Once personas sin experiencia ni estudios en la materia fueron contratados por la exfiscal Ernestina Godoy Ramos como Ministerios Públicos (MPs), para trabajar en áreas tan sensibles de la Fiscalía capitalina como la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo con la denuncia de un ciudadano francés.
Los 11 funcionarios públicos fueron contratados sin cumplir con los requisitos de ley, mediante diversas “dispensas” firmadas por la entonces fiscal capitalina, según la denuncia.
Pero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cerró en definitiva la investigación abierta en contra uno de los funcionarios públicos denunciados, mientras que no le permitió avanzar con la denuncia en contra del resto, al considerar que no era una “víctima directa” y que por tanto no tenía “personalidad jurídica” para continuar con el litigio.
El caso del agente del Ministerio Público, punta del iceberg
En 2022, François Marc Biard, un ciudadano francés, denunció ante diversas autoridades al agente del Ministerio Público, Francisco Eduardo Salinas Hernández por la presunta comisión del delito de ejercicio ilegal del servicio público, debido a que realizó actuaciones de “extrema relevancia” en un caso abierto en su contra por supuesta violencia intrafamiliar desde 2019, caso en el que actuó a pesar de no cumplir con los requisitos legales para ser agente del Ministerio Público.
Marc Biard no solo denunció a Salinas Hernández, sino también la existencia de toda una supuesta red de agentes del Ministerio Público que fueron contratados por la Fiscalía capitalina mediante diversas “dispensas” firmadas por la entonces fiscal Ernestina Godoy.
Pero hace unas semanas, mediante un oficio recibido por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Marc Biard se enteró que la Fiscalía había declarado la prescripción del delito en su denuncia contra Salinas Hernández, debido a que transcurrieron más de tres años entre la supuesta comisión del delito y la denuncia.
“(Esto) en virtud de que los hechos ocurrieron en fecha 15 y 16 de enero de 2019 […] por lo tanto a fenecido el término los días 15 y 16 de enero de 2022, por lo que se encuentran prescritos, extinguiéndose la pretensión punitiva, resultando evidente que al día de la presentación de la denuncia habían pasado más de tres años y atendiendo a lo establecido en el artículo 119n (sic) del Código Penal se determina que ha operado la prescripción de la acción penal”, señaló la Fiscalía a la Comisión de Derechos Humanos.
François envió un oficio a la Comisión de Derechos Humanos solicitando que continúen con la investigación de su caso y emitan una recomendación a la Fiscalía capitalina en la que soliciten al menos una disculpa pública por todas las violaciones a derechos humanos de las que fue víctima, “pues alguien que no podía ejercer (su cargo) ejerció y me hizo la vida miserable”.
“El caso del MP -como yo lo llamo- “pirata” es un caso trascendente porque al margen de que me haya costado mucho sudor, mucho desgaste, muchas cosas, pues no solamente me ha afectado a mí sino a decenas o cientos o miles de gentes que les ha pasado lo mismo, porque este señor durante por lo menos 10 meses estuvo actuando como MP sin ser MP, sin poder ser MP. Y luego permaneció varios años, cuatro años, sin pasar un examen de conocimiento ni nada, todo a través de dispensas, todas firmadas por la fiscal Godoy y unos altos funcionarios de la Fiscalía”, señala.
El origen del caso Marc Biard contra la Fiscalía capitalina
El caso comenzó con un litigio familiar contra Marc Biard, luego de que su exesposa lo denunciara por presunta violencia familiar en perjuicio de ella y sus cuatro hijos. Como resultado, el ciudadano francés estuvo imposibilitado de ver a los menores durante meses. Sin embargo, posteriormente obtuvo una resolución favorable con la determinación de no ejercicio de la acción penal a su favor. Finalmente, el caso quedó completamente cerrado tras la firma de un convenio entre ambas partes en 2022.
Sin embargo, a partir de una de las carpetas de investigación abiertas en su contra en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, Marc Biard descubrió -vía transparencia- que el agente del Ministerio Público que llevaba su caso había sido contratado sin cumplir con los requisitos de la ley.
Esto, a pesar de no contar con título ni licencia profesional al momento de su contratación (ocurrida el 15 de enero de 2019, cuando él mismo admitió haber egresado de la carrera en febrero de ese año), sin experiencia solo había trabajado tres meses en un Tribunal Familiar) y sin cumplir con la edad mínima de 25 años requerida para ser Ministerio Público, ya que tenía 24. Por ello, sus actuaciones dentro de la carpeta de investigación abierta en su contra podrían ser ilegales, incluyendo la realización de una entrevista a sus hijos menores de edad sin contar con las acreditaciones necesarias.
La razón por la que Salinas Hernández logró entrar a la Fiscalía capitalina fue porque, a través de una “dispensa”, la entonces fiscal Ernestina Godoy aceptó su contratación “en consideración de su amplia experiencia profesional, así como por las necesidades institucionales”, mediante un oficio del que Animal Político tiene copia.
Marc Biard impugnó todas las actuaciones del MP que actuó en su caso y pidió que se anularan todos los asuntos en los que intervino por su contratación “ilegal”, pero en la búsqueda de pruebas también se encontró que Martha Soledad Ventura Ávila, entonces diputada local de Morena en la Ciudad de México, mandó un correo a Godoy solicitando que se apoyara al agente.
“Venimos a solicitar su valiosa intervención y apoyo en el siguiente tema. El C. Francisco Eduardo Salinas Hernández, acudió al Modulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas, de la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, con el objeto de buscar orientación y apoyo en el caso que a continuación se describe. Resulta que en cumplimiento de mi deber […] he sido denunciado por un violentador, que responde a nombre de François Marc Biard, de origen francés”, se puede leer en un correo enviado desde la oficina de Ávila.
Marc Biard presentó una denuncia ante la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía por el aparente ingreso irregular de Salinas Hernández, así como diversas supuestas actuaciones irregulares dentro de la carpeta de investigación de su caso, y el posible tráfico de influencia por parte de la diputada local.
Durante su investigación, el ciudadano francés también se encontró que el caso de Salinas Hernández no era el único, sino que desde el 2019 habían sido contratados más agentes del Ministerio Público y Policías de Investigación sin cumplir con los requisitos previstos en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, pero cuya contratación fue autorizada por la entonces fiscal mediante una serie de “dispensas” legales.
Personal sin experiencia dentro de la Fiscalía capitalina
Entre el año 2022 y 2023, Biard presentó varias quejas ante la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía capitalina por la probable comisión de diversas faltas administrativas cometidas por parte de 11 funcionarios públicos de esta dependencia, en específico en contra de siete que actuaron en su caso, asunto que incluso llegó a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Los siete funcionarios fueron investigados por la posible comisión del delito de prevaricación en una indagatoria que llegó a instancias judiciales. Sin embargo, no se logró su vinculación a proceso por falta de pruebas. Aunque, el juez que resolvió el caso destacó la existencia de líneas de investigación que debían ser agotadas.
Salinas permaneció como agente del Ministerio Público del 16 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2023, favorecido por la emisión de al menos 10 “dispensas” firmadas por Godoy Ramos, hasta que en abril de 2023 fue despedido en medio de las investigaciones en su contra.
9 de los 11 funcionarios siguen laborando en la fiscalía
Datos del portal de transparencia presupuestaria de la Ciudad de México señalan que de los 11 funcionarios públicos, 9 siguen laborando dentro de la fiscalía capitalina, mientras que Salinas y otros dos ya no aparecen en la lista de funcionarios públicos en activo.
“Dichas irregularidades en relación con el ingreso de Salinas ponen en tela de juicio todas las actuaciones que dicho servidor público haya realizado en todas las carpetas de investigación en las cuales haya actuado entre 2019 y 2023, máxime que dicha persona se encontraba adscrita a una de las fiscalías más relevantes y que requieren de una alta especialización y cuidado”, señaló Marc Biard.
No obstante, a través de su investigación, el ciudadano francés encontró además que en la fiscalía trabajaban hasta 276 Ministerios Públicos que habían recibido diversos tipos de “dispensas” por parte de Ernestina Godoy, otorgadas en 2019, para permitirles seguir desempeñando sus cargos.
El ciudadano francés solicitó a la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía capitalina que investigue un presunto “tráfico de influencias” en la designación de todos estos Ministerios Públicos que recibieron “dispensas” por parte de Godoy para ocupar estos cargos sin cumplir con los requisitos de ley, pero fue bateado debido a que las autoridades no lo consideraron víctima directa de ninguno de estos casos.
Una disculpa pública y reparación de daño simbólica
Desde el año 2022, Marc Biard denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México los diversos hechos de los que el ciudadano francés fue víctima, especialmente derivado de la carpeta de investigación en la que actuó Salinas Hernández, expediente en el que incluso se emitió un acuerdo de conclusión el 10 de julio de 2023, por posibles violaciones a derechos humanos.
“Yo la verdad no pido gran cosa, solo pido disculpas públicas de la Fiscalía y una reparación simbólica para mis hijos”, señala.
Fuente.-ANIMAL POLITICO/
