Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional apoyaron a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua en los operativos contra narcolaboratorios, en los que habrían participado agentes de Estados Unidos, presuntamente de la CIA, en una acción que no había sido informada al Gabinete de Seguridad federal.
Pero resulta que en Chihuahua y tras el reproche que siguió al escandalo,algunos actores desaparecieron del encuadre oficial, como si nunca hubieran estado ahí.
Porque mientras desde EE.UU la Casa Blanca pide un poco de empatía por los muertos a la Presidenta Claudia Sheibaum,la narrativa federal hipocrita se enreda políticamente con el gobierno panista de esa entidad por la presencia —incómoda, ilegal o simplemente inexplicable— de agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara, hay un detalle que convenientemente se intenta diluir: el Ejército mexicano no sólo estaba enterado, estaba adentro.
La propia Fiscalía estatal lo dijo sin rubor: durante tres meses, mandos militares trabajaron hombro con hombro con la Agencia Estatal de Investigación en los operativos que derivaron en el desmantelamiento de campamentos y narcolaboratorios en Guachochi y Morelos. No fue una visita de cortesía ni un apoyo marginal. Fue una investigación conjunta, planificada, sostenida y ejecutada con participación castrense.
El fiscal César Jáuregui lo confirmó con números: unos 40 elementos de la Defensa acompañaron a cerca de 80 estatales. Pero fuentes militares elevan la cifra a 73 soldados en campo. ¿La misión oficial? “Seguridad periférica”. Una expresión elegante para decir: estaban ahí cuidando todo mientras el operativo se ejecutaba.
Y aquí viene el giro digno de teatro del absurdo: esos mismos mandos castrenses aseguran que no tenían idea de que había agentes estadounidenses en el operativo. Que no preguntan quién es quién. Que no verifican identidades. Que, básicamente, cualquiera puede ponerse uniforme mexicano, subirse al operativo… y pasar desapercibido.
Sí, agentes de la CIA —según reportes internacionales— operando disfrazados con uniformes de la AEI, en territorio mexicano, en operativos contra el narco, sin que el Ejército “se diera cuenta”.
La explicación no sólo es débil; es institucionalmente alarmante.
Porque entonces hay dos opciones, ambas preocupantes:
Una: el Ejército participó en operativos donde había agentes extranjeros infiltrados sin saberlo, lo que exhibe un nivel de descontrol operativo difícil de justificar.
Dos: sí sabían, pero ahora se recurre al clásico deslinde burocrático para evitar el costo político y diplomático.
La Federación insiste no fue informada, la SRE envía notas diplomáticas de extrañamiento y el Senado arma “reuniones de trabajo” para lanzar acusaciones a la carta amparándose en una ley retrograda que si se aplica a «rajatabla» ,todos estarían detenidos,extranjeros,policias y militares,desconociendo de tajo el propósito encomiable del operativo donde hay que resaltar la cooperación,no castigarla en beneficio del narco.
Que dice la Ley:
La escena de Chihuahua no solo huele a ilegalidad política: a la luz de la Ley de Seguridad Nacional, parece expediente penal listo para judicializarse si la norma se aplicara a rajatabla.
1. El marco duro de la Ley: agentes extranjeros no son “turistas tácticos”
La reforma de 2020 por decreto doloso de Andres Manuel Lopez Obrador para cerrar el paso a la colaboración definió con toda claridad qué es un “agente extranjero”: funcionario que en su país hace funciones policiales, de inspección, supervisión o técnicas especializadas. Eso encaja quirúrgicamente con agentes de la CIA que participan en operativos antinarco, aunque se disfracen con uniforme de la AEI.
Estos agentes solo pueden estar temporalmente en territorio nacional con fines de intercambio de información y dentro de convenios bilaterales expresos, con acreditación y circunscripción territorial autorizada por SRE, en acuerdo con Seguridad, Sedena y Marina. Cualquier presencia operativa fuera de ese cauce no es “cooperación”, es violación directa de la Ley de Seguridad Nacional.
2. Prohibiciones claras: lo que la CIA hizo está expresamente vedado
El artículo 71 es casi un retrato hablado del caso Chihuahua, pero en negativo. La ley dice que los agentes extranjeros:
- Solo pueden hacer actividades de enlace e intercambio de información, según su acreditación.
- No pueden ejercer facultades reservadas a autoridades mexicanas ni aplicar leyes extranjeras en territorio nacional.
- Tienen prohibido realizar o inducir a terceros a realizar detenciones, actos que priven de la libertad, allanamientos o cualquier conducta violatoria de la Constitución y leyes mexicanas.
Si agentes de la CIA participaron operativamente en el desmantelamiento de un narcolaboratorio, se movilizaron armados en convoy, se camuflaron con uniformes de una corporación mexicana y se introdujeron a una zona de riesgo como parte del operativo, eso excede por completo el “enlace de información” permitido. Más aún si, según se ha reportado, intervenían en labores propias de una fuerza de seguridad y murieron en un accidente en plena operación en la sierra.
En términos de la ley, eso se ve más como ejercicio de funciones reservadas al Estado mexicano que como mera presencia de observadores.
3. Responsabilidad de servidores públicos mexicanos: no hay “yo no sabía”
El artículo 70 es despiadado con los pretextos. Todos los servidores públicos —federales, estatales, municipales, de poderes y organismos autónomos— están obligados a:
- Apegarse a la Ley y a los lineamientos del Consejo de Seguridad Nacional en su relación con agentes extranjeros, bajo pena de responsabilidad administrativa o penal.
- Entregar a SRE y a Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes, un informe por escrito de cualquier reunión, intercambio de información, llamada o comunicación con agentes extranjeros.
- Celebrar reuniones con agentes extranjeros solo si fueron previamente autorizadas por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y con presencia obligatoria de un representante de SRE.
Traducido al caso Chihuahua, si hubo operación coordinada con personal de la CIA en campo, cualquier autoridad estatal o municipal involucrada que no haya tramitado autorizaciones vía Grupo de Alto Nivel y no haya informado por escrito a SRE y SSPC, está en zona de responsabilidad directa. Y aquí hablamos de Fiscalía estatal, mandos de seguridad locales y cualquier autoridad que haya tratado con los estadounidenses, aunque los vistieran de AEI para “camuflajearlos”.
4. El papel del Ejército: de “seguridad periférica” a corresponsabilidad
Sedena alega que había 73 militares solo “en seguridad periférica” y que no sabían que ahí andaban agentes estadounidenses. La Ley de Seguridad Nacional, sin embargo, coloca a la Defensa Nacional como actor clave en la acreditación y supervisión de agentes extranjeros: SRE debe acordar con Sedena, Marina y Seguridad la acreditación y circunscripción territorial de cada agente.
Si hubo agentes de la CIA operando sin que Sedena estuviera formalmente enterada, tenemos dos escenarios igualmente graves a la luz de la ley:
- El Estado mexicano no controló quién entra, dónde y a qué viene un agente extranjero, fallando en la supervisión que el propio artículo 73 obliga a ejercer “en todo momento”.
- O sí sabían, pero ahora simulan ignorancia para eludir la corresponsabilidad que el mismo marco normativo impone a las autoridades que supervisan o colaboran con esos agentes.
La coartada de “no pedimos la identidad de cada agente con el que colaboramos” choca de frente con un sistema normativo que exige acreditación, circunscripción territorial y supervisión constante. Es como presumir que se cumple la Ley de Seguridad Nacional… sin checar quién demonios está pisando el territorio.
5. Supervisión, sanciones y lo que la ley realmente ordena hacer
La ley no solo autoriza cooperación; también establece el garrote.
- El Gobierno de México debe supervisar “en todo momento” el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los agentes extranjeros.
- Si un agente extranjero incumple, el Gobierno debe solicitar su retiro y queda sujeto a sanciones en términos de las leyes mexicanas.
- Si se prueba que un gobierno extranjero, vía sus agentes, incita o promueve cohecho, privación ilegal de la libertad o sustracción de habitantes para llevarlos a juicio a otro Estado, México debe suspender el convenio bilateral respectivo y prohibir actividades de esos agentes en territorio nacional; las autoridades responsables de supervisión son corresponsables y serán sancionadas.
Aplicado de forma estricta, el caso Chihuahua no es un “malentendido diplomático”: es un expediente que obligaría a investigar si se violaron prohibiciones del artículo 71, si se omitieron informes del 70, si se incumplió la supervisión del 73 y si hay corresponsabilidad de autoridades mexicanas por permitir, encubrir o normalizar operativos con agentes extranjeros camuflados. Si se siguiera la letra de la ley, mínimo habría que abrir investigaciones administrativas y penales, revisar convenios de cooperación y, en su caso, suspender o restringir actividades de agencias estadounidenses en materia de seguridad.
6. Colofón irreverente: todos jurando la ley… para luego hacerse los distraídos
La Ley de Seguridad Nacional trató de ponerle correa legal a las agencias extranjeras: acreditación, territorialidad, informes mensuales, reuniones supervisadas, nada de operativos tipo película gringa en la sierra. El caso Chihuahua muestra justo lo contrario: agentes de la CIA operando camuflados, autoridades locales coordinando en corto, militares “en perímetro” y un Gobierno federal que dice no haber sido informado.
Si uno se pone en modo fiscal implacable y soslaya lo importante de una colaboración fluida, lo que se ve no es una anécdota de cooperación fallida, sino un cúmulo de posibles transgresiones a la Ley de Seguridad Nacional por parte de agentes extranjeros y servidores públicos mexicanos que debieron saber, informar, supervisar y, en su caso, detener lo que hoy todos fingen descubrir con cara de sorpresa institucional. La ley está escrita para que nada de esto pase; la realidad se encargó de demostrar quién la recita… y quién la pisotea.
Pero el problema no es sólo quién invitó a la CIA a la fiesta.
El problema es que los anfitriones —militares y autoridades locales— estaban en la sala, sirviendo las bebidas… y ahora dicen que no vieron a los invitados.
Porque en Chihuahua no sólo se desmantelan narcolaboratorios.
También se desmantela, pieza por pieza, la versión oficial hipócritamente dolosa y con alto contenido politico con porra en la redes con instrucciones para aporrear en sombre de la soberanía que perdimos internamente cuando el narco colonizó el territorio.
Tal vez con el animo de que los ciudadanos no volteen a ver la cifras con seriedad y sin animo propagandistico.
Con informacion: ELNORTE/
