No debería de extrañar nada de la fiscal general Ernestina Godoy, dados sus antecedentes en torcer la ley para inventar casos. Pero en la ruta final de su carrera –se prevé que presente su renuncia por motivos de salud–, alcanzó un nuevo nivel de ruindad: lavarse las manos de las críticas que se han hecho a la Fiscalía General por no haber realizado peritajes y recopilado evidencia en la cabaña donde vivía Nemesio Oseguera, El Mencho, en Tapalpa, para trasladar culpas y responsabilidades a periodistas que, arriesgando su vida, llegaron a donde sucedieron los hechos e hicieron lo que debían hacer: recolectar información para cumplir plenamente con ese tan mal valorado servicio público.
No los llama por lo que son, reporteras y reporteros, sino “personas”. Así, ambiguamente, las acusa de “contaminar” la escena. Tapalpa no es solo un municipio más donde suceden hechos violentos; se encuentra dentro de las murallas imaginarias que protegían el corazón del imperio criminal. Las y los periodistas se metieron a una zona de guerra, donde los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación estaban cazando guardias nacionales y policías estatales para vengar la muerte de Oseguera.
Llegaron a Tapalpa por sus propios medios y enfrentaron los peligros para cumplir su trabajo. Llegaron como extraños a una zona en ebullición, y despertaron inmediatamente sospecha. Haber trabajado abiertamente, posiblemente le salvó la vida a más de uno y no estamos lamentando hoy a un periodista más asesinado por los criminales. Esas condiciones de extremo riesgo, descritas por primera vez por el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, y en el propio comunicado de la FGR, explican también el tipo de misión que se realizó.
La acción nunca fue contemplada como una diligencia ministerial, sino como una operación de inteligencia. Por esa razón no los acompañaron ministerios públicos federales. “Era imposible que lo hicieran”, dijo una fuente con conocimiento de la operación, “hubieran matado a todos”. La FGR no lo dice con esta claridad, pero haberlos enviado habría sido un error imperdonable en una operación impecable. Al no hablar con transparencia, aunque afirma lo contrario, la FGR se metió en contradicciones legales.
El comunicado señala que después de la operación, solicitaron al juez una orden de cateo. En ningún momento mencionó la orden de captura de Oseguera, aunque la FGR reconoce que el objetivo era él. Las dos órdenes no se contraponen, pero la omisión de la segunda mostraría las irregularidades si, en efecto, hubiera sido una diligencia ministerial. Para tapar lo que realmente sucedió en Tapalpa apunta a la “contaminación” causada por las “personas”. Las y los periodistas llegaron dos días después de la operación. Los peritos no llegaron nunca, o hasta después, si le creemos a la FGR. En una situación normal, los ministerios públicos llegan en la espalda de las fuerzas de seguridad, establecen la escena de crimen para que los peritos hagan su trabajo. Como reconoció, no había las condiciones de seguridad mínima para sus ministerios y peritos.
La FGR solo habla de “cabañas” a las que accedieron las “personas”, como si solo ahí hubiera habido acción. Nadie “contaminó” el bosque, donde se dio el enfrentamiento con Oseguera y sus guardias, pero tampoco los ministerios públicos aseguraron la escena, levantaron los cadáveres (lo hizo sanidad militar) y recolectaron pruebas científicas, como de ADN y de balística (lo hizo el Ejército). No interrogó testigos (fuerzas especiales y detenidos) ni abrió, que se sepa, una carpeta de investigación. La omisión de responsabilidad, en condiciones normales, era de la FGR. Pero no fueron condiciones normales sino extraordinarias.
El operativo así lo exigía. La presidenta Claudia Sheinbaum, hasta donde se sabe, fue informada una vez iniciado. El secretario de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, también. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, supo de él cuando lo convocaron al centro de comando, mientras el cuerpo de El Mencho era trasladado a la Ciudad de México. Mantenerlos al margen, como hizo el general Trevilla con el resto del Gabinete de Seguridad, no fue un acto de rebeldía o para evitar filtraciones, sino, paradójicamente, una decisión para salvaguardar el Estado mexicano.
Una fuente estadounidense explicó la racional del secretario de la Defensa: “Si hubiera informado previamente a García Harfuch y la operación fracasa, habría herido la ventanilla del principal interlocutor de la presidenta con Washington. Si hace copartícipe al Gabinete de Seguridad y fracasa, se acaba el gobierno. El general Trevilla asumió toda la responsabilidad. Si las cosas hubieran salido mal, él habría sido el único que habría caído, dejando a salvo al resto del gobierno”.
Si el gobierno tuviera una visión de Estado, no estaría metido en estos problemas. Al general Trevilla le preguntaron si los militares habían matado a El Mencho, y expresaron dudas de si en efecto murió, porque no hay fotografías de él –¿el referente subconsciente es Osama bin Laden?–, que no respondió con la fuerza necesaria porque no quieren decir en el gobierno cómo saben que está muerto y cómo supieron en unas cuántas horas que la persona abatida sí era Oseguera.
La información del gobierno fue parcial. La CIA fue la que proporcionó información de inteligencia a la Secretaría de la Defensa, para que su cuerpo de élite, los “Murciélagos”, actuara. Lo que no se ha explicado, aunque sea de manera general, es que la CIA tenía interceptadas todas las comunicaciones en ese teatro de operaciones, por lo que integrantes de la primera línea de las fuerzas especiales no se detuvieron en la cabaña donde vivía Oseguera, sino lo persiguieron al bosque, porque la compañía, en una acción coordinada, les iba proporcionando en tiempo real sus movimientos. Una vez que lo hirieron y subieron al helicóptero, le tomaron fotografías, huellas dactilares y una prueba de ADN que se transmitió a la CIA, que en menos de cuatro horas les confirmó la identidad. Con esa información, se comenzó a filtrar a los medios que lo habían abatido, sin explicar por qué hasta el día siguiente dijeron que tenían confirmación con el ADN.
El gobierno se hizo bolas y no supo comunicar el operativo, los términos reales de lo que se ejecutó. Buscar chivos expiatorios en los medios, aunque muy propio del régimen, es un absurdo, una canallada y una falta de ética institucional. Pero sobre todo, una mentira a la nación.
Con informacion de : RAYMUNDO RIVAPALACIO/EL FINANCIERO/
