En Nuevo León ya innovaron en materia de justicia: ahora sí hay retrato hablado del sicario… pero no lo puede ver nadie. Una especie de “se busca”, versión confidencial. El Fiscal Javier Flores presume que tienen la cara del asesino que ejecutó a un joven sinaloense frente a Arboleda —uno de los escaparates más vigilados del municipio más “seguro”—, pero acto seguido decide guardarla bajo llave, no vaya a ser que alguien lo reconozca.
Porque claro, en esta etapa de la investigación “no es conveniente” difundirlo. Lo conveniente, al parecer, es que el sospechoso siga siendo un misterio colectivo mientras la autoridad “trata de ubicarlo”… sin ayuda del público. Una estrategia brillante: tener la imagen del agresor y, al mismo tiempo, actuar como si no existiera.
El guion ya es familiar. Hay cateos —tres, dicen— pero sin direcciones. Hay un cómplice —“al parecer”— pero sin rostro ni rol claro. Hay un vehículo —el Versa fantasma— que apareció días después, con dueño, con renta, con intermediarios… pero sin responsables. Todo existe en potencial, en condicional, en versión preliminar. Nada aterriza.
Y en medio de esa nebulosa, la autoridad también se apresura a descartar lo incómodo: que no hay relación entre el sicario y el policía que detuvo a la víctima justo antes del asesinato. Una coincidencia quirúrgica que permitió al ejecutor disparar con precisión milimétrica. Casualidades que en México suelen tener más estructura que un operativo… pero aquí, oficialmente, son solo eso: casualidades.
El problema no es la falta de información, sino su administración selectiva. Se confirma lo que no compromete, se reserva lo que podría incomodar, y se dosifica la verdad como si fuera secreto de Estado. Mientras tanto, el mensaje es claro: sabemos quién es… pero no te lo vamos a decir.
Así, la Fiscalía juega a las escondidas con un homicida que, según ellos mismos, ya tiene rostro. Y en esa contradicción —entre “lo estamos buscando” y “no es conveniente mostrarlo”— se asoma una vieja práctica: investigar sin transparencia, avanzar sin rendir cuentas y, sobre todo, administrar el caso para que no incomode más de lo necesario.
Porque en San Pedro, al parecer, la seguridad es tan alta… que hasta los retratos hablados necesitan escolta.
La caricatura de Paco Calderon,para EL NORTE, usa Teotihuacán y el Mundial para decir, básicamente: México puede cambiar de siglo, de presidente y de copa, pero su raíz más constante es la violencia sacrificial; la masacre de la Pirámide de la Luna solo lo recordó a balazos.
Contexto inmediato: la balacera
El 20 de abril de 2026 un hombre subió a la Pirámide de la Luna y abrió fuego contra turistas, mató a una canadiense, hirió al menos a 13 personas y luego se suicidó.
El agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, 27 años, con perfil de “copycat” de Columbine y admirador de los tiradores de esa masacre.
La escena –piedras milenarias, turistas extranjeros, disparos desde lo alto– convirtió el sitio arqueológico en un altar contemporáneo de sacrificio mediático.
Qué muestra la caricatura
La pirámide dibujada remite claramente a Teotihuacán y al lugar del ataque; en lugar de un templo aparece un pódium macabro decorado con calaveras, como basamento de sacrificios de ayer y de hoy.
Sobre esa base reposa una Copa del Mundo tipo 2026, tumbada de lado, convertida en ídolo dorado y ridículo de la modernidad.
Encima de la copa, un personaje con penacho “emblemático” alza un cuchillo, evocando tanto al sacrificador prehispánico como al tirador contemporáneo: el país se modernizó, pero el ritual sigue igual de sangriento.
El lema “Raíces que nunca se arrancan”
La frase invierte la consigna patriótica de “orgullosas raíces” y la vuelve acusación: las raíces que México no arranca no son las culturales sino las de la violencia estructural.
Teotihuacán ya no es símbolo de esplendor turístico sino de continuidad histórica del sacrificio humano: antes prisioneros, ahora turistas extranjeros cazados por un fanático que replica masacres gringas.
El texto sugiere que el país presume pasado glorioso mientras tolera una normalización brutal del derramamiento de sangre, sea por narco, por Estado o por locos con pistola.
Fútbol, mundialitis y anestesia
El balón convertido en copa gigante satiriza la obsesión gubernamental y mediática con el Mundial 2026, tratado como religión laica mientras el país se desangra.
El mensaje es: hay tiroteo en una zona arqueológica ícono, hay miles de desaparecidos, pero el relato oficial es “que la pelota siga rodando”; el sacrificio se hace fuera de cámara para no interrumpir el show.
La copa tirada sobre calaveras alude a un país que construye su fiesta mundialista sobre fosas, estadísticas maquilladas y conferencias mañaneras llenas de eufemismos de “incidentes aislados”.
Lectura irreverente y de fondo
La caricatura acusa a la élite política de usar identidad prehispánica y fiesta futbolera como cosplay patriótico para ocultar que México sigue siendo un gran templo de sacrificios contemporáneos.
En vez de cortar de raíz el fenómeno de las masacres –armas legales e ilegales, omisiones, impunidad, culto al tirador copycat– el sistema se limita a cambiar el decorado: de cuchillo de obsidiana a revólver .38, de altar de piedra a “zona turística segura”.
Traducido : Teotihuacán ya tiene su “paquete turístico completo”: pirámides, artesanías, fotos para Instagram y, cortesía del Estado ausente, un tirito con sabor a Columbine para que el mundo recuerde cuáles son las verdaderas raíces que México se niega a arrancar a punto de completar 800 mil muertos.
Julián LeBarón estuvo con Azucena Uresti en Grupo Formula ,usando la bala más incómoda que tiene México: la voz de las víctimas para desarmar el discurso hueco de “soberanía” con el que el gobierno tapa su propio fracaso frente al crimen y la masacre silenciosa de pueblos enteros.
Soberanía de papel vs pueblos fantasmas
Mientras en Palacio de las mañaneras se rasgan las vestiduras porque cuatro agentes de la CIA pisaron Chihuahua sin llenar todas las formas, en el noroeste del estado hay pueblos que ya ni siquiera existen: fueron vaciados por el narco, a punta de balas, amenazas y desapariciones.
Ahí sí nadie habló de “soberanía”; la gente tuvo que “violar” la soberanía de Estados Unidos y largarse al otro lado para no morir.
LeBarón lo dice brutalmente: él ya perdió su propia soberanía desde que vive bajo amenaza de muerte, igual que miles que dependen de escoltas prestadas cuando al crimen le da por avisar que va por ellos.
En Chihuahua, el 98% de impunidad en homicidio significa que el Estado no existe más que como logotipo y nómina, y que la “soberanía” funciona sólo como excusa para regañar a quien sí se atreve a enfrentar a los asesinos.
Los agentes que sí hicieron su trabajo
En el escándalo por los agentes de la CIA, la prioridad del gobierno no fue explicar cómo carajos operan las mafias que tienen de rodillas a medio estado, sino quién firmó, quién no supo y quién tiene vela en el entierro burocrático.
Los únicos que hicieron lo que les tocaba fueron los que murieron: dieron la vida en operaciones sobre el terreno, mientras desde la capital se discute si el problema fue el chaleco, el protocolo o la ventanilla equivocada.
LeBarón lo pone en términos que queman: si esos agentes “violaron” la soberanía, la pagaron con lo único que vale algo en este país descompuesto, la vida, y la pagaron defendiéndonos.
En vez de reconocer ese costo, el gobierno de Sheinbaum decidió regañar gobernadores y mandar cartitas para recordar que primero va el papelito, luego la vida del ciudadano.
Cómo se ve la ayuda extranjera desde el lado de las víctimas
Desde la cómoda silla federal, la ayuda extranjera se pinta como amenaza al honor nacional; desde una carretera donde a la familia LeBarón le dispararon 3,500 veces, la ayuda extranjera se ve como la diferencia entre seguir huyendo o por fin poder vivir en paz.
Cuando uno de cada cuatro mexicanos ya vive en Estados Unidos, la “colaboración” ya no es teoría: es la consecuencia del fracaso total del Estado mexicano para garantizar vida, propiedad y libertad.
LeBarón no romantiza nada: dice que se debe cumplir la ley, coordinarse, hacer las cosas bien, pero cerrar la puerta a capacitación, tecnología e incluso presencia directa de quienes sí pueden enfrentar a los criminales es un “error fatal”.
Porque mientras los soldados de la “soberanía” se indignan en conferencias, el chihuahuense vive atrapado en una impunidad que roza el 100% y en una legislación que le prohíbe defenderse, pero no puede impedir que cinco mil cabrones se adueñen del destino de cuatro millones.
De activista a candidato: usar la política contra la política
LeBarón admite que detesta la política, los partidos y el circo electoral, pero que llegó al punto en que seguir odiando la política es un lujo que se pagan sólo los que todavía no entienden que ya viven sometidos
Por eso quiere la gubernatura no como trono, sino como plataforma para llamar a cuentas a legisladores, fiscales y federales, y para convocar a los cuatro millones de chihuahuenses a meterse a la pelea que el gobierno abandonó.
No se casa con nadie: habla con PAN, MC, partidos nuevos, y hasta dice que no descarta Morena, aunque su crítica va directo al corazón del discurso oficial que ha convertido la “austeridad” y la “soberanía” en pretexto para mantener al ciudadano en “indefensión absoluta”.
Su primera carta no es ser comparsa de nadie, sino candidato que ponga en el centro una obviedad que el sistema convirtió en sacrilegio: el derecho a la vida está por encima de cualquier autoridad y de cualquier papel sellado.
El punto incómodo: víctimas, no público cautivo
La fuerza de LeBarón no viene de un spot, viene del entierro acumulado: familiares asesinados, secuestros, pueblos vaciados, niñas y mujeres ejecutadas, como Alina, la líder ganadera recientemente asesinada, cuyo caso usa para recordar que cada muerte es una prueba de que todos nos hemos dejado arrinconar.
Él dice que el miedo es una mentira, porque siempre se trata de algo que aún no pasa, pero que si seguimos cediendo, terminamos “muertos en vida” sin haber defendido nada.
Por eso su candidatura es, en los hechos, un pleito abierto contra la comodidad de un país que prefiere indignarse por el pasaporte de quién ayuda, antes que por las fosas clandestinas donde terminan los que nadie defendió.
Desde el lado de las víctimas, la ayuda extranjera no es una ofensa a la patria: la ofensa es tener que mendigarla porque el Estado prefiere verse bien que hacer bien su trabajo.
Bajo el sexenio de MORENA y Américo Villarreal, el medico que iba, iba sanar Tamaulipas ,cuando de repente ya siendo gobierno se le atravesaron las cuotas del «titipuchal del pipas del contrabando de huachicol», que acopia su sobrino Roberto Garcia ,desde la Dirección de Comercio Exterior, Reynosa no se pacificó: se graduó como otra ciudad donde el gobierno presume boletines mientras el Cartel que abraza hace crecer sus ganancias y a pasos agigantados la percepción de inseguridad ,rompiendo los techos de las cifras de concreto armado.
La ENSU como acta de defunción del discurso oficial
Porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y su Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana, no hace editoriales: solo mide el miedo, y en Reynosa el miedo anda en 86.1%; es decir, casi nueve de cada diez adultos dicen que vivir ahí es inseguro, por encima de la media nacional de 61.5% en marzo de 2026.
Es la misma encuesta que el gobernador cita para presumir “avances” en sus giras, pero que en la letra chiquita retrata una ciudad más cerca de Culiacán y Uruapan que del país imaginario de sus conferencias.
Mientras México en conjunto baja ligeramente de 63.8% a 61.5% entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, Reynosa hace exactamente lo contrario: pasa de 81.7% a 86.1%, un brinco que la coloca por encima de Culiacán (84.4%) en percepción de inseguridad. Traducido: mientras otros buscan apagar el incendio, el gobernador de Tamaulipas le echa gasolina estadística.
Reynosa, donde “siempre se puede estar peor”
La serie de ENSU es clara:marzo 2025, Reynosa ya era un infierno con 74.1%; doce meses después, ese infierno se perfecciona y llega a 86.1%. En un país donde los focos rojos se llaman Uruapan, Culiacán o Ciudad Obregón, Reynosa se cuela al top de ciudades donde la gente vive en modo “alerta sísmica” permanente.
Pero ya en abril de 2026,la cosa se puso pero: si San Pedro Garza García con todo y ejecuciónes es el referente de la “seguridad aspiracional” con 4.4% de percepción de inseguridad, Reynosa es su foto inversa: un escaparate de cómo se ve un gobierno que convierte cada trimestre en récord de miedo. Es como tener un Ferrari de recursos federales y estatales y usarlo para repartir volantes, mientras el crimen organizado maneja tráileres de facto gobierno.
Tabla rápida del desorden: Reynosa vs Culiacán y país
Ciudad / agregado
Marzo 2025 (%)
Diciembre 2025 (%)
Marzo 2026 (%)
Nota ENSU
Estados Unidos Mexicanos
61.9
63.8
61.5
Baja leve nacional.
Culiacán, Sin.
89.7
88.1
84.4
Sigue altísima, pero baja.
Reynosa, Tamps.
74.1
81.7
86.1
Sube, y supera a Culiacán.
En cualquier gobierno medianamente serio y que ademas no lo gobierne un mandatario con vocación de bandido, que una ciudad suba de 74 a 86% en un año encendería sirenas; en el de Villarreal y bajo la titularidad de ls Secretaria de Seguridad del General Arturo Pancardo,lo convierten en fotos de reuniones y aplausos de gabinete.
El 100% simbólico: cuando la calle ya reprobó al gobernador
Y aunque el INEGI nunca va a poner “100%” de percepción de inseguridad porque hay quien todavía contesta “no sabe/no responde”; en términos políticos, Reynosa ya opera como si toda la ciudad diera por hecho que el gobierno no tiene el control. Es el 100% simbólico: nadie organiza su vida suponiendo que el Estado va a llegar a tiempo, y todo mundo ajusta su rutina para no cruzarse con la violencia representada por lugartenientes que abrazan y hacen negocios con el gobernador,mientras el aparato federal y militar de inteligencia se hacen tarugos, con una habilidad que no sorprende,pero también asusta.
La ENSU nacional reporta que 43.7% de la población deja de llevar cosas de valor, 39.1% deja de caminar de noche y 39.2% ya no deja salir solos a menores por temor al delito. Si esos porcentajes se sienten brutales a nivel país, en una ciudad que trae 86.1% de percepción de inseguridad el mensaje es claro: el reloj de la vida cotidiana está puesto en modo “sálvese quien pueda”, no en “el gobierno me cuida”.
Otros indicadores que hunden el relato de “control”
No es solo “me siento inseguro”; es todo lo que se rompe alrededor. A nivel nacional, 57.7% de la gente reporta ver consumo de alcohol en calles, 39.3% robos o asaltos, 38.4% venta o consumo de drogas y 24.2% disparos frecuentes con armas en los alrededores de su vivienda. Son promedios: en una ciudad-frontera como Reynosa, donde la percepción de riesgo supera por 25 puntos el promedio nacional, esos fenómenos dejan de ser “ruido estadístico” y se vuelven paisaje urbano permanente.
Además, 38.2% de la población del país reconoce haber tenido conflictos o enfrentamientos con familiares, vecinos, autoridades o desconocidos; Reynosa se ubica por encima de ese promedio con 39.4%, lo que habla de una convivencia social erosionada en todos los niveles. Es la ecuación perfecta del fracaso: miedo alto, conflicto alto y una autoridad que presume operativos mientras la encuesta oficial dice que la vida diaria sigue atravesada por la violencia y la desconfianza.
Un gobierno que administra la percepción… para arriba
Mientras la Marina y el Ejército mantienen niveles de “efectividad percibida” arriba de 85%, las policías estatal y municipal apenas alcanzan 56.1% y 50.8% a nivel nacional. En estados como Tamaulipas, ese hueco se traduce en lo que muestran las cifras: las fuerzas federales “le hacen como que contienen” y el gobiernos estatal naufraga en la tarea de construir seguridad cotidiana con un gobierno más obsesionado con maquillar datos que con bajar homicidios, asaltos o balaceras en medio de un brutal gasto de seguridad, entregando patrullas y…contratos.
En resumen: la ENSU 2026 no “golpea” a Américo Villarreal; lo exhibe como lo que es en Reynosa: un administrador de crisis que logró lo impensable, hacer crecer la percepción de inseguridad en una ciudad donde todos juraban que ya se vivía en el piso más bajo del infierno y resulta que bajo su gestión de gobierno,gobernada por el crimen organizado,siempre se puede estar peor.
Con informacion ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA URBANA/ENSU 2026/ABRIL 24
El contralmirante Fernando Farías Laguna no sólo carga con una orden de extradición desde Argentina por presunto huachicol fiscal: ahora mas que salvarse quiere hundir el barco que comandaba su tío politico y ex-secretario de Marina,el Almirante Rafael Ojeda a quien segun su defensa, dice —“yo sí avisé”—, respaldado por conversaciones de WhatsApp.
Sí, WhatsApp. Porque en México los escándalos de contrabando de huachicol fiscal de combustible via marítima, también se documenta entre mensajitos y no solo entre navales,tambien entre militares y el Cartel del Golfo en Tamaulipas.
Farías fue detenido el jueves en Argentina. Su hermano, Manuel Roberto Farías, cayó desde septiembre del año pasado. Ambos no son cualquier pieza: son sobrinos políticos del propio Ojeda y están señalados como cabezas de una red que, según las acusaciones, movió nada menos que 31 buques cargados de combustible ilegal entre Altamira y Tampico entre 2024 y 2025. No es ordeña de ducto: es huachicol de alta mar, con logística de Estado y uniforme naval d gala.
La defensa, encabezada por el abogado Mendieta, intenta reconfigurar la narrativa: Farías no era parte de la red, sino víctima de un señalamiento que —dice— él mismo reportó a la superioridad naval. Y aquí entra el episodio clave.
El denunciante original, el también contralmirante Fernando Rubén Guerrero, habría buscado a Farías para que lo conectara directamente con Ojeda. Guerrero traía información que implicaba a los hermanos Farías en el contrabando. Se reúnen el 31 de mayo de 2024 en un restaurante de Villa Coapa —todo apunta a un Sanborns, porque en la carpeta de la FGR hay hasta foto del encuentro, como si fuera cita de espionaje con combo de enchiladas suizas.
Según la versión de la defensa, Farías escucha, se indigna y sale con una declaración digna de deslinde institucional: “yo no estoy metido en ese desmadre, mi nombre lo están utilizando y ahorita lo reporto”. Acto seguido, mensaje directo por WhatsApp al almirante Ojeda. Caso cerrado… al menos en su versión.
El problema es que ese supuesto “yo sí avisé” todavía no existe oficialmente: las conversaciones no han sido entregadas a la FGR. Mendieta dice que ya saldrán… si el caso llega a juicio en México. Es decir, la prueba clave está guardada, por ahora, en el cajón de las promesas estratégicas.
Mientras tanto, la cronología se vuelve incómoda.
Abril de 2024: Ojeda recibe en su oficina al denunciante Guerrero.
Mayo de 2024: Guerrero se reúne con Farías en Villa Coapa.
Octubre de 2024: ya con Sheinbaum en la Presidencia, el nuevo titular de Semar, Raymundo Pedro Morales, también recibe a Guerrero.
Noviembre de 2024: Guerrero es ejecutado en Manzanillo, Colima.
El denunciante habló con todos los niveles… y terminó muerto. En México, eso suele ser más que una coincidencia narrativa.
Para añadir otra capa, el 7 de septiembre de 2025, cuando estalla públicamente el caso con detenciones de marinos, el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero soltó un dato que intenta blindar a la cúpula: aseguró que dos años antes Ojeda le había pedido investigar a todos los elementos de la Armada potencialmente vinculados al huachicol. Traducción política: “sí se sabía, sí se investigaba… pero aun así ocurrió”.
Y ahora el caso se desborda hacia lo internacional.
México quiere de vuelta a Farías por la vía rápida: deportación, bajo el argumento de que entró a Argentina con documentos falsos. La defensa responde con otro clásico: solicitud de asilo político ante el gobierno de Javier Milei.
Pero el expediente ya se contaminó de geopolítica.
Claudia Sheinbaum, desde Barcelona, pidió la liberación de Cristina Fernández de Kirchner —archienemiga de Milei y condenada por corrupción—, y casi en paralelo exige a Argentina que le entregue a un contralmirante acusado de contrabando masivo de combustible.
No es exactamente el mejor clima diplomático para pedir favores.
La propia Sheinbaum lo dejó claro: quieren deportación inmediata; si no, vendrá la extradición. Todo bajo el argumento de ingreso ilegal con pasaporte falso. Legalmente sólido, políticamente enredado.
En el fondo, el caso Farías exhibe algo más incómodo que un par de chats de WhatsApp: una cadena de advertencias, reuniones al más alto nivel, un denunciante asesinado y una red que operó —según las acusaciones— durante meses moviendo barcos enteros sin que nadie, oficialmente, “se diera cuenta”.
Y ahora la defensa apuesta a que todo se reduzca a un mensaje enviado a tiempo.
En México, a veces, eso basta para ensuciar todo el aparato ,pero no alcanza para limpiar un océano de combustible ilegal donde todos han sido parte del todo.
Tan solo basta con voltear a ver la falta de arrestos cuando el combustible se decomisa por millones: asi pasa cuando el sistema no puede disparar sin temor de plomerse las patas que chacualean en huachicol.
