pesos de los impuestos,de donde mas, para resarcir al magistrado caído… y posteriormente resucitado por obra y gracia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo ello, tras declararse la nulidad de buena parte del acervo probatorio que sustentó su defenestración.

El pecado original: en 2018, cuando Mondragón fungía como director del Instituto de la Judicatura Federal, se filtraron —y presuntamente comercializaron— las preguntas de un concurso para designar jueces federales. Un detalle menor en un sistema donde la meritocracia suele ser más ornamental que operativa.

La entonces todopoderosa maquinaria disciplinaria del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) actuó con la contundencia que suele reservarse para casos mediáticos: destitución, inhabilitación por una década y reiteración de la sanción. Todo muy ejemplar… hasta que la Corte intervino y, bisturí jurídico en mano, empezó a desmembrar el expediente.

¿El hallazgo clave? 

Que las comunicaciones privadas utilizadas como prueba fueron obtenidas en franca contravención al marco constitucional. Porque, aunque parezca un tecnicismo —y vaya que en derecho los tecnicismos mandan—, los jueces sólo pueden autorizar intervenciones en materia penal, no en procedimientos administrativos. Traducido al castellano llano: el caso se cayó porque la autoridad investigadora jugó fuera de las reglas.

Así, lo que parecía una sanción firme terminó convertido en un ejemplo clásico de la doctrina del “fruto del árbol envenenado”: si la prueba nace viciada, todo lo que de ella derive también lo está. Y en ese escenario, la responsabilidad administrativa se desmoronó como expediente mal integrado.

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), ya en modo cumplimiento, hizo lo que mejor sabe hacer el derecho cuando se le acaba el margen: reducir el escándalo a una falta menor. 

¿La sanción final? 

Una amonestación y una suspensión de 30 días por reunirse fuera de instalaciones oficiales con una participante del concurso. Una infracción casi doméstica frente al tamaño del caso original.

Pero aquí viene el giro digno de nota al pie de página: esa suspensión ya estaba “compurgada”. Es decir, el magistrado ya había pagado —y con creces— una sanción que ahora se reconoce como jurídicamente insostenible. Resultado: reinstalación, pago retroactivo de salarios desde 2020 y reincorporación al cargo. Todo conforme a derecho, por supuesto.

El TDJ fue claro en su orden: reincorpórese, adscríbase y páguese lo conducente. Una frase que, en términos prácticos, se traduce en millones de pesos del erario para corregir un proceso mal armado. Porque si algo enseña este caso es que en el derecho administrativo sancionador, la forma no sólo importa: lo es todo.

Hoy, Mondragón,por si quiere ir a saludarlo para felicitarlo , despacha tranquilamente en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en Naucalpan, y hasta tuvo la cortesía de informar a la Corte que se encuentra “satisfecho” con el cumplimiento de la sentencia. Difícil no estarlo cuando el sistema no sólo te absuelve, sino que además te paga los años caídos.

La moraleja no es nueva, pero sí persistente: en México, todos somos iguales ante la ley… hasta que intervienen quienes la interpretan, la administran o —en este caso— la corrigen. Porque cuando la justicia depende más de la licitud de la prueba que de la gravedad del hecho, el resultado no siempre es verdad jurídica, sino simplemente un expediente técnicamente impecable.

Y así, entre nulidades procesales, derechos vulnerados y cheques millonarios, doña justicia vuelve a confirmar su viejo criterio discrecional: no trata igual a todos… trata mejor a quien sabe cómo litigarla y exhibir esa verdad procesal que nunca o casi nunca, es la neta del planeta.

Con informacion: ELNORTE/

«CAMPEONATO NACIONAL de LEVANTADOS»: «DELFINA se LLEVA el ORO,AMERICO la PLATA MIENTRAS ACUMULA ORO y LEMUS de JALISCO el COBRE»…culpables mas que responsables.

En este podio no hay ganadores, hay responsables con medalla, casi culpables, lo mismo por accion que por omisión. Aquí no se aplaude el oro, la plata y el cobre, se cuentan los nombres sin cuerpo y los cuerpos sin nombre ,los que no volvieron a casa y se quedaron atrapados en una ficha de “no localizado” por que este pais esta convertido en una fabrica exitosa con criminales excitados.

De acuerdo con el Registro Nacional y oficial de Personas Desaparecidas No Localziadaas,en el primer lugar, colgándose la medalla de oro como si fuera un logro de gobierno, aparece Delfina Gómez, Estado de México, MORENA: 14,672 personas desaparecidas, según los datos oficiales más recientes del RNPDNLO. 

Esa cifra no cabe en ningún informe de “paz y gobernabilidad”, pero sí cabe, cómoda, en la complicidad entre autoridades omisas, policías coludidos y fiscales que archivan expedientes como si fueran basura administrativa. El Edomex lleva décadas siendo fábrica de ausentes; el cambio de partido no trajo un cambio de destino, solo de logo en la propaganda.

En segundo lugar, medalla de plata bien pulida, el medico que iba sanar Tamaulipas cuando se le atravesaron las «pipas del huachicol», Américo Villarreal, MORENA: 13,746 personas desaparecidas, otra vez según las fuentes oficiales que tanto presumen cuando les conviene. Tamaulipas es el laboratorio del terror: carreteras donde se evapora la gente, fosas que se multiplican, familias que buscan entre monte y brecha mientras el gobierno presume “coordinación con la federación”. Plata manchada de silencio institucional, de expedientes incompletos, de ministerios públicos que recomiendan “no meterse en problemas”.

Tercer lugar, antes primero, ahora medalla de cobre —porque hasta el horror tiene podio— para Pablo Lemus, Jalisco, MC: 12,697 personas desaparecidas y no localizadas. Jalisco, el estado vitrina del “nuevo modelo” naranja, es también el mapa más brutal de la descomposición: desaparecen estudiantes, trabajadores, mujeres, repartidores; desaparecen de día, en zonas urbanas, frente a cámaras que “justo no servían ese día”. 

El cobre brilla en los spots, se oxida en las morgues saturadas y en los refrigeradores improvisados con mas de 72 mil cuerpos sin nombre.

Este vergonzoso ranking de gobernadores no es un chisme de oposición, es el resumen criminal mas reciente de esta madrugada de la estadística oficial, ese mapa de México teñido de tonos rosas y rojos donde cada color es un grito apagado. No hablamos de números, hablamos de sillas vacías en la mesa, de cuartos que siguen tendidos esperando a alguien que no va a tocar la puerta hoy. Mientras ellos se cuelgan medallas simbólicas en inauguraciones y foros de seguridad, las madres se cuelgan palas al hombro y se van al campo a buscar lo que el Estado decidió abandonar.

La verdadera foto oficial de este país no es la del evento con banderitas y listones, es este podio de la vergüenza: Edomex, Tamaulipas, Jalisco compitiendo a ver quién acumula más desaparecidos mientras presumen “transformación”, “humanismo” o “nuevo proyecto de futuro”. La pregunta ya no es qué tan hundidos estamos, sino cuánto tiempo más vamos a dejar que estas medallas de sangre sigan brillando en el pecho de quienes juraron proteger a la gente y terminaron protegiendo solo su carrera política mientras se llenan los bolsillos de dinero y las uñas de mugre.

Con informacion: RNPDNLO/

SE «ACUERDAN de PEDRITO ?»: «OTRO MENOR MUERE TRAS PERSECUCION ASESINA de la GUARDIA ESTATAL MIENTRAS AMERICO CORTA LISTONES»…hay violaciones que Fiscal Govea debe perseguir como perro de casa, no fiscal de escritorio.

La escena es clara y muy repetida bajo el gobierno e Morena y Américo Villarreal: una estrategia caduca de “persecución” que como mala táctica dispara a todo lo que se mueve, mata a un menor de 17 años en Reynosa y luego se parapeta tras el eufemismo de “víctima colateral”,porque no es pariente del gobernador, ni era hijo del General Arturo Pancardo.

La persecución que se desentiende de la ley

De acuerdo con la informacion , elementos de la Guardia Estatal en Reynosa iban tras un vehículo gris y llevaron una persecución armada hasta una zona habitacional y comercial, alrededor de las 20:00 horas de ayer en las calles Querétaro y Campeche, pleno tianguis de Los Muros. 

Ahí caminaba el menor con su madre, su pareja y un bebé cuando quedó atrapado en medio del operativo y una bala lo mató en el lugar. Eso no es “mala suerte”, es un operativo que rompe el principio de máxima precaución hacia la población civil y revienta de frente el deber de no poner en riesgo a terceros en una acción de fuerza pública, eso es homicida y materialmente un acto asesino.

En términos legales, el cuadro mínimo a investigar es homicidio (doloso o, en el mejor de los casos para la autoridad, culposo) por uso desproporcionado de la fuerza en contexto urbano, abuso de autoridad y violación al deber de cuidado hacia civiles, además de posibles violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal protegidos constitucionalmente y por tratados de derechos humanos. 

Aqui claramente se esta violentando la principal obligación legal de la Guardia Estatal,proteger a los ciudadanos en su integridad y bienes, en ese orden, incluso por encima de cualquier captura.

El expediente no se puede archivar en la carpeta mágica de “fue fuego cruzado” que en Tamaulipas y México es sinónimo de “nadie es responsable y el muerto se lo achacamos a la violencia en abstracto”.

Lo que aqui describe el resultado de la versión policial de “operar con hacha donde se necesita bisturí”, “remediar rasguños a plomazos con política de «disparales y luego viriguas» de tiempos de la revolución mexicana. 

Es la lógica de fuerza bruta y reactiva que sacrifica el deber de proteger a la población en nombre de una supuesta lucha contra el crimen que se va perdiendo en Tamaulipas,basta con voltear a ver las cifras de Reynosa en materia de percepción ciudadana de inseguridad.

Ni que decir de las cifras nacionales de brutalidad e impunidad policial, donde 99 de cada 100 agresiones quedan sin sanción, muestran que esto no es excepción sino patrón normalizado lo mismo en Tamaulipas o Veracruz,lo mismo la policia que el ejercito.

Que debe hacer el Fiscal Govea

Después de un civil muerto en un operativo, el libreto de un fiscal serio arranca con algo muy concreto: asegurar la escena, identificar todos los tiradores, separar, recoger y resguardar las armas de los policías y peritos balísticos comparando casquillos, trayectorias y proyectil extraído del cuerpo si lo hubiera con cada arma de cargo. El objetivo es simple: determinar si alguna de esas armas es el arma homicida y si la trayectoria y distancia son compatibles con la versión policial o la desmienten.

Sin decomiso inmediato y cadena de custodia de las armas oficiales, la investigación nace muerta y la escena se convierte en un collage de comunicados autoexculpatorios. Cualquier fiscal mínimamente celoso debería pedir no sólo balística comparativa, sino también reconstrucción de hechos, georreferenciación de tiradores y líneas de fuego, análisis de cámaras, radios y GPS de las unidades para contrastar la narrativa oficial con la física elemental: desde dónde se disparó, hacia dónde, a qué altura y con qué resultado. Sin eso, lo que hay no es investigación, es coartada institucional que podria simplemente echarle la culpa al Cartel.

Violaciones legales que se asoman en el caso

La nota consigna que se acordonó la zona y llegaron peritos de la Fiscalía a hacer el levantamiento del cuerpo e iniciar diligencias. Lo que no se dice es si se aseguraron las armas de los agentes, si se les practicaron pruebas de radizonato de sodio, si se levantaron planos periciales de la balacera o si sólo se montó la típica escena de cinta amarilla y fotos sin consecuencias.

Estas son algunas violaciones previsibles que habría que perseguir como perro de casa, no como fiscal de escritorio:

• Uso desproporcionado de la fuerza en zona habitacional y comercial, sin evaluación de riesgo para terceros.
• Falta de medidas de contención y aislamiento del objetivo para no arrastrar la persecución hasta un entorno poblado, contrario a principios de actuación policial.
• Posible homicidio culposo por negligencia grave, al no evitar una situación donde el desenlace previsible era herir o matar civiles.
• Omisión de deber de protección: el Estado, a través de sus policías, produjo el riesgo letal que terminó con la vida de un adolescente que caminaba con su familia.

Si además no se decomisan las armas ni se establece con claridad la línea de fuego homicida, se suma un probable encubrimiento por favorecimiento, esta vez desde la propia investigación y el fiscal es corresponsable.

La víctima colateral como método de trabajo

Llamar “víctima colateral” al menor es la forma aséptica de decir: “nuestro modo habitual de operar incluye la posibilidad de matar gente inocente y seguir como si nada”. Ese lenguaje despersonaliza al adolescente, borra la responsabilidad concreta de quienes jalaban el gatillo y la traslada a una abstracción llamada “fuego cruzado”.

Si a esto se le suman antecedentes de Reynosa donde menores han muerto en contextos similares de fuego cruzado o presunto ataque de fuerzas de seguridad, el caso encaja en un patrón más amplio de operativos mal diseñados, que tratan las vialidades y colonias como campos de batalla y a las familias como ruido ambiental. 

Con informacion: HoyTamaulipas/

LA «CENA se VOLVIO MENU de PANICO»: «TRUMP SOBREVIVE al CUARTO ATAQUE ahora de PROFESOR con IDEAS MORTALES»…cuatro intentos y cuatro fracasos para sus atacantes.

El presidente estadounidense Donald Trump fue evacuado la noche de ayer sábado 25 de abril de 2026 de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, tras un tiroteo en el Hotel Washington Hilton que dejó a un agente del Servicio Secreto herido y al atacante detenido. Este sería el cuarto intento de asesinato contra Trump desde que inició su regreso a la presidencia, confirmando que el magnate tiene más vidas que un gato.

El tiroteo: cuando la cena se volvió menú de pánico

Mientras Trump y la primera dama Melania compartían el primer plato con periodistas, políticos y celebridades en el salón de baile del Washington Hilton, se escucharon cinco disparos provenientes de un piso superior al evento. 

El atacante, identificado como Cole Tomas Allen, un californiano de 31 años que trabajaba como profesor, intentó irrumpir armado con una escopeta y varios cuchillos en el recinto. El Servicio Secreto actuó de inmediato evacuando al presidente, a Melania y al vicepresidente J.D. Vance del lugar, mientras los asistentes se refugiaban bajo las mesas en escenas de caos absoluto.

El agresor: un profesor con ideas mortales

Allen, residente de Torrance, California, se había alojado como huésped en el mismo hotel donde se celebraba el evento, lo que le permitió acceder con relativa facilidad al recinto. Según reportes de CBS citando fuentes anónimas, el sospechoso confesó a las autoridades que su intención era disparar a funcionarios del gobierno de Trump. 

Durante el tiroteo se registró intercambio de fuego entre Allen y los agentes de seguridad, resultando en un agente del Servicio Secreto herido, quien se salvó gracias a su chaleco antibalas. Trump posteriormente describió al atacante como «un hombre muy enfermo» y «un lobo solitario», compartiendo imágenes del sospechoso esposado y custodiado por agentes.

La colección de atentados: Trump acumula intentos de magnicidio como trofeos

Este episodio se suma a una racha preocupante de intentos de asesinato que persiguen al presidente :

• Butler, Pensilvania (13 de julio de 2024): Durante un mitin electoral, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, disparó con un fusil AR-15 desde una posición elevada, hiriendo a Trump en la oreja derecha y matando a un asistente.
• Palm Beach, Florida (14 de septiembre de 2024): Un hombre armado fue descubierto con un rifle AK-47 escondido en arbustos cerca del campo de golf de Trump, antes de que pudiera ejecutar su plan.
• Mar-a-Lago, Florida (21 de febrero de 2026): Un individuo armado con escopeta y bidón de combustible intentó ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de la residencia presidencial y fue abatido tras levantar su arma contra agentes.

El FBI investiga cada caso como intento de asesinato y «terrorismo local», aunque hasta ahora los atacantes parecen haber actuado en solitario.

La reacción oficial y el chaleco salvavidas

Trump compareció en conferencia de prensa desde la Casa Blanca pocas horas después del incidente, confirmando que había hablado por teléfono con el agente herido, quien «está de muy buen humor» según el presidente. 

Con su habitual sentido del espectáculo, Trump compartió en Truth Social imágenes del atacante bajo custodia y sugirió «continuar el espectáculo», aunque finalmente siguió las instrucciones de las autoridades y abandonó el evento. El presidente argentino Javier Milei no perdió tiempo en condenar lo que calificó como «el cuarto intento de asesinato» contra Trump, expresando su «más enérgico repudio» en un comunicado oficial.

Lo que resulta claro es que Trump ha convertido sobrevivir en su verdadera especialidad política: cuatro intentos, cuatro fracasos para sus atacantes, y una narrativa que alimenta su base electoral mejor que cualquier discurso de campaña.

Con informacion: UNIVISION/