La masacre conmocionó a México. El 4 de noviembre de 2019, sicarios del grupo criminal La Línea, el brazo armado del cartel de Juárez, emboscaron y asesinaron a tres mujeres y seis niños de las familias Langford y LeBarón, que pertenecían a una comunidad mormona del norte del país. Ocho meses después de la tragedia, las víctimas presentaron una demanda colectiva en un tribunal de Dakota del Norte para recibir una indemnización por los daños sufridos. Un juez estadounidense concluyó el caso este mes y ordenó que la organización delictiva pagara más de 4.600 millones de dólares a los dolientes y otros miembros del clan, en una decisión sin precedentes por el monto y por los actores implicados. El caso entraña una incógnita aún mayor: cómo y a quién se va a cobrar el dinero.
La demanda civil estuvo encabezada por Howard Miller, que perdió a su esposa Rhonita LeBarón y cuatro de sus hijos en el ataque, entre ellos dos gemelos de ocho meses de edad. Miller también se presenta como el tutor legal de otros tres niños pequeños, de nueve, seis y dos años de edad. Los padres de Rhonita, Adrián LeBarón y Shalom Tucker, también se sumaron, así como sus diez hermanos. Fue promovida también por Tyler Johnson, esposo de la difunta Christina Marie Langford y padre de Faith, una bebé que tenía un año al momento de la emboscada y que logró sobrevivir pese a que el coche en el que viajaba recibió una ráfaga de más de 200 disparos. En la querella estaban incluidos la madre y siete hermanos de Dawna Ray, otra de las mujeres que fueron asesinadas a manos de los sicarios. La matanza tuvo lugar cuando las mujeres y sus familias viajaban en una caravana de tres coches que fue interceptada por sicarios del cartel cerca del rancho de La Mora, en Sonora, al norte de México.
Todos los 25 demandantes pertenecen a cuatro grandes familias y tienen doble nacionalidad de México y Estados Unidos. La colonia LeBarón fue fundada en los años veinte en el Estado fronterizo de Chihuahua, muy cerca del vecino Estado de Sonora y de territorio estadounidense, por miembros de una rama fundamentalista mormona que huían de la prohibición de la poligamia del otro lado de la frontera. Al margen de sus creencias, la comunidad ha tenido notoriedad en México por los atentados que ha sufrido a manos del crimen organizado en México en los últimos 15 años, en una cadena de tragedias que incluye secuestros, extorsiones, asesinatos y fricciones permanentes con las autoridades ante los reclamos por la ola de inseguridad que azota al país. Sus miembros, sin embargo, no rompieron lazos con Estados Unidos, donde han vivido de forma intermitente y dirigido negocios en zonas de fuerte presencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (el nombre oficial de la principal iglesia “mormona”, un apelativo que ha sido desalentado por sus líderes religiosos) y sus escisiones, como Utah y Dakota del Norte. Esas fueron las bases legales para que una corte estadounidense tomara el llamado caso Miller.
Lo insólito es llevar al banquillo de los acusados a un cartel criminal. Ningún mando del cartel de Juárez o de La Línea se presentó ante el juzgado para declarar ni se asumió como representante de las organizaciones. Las víctimas presentaron su queja bajo la Ley Antiterrorismo de EE UU, que concede a cualquier ciudadano estadounidense el derecho a reclamar daños contra su persona, su propiedad o su negocio como resultado de un ataque terrorista, en este caso por un acto de “narcoterrorismo”. La indemnización debe cubrir tres veces el monto de los daños sufridos, así como los costos de la demanda, como los honorarios de los abogados. Los montos de las indemnizaciones individuales van de los 21 millones de dólares a los 228 millones y cubren daños económicos, psicológicos, físicos y por las muertes de sus familiares. “Los LeBaron se han convertido en símbolo de la resistencia mormona al cartel”, se lee en el sumario judicial. “Por consecuencia, el cartel ve a los mormones en Chihuahua y sus alrededores como sus oponentes”, se agrega.
“Estoy convencido que en México hay terrorismo, pero las autoridades le tienen más miedo a decirlo que a sus consecuencias”, escribió Adrián LeBarón el pasado fin de semana en su cuenta de Twitter. La familia apuesta a que el fallo a su favor impulse la cooperación en el combate binacional contra la delincuencia y los episodios de violencia que han sufrido han tensado las relaciones entre México y Washington. Rafael Caro Quintero, alias El Narco de Narcos, fue detenido la semana pasada tras estar 13 años prófugo de las autoridades mexicanas y estadounidenses. En su intento por reconstruir su imperio criminal forjó una alianza con La Línea e hizo de Sonora su principal bastión. “Es terrorismo lo que hacen los carteles para tener poder. Por eso cuelgan, tiran, mutilan, queman pueblos; si aquí se entiende como en Estados Unidos, pueden actuar juntos, ayer vimos que sí da resultados”, dijo Bryan LeBarón, otro de los varones del clan, un día después de que se conociera la detención de Caro Quintero.
Más allá de los simbolismos, la demanda abre una baraja de líneas a seguir: la posibilidad de nuevas demandas promovidas por la familia LeBarón a partir de este precedente, implicaciones para entes legales que tengan vínculos con organizaciones delictivas, como bancos y negocios establecidos que blanqueen dinero, los blancos prioritarios en la ofensiva estadounidense contra los carteles mexicanos y la batería de cargos que enfrentaran los narcotraficantes en Estados Unidos si son juzgados, además, como miembros de organizaciones terroristas. A casi tres años de la masacre, el caso aún resuena desde el frente legal, político y mediático en tramas que involucran supuestas venganzas del crimen organizado, una decena de detenciones, reclamos de impunidad y nuevos episodios de violencia. En lo que toca a Dakota del Norte, el cobro de los 4.600 millones de dólares sigue siendo una incógnita.
Feunte.-Elias CamHaji/Diario Español/(imagen/ElHeraldo/
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